STC15179-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15179-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03910-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Axa Colpatria Seguros S.A., Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A., Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas S.A. y Seguros del Estado S.A. contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se disponga \u201cdejar sin efecto la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2021\u201d emitida en el asunto materia de resguardo. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral iniciado por Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, a continuaci\u00f3n del proceso penal adelantado por concierto para delinquir, falsedad en documentos privados, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, fraude procesal y peculado por apropiaci\u00f3n agravado, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia de reparaci\u00f3n el 16 de noviembre de 2016, en la cual resolvi\u00f3, entre otras determinaciones, \u201cacoger la excepci\u00f3n previa de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva a favor de las cuatro compa\u00f1\u00edas aseguradoras llamadas en garant\u00eda, por cuanto no se constituy\u00f3 el siniestro por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario y el incidente de reparaci\u00f3n no es el medio para efectuarse. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la aludida determinaci\u00f3n por la DIAN y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, en fallo de 30 de junio de 2017, confirm\u00f3 el fallo de primer grado. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 1\u00b0 de septiembre de 2021, decidi\u00f3 \u201ccasar\u201d el fallo del ad quem\u00b8 y conden\u00f3 a las ac\u00e1 tutelantes a indemnizar a la DIAN en los montos asegurables a cada una de las p\u00f3lizas por las cuales fueron llamadas en garant\u00eda. <\/p>\n
2.4. Indicaron las accionantes que la corporaci\u00f3n convocada incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, porque, <\/p>\n
2.5. Manifestaron que el colegiado criticado al \u201ccasar \u201cparcialmente\u201d la providencia del \u201cTribunal Superior de Medell\u00edn\u201d, debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a las normas dispuestas en el C\u00f3digo General del Proceso, y emitir la correspondiente \u201csentencia sustitutiva\u201d; empero, no lo hizo, desconociendo el tr\u00e1mite estipulado en los art\u00edculos 333 al 351 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de la decisi\u00f3n aqu\u00ed reprochada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Las sociedades tutelantes censuran puntalmente: i) el prove\u00eddo de 1\u00b0 de septiembre de 2021, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal cas\u00f3 parcialmente el fallo de segunda instancia proferido en el incidente de reparaci\u00f3n integral bajo estudio, y ii) la providencia de 22 de ese mismo mes y a\u00f1o donde la referida corporaci\u00f3n neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n y complementaci\u00f3n requerida por las quejosas respecto de la sentencia aqu\u00ed reprochada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, concluye esta Sala que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no se observa ning\u00fan desafuero en los citados prove\u00eddos que permita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 fundadamente los motivos por los cuales las aseguradoras aqu\u00ed actoras deb\u00edan indemnizar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, con relaci\u00f3n a los hechos delictivos que originaron el incidente de reparaci\u00f3n integral sublite, sobre lo cual adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el primer cargo la DIAN acusa la sentencia de violar las normas contenidas en los art\u00edculos 1072 y 1162 del C\u00f3digo de Comercio al considerar el Tribunal que el siniestro lo constituye un acto administrativo, cuando, acorde con la primera de las disposiciones mencionadas, el siniestro es la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, es decir el incumplimiento de las obligaciones del tomador afianzado; norma que, conforme con el segundo art\u00edculo citado, no puede ser suplida o sustituida por la voluntad de las partes\u201d. <\/p>\n
\u201cEl Tribunal argument\u00f3 que (i) \u201cen algunas\u201d de las p\u00f3lizas, \u201cespecialmente las que expidieron la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas S.A. \u2013Confianza- y Seguros del Estado S.A.\u201d, se estipul\u00f3 que el siniestro se entend\u00eda causado con la ejecutoria de la resoluci\u00f3n administrativa que declara el incumplimiento amparado y (ii) dentro de la autonom\u00eda de la voluntad que gobierna los negocios \u201cde los particulares\u201d, y as\u00ed lo acept\u00f3 la DIAN, se pact\u00f3 que la obligaci\u00f3n de la aseguradora surg\u00eda, \u201csi y solo s\u00ed\u201d, la autoridad tributaria exped\u00eda el acto administrativo que declara improcedente la devoluci\u00f3n cuya redacci\u00f3n \u201cno es otra cosa que la reproducci\u00f3n de jurisprudencia del Consejo de Estado seg\u00fan la cual, el siniestro est\u00e1 constituido por la resoluci\u00f3n que impone la sanci\u00f3n\u201d. (Subrayado fuera de texto)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl juez de primer grado acogi\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d a favor de las cuatro compa\u00f1\u00edas aseguradoras llamadas en garant\u00eda, sustentado en que no se constituy\u00f3 el siniestro por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario \u201cy el incidente de reparaci\u00f3n no es el medio para efectuarse\u201d. <\/p>\n
\u201cLas aseguradoras que se pronunciaron en calidad de no recurrentes, se oponen a la censura con el argumento de que conforme con el art\u00edculo 860 del E.T., por siniestro se entiende la declaratoria por la DIAN de la improcedencia de la devoluci\u00f3n del tributo, mediante la expedici\u00f3n de un acto administrativo \u201cdenominado resoluci\u00f3n sanci\u00f3n\u201d, en el cual la autoridad tributaria declara el incumplimiento de las obligaciones legales por parte del contribuyente en el tr\u00e1mite de la devoluci\u00f3n, cuya postura fue acogida en jurisprudencia del Consejo de Estado\u201d. <\/p>\n
\u201c7.4.2.1. El art\u00edculo 860 del Estatuto Tributario con las modificaciones introducidas en la Ley 223 de 1995, vigente al momento de la celebraci\u00f3n de los contratos de seguro objeto de examen (todos suscritos entre los a\u00f1os 2005 a 2008), contenido en el Titulo X sobre las \u201cdevoluciones\u201d de impuestos, se\u00f1ala lo siguiente:\u201d <\/p>\n
\u201cCuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devoluci\u00f3n una garant\u00eda a favor de la Naci\u00f3n, otorgada por entidades bancarias o de compa\u00f1\u00edas de seguros, por valor equivalente al monto objeto de devoluci\u00f3n, la Administraci\u00f3n de Impuestos, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes deber\u00e1 hacer entrega del cheque, t\u00edtulo o giro\u201d. <\/p>\n
\u201cLa garant\u00eda de que trata este art\u00edculo tendr\u00e1 una vigencia de dos a\u00f1os. Si dentro de este lapso, la Administraci\u00f3n Tributaria notifica liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n, el garante ser\u00e1 solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanci\u00f3n por improcedencia de la devoluci\u00f3n, las cuales se har\u00e1n efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la v\u00eda gubernativa, o en la v\u00eda jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicci\u00f3n administrativa, el acto administrativo de liquidaci\u00f3n oficial o de improcedencia de la devoluci\u00f3n, a\u00fan si \u00e9ste se produce con posterioridad a los dos a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
\u201cComo se ve, el precitado art\u00edculo no contiene concepto alguno de siniestro. Establece (i) el termino en el que la Administraci\u00f3n tributaria deber\u00e1 proceder a la devoluci\u00f3n de impuestos cuando su reclamaci\u00f3n est\u00e9 acompa\u00f1ada de una garant\u00eda a favor de la Naci\u00f3n; (ii) el t\u00e9rmino de vigencia que debe tener la garant\u00eda para que aqu\u00e9lla pueda proceder a la devoluci\u00f3n en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas y (iii) la consecuencia jur\u00eddica que debe asumir el garante en el caso de que la Direcci\u00f3n de impuestos notifique liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n, cu\u00e1l es su responsabilidad solidaria respecto tanto de la obligaci\u00f3n garantizada como de la sanci\u00f3n y los intereses -moratorios\u201d. <\/p>\n
Respecto a los precedentes del Consejo de Estado referentes a los seguros de incumplimiento de disposiciones legales, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n las precitadas decisiones el Consejo de Estado no tuvo como objeto discernir sobre la configuraci\u00f3n del riesgo asegurado ni interpretar o fijar el alcance de los art\u00edculos 1054 y 1072 del C\u00f3digo de Comercio, sino establecer el momento a partir del cual la Administraci\u00f3n tributaria debe convocar la intervenci\u00f3n del asegurador en garant\u00eda de su derecho al debido proceso administrativo\u201d. <\/p>\n
\u201cEn la primera providencia el Consejo de Estado concluy\u00f3 que \u201cla resoluci\u00f3n sanci\u00f3n\u201d debe ser notificada a la compa\u00f1\u00eda aseguradora para que pueda ejercer sus derechos de defensa y de contradicci\u00f3n, y para que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 829 del Estatuto Tributario, ese acto administrativo quede ejecutoriado frente al garante y pueda servir de fundamento del procedimiento de cobro coactivo\u201d. <\/p>\n
\u201cEn la segunda, corrigi\u00f3 esa postura, pues tras indicar que hasta ese momento la misma colegiatura le hab\u00eda dado \u201cun alcance restrictivo a las disposiciones del Estatuto Tributario que regulan la materia y a la sentencia C-1201 de 2003, lo que ha generado, en ciertas ocasiones, una limitaci\u00f3n de los derechos de contradicci\u00f3n, defensa y debido proceso de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras\u201d, se\u00f1al\u00f3 necesario \u201cun pronunciamiento que precise la intervenci\u00f3n de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras\u201d; y concluy\u00f3 que dicha intervenci\u00f3n debe habilitarse desde cuando \u201cse tiene determinada, mediante liquidaci\u00f3n oficial o resoluci\u00f3n sanci\u00f3n independiente, la suma a favor de la administraci\u00f3n tributaria que puede ser cobrada al asegurador o garante\u201d. <\/p>\n
\u201cDe modo que, examinadas esas providencias, se advierte que en ellas no se distingui\u00f3 entre el nacimiento de la obligaci\u00f3n -el siniestro- y el requisito de exigibilidad de la misma, constituido por el acto administrativo que lo declara o establece el quantum del perjuicio, lo cual se entiende frente al problema jur\u00eddico entonces resuelto, pero que la Corte no puede reproducir para resolver este caso, por las razones que se pasan a ver:\u201d <\/p>\n
\u201c(i) Afirmar que \u201cel siniestro ocurre cuando se tiene determinada, mediante liquidaci\u00f3n oficial o resoluci\u00f3n sanci\u00f3n independiente, la suma a favor de la administraci\u00f3n tributaria que puede ser cobrada al asegurador o garante\u201d, configura una contradicci\u00f3n en sus mismos t\u00e9rminos, toda vez que si mediante la liquidaci\u00f3n oficial o la resoluci\u00f3n sanci\u00f3n se determina la suma que puede ser cobrada por la Administraci\u00f3n de impuestos al asegurador, ello implica la existencia previa del siniestro -o del hecho generador del da\u00f1o-, pues de otra manera no habr\u00eda lugar a establecer suma alguna que deba ser pagada por la aseguradora. De manera que l\u00f3gicamente el siniestro no puede estar constituido por el acto que declara o especifica el quantum del perjuicio\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) El art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de Comercio instituye que siniestro es \u201cla realizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u201d. <\/p>\n
\u201cComo ya se indic\u00f3 en el numeral anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil tiene precisado que (i) el objeto del contrato de seguro de cumplimiento es \u201cservir de garant\u00eda a los acreedores de obligaciones que tengan venero en el contrato o en la ley, acerca de su cumplimiento por parte del obligado\u201d; (ii) el siniestro o, lo que es lo mismo, la ocurrencia del riesgo \u201cconsiste en el no cumplimiento\u201d, situaci\u00f3n en la cual (iii) el \u201casegurador toma a su cargo hasta por el monto de la suma asegurada, los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligaci\u00f3n\u2019 amparada\u201d. (C.S.J., SC del 15 de marzo de 1983 reiterada en SC4659 de 3 de abril de 2017, radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-023-1996-02422-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor su parte, el Consejo de Estado en sentencia del 12 de mayo de 2010 (radicado 25000-2327-000-2004) distingui\u00f3 n\u00edtidamente (i) el nacimiento de la obligaci\u00f3n a cargo del asegurador de (ii) su exigibilidad. Indic\u00f3 c\u00f3mo lo primero tiene lugar con la ocurrencia del siniestro, -o hecho da\u00f1oso previsto por las partes-; mientras que lo segundo surge, acorde con los art\u00edculos 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, cuando el asegurado acredita judicial, o incluso extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro, momento a partir del cual la aseguradora cuenta con un mes para pagar la indemnizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En s\u00edntesis, el riesgo asegurable es la eventual e incierta insatisfacci\u00f3n de las obligaciones a cargo del deudor -afianzado y tomador del seguro-; el siniestro es la realizaci\u00f3n del riesgo. En consecuencia, ninguna duda hay en que el siniestro en el contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales exigido en el art\u00edculo 860 del E.T. para la pronta devoluci\u00f3n de impuestos, es -acorde con la norma contenida en el art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de Comercio- el incumplimiento del tomador, de las disposiciones que rigen la devoluci\u00f3n, mas no el proferimiento de alg\u00fan acto administrativo por parte del asegurado en el que lo declare y determine el quantum del perjuicio. Dicho acto solo materializa el requisito de exigibilidad de la obligaci\u00f3n y con el que se integra el titulo ejecutivo complejo para que la entidad estatal pueda proceder al cobro coactivo. As\u00ed lo precis\u00f3 el Consejo de Estado en sentencia proferida el 11 de noviembre de 2009 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En s\u00edntesis, la sentencia est\u00e1 incursa en falta de aplicaci\u00f3n de las normas contenidas en los art\u00edculos 1072 y 1162 del C\u00f3digo de Comercio, por cuya inobservancia el Tribunal ignor\u00f3 que, conforme con los art\u00edculos precitados, el siniestro es la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, no su declaraci\u00f3n mediante acto -administrativo- proveniente del asegurado, y que aquel concepto, no es sustituible por \u201cla autonom\u00eda de la voluntad que gobierna los negocios de los particulares (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a Sala no puede pasar inadvertido que en asuntos como el presente -donde los hechos que se postulan como constitutivos del siniestro est\u00e1n originados en conductas delictivas de concierto para delinquir, falsedad en documentos privados y fraude procesal, entre otras-, se desborda la capacidad de las verificaciones que le compete adelantar a la DIAN mediante el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario; pues ese comportamiento delictual es perpetrado precisamente para victimizarla, es decir, para inducirla y mantenerla en error de modo que no logre detectar, mediante el procedimiento de verificaci\u00f3n administrativa, irregularidades en las solicitudes de devoluci\u00f3n que le permita expedir alg\u00fan acto administrativo sancionatorio o de liquidaci\u00f3n oficial dentro del plazo establecido en el art\u00edculo 860 \u00eddem\u201d. <\/p>\n
\u201cEs as\u00ed c\u00f3mo aquellos hechos exigen para su verificaci\u00f3n, una compleja investigaci\u00f3n, que en estos asuntos tienen cabida, como corresponde, mediante el tr\u00e1mite establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal; y cuya activaci\u00f3n puede concluir en sentencia condenatoria\u201d. <\/p>\n
\u201cEn firme esa decisi\u00f3n judicial, la v\u00edctima queda habilitada para, en el marco del incidente de reparaci\u00f3n integral, demandar una \u201cpronta e integral reparaci\u00f3n\u201d, no s\u00f3lo en contra de las personas penalizadas, sino tambi\u00e9n de \u201clos terceros llamados a responder en los t\u00e9rminos de este C\u00f3digo\u201d, (literal c) del art\u00edculo 11 del C.P.P. de 2004) lo cual, como viene de verse -en el literal anterior-, incluye a las aseguradoras en raz\u00f3n de contrato de seguro v\u00e1lidamente celebrado (art\u00edculo 108 \u00eddem y sentencia C-409 de 2009)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este evento el Estado tiene el deber constitucional de garantizarle a la v\u00edctima real acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), en actuaci\u00f3n donde prevalezca el derecho sustancial (art\u00edculo 228 \u00eddem), y la \u201cvigencia de un orden justo\u201d (art\u00edculo 2 \u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201cEstos postulados le imponen a la Corte (i) descartar cualquier interpretaci\u00f3n o comprensi\u00f3n del derecho dirigida a impedirle al \u00f3rgano jurisdiccional que, en el incidente de reparaci\u00f3n integral, pueda dirimir de fondo sobre la responsabilidad de las llamadas en garant\u00eda, y (ii) considerar ineficaz cualquier cl\u00e1usula del contrato que implique el mismo efecto, es decir, le imposibilite al juez dirimir el debate sobre los aspectos medulares con los que se determina la responsabilidad contractual de las aseguradoras, se\u00f1alados en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n
Frente al tema de la falta de legitimaci\u00f3n de la DIAN para interponer el recurso de casaci\u00f3n, explic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Alega Axa Colpatria Seguros S.A. que la DIAN carece de inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, pues sus planteamientos no tienen unidad tem\u00e1tica con lo manifestado por la misma entidad ante el Tribunal, toda vez que la sentencia impugnada fue producto de la apelaci\u00f3n promovida por la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, mas no por la formulada por aqu\u00e9lla con argumentos que no atinaron a controvertir los motivos de la sentencia\u201d. <\/p>\n
\u201cConforme con el art\u00edculo 610 del C\u00f3digo General del Proceso, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado (ANDJE) est\u00e1 facultada para actuar como apoderada, o como interviniente en todas las jurisdicciones \u201cen cualquier estado del proceso\u201d en los asuntos \u201cdonde sea parte una entidad p\u00fablica\u201d o donde se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado\u201d. <\/p>\n
\u201cEl par\u00e1grafo 1\u00ba del mismo art\u00edculo, establece que cuando la ANDJE act\u00faa como interviniente, podr\u00e1 proponer excepciones previas, de m\u00e9rito, \u201ccoadyuvar\u201d la demanda u oponerse, aportar pruebas, solicitarlas, intervenir en su pr\u00e1ctica, interponer recursos ordinarios y extraordinarios, llamar en garant\u00eda, solicitar medidas cautelares o su levantamiento sin prestar cauci\u00f3n, impugnar las providencias, incluidas las que aprueban acuerdos conciliatorios o que terminen el proceso por cualquier causa y, en general, cuenta con \u201clas mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o entidades p\u00fablicas vinculadas como parte en el respectivo proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo expuesto se sigue que las actuaciones en el incidente de reparaci\u00f3n tanto de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en calidad de v\u00edctima y en beneficio del inter\u00e9s p\u00fablico que representa, como las desplegadas por la ANDJE a favor de la misma parte y en procura de id\u00e9ntico inter\u00e9s, constituyen unidad de defensa\u201d. <\/p>\n
\u201cPor tanto, resulta irrelevante si la apelaci\u00f3n fue promovida directamente por la v\u00edctima o por la Agencia legitimada para defenderla, m\u00e1xime cuando \u00e9sta no s\u00f3lo promovi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, tambi\u00e9n suscribi\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n en la cual expres\u00f3 su voluntad de coadyuvarla y acoger \u201cplenamente su argumentaci\u00f3n, solicitudes y dem\u00e1s contenidos de la misma\u201d, en ejercicio de su prerrogativa para actuar en cualquier estado del proceso con las mismas facultades atribuidas a la DIAN\u201d. <\/p>\n
De otra parte, cabe precisar que con la admisi\u00f3n de la demanda fueron superados sus defectos l\u00f3gico argumentativos, pues pese a las deficiencias de esa naturaleza, se advierten comprensibles sus cuestionamientos sustanciales. Por tanto, la Sala no se pronunciar\u00e1 respecto de se\u00f1alamientos dirigidos contra la correcci\u00f3n formal del libelo\u201d. <\/p>\n
3.2. Ahora, la Sala de Casaci\u00f3n Penal al negar la solicitud de adici\u00f3n y complementaci\u00f3n respecto del anterior fallo, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cSi bien las personas jur\u00eddicas peticionarias solicitan la adici\u00f3n de la sentencia para que la Corte se pronuncie \u201csobre todas y cada una de las defensas planteadas por cada asegurador en el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral\u201d, y ponen de presente los art\u00edculos 281 y 282 del C\u00f3digo General del Proceso que establecen el principio de congruencia y el deber del juez de pronunciarse sobre las excepciones probadas, realmente no indican cu\u00e1l demanda, pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n alegada o probada no fue objeto de pronunciamiento, que le imponga a la Corte la complementaci\u00f3n del fallo\u201d. <\/p>\n
\u201cSituaci\u00f3n por la que, l\u00f3gicamente, no tiene cabida adici\u00f3n alguna de la sentencia proferida el 1\u00ba de septiembre de 2021 por esta Sala\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otra parte, lo aseverado en la solicitud en el sentido de que: (a) la Corte debi\u00f3 adelantar el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n por el procedimiento establecido en el \u201cCap\u00edtulo IV del T\u00edtulo \u00danico de la Secci\u00f3n Cuarta de la Ley 1564 de 2012\u201d; (b) la sentencia carece de fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria, as\u00ed como (c) del \u201can\u00e1lisis de los medios exceptivos propuestos por la parte pasiva\u201d; son argumentos que apuntan, no a que se adicione la sentencia, sino a que la Corte invalide la actuaci\u00f3n para que se rehaga corrigiendo el rumbo procesal; a lo cual no se resistir\u00eda la Sala en garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso, si no fuera porque no se advierte quebrantado, como se pasa a demostrar:\u201d <\/p>\n
\u201cLa fuente normativa del procedimiento por el que se rige la Sala de Casaci\u00f3n Penal no es el indicado por las peticionarias, toda vez que, para los eventos en los cuales la demanda de casaci\u00f3n se dirige contra la providencia que resuelve el incidente de reparaci\u00f3n integral, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004 cuenta con expresa disposici\u00f3n (numeral 4 del art\u00edculo 181) que remite a las normas que regulan la casaci\u00f3n civil \u00fanicamente en punto de las causales y la cuant\u00eda. De donde se sigue que los dem\u00e1s aspectos del tr\u00e1mite se rigen por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, con excepci\u00f3n, por supuesto, de las normas que hubo de acoger esta Colegiatura en raz\u00f3n de la emergencia sanitaria p\u00fablicamente conocida\u201d. <\/p>\n
\u201cLas solicitantes desean que sea reexaminada la prueba ofrecida en su defensa, pero, de una parte, no indican cu\u00e1l hecho trascendente no fue considerado por la Corte, ni en qu\u00e9 prueba o pruebas se fundamenta y; de otra, olvidan que (i) la sentencia de casaci\u00f3n no derruy\u00f3 las proposiciones f\u00e1cticas declaradas en las instancias -a partir de las pruebas- con base en las cuales decidieron a su favor, sino exclusiva y parcialmente la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica en los puntos expresamente indicados en el ac\u00e1pite de las consideraciones. De manera que (ii) la Corte no estaba llamada a reedificar aspectos f\u00e1cticos del fallo impugnado, no casados, m\u00e1xime cuando incluso fueron acogidos por las aseguradoras en las alegaciones allegadas al tr\u00e1mite de casaci\u00f3n en calidad de no recurrentes\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed fue que la revocatoria del numeral primero de la decisi\u00f3n de primer grado y las consecuentes condenas impuestas en la sentencia del 1\u00ba de septiembre de 2021 se sustentan en las proposiciones f\u00e1cticas que la Sala observ\u00f3 probatoriamente acreditadas -numeral 7.4.4.- y suficientes para, a pesar de los hechos acogidos en las instancias, tener por estructurados los supuestos f\u00e1cticos de las proposiciones jur\u00eddicas que determin\u00f3 aplicables -con abundante argumentaci\u00f3n- al momento de pronunciarse sobre los yerros del fallo impugnado y las alegaciones allegadas en oposici\u00f3n a la demanda de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, se concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial querellada aplic\u00f3 las normas que rigen el caso bajo estudio e interpret\u00f3 el precedente del Consejo de Estado relacionado con el alcance del art\u00edculo 829 del Estatuto Tributario, y donde, igualmente, se descart\u00f3 la \u201csentencia sustitutiva\u201d requerida por las tutelantes; deducciones que no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Con otras palabras, para fundamentar un ataque en sede constitucional endilg\u00e1ndole a los funcionarios de conocimiento la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho, no basta hacer una nueva evaluaci\u00f3n del acopio suasorio o exponer un criterio diverso, ya que no pueden equipararse las facultades del juez de tutela con las diversas opiniones que los involucrados tengan sobre la forma en que debi\u00f3 ser definido su litigio. <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
4. Las consideraciones precedentes, resultan suficientes para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15179-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15179-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03910-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Axa Colpatria Seguros […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59320","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59320"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59320\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}