STC15174-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15174-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01437-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de 10 de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Edgar Palomino Fragozo y Br\u00edgida Yisell S\u00e1nchez Cantillo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 20001600000020160009200. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Los accionantes fueron imputados de la comisi\u00f3n de los delitos de estafa agravada, con circunstancias de mayor punibilidad, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo y en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir. <\/p>\n
2.2. El 24 de agosto de 2016, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Valledupar, se celebraron las audiencias preliminares, en las que i) se imparti\u00f3 legalidad a la captura, ii) los accionantes se allanaron a cargos y iii) se les impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva domiciliaria. <\/p>\n
2.3. El 2 de noviembre de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, tuvo lugar la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento, en la que el apoderado del se\u00f1or Palomino Fragozo impugn\u00f3 la competencia del fallador, aduciendo que el conocimiento del asunto correspond\u00eda a un Juez Penal del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de providencia del 29 de noviembre de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia defini\u00f3 la competencia para tramitar la causa penal, asign\u00e1ndole la misma a los Juzgados Penales del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2.5. La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Penal del Circuito de esa ciudad, que el 17 de septiembre de 2018 instal\u00f3 la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento, la cual concluy\u00f3 el 18 de noviembre de 2019, cuando se evacu\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 447 del CPP. <\/p>\n
2.6. El 4 de noviembre de 20201, el Juzgado de conocimiento i) conden\u00f3 a los accionantes a 108 meses de prisi\u00f3n, les impuso multa de 900 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso de la pena de prisi\u00f3n, ii) neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y iii) concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisi\u00f3n, determinaci\u00f3n contra la cual la Fiscal\u00eda y el Ministerio P\u00fablico interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Mediante sentencia de 10 de junio de 20212, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvi\u00f3 i) \u00abModificar el numeral primero de la sentencia impugnada, bajo el entendido que se les impone a los acusados BRIGIDA YISELL S\u00c1NCHEZ CANTILLO y GUSTAVO EDGAR PALOMINO FRAGOZO las penas principales de prisi\u00f3n por 137 meses y de multa de 1079 SMLMV, as\u00ed como la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso equivalente al periodo de privaci\u00f3n de la libertad\u00bb y ii) \u00abModificar el numeral segundo del fallo apelado, en lo que refiere al subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria, el cual se niega\u00bb. <\/p>\n
2.8. Contra la anterior decisi\u00f3n, la defensa t\u00e9cnica interpuso el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. Los accionantes consideran que el Tribunal convocado desconoci\u00f3 sus derechos fundamentales, al revocarles la prisi\u00f3n domiciliaria, toda vez que, \u00abal priv\u00e1rsele de manera injusta su libertad, todos sus derechos sufren perjuicio y mengua, en especial su dignidad\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, sostuvieron que \u00abEs evidente y axiom\u00e1tico que el Tribunal, en su sentencia de segunda instancia, no analiz\u00f3, ni valor\u00f3, ni efectu\u00f3 el an\u00e1lisis del arraigo con todos los elementos materiales de prueba aportados al proceso conforme lo establece el inciso 2\u00b0 del numeral 3 del art\u00edculo 38B de la Ley 599 del 2000 y solo hace alusi\u00f3n somera a los aportados en la audiencia del art\u00edculo 447, lo que, sin duda, contamina a su providencia por incurrir en un Defecto Procedimental Absoluto\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicitaron \u00abamparar los derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO PROCESO Y SUS DOS PILARES FUNDAMENTALES: DEFENSA Y CONTRADICCION (\u2026), ordenando dejar sin efectos la modificaci\u00f3n hecha al numeral segundo de la sentencia primigenia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y, por ende, restablecer la prisi\u00f3n domiciliaria a los sentenciados\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 47 Judicial II Penal de Barranquilla manifest\u00f3 que no se advert\u00eda \u00abviolaci\u00f3n a alguna garant\u00eda fundamental\u00bb y que \u00abse esta (sic) en presencia de una decisi\u00f3n fundada en los hechos y elementos probatorios obrantes en el proceso\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se re\u00fanen los presupuestos requeridos para la procedencia de la Acci\u00f3n impetrada\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 36 Seccional de Barranquilla indic\u00f3 que la acci\u00f3n desconoce \u00ablas reiteradas reglas jurisprudenciales en materia de subsidiariedad\u00bb, pues \u00abAdmiti\u00f3 el mismo actor que present\u00f3 un recurso de casaci\u00f3n penal, donde cuenta con medios id\u00f3neos y eficaces para exponer sus inconformidades frente a la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abno existe un perjuicio irremediable para el actor\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala accionada, luego de hacer un breve recuento de las disposiciones adoptadas en la decisi\u00f3n censurada, precis\u00f3 que \u00e9sta \u00abfue objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n por parte de quien ahora incoa esta solicitud de amparo, por lo que ser\u00eda dable sostener que, de momento, no se han agotado los mecanismos de defensa judicial, siendo ello un requisito gen\u00e9rico de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente el amparo, debido a que \u00abEl presupuesto de subsidiariedad no se cumple en el presente asunto, pues de la informaci\u00f3n aportada al tr\u00e1mite se advierte que el proceso penal que se adelanta en contra de los aqu\u00ed tutelantes por los delitos de estafa y otros, se halla en curso, y que contra la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada se interpuso recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abel traslado o privaci\u00f3n de la libertad de los actores en centro carcelario, no es una situaci\u00f3n que de suyo habilite la intervenci\u00f3n del juez de tutela para su protecci\u00f3n, pues la restricci\u00f3n de su derecho encuentra fundamento en la sentencia de segunda instancia proferida por una autoridad judicial competente, cuya legalidad est\u00e1 pendiente de definirse por el juez natural de la causa, por lo que, mientras esto no suceda, ha de entenderse que la decisi\u00f3n adoptada es consecuencia de un tr\u00e1mite surtido con apego a las garant\u00edas del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado de los accionantes, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial e indic\u00f3 que la sentencia de primera instancia carec\u00eda \u00abde las condiciones necesarias a la sentencia congruente\u00bb. <\/p>\n
Dijo que \u00abIncurre el fallador quiz\u00e1s en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela como MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, que resulta inane a las pretensiones del actor, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abREVOCAR el fallo impugnado y AMPARAR los derechos fundamentales constitucionales de Debido Proceso y sus pilares vulnerados, revocando la decisi\u00f3n de primera instancia en su integridad y concediendo el amparo transitorio\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, los actores pretenden que se deje sin efectos el numeral segundo de la sentencia de 10 de junio de 2021, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que dispuso \u00abModificar el numeral segundo del fallo apelado, en lo que refiere al subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria, el cual se niega\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela, as\u00ed como de las respuestas allegadas, se observa que en el tr\u00e1mite cuestionado se present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla; incluso, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se evidencia que el recurso de casaci\u00f3n fue radicado, repartido e ingresado al despacho del ponente, el 22 de septiembre de 2021. <\/p>\n
En tal medida, cuando se formul\u00f3 la tutela, el asunto estaba en curso, lo cual torna inviable la presente acci\u00f3n constitucional. Sobre el ejercicio prematuro de esta herramienta, se ha plasmado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela \u00absin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (ver cita en STC5325-2019, se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde a los jueces naturales resolver, en primer t\u00e9rmino, lo concerniente a los procesos a su cargo y, en tal medida, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al juzgador de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
3. Finalmente, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, al no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del mismo, dado que, aunque en el escrito de tutela, como en la impugnaci\u00f3n, se mencionaron algunas posibles consecuencias adversas para los accionantes como resultado de la revocatoria del subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria, lo cierto es que, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, aquella decisi\u00f3n est\u00e1 fundamentada en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de conocimiento y contra la cual se tramita, ante la Sala competente, el recurso extraordinario en el que se deber\u00e1 resolver lo pertinente frente al juicio atacado. <\/p>\n
4. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche se confirmar\u00e1. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Documento anexos. Folio 1. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. Folios 2 a 42. <\/p>\n
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