STC15165-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15165-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02830-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga, coadyuvado por Jos\u00e9 Fernando Mestre Ord\u00f3\u00f1ez, contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la salvaguarda constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse deje sin efecto el auto AEI-00143-2021 del\u2026 1 de julio de 2021 proferido por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema\u00bb y se le ordene que \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n que aplique correctamente el par\u00e1grafo del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que respete el precedente horizontal de dicha Sala\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con auto de 1\u00ba de julio de 2021, deneg\u00f3 la solicitud de remitir por competencia a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la actuaci\u00f3n, por cuanto la conducta imputada, soborno en actuaci\u00f3n penal, por la que se lo investiga, ten\u00eda relaci\u00f3n con la funci\u00f3n congrensual; y dispuso mantener la competencia de dicha Sala, pese a la renuncia a la curul como congresista. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 22 de febrero de 2018 el senador Iv\u00e1n Cepeda present\u00f3 denuncia contra persona indeterminada, en la que inform\u00f3 de unas supuestas presiones que sufri\u00f3 Juan Guillermo Monsalve; que dicho juicio se inici\u00f3 bajo las reglas de la Ley 600 del 2000, en contra de dos aforados constitucionales, el expresidente y exsenador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez y \u00e9l; que tras la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, el proceso pas\u00f3 a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, la que defini\u00f3 su situaci\u00f3n jur\u00eddica y concluy\u00f3 que fue c\u00f3mplice del exsenador Uribe V\u00e9lez en el delito de soborno en la actuaci\u00f3n penal. <\/p>\n
2.3 Se\u00f1al\u00f3 que se concluy\u00f3 que \u00e9l fue delegado por una persona de quien se desconoce su identidad, quien habl\u00f3 con el exsenador Uribe V\u00e9lez, con el fin de conversar con Carlos Eduardo L\u00f3pez y tratar de obtener una declaraci\u00f3n de Juan Guillermo Monsalve; que el expresidente renunci\u00f3 a su curul y en auto de 31 de agosto de 2020 se declar\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia no era competente para conocer de los presuntos delitos de soborno en actuaci\u00f3n penal y fraude procesal por los que se investiga al exsenador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, por no tener relaci\u00f3n con la funci\u00f3n congresual. <\/p>\n
2.4. Adujo que el 21 de abril de los corrientes, al evidenciar irregularidades en su investigaci\u00f3n, renunci\u00f3 a su curul; que al d\u00eda siguiente solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, explicando que la conducta imputada no se encontraba asociada al cumplimiento de sus funciones como congresista, adem\u00e1s de invocar el derecho a la igualdad frente al caso decidido frente al exsenador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que dicha petici\u00f3n fue denegada, aunque con salvamentos de voto, en los que se concluy\u00f3 que exist\u00eda identidad f\u00e1ctica y normativa con el caso previamente enviado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y su asunto, lo que implicaba la transgresi\u00f3n al principio de igualdad; y que pese a que la providencia indicaba que no proced\u00edan recursos, formul\u00f3 reposici\u00f3n contra la misma, a la que no se le hab\u00eda impartido tr\u00e1mite alguno. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que agot\u00f3 los mecanismos con los que contaba; que a pesar que el proceso no hab\u00eda concluido, exist\u00eda un perjuicio irremediable, pues toda decisi\u00f3n que adoptara la Sala convocada ser\u00eda nula por competencia; que la siguiente etapa era la calificaci\u00f3n del sumario, decisi\u00f3n trascendental, por cuanto lo se\u00f1alaran p\u00fablicamente y ante otra autoridad judicial de cometer un delito o terminaran el caso a su favor con efectos de cosa juzgada, empero, tiene derecho a que dicha determinaci\u00f3n sea proferida por la autoridad competente, ya sea preclusi\u00f3n, resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o la posible privaci\u00f3n de su libertad. <\/p>\n
2.7. Afirm\u00f3 que se dio un desconocimiento directo de una norma constitucional, esta es, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 235 de la Carta Pol\u00edtica; que dicha norma garantiza el derecho al juez natural; que para que la Corte pueda prorrogar su competencia sobre un congresista que ces\u00f3 en el ejercicio de su cargo se requiere que los hechos objeto de investigaci\u00f3n tengan relaci\u00f3n directa con una funci\u00f3n congresual, la cual debe estar precisada e identificada a partir de una norma constitucional o legal, adem\u00e1s que no es suficiente la relaci\u00f3n de la conducta con el cargo de congresista, pues se requiere un claro v\u00ednculo con la funci\u00f3n congresual en la comisi\u00f3n del supuesto delito y con el inter\u00e9s institucional. <\/p>\n
2.8. Manifest\u00f3 que el salvamento de voto concuerda con lo anotado, pues exige la relaci\u00f3n directa de los hechos investigados con la funci\u00f3n; que en la providencia criticada se evidencia claramente que las funciones que ejerc\u00eda como Representante a la C\u00e1mara no fueron el elemento determinante para concluir que la Sala criticada pod\u00eda prorrogar su competencia en el proceso, por lo que existe un total desconocimiento del par\u00e1grafo del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que en la decisi\u00f3n criticada se hace alusi\u00f3n de manera expresa al cargo de Representante de la C\u00e1mara, que no sus funciones, lo que tambi\u00e9n se consigna en el salvamento de voto; que se contrari\u00f3 la norma y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; que las menciones sobre la afectaci\u00f3n de la funci\u00f3n congresual no proven\u00edan de pruebas o premisas que permitieran la construcci\u00f3n de un argumento; y que no se brinda una explicaci\u00f3n suficiente que satisficiera el requisito para prorrogar la competencia de la Sala censurada. <\/p>\n
2.10. Indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n se centra en un intento de vinculaci\u00f3n de los hechos investigados con el cargo; y que se efect\u00faa un uso inadecuado de la subregla de liderazgo pol\u00edtico, pues se construye una argumentaci\u00f3n que aparenta usar las subreglas interpretativas para no enviar su caso a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, adem\u00e1s se amplia su cobertura a unos limites no autorizados por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.11. Se\u00f1al\u00f3 que el 31 de agosto de 2020, ante la renuncia del expresidente Uribe V\u00e9lez a su curul en el Senado, la Sala acusada en decisi\u00f3n un\u00e1nime de los magistrados titulares, dispuso remitir el caso a la Fiscal\u00eda, pues las conductas no estaban relacionadas con las funciones de congresista ni con la referida subregla de liderazgo pol\u00edtico. <\/p>\n
2.12. Adujo que se transgred\u00eda su derecho a la igualdad, pues se dio un trato diferencial a asuntos iguales; que se argument\u00f3 para diferenciar las dos (2) decisiones, que el caso del expresidente Uribe V\u00e9lez se remontaba al 2012 cuando interpuso denuncia contra Iv\u00e1n Cepeda, empero, la Sala acusada descart\u00f3 que versara sobre hechos previos al 2018 y que tuvieran relaci\u00f3n con dicha denuncia; y que se evidenci\u00f3 \u00abel ama\u00f1o en el an\u00e1lisis para justificar una supuesta diferencia de casos\u00bb. <\/p>\n
2.14. Sostuvo que la calificaci\u00f3n previa que se le dio a su conducta era la de c\u00f3mplice, lo que dejaba sin sustento la diferenciaci\u00f3n efectuada; que el precedente horizontal fijado en el auto de 31 de agosto de 2020 muestra la falta de apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del prove\u00eddo criticado, pues se trat\u00f3 de justificar de cualquier manera una diferencia entre el caso del exsenador Uribe V\u00e9lez y el suyo para no aplicar el precedente horizontal. <\/p>\n
2.15. Afirm\u00f3 que se cumpl\u00edan todos los requisitos para seguir el precedente horizontal y respetar su derecho fundamental a la igualdad, pues se plasma una regla jur\u00eddica para su caso, se resuelve el mismo problema jur\u00eddico -la competencia de la Corte-, y los casos cuentan con similitud f\u00e1ctica. <\/p>\n
2.16. Agreg\u00f3 que se configur\u00f3 una violaci\u00f3n directa al par\u00e1grafo del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que se\u00f1ala que la Corte \u00fanicamente podr\u00eda prorrogar su competencia sobre los congresistas cuando los hechos investigados tengan relaci\u00f3n con la funci\u00f3n congresual; no obstante, en la decisi\u00f3n atacada se plasmaron referencias directas y textuales a la supuesta incidencia de su investidura en los hechos pero no se encuentra alusi\u00f3n a la funci\u00f3n congresual, pues se hicieron menciones abstractas y sin ning\u00fan soporte argumentativo o probatorio, que evidencian la ligereza de las conclusiones; y que dicho yerro era determinante. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no evidenciaba la transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales ni de irregularidad alguna; que el accionante desde el inicio de la intrucci\u00f3n hab\u00eda presentado m\u00faltiples postulaciones y ejercido su derecho de defensa; que despleg\u00f3 una activa gesti\u00f3n probatoria con la participaci\u00f3n de investigadores especializados, acudi\u00f3 a la recusaci\u00f3n frente al magistrado ponente por una supuesta falta de imparcialidad judicial, la que fue declarada infundada y formul\u00f3 dos tutelas; que no se advert\u00eda las irregularidades que el gestor expon\u00eda en su caso que lo llevaron a renunciar a su curul; que se remit\u00eda a los fundamentos de hecho y de derecho que le dieron sustento a la determinaci\u00f3n criticada, los que se expusieron con claridad en la misma; que \u00abes la Ley y no una conveniente interpretaci\u00f3n, la que determina que el auto mediante el cual la Corte decide que es competente o no para conocer de un asunto judicial\u2026 no es materia de impugnaci\u00f3n\u00bb; que el promotor pretende \u00absustituir a su antojo\u00bb el tr\u00e1mite legal que conoc\u00eda y activ\u00f3, pues le pidi\u00f3 a la Fiscal\u00eda que planteara la colisi\u00f3n positiva de competencias; que la determinaci\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 luego de un detenido y objetivo an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica; que lo que se aspiraba era que se impusieran los argumentos que fueron esbozados en el salvamento de voto por la posici\u00f3n minoritaria; que no se advert\u00eda ni se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, pues seg\u00fan el gestor el presunto perjuicio se dar\u00eda en la pr\u00f3xima emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n que califique el m\u00e9rito del sumario, lo que \u00aben verdad solo hace alusi\u00f3n a las consecuencias l\u00f3gicas que conlleva el adelantamiento de un proceso penal\u00bb; y que la jurisdicci\u00f3n constitucional no puede usurpar la funci\u00f3n de la penal. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el accionante refer\u00eda que pod\u00eda acudir a la eventual nulidad de lo actuado conforme al art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, lo que permit\u00eda inferir que era absolutamente consciente que el proceso penal tiene distintos mecanismos de defensa judicial; que el petente procuraba esquivar el avance de la actuaci\u00f3n; que el promotor inform\u00f3 que activ\u00f3 el tr\u00e1mite de la colisi\u00f3n de competencias; que no cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad ni exist\u00eda una irregularidad sustancial con incidencia directa en la providencia que afectara los derechos fundamentales, pues el proceso se encontraba en curso y en las etapas subsiguientes contaba con los mecanismos legales de defensa; que el salvamento de voto no ten\u00eda fuerza vinculante; que no se elabor\u00f3 una disertaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica que le permitiera considerar que se conculc\u00f3 el derecho a la igualdad, el que se abord\u00f3 de forma extensa en la determinaci\u00f3n criticada; que era evidente que \u00abla disertaci\u00f3n del accionante la orienta m\u00e1s sus personales y muy particulares percepciones e interpretaciones que no un objetivo y constatable an\u00e1lisis, no se cumple con la demostraci\u00f3n de la causal gen\u00e9rica invocada como presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional impetrada\u00bb; y que en auto de 2 de agosto de los corrientes resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el gestor. <\/p>\n
2. Iv\u00e1n Cepeda Castro realiz\u00f3 una narraci\u00f3n de los hechos y se\u00f1al\u00f3 que la fuga de aforados de la competencia de la Corte Suprema de Justicia deb\u00eda resolverse eliminando la interpretaci\u00f3n de que la misma se conserva solo frente a las conductas punibles que la doctrina denominada \u00abdelitos propios\u00bb, la cual no hace distinci\u00f3n frente a la clase de delitos; que como \u00abfunciones desempe\u00f1adas\u00bb deb\u00edan interpretarse no s\u00f3lo las funciones que les impon\u00edan la Constituci\u00f3n y la ley, sino aquellas actividades que desarrollen los congresistas en el \u00abdesempe\u00f1o de sus funciones\u00bb, lo cual se extiende a un espectro m\u00e1s amplio, pues cobija las conductas que constituyen abuso de poder o desviaci\u00f3n de su misi\u00f3n; que a partir del 2009 la jurisprudencia imperante considera que el art\u00edculo 235 de la Carta Pol\u00edtica se debe entender no solo de los llamados delitos propios, sino cualquiera que tenga relaci\u00f3n con las funciones desempe\u00f1adas; que desde hace varios a\u00f1os el accionante lo atacaba \u00abacudiendo a los m\u00e1s calumniosos y degradantes calificativos y ep\u00edtetos, con mezquinas ofensas a la memoria de su padre\u2026 atribuy\u00e9ndole cr\u00edmenes y afectando su dignidad y buen nombre…\u00bb, difamaciones y calumnias que reposan en la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema; y que la actividad del congresista estuvo motivada por \u00abel af\u00e1n de ayudar a \u2018su lider\u2019 a cualquier precio y a costa de lo que sea, y de atacar[lo]\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que qued\u00f3 muy clara la participaci\u00f3n del gestor para convencer mediante \u00abpresiones y ofrecimientos a Monsalve para obtener su retractaci\u00f3n, siempre prevalido del poder que le asiste, por su calidad de congresista, tal y como se lo transmit\u00eda alias \u2018Caliche\u2019 al testigo Juan Monsalve\u00bb; que se deb\u00eda partir del hecho cierto de la estrecha relaci\u00f3n entre el exsenador \u00c1lvaro Uribe y el ahora accionante, no solamente por ser ambos integrantes del partido Centro Democr\u00e1tico, de ser aquel el jefe de partido y \u00e9ste su admirador y que ambos tuvieron simult\u00e1neamente la calidad de congresistas; que la actividad del promotor al procurar obtener la anotada retrataci\u00f3n del testigo, convalidado de su poder pol\u00edtico por su calidad de congresista, constitu\u00eda un abusivo y desviado ejercicio de funciones y marcaba una relaci\u00f3n entre el punible que se le endilgaba y las actividades desempe\u00f1adas; que al encontrarse en tr\u00e1mite la calificaci\u00f3n del sumario, no deb\u00eda suspenderse, independientemente de la decisi\u00f3n que se adoptara; y que se deb\u00eda mantener la competencia en la investigaci\u00f3n y las medidas de protecci\u00f3n del testigo a cargo. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n inform\u00f3 que corri\u00f3 traslado de esta acci\u00f3n excepcional a la Sala accionada, por cuanto en auto de 17 de octubre de 2018 se le remiti\u00f3 el asunto por competencia. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder arbitrario, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, conviene anticipar que el resguardo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que se explican en lo sucesivo. <\/p>\n
2.1. Ausencia de irrazonabilidad de la providencia criticada. <\/p>\n
2.1.1. En primer lugar, conviene memorar que constituye \u00abuna regla invariable la inviabilidad de este instrumento residual para disentir o revisar las resoluciones de los jueces, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas b\u00e1sicas de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna\u00bb. <\/p>\n
Lo que ha sido planteado por esta Sala \u00abde tiempo atr\u00e1s\u2026 al advertir que \u2018el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u2019 y, menos a\u00fan, \u2018acometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u2019 (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01, citada en STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u2018la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u2019 (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC6153-2021)\u00bb (CSJ STC13927-2021, 20 oct. 2021, rad. 2021-01961-01) <\/p>\n
2.1.2. Decantado lo anterior se encuentra que, el prove\u00eddo de 1\u00ba de julio de 2021, emitido por Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mal podr\u00eda calificarse como arbitrario, en tanto que el sentenciador, tras hacer referencia: (I) al marco jur\u00eddico aplicable a la competencia en materia de instrucci\u00f3n de asuntos penales, (II) los fundamentos esgrimidos para sostener que la Sala accionada no hab\u00eda perdido competencia para investigar al convocante en virtud de la renuncia presentada, (III) efectuar un recuento f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio del litigio, y (IV) mencionar los diferentes fueros existentes, concluy\u00f3 que continuar\u00eda con el conocimiento del asunto, como pasa a verse. <\/p>\n
Inicialmente, se debe precisar que el fuero es una protecci\u00f3n del ejercicio de una funci\u00f3n con relevancia constitucional, en el caso concreto, los miembros del Congreso son investigados y juzgados privativamente por la Corte Suprema de Justicia al tenor del art\u00edculo 235 de la Carta Pol\u00edtica, pues se pretende garantizar la independencia de dicho poder y el cumplimiento de las funciones que ejercen. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
De ah\u00ed que la Sala de Instrucci\u00f3n refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026m\u00e1s all\u00e1 de la categor\u00eda de los delitos por los que se investiga al aforado, vale decir si se trata de los denominados \u201cpropios\u201d esto es, que por tener sujeto activo cualificado solo los pueden cometer los servidores p\u00fablicos, o los \u201ccomunes\u201d, -que a contrario pueden ser cometidos por cualquier persona-; el an\u00e1lisis para determinar la competencia de la Corte debe centrarse conforme a la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Penal a partir del 1\u00ba de septiembre de 2009, radicado N\u00ba 31653 en establecer si el delito se realiza por causa del servicio, con ocasi\u00f3n del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo, esto es que la conducta tenga origen en la actividad congresual, o sea su necesaria consecuencia, o que el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecuci\u00f3n del punible o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones. <\/p>\n
Ciertamente, el fuero no es renunciable por la voluntad del aforado, por lo que se debe determinar si la conducta punible imputada tiene o no relaci\u00f3n con las funciones desempe\u00f1adas y as\u00ed establecer su competencia. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la Sala de Instrucci\u00f3n acusada emprendi\u00f3 el respectivo an\u00e1lisis con la finalidad de establecer si el delito investigado se realiz\u00f3 por causa u ocasi\u00f3n del servicio o en ejercicio de las funciones, para lo cual procedi\u00f3 a la verificaci\u00f3n de la condici\u00f3n de congresista del actor al momento de la presunta realizaci\u00f3n del delito y si advert\u00eda comprometida la aludida funci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Al respecto, advirti\u00f3 que se estudiaba si el congresista ofreci\u00f3 beneficios o prebendas, como delegado del exsenador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, a trav\u00e9s de Carlos Eduardo L\u00f3pez Callejas, alias \u201cCaliche\u201d o \u201cLlanero\u201d, para lograr la retractaci\u00f3n del testigo Juan Guillermo Monsalve respecto de las declaraciones contra los hermanos Uribe V\u00e9lez, frente a lo que indic\u00f3 que no hab\u00eda una relaci\u00f3n directa entre el punible imputado con las funciones que le compet\u00edan, por lo que proceder\u00eda a analizar las reglas fijadas por la jurisprudencia aplicable y las pruebas recaudadas. <\/p>\n
As\u00ed, adujo que no fue por su condici\u00f3n de ciudadano que escogieron al promotor sino por su investidura de representante a la C\u00e1mara, con la que pod\u00eda ofrecer beneficios y contaba con seriedad, concretamente, tener un m\u00e9todo para que el testigo Monsalve ingresara a la JEP y obtuviera su pronta libertad. <\/p>\n
Seguidamente, procedi\u00f3 a analizar los medios de convicci\u00f3n aportados, entre estos, mensajes de texto y audio que hac\u00edan referencia a los hechos, as\u00ed como los testimonios y documentos que mostraban la intervenci\u00f3n del ahora promotor, como persona cercana al exsenador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, con miras a persuadir al testigo a cambiar sus versiones. <\/p>\n
Para lo cual, determin\u00f3 que se le propon\u00eda al testigo que se retractara diciendo que Iv\u00e1n Cepeda fue quien pag\u00f3 para declarar en contra del exsenador Uribe V\u00e9lez, adem\u00e1s que en la prueba testimonial Monsalve Pineda refiri\u00f3 que hubo acercamientos por mensajes de texto y voz, y en la c\u00e1rcel a trav\u00e9s del abogado Diego Cadena Ram\u00edrez, lo que reafirm\u00f3 la testigo Deyanira G\u00f3mez Sarmiento. Tambi\u00e9n revis\u00f3 la declaraci\u00f3n de Carlos Eduardo L\u00f3pez Callejas al\u00edas \u201cCaliche\u201d o \u201cLlanero\u201d, en la que reconoc\u00eda que el motivo para obtener la mencionada declaraci\u00f3n era desmentir las acusaciones de Iv\u00e1n Cepeda Castro hacia \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez; as\u00ed como la columna que escribi\u00f3 el procesado y la denuncia efectuada por este \u00faltimo frente a la campa\u00f1a de desprestigio adelantada en contra de Cepeda Castro. <\/p>\n
Concluyendo de ah\u00ed que se encontraba comprometida la funci\u00f3n legislativa del petente, pues en virtud de la misma era que persuadir\u00eda al aludido testigo a favor de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, l\u00edder de aquel y jefe del partido al que pertenece, ante quien buscaba su reelecci\u00f3n como congresista y su benepl\u00e1cito, todo lo que demostraba que con ocasi\u00f3n del servicio congresual despleg\u00f3 comportamientos del delito por el que se le investiga, como un medio para la ejecuci\u00f3n del punible y un abusivo ejercicio de sus funciones, en otras palabras, se mostraba ante el testigo una seria y efectiva promesa, y fortalec\u00eda su posici\u00f3n pol\u00edtica -partido y electores-. <\/p>\n
Advirtiendo la Sala de Instrucci\u00f3n sobre la subregla del liderazgo pol\u00edtico que \u00absu: \u2018(…) aplicaci\u00f3n est\u00e1 destinada a cubrir los casos en los cuales el sujeto activo, congresista o aspirante a dicha condici\u00f3n, comete actos delictivos encaminados a conseguir la curul, es decir, a obtener al cargo o a mantenerse en \u00e9l\u2026\u00bb, \u00faltimo supuesto que consider\u00f3 aplicable, precisando que el delito pese a ser uno de los comunes, ten\u00eda una manifiesta conexi\u00f3n con las funciones desempe\u00f1adas, en tanto que se uso la investidura para acceder a los testigos, obtener r\u00e9ditos legislativos con su proceder y favorecer dicho liderazgo pol\u00edtico. <\/p>\n
Y finalmente, reiterando las sub-reglas fijadas por la jurisprudencia, as\u00ed: <\/p>\n
i) La competencia de la Corte Suprema de Justicia en relaci\u00f3n al fuero constitucional de los miembros del Congreso para su investigaci\u00f3n y juzgamiento, se mantiene cuando han cesado en el desempe\u00f1o de sus funciones no s\u00f3lo cuando se proceda por los denominados delitos propios, sino tambi\u00e9n para las conductas punibles comunes que tengan relaci\u00f3n con la funci\u00f3n desempe\u00f1ada. <\/p>\n
ii) La competencia de la Corte Suprema de Justicia no depende de la voluntad del congresista, por consiguiente, la renuncia al cargo no implica la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia de la Sala. <\/p>\n
iii) La relaci\u00f3n del delito con la funci\u00f3n p\u00fablica se presenta cuando se realiza por causa del servicio, con ocasi\u00f3n del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga origen en la actividad congresual, o sea su necesaria consecuencia, o que el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecuci\u00f3n del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones. <\/p>\n
iv) El art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en su par\u00e1grafo no contempla que las conductas a trav\u00e9s de las cuales adquiere competencia la Corte, son aquellas exclusivamente realizadas durante el desarrollo legal de sus funciones, sino las que tienen relaci\u00f3n con el desempe\u00f1o de las mismas, esto es cuando se constata un v\u00ednculo necesario e inescindible entre la funci\u00f3n congresual y el il\u00edcito, o cuando pese a que se ha cesado en el ejercicio del cargo, los delitos comunes cometidos amenazaron, interfirieron o afectaron las funciones propias del cargo. <\/p>\n
v) La sub regla del Liderazgo pol\u00edtico que viene aplicando la Corte en esa dimensi\u00f3n din\u00e1mica de la funci\u00f3n congresual de cara a la responsabilidad del congresista frente al pueblo que representa y consultando la justicia y el bien com\u00fan, se materializa cuando se advierte relaci\u00f3n de las funciones desempe\u00f1adas con el prop\u00f3sito de acceder o perpetuarse en el poder\u2026 <\/p>\n
2.1.3. Bajo el anterior contexto, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n con la que se deneg\u00f3 la petici\u00f3n de remitir por competencia la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para lo cual, tal como qued\u00f3 atr\u00e1s anotado, se dej\u00f3 sentado que el ahora gestor se vali\u00f3 de su investidura para acceder a los testigos, obtener r\u00e9ditos legislativos y favorecer su liderazgo pol\u00edtico, y, en esa medida, la Sala de Instrucci\u00f3n acusada concluy\u00f3 que mantendr\u00eda el conocimiento del proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Esta Sala al estudiar un asunto en el que tambi\u00e9n se alegaba la pr\u00f3rroga de competencia respecto de una excongresista, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Magistratura querellada no se distanci\u00f3 de las directrices normativas ni jurisprudenciales que gobiernan la materia abordada. Ciertamente, concluy\u00f3 que s\u00ed tiene aptitud para proseguir la controversia en vista que aunque la inculpada \u00abces\u00f3 en el ejercicio como congresista el 19 de julio de 2018\u00bb, lo cierto es que los \u00abdelitos a ella atribuidos guardan relaci\u00f3n con las funciones que desempe\u00f1aba como representante a la c\u00e1mara\u00bb, lo que dio pie para que se prorrogara la \u00abcompetencia\u00bb. <\/p>\n
Para sustentarlo, la \u00abSala Especial de Primera Instancia\u00bb adver\u00f3 que: Por disposici\u00f3n del art\u00edculo 235, numeral 3\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica y su par\u00e1grafo, en concordancia con el art\u00edculo 75, numeral 7\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia era competente para investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica, por la comisi\u00f3n de conductas constitutivas de delito, mientras estuviera desempe\u00f1ando el cargo, y cuando se hubiera desvinculado definitivamente del Congreso, si el delito imputado tuviera relaci\u00f3n con las funciones desempe\u00f1adas (\u2026) Seg\u00fan la defensa, la acusada AIDA MERLANO REBOYEDO ces\u00f3 en el ejercicio del cargo de Representante a la C\u00e1mara desde el diecinueve (19) de julio de 2018, circunstancia que conlleva la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal desde esa fecha, ya que las conductas punibles no tienen ninguna relaci\u00f3n con las funciones. <\/p>\n
Para muestra, ha dicho: (…) En la citada decisi\u00f3n, el nuevo criterio que precisa el concepto de funci\u00f3n para efectos de la competencia extendida de la Sala en relaci\u00f3n con las investigaciones penales de ex congresistas, tiene relaci\u00f3n con el liderazgo pol\u00edtico como factor para llegar al congreso, que si incide en el delito cometido para acceder o perpetuar la hegemon\u00eda de un l\u00edder, movimiento o partido pol\u00edtico en esa corporaci\u00f3n, es conducta que corresponde a una actividad funcional de los congresistas, porque para ejercer las \u201clabores\u201d, \u201ctareas\u201d o \u201cactividad\u201d (no por ostentar el mero cargo) tiene que la persona hacerse elegir y una vez obtenido ese logro, representan al pueblo y act\u00faan consultando a \u201csu partido o movimiento pol\u00edtico o ciudadano\u201d, debiendo responder ante la sociedad y \u201cfrente a sus electores\u201d (Art\u00edculo 18 de la Ley 974 de 2005)\u00bb (CSJ STC8123-2019, 20 jun. 2019, rad. 2019-01517-00). <\/p>\n
3. Ausencia de vulneraci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. La violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n es una causal de procedencia de la tutela, que se configura cuando la decisi\u00f3n adoptada desconoce los preceptos de la Carta Pol\u00edtica, \u00faltima que en su art\u00edculo 4\u00ba dispone que es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre aquella y la ley u otra norma, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales. <\/p>\n
La aludida causal se presenta cuando, (i) en la soluci\u00f3n del caso no se aplica una norma fundamental, ya sea porque \u00ab(a) \u2026se dej\u00f3 interpretar y aplicar una disposici\u00f3n legal de conformidad con el precedente constitucional\u00bb, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretaci\u00f3n conforme con la Constituci\u00f3n\u00bb; o (ii) se acude a una ley que se encuentra al margen de los preceptos consagrados en la Constituci\u00f3n y se deja de lado la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad1. <\/p>\n
3.2. Cuando la vulneraci\u00f3n alegada se fundamente en el desconocimiento del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional ha desarrollado un test o juicio integrado para evaluar si se configura esta causal, cuya finalidad es la revisi\u00f3n de un supuesto respecto del cual se alega un trato diferenciado injustificado. <\/p>\n
Para ello se debe estudiar la \u00abidoneidad de la medida; posteriormente analiza si el trato diferenciado es necesario, es decir, si existe una medida menos lesiva que logre alcanzar el fin propuesto; y, finalmente, el juez realiza un an\u00e1lisis de proporcionalidad en estricto sentido con el fin de determinar si la medida adoptada sacrifica valores y principios constitucionales de mayor envergadura que los protegidos con el fin propuesto\u2019. En el segundo, el control se realiza a trav\u00e9s de distintos niveles de intensidad: d\u00e9bil, intermedio y estricto\u00bb2 <\/p>\n
De este modo, se deben surtir dos etapas, la primera establecer un criterio de comparaci\u00f3n y luego determinar si existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales, pues de constatarse ello se debe proceder a determinar si la diferencia se encuentra constitucionalmente justificada3. <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, se observa que el ahora accionante alega que se dio trato diferencial a asuntos iguales, pues las peque\u00f1as diferencias entre su caso y el del exsenador Uribe V\u00e9lez no eran determinantes para definir la competencia, en tanto que son coparticipes de una conducta, los tipos penales por los que los investigan atentan contra el mismo bien jur\u00eddico, ambos eran congresistas en el momento de ocurrencia de los hechos, estaban en campa\u00f1a y renunciaron voluntariamente a su curul en la instrucci\u00f3n. <\/p>\n
Para lo cual, la Sala acusada procedi\u00f3 a la comparaci\u00f3n de los asuntos y se\u00f1al\u00f3 que la raz\u00f3n por la que se remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n del exsenador Uribe V\u00e9lez, fue el constatar que: (i) la presunta comisi\u00f3n de los delitos imputados no guardaba relaci\u00f3n con las funciones desempe\u00f1adas como senador, lo que no ocurr\u00eda con el ahora accionante, (ii) la \u00e9poca a la que se remontaba el origen de los hechos, (iii) el asunto del primero ostentaba un car\u00e1cter personal o familiar, mientras que el del segundo no, y (iv) que Uribe V\u00e9lez no necesit\u00f3 de su condici\u00f3n de Senador, del desempe\u00f1o de sus funciones congresuales o la consolidaci\u00f3n de un liderazgo pol\u00edtico, pues ya lo ostentaba, mientras que al gestor s\u00ed le asistir\u00edan dichos prop\u00f3sitos pol\u00edticos, tanto con su partido como con el electorado. <\/p>\n
Destac\u00e1ndose as\u00ed que el promotor abord\u00f3 al testigo cuando ostentaba su condici\u00f3n de congresista, era cercano al l\u00edder de su partido Centro Democr\u00e1tico, pretend\u00eda robustecer su liderazgo pol\u00edtico al interior del partido y su electorado en la regi\u00f3n que representa, raz\u00f3n por la que no se advierte un trato desigual entre iguales y la diferencia brindada a cada caso se encuentra constitucionalmente sustentada, sin que la simple dejaci\u00f3n del cargo le permita evadir la competencia del fallador natural, ni la extinci\u00f3n del fuero. <\/p>\n
3.3. En este orden, de los supuestos de hecho, las pautas normativas y jurisprudenciales, se desprende que este reclamo no se abrir\u00e1 paso, en tanto que no se advierte una situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n contraria a la Carta Fundamental, sino en realidad un trato diferenciado, fundado en situaciones f\u00e1cticas dis\u00edmiles que obligan arribar a un colof\u00f3n diferente entre dichas actuaciones, como bien se advirti\u00f3 en la providencia criticada en tutela. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 consignado en dicha determinaci\u00f3n, argumentos que encuentra esta Corporaci\u00f3n est\u00e1n soportados en las pruebas y normas all\u00ed invocadas, existen diferencias en punto a la ocurrencia de los hechos, el origen del asunto -personal y familiar vs pol\u00edtico y judicial-, el marco en el que se desarroll\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la condici\u00f3n en la que intervinieron, el aprovechamiento del cargo y funciones que ostentaban, as\u00ed como su relaci\u00f3n con la comisi\u00f3n de los presuntos delitos. <\/p>\n
En consecuencia, no se advierte la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, puesto que el precedente invocado y analizado por la Sala de Instrucci\u00f3n convocada no guarda simetr\u00eda f\u00e1ctica con el asunto bajo estudio, por lo que \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas la autoridad hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en STC4506-2014, 10 abr. 2014, rad. 00089-01). <\/p>\n
4. De manera que, visto lo atr\u00e1s mencionado, no se evidencia la transgresi\u00f3n los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad invocados, ni de contera una decisi\u00f3n arbitraria, una violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o un trato diferenciado ante dos asuntos id\u00e9nticos. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CC, SU-069\/18 <\/p>\n
2\u0002 CC, C-104\/16 <\/p>\n
3\u0002 \u00cddem <\/p>\n
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STC15165-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15165-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02830-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}