STC15180-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15180-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03968-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aurora Paz Salazar, Claudia del Pilar y Federico Andr\u00e9s Ben\u00edtez Paz contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, por intermedio de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Por tanto, solicitan, en concreto, \u201cse ORDENE DEJAR SIN EFECTO el auto del 9 de junio de 2021\u201d emitido por la convocada dentro de la causa penal materia de resguardo. <\/p>\n
2. Del extenso ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Popay\u00e1n, mediante sentencia de 24 de octubre de 2018, impuso pena privativa de la libertad de 43 meses de prisi\u00f3n a Aurora Paz Salazar, Claudia del Pilar y Federico Andr\u00e9s Ben\u00edtez Paz por el punible de \u201cestafa agravada\u201d, concedi\u00e9ndoseles el mecanismo sustitutivo de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, el 12 de agosto de 2019. <\/p>\n
Los ahora quejosos impetraron demanda de casaci\u00f3n, inadmitida por la Sala especializada de esta Corte el 9 de junio de 2021, sin que se evidencie que los interesados hayan incoada \u201crecurso de insistencia\u201d. <\/p>\n
Esgrimen los tutelantes que la corporaci\u00f3n querellada emiti\u00f3 una \u201cdecisi\u00f3n judicial sin motivaci\u00f3n\u201d, por cuanto, no explic\u00f3 debidamente cuales eran las falencias de cada uno de los cargos que fundamentaron el libelo contentivo del comentado remedio extraordinario y que llevaron a su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que el colegiado fustigado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en \u201cviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, desconocimiento del precedente y defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u201d, pues en su decisi\u00f3n existi\u00f3 un \u201calto componente valorativo, siendo, poco usual, en sede del estudio de admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DEL CONVOCADO <\/p>\n
Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuesta alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Aurora Paz Salazar, Claudia del Pilar y Federico Andr\u00e9s Ben\u00edtez Paz censuran, puntalmente, el prove\u00eddo de 9 de junio de 2021, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el libelo de casaci\u00f3n formulado frente al fallo de segunda instancia emitido en la causa criminal adelantada en contra de aqu\u00e9llos por el delito de \u201cestafa agravada\u201d. <\/p>\n
2.1. En el caso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, se encuentra que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la corporaci\u00f3n fustigada en el prove\u00eddo censurad, fundadamente sostuvo: <\/p>\n
\u201cPara denunciar la ilegalidad de la sentencia el recurrente present\u00f3 varios cargos e indic\u00f3 que en este caso se requiere del fallo de casaci\u00f3n para la efectividad del derecho material y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a los procesados; sin embargo, estas finalidades no encuentran respaldo o sustento en las razones que expres\u00f3 en cada uno de los reproches formulados\u201d. <\/p>\n
\u201cDe igual modo, no dedic\u00f3 espacio para evidenciar la necesidad de que la Corte emita un pronunciamiento con criterio de autoridad en relaci\u00f3n al principio de congruencia, se unifique posiciones encontradas sobre el particular o se actualice la doctrina hasta el momento imperante al respecto\u201d. <\/p>\n
\u201cTampoco, indic\u00f3 de qu\u00e9 manera la decisi\u00f3n demandada de la Corte prestar\u00eda el doble servicio de solucionar adecuadamente el caso y servir de gu\u00eda como criterio auxiliar de la actividad judicial\u201d. <\/p>\n
\u201cPero lo que lleva a la no admisi\u00f3n de la demanda es la indebida formulaci\u00f3n de los cargos, lo que impide adelantar un debate de fondo en sede de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c8. Cargo principal. Nulidad por violaci\u00f3n al principio de congruencia\u201d <\/p>\n
\u201cEl demandante hace consistir la incongruencia en que el Tribunal desbord\u00f3 los t\u00e9rminos y alcance de los hechos jur\u00eddicamente relevantes de la acusaci\u00f3n. Aleg\u00f3 que la fiscal\u00eda siempre finc\u00f3 la responsabilidad de los procesados frente al delito de estafa en que estaba viciado el consentimiento de la v\u00edctima cuando suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 2022 de 26 de agosto de 2009; al paso que en la sentencia de segunda instancia, la participaci\u00f3n de los implicados en dicho il\u00edcito se determin\u00f3 no solo por ese evento, sino adicionalmente, en la supuesta intenci\u00f3n de CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ de no pagar el precio acordado con Manfredo Gerhardt Puchala, y dem\u00e1s hechos indicadores descritos en el escrito de acusaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cUna revisi\u00f3n del diligenciamiento permite advertir que el demandante contraviene el principio de correcci\u00f3n material. El hecho jur\u00eddicamente relevante que el ente investigador desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n hasta los alegatos finales en el juicio oral pregon\u00f3 como aquel que se adecuaba al tipo penal de estafa lo hizo consistir en que FEDERICO ANDR\u00c9S, CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ y AURORA PAZ SALAZAR a trav\u00e9s de una distribuci\u00f3n del trabajo criminal ejecutaron varios artificios con el fin de inducir en error al se\u00f1or Manfredo Gerhardt Puchala, para que \u00e9ste finalmente le transfiriera la propiedad de su vivienda a CLAUDIA DEL PILAR\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ello, no es cierto que el hecho jur\u00eddicamente relevante estructurante de la referida conducta punible contra el patrimonio econ\u00f3mico fue el relacionado con el consentimiento viciado de la v\u00edctima al momento de firmar la escritura p\u00fablica No. 2022. A este evento, en efecto hizo referencia la fiscal\u00eda, pero como hecho indicador, entre otros, de la materialidad y responsabilidad de los procesados en el delito de estafa, en los siguientes t\u00e9rminos:\u201d <\/p>\n
\u201cHubo en este caso distribuci\u00f3n del trabajo entre los part\u00edcipes para logar el objetivo, el cual era hacerse con los bienes del se\u00f1or MANFREDO GERHARDT, con pleno dominio del hecho y con un aporte significativo; pues de no haberse internado al paciente en la cl\u00ednica La Estancia, alejado de visitas, muy seguramente no era posible correr la escritura de compraventa de los bienes muebles e inmuebles a los que nos hemos referido, negocio que luego fue registrado en el folio de la matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble para que el acto quedara legalizado\u201d. <\/p>\n
\u201cLa negaci\u00f3n aparenta visos de legalidad, si no fuera porque es el perito forense \u00d3scar D\u00edaz Beltr\u00e1n de Medicina Legal de Cali, quien establece que MANFREDO GERHARDT PUCHALA, debido a la enfermedad que lo afectaba y muy seguramente por los efectos de algunos medicamentos psiqui\u00e1tricos recibidos en la cl\u00ednica La Estancia como los FUOXETINA y ALPRAZOLAN, no estaba en capacidad de realizar negocios jur\u00eddicos como el que se llev\u00f3 a cabo, pues su entendimiento estaba afectado. De igual manera, porque se realiz\u00f3 por una empleada de la Notar\u00eda Tercera sin contar con la c\u00e9dula de extranjer\u00eda original del otorgante MANFREDO GERHARDT PUCHALA. As\u00ed mismo, porque el precio aparentemente pagado con anticipaci\u00f3n por la compradora es ostensiblemente menor al valor real del objeto adquirido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En este orden, es patente que el demandante no ofreci\u00f3 una argumentaci\u00f3n debida del cargo, pues la misma no se sujet\u00f3 a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica tal y como fue descrita en el escrito de acusaci\u00f3n y su posterior formulaci\u00f3n, sino que, la vari\u00f3 con el prop\u00f3sito de imponer su punto de vista sobre el particular, lo que lleva a la no admisi\u00f3n de la censura\u201d. <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, es de advertir que, de cara al principio de congruencia, para la Sala no reviste trascendencia alguna el hecho de que CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ haya sido declarada penalmente responsable del delito de estafa agravada en calidad de coautora, pese a que el fiscal delegado la acus\u00f3 y solicit\u00f3 su condena como determinadora, por cuanto tal variaci\u00f3n no genera ning\u00fan perjuicio para la procesada, ya que para efectos punitivos tienen la misma pena las dos referidas forma de participaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c9. Cargos subsidiarios\u201d <\/p>\n
\u201c9.1. Violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u201d <\/p>\n
\u201cEl defensor encamina la censura en dos asuntos fundamentales, por un lado, dirigido a la aplicaci\u00f3n indebida del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 25 del C\u00f3digo Penal; y por otro, orientado a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 29 del Decreto 960 de 1970\u201d. <\/p>\n
\u201cRespecto del primer reproche, nuevamente la Sala encuentra que el recurrente no se atiene a la realidad procesal, como quiera que el Tribunal no emple\u00f3 como fundamento de sus consideraciones lo dispuesto en el art\u00edculo 25 -numeral 1\u00ba- de la Ley 599 de 2000, frente al deber de garante que dedujo le asist\u00eda a FEDERICO ANDR\u00c9S BEN\u00cdTEZ PAZ\u201d. <\/p>\n
\u201cEl juez plural acudi\u00f3 al criterio jurisprudencial que esta Corporaci\u00f3n expres\u00f3 cuando estudi\u00f3 la posibilidad de aplicar en el delito de estafa la teor\u00eda de la acci\u00f3n a propio riesgo , y seg\u00fan el cual:\u201d <\/p>\n
\u201c[\u2026] quien ostenta un nivel de preponderancia sobre alguien que, por su bajo grado acad\u00e9mico, cultural o social, carece de suficiente capacidad para entender cabalmente los pormenores de un negocio jur\u00eddico, asume la posici\u00f3n de garante para la evitaci\u00f3n de resultados da\u00f1osos cuando con su comportamiento ha generado un riesgo jur\u00eddicamente desaprobado, siempre que conociese las condiciones especiales del sujeto pasivo de la conducta. Solamente en esos casos, si no act\u00faa de conformidad con la posici\u00f3n de garante que el ordenamiento jur\u00eddico le atribuye, le ser\u00e1 imputable de manera objetiva el resultado\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esas condiciones, no asumir\u00e1 la posici\u00f3n de garante y, por lo mismo, no tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de impedir el resultado da\u00f1oso el vendedor que se encuentra respecto del comprador en un plano de equilibrio frente al conocimiento de los alcances, vicisitudes y consecuencias de la transacci\u00f3n celebrada\u201d. <\/p>\n
\u201cEntonces, los falladores luego de citar la postura transcrita, abordaron el caso concreto y determinaron que en atenci\u00f3n a las especiales calidades y rol social desempe\u00f1ado por el acusado FEDERICO ANDR\u00c9S BENITEZ PAZ adquiri\u00f3 la posici\u00f3n de garante frente a la v\u00edctima, al \u00abhaberse arrogado la calidad de su m\u00e9dico tratante, asumida a partir del momento en que decide sacar al profesor de su casa, un domingo, siendo las 8:30 de la noche, por encontrarse gravemente enfermo, para ser hospitalizado en la cl\u00ednica privada La Estancia, distinta donde diariamente era atendido por la Nueva EPS, circunstancias entre otras, que le mermaban al profesor su capacidad para entender la negociaci\u00f3n que posteriormente realiz\u00f3, la cual le implic\u00f3 un notable perjuicio econ\u00f3mico, que debi\u00f3 ser evitado y consecuentemente al haber generado ese riesgo jur\u00eddicamente desaprobado, le es imputable al m\u00e9dico de manera objetiva ese resultando (\u2026)\u201d . <\/p>\n
\u201cBajo este entendido, es claro que la alusi\u00f3n al deber de garante en la sentencia de segunda instancia fue completamente ajeno al l\u00edmite normativo establecido en el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo Penal. De ah\u00ed que, como lo menciona el mismo censor, no se haya hecho alusi\u00f3n a esa disposici\u00f3n en el fallo recurrido y por ende resulte desacertado alegar su indebida aplicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, el recurrente pretendi\u00f3 darle otro sentido a la citada jurisprudencia de la Sala, aduciendo que no resultaba aplicable cuando la falta de comprensi\u00f3n de los pormenores de un negocio jur\u00eddico por una de las partes obedece a temas de salud. Con ello, el reparo del demandante desemboca en un aspecto sustancialmente diferente, que remite a determinar si la v\u00edctima estaba en condiciones de usar mecanismos de autoprotecci\u00f3n en orden a evitar el menoscabo a su patrimonio econ\u00f3mico, t\u00f3pico que se aleja de un debate bajo los linderos del estricto raciocinio jur\u00eddico, propio de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u201d. <\/p>\n
\u201cEn cuanto a la segunda censura, el defensor desconoce el principio de trascendencia. Si bien, para el Tribunal una de las anomal\u00edas que rodearon la protocolizaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 2022 fue la no presencia de un testigo, a\u00fan bajo el presupuesto de que ello no era necesario de acuerdo al art\u00edculo 29 del Decreto 960 de 1970, la exclusi\u00f3n de este argumento no conduce a adoptar una decisi\u00f3n sustancialmente diversa a la recurrida\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, debido a que esa no fue la \u00fanica raz\u00f3n para concluir que la firma de dicha escritura p\u00fablica por parte de la v\u00edctima adoleci\u00f3 de varias irregularidades, sino que tambi\u00e9n, el juez plural tuvo en cuenta eventos tales como, la restricci\u00f3n de visitas a la v\u00edctima mientras estuvo hospitalizada en la cl\u00ednica La Estancia, la no presentaci\u00f3n de la c\u00e9dula de extranjer\u00eda de Manfredo Gerhardt a la empleada de la Notar\u00eda Tercera de Popay\u00e1n y la no presencia de la acusada AURORA PAZ SALAZAR (que fung\u00eda como compradora a nombre de su hija CLAUDIA DEL PILAR)\u201d. <\/p>\n
\u201c9.2. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u201d. <\/p>\n
\u201c9.2.1. Falsos juicios de existencia por omisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cNo es cierto que el Tribunal haya dejado de valorar las pruebas a las que alude el demandante en los tres cargos postulados por falso juicio de existencia por omisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cJustamente, en el primer reproche, el hecho al que alude el censor y que pretende sea tenido como probado en virtud de la historia cl\u00ednica de la v\u00edctima y del testimonio de Amparo Castro Vivas, esto es, que Manfredo Puchala s\u00ed pod\u00eda ser atendido en la cl\u00ednica La Estancia de Popay\u00e1n por conducto de la Nueva EPS, s\u00ed fue tomado en consideraci\u00f3n en el fallo recurrido, solo que con efectos probatorios distintos a los queridos por el impugnante\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ende, que el demandante encuentre explicaciones para justificar la hospitalizaci\u00f3n de Manfredo Gerhardt Puchala en ese centro m\u00e9dico, no se sigue que el fallador de segundo grado haya incurrido en un vicio por no apreciar una evidencia, sino que el recurrente busca introducir su muy interesada visi\u00f3n del efecto de las pruebas al respecto a trav\u00e9s del examen aislado y sesgado de las mismas\u201d. <\/p>\n
\u201cDe igual modo, en el fallo de segundo grado se valoraron las circunstancias a las cuales, seg\u00fan el recurrente, se refiri\u00f3 el declarante Manuel Vicente G\u00f3mez Valencia, relacionadas con el supuesto pago del precio acordado entre la v\u00edctima y CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ por la compraventa de la casa de propiedad de Manfred Gerhardt Puchala y su intenci\u00f3n de vender la misma por temas de salud\u201d. <\/p>\n
\u201cFue as\u00ed como, el juez plural concluy\u00f3 que CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ no pag\u00f3 el valor estipulado por la compra del aludido inmueble, con fundamento en que:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) fue acertado el an\u00e1lisis realizado por el a-quo, sobre el no pago de los $56.500.000, que aparece en la escritura p\u00fablica 2022 del 26 de agosto de 2009, pues con las pruebas aportadas por la fiscal\u00eda, entre ellos los 3 extractos bancarios, de las entidades CITIBANK que contienen los movimientos del a\u00f1o 2008 y algunos meses del 2009; BBVA, que abarca las transacciones a partir del 1\u00ba de agosto de 2006 al 13 de julio de 2010, y BANCO POPULAR; que comprende desde el 1\u00ba de diciembre de 2008, hasta el 30 de septiembre de 2009, no aparece constancia alguna de consignaci\u00f3n por ese valor, o siquiera dos o tres aportes que juntos sumen dicha cantidad exacta, y si bien en la cuenta de la \u00faltima entidad financiara, al mes de diciembre de 2008, aparece un saldo inicial de $69.186.287, es decir un valor mayor a $56.500.000, de este hecho no puede inferirse que el pago de la compraventa objeto de an\u00e1lisis se haya podido realizar antes de esa fecha, dado que las reglas de la experiencia en compraventas de inmuebles y bienes de valor, han ense\u00f1ado que siempre o casi siempre que se generan esta clase de transacciones en el \u00e1rea urbana y se paga el precio, se firman las escrituras lo m\u00e1s pronto posible, es decir que es contrario a la costumbre que se argumente que la se\u00f1ora CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ, haya podido realizar el pago desde el 2008 y hubiera esperado cuando menos nueve meses, para firmar a trav\u00e9s de su madre, el documento respectivo. (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cDe manera an\u00e1loga, qued\u00f3 desacreditado que el pago se haya hecho en efectivo, y entregado directamente al se\u00f1or MANFREDO GERHARDT PUCHALA, dado que \u00e9ste por sus patolog\u00edas no pod\u00eda salir de su casa desde varios meses antes de su internamiento en la cl\u00ednica La Estancia, as\u00ed que la \u00fanica manera posible de entregar el dinero en efectivo, era que alguno de los interesados se acercara a la residencia o enviara a alguien con ese cometido, pero ello no sucedi\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY, en torno a la intenci\u00f3n de Manfredo Gerhardt Puchala de no vender el inmueble donde resid\u00eda, el Tribunal consider\u00f3 que:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) las personas allegadas fueron claras en narrar el gran aprecio del m\u00fasico tanto hacia su inmueble, como a sus colecciones, dicho as\u00ed por la se\u00f1ora KUNIGUNDE PAULA WUBBOLT, luego de la pregunta de la fiscal\u00eda \u00bfInd\u00edquenos si el se\u00f1or MANFREDO GERHARDT PUCHALA en alguna ocasi\u00f3n le inform\u00f3 sobre alguna intenci\u00f3n de vender su casa y sus muebles?\u201d, \u00e9sta respondi\u00f3 enf\u00e1ticamente: \u201cNunca, jam\u00e1s, nunca jam\u00e1s me ha dicho que iba a vender la casa o sus muebles, porque \u00e9l adoraba sus cuadros, sus bienes y los estaba consintiendo permanentemente, nosotros jam\u00e1s, nunca, nunca, jam\u00e1s\u201d, en igual sentido ante cuestionamiento similar, se pronunci\u00f3 el se\u00f1or TOM\u00c1S ILLERA, al contestar \u201cNo, nunca, \u00e9l como buen coste\u00f1o, dig\u00e1moslo as\u00ed, a\u00f1oraba mucho, porque \u00e9l era de Montevideo, a pesar de su origen Alem\u00e1n, \u00e9l era de Montevideo, \u00e9l a\u00f1oraba much\u00edsimo la relaci\u00f3n de vecindad y el paisaje marino, sin embargo, eso \u2026 \u00e9l nunca pens\u00f3 en volverse para Uruguay, cuando iba de aqu\u00ed a vacaciones iba a la costa, creo que a Cartagena y pero siempre volv\u00eda con gran alegr\u00eda, volv\u00eda como decir reencauchado a la casa, nunca le o\u00ed decir que quer\u00eda vender la casa o alguno de sus instrumentos o de sus obras de arte, es que adem\u00e1s yo sent\u00ed mucho respeto por esa actitud de \u00e9l, \u00e9ramos muy amigos, pero yo no le pod\u00eda decir, oye \u00bfpor qu\u00e9 no vendes un cuadro?, eso no, porque adem\u00e1s no hab\u00eda necesidad, yo no creo que \u00e9l fuera una persona, un supermillonario pero \u00e9l es una persona muy juiciosa con su dinero y estaba aqu\u00ed con su salario peque\u00f1o de profesor que apenas en ese momento comenzaba su carrera de profesor y tocaba conciertos fuera de la ciudad con mucho \u00e9xito, es decir, \u00e9l no viajaba m\u00e1s y no tocaba m\u00e1s fuera del pa\u00eds o fuera de la ciudad o fuera del pa\u00eds, era porque \u00e9l no quer\u00eda irse de su casa, \u00e9l a\u00f1oraba su casa, a lo mejor no le gustaba Popay\u00e1n pero le gustaba su casa\u201d, por ende no es l\u00f3gico que se haya desprendido de su casa que apreciaba tanto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor tanto, una cosa es que no se haya apreciado un medio de convicci\u00f3n y otra que al sopesar las pruebas incorporadas a la actuaci\u00f3n se les hubiese asignado un alcance persuasivo diverso al pretendido por el censor\u201d. <\/p>\n
\u201cEn la misma falencia incurre el defensor en el tercer cargo, al afirmar que no se tuvo en cuenta la constancia emitida por la Junta de Acci\u00f3n Comunal de la Urbanizaci\u00f3n La Villa, prueba seg\u00fan la cual, en su criterio, Manfredo Gerhardt Puchala s\u00ed quer\u00eda vender su casa. Con esta censura el defensor cuestiona son las inferencias de los falladores sobre ese t\u00f3pico, lo que impide aprehender el estudio de la misma, enmarcada en un error probatorio de estirpe objetiva y contemplativa, mut\u00e1ndola en una de car\u00e1cter valorativo y apreciativo\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, la argumentaci\u00f3n de los cargos sin lugar a duda refleja que el defensor err\u00f3 en su estructuraci\u00f3n, limit\u00e1ndose a continuar el debate probatorio realizado en las dos instancias, lo que ri\u00f1e con la esencia y finalidades de la casaci\u00f3n, pues adem\u00e1s de que este recurso extraordinario no constituye una tercera instancia, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, la sola discrepancia con la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Tribunal no es yerro demandable\u201d. <\/p>\n
\u201c9.2.2. Falsos juicios de existencia por suposici\u00f3n\u201d <\/p>\n
\u201cLa postulaci\u00f3n del falso juicio de existencia por suposici\u00f3n, impone la obligaci\u00f3n de verificar objetivamente que la prueba no fue practicada o no obra materialmente en el expediente y que, pese a ello, por su propia iniciativa, el juez invent\u00f3 su contenido y la tuvo en cuenta entre los argumentos que soportan la sentencia\u201d. <\/p>\n
\u201cBajo este entendido, no es suficiente que el casacionista asegure que el fallador de segundo grado supuso hechos no demostrados. Est\u00e1 obligado a se\u00f1alar los elementos de convicci\u00f3n que fueron asumidos judicialmente sin que obraran en el diligenciamiento y a indicar el verdadero sentido y alcance de las pruebas presuntamente inventadas, y adem\u00e1s demostrar que sin aquellas, todas las dem\u00e1s analizadas en el fallo no permit\u00edan llegar a la convicci\u00f3n sobre la responsabilidad penal de los procesados m\u00e1s all\u00e1 de toda duda\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el presente evento, los cargos postulados por esta causal tambi\u00e9n carecen de una debida sustentaci\u00f3n, ya que el demandante no indic\u00f3 los medios probatorios inexistentes en los que los falladores fundamentaron la condena emitida contra los procesados. Lo que se advierte, es una oposici\u00f3n a las conclusiones que deriv\u00f3 el juzgador con fundamento en las evidencias incorporadas al proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cEl censor solo se ocup\u00f3 de cuestionar las razones por las cuales para el Tribunal result\u00f3 extra\u00f1o que el acusado FEDERICO ANDR\u00c9S gestionara de forma directa la hospitalizaci\u00f3n de la v\u00edctima en la cl\u00ednica La Estancia de Popay\u00e1n, sin ser su m\u00e9dico tratante y sin conocer su condici\u00f3n de salud\u201d. <\/p>\n
\u201cIgual acontece, cuando controvierte que en el fallo recurrido se haya concluido que no era l\u00f3gico que la v\u00edctima vendiera su casa despu\u00e9s de hacer unas remodelaciones, y que, en su criterio, se supusiera una situaci\u00f3n de distorsi\u00f3n de la realidad en Manfredo Gerhardt Puchala, debido a los medicamentos suministrados y el tratamiento m\u00e9dico al que fue sometido\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, las censuras de modo alguno est\u00e1n dirigidas a evidenciar que el Tribunal tuvo en cuenta un medio de prueba que no fue incorporado al proceso. Por el contrario, en virtud de las mismas se critica la valoraci\u00f3n probatoria efectuada sobre el particular, debiendo acudir con ese prop\u00f3sito al error de hecho por falso raciocinio. Sin embargo, tampoco demostr\u00f3 el desafuero intelectivo del juzgador, es decir, no resalt\u00f3 el capricho o la arbitrariedad de las consideraciones judiciales ante el desconocimiento de principios l\u00f3gicos, de criterios cient\u00edficos o reglas de la experiencia ya decantadas\u201d. <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, para el demandante fue errada la deducci\u00f3n de los falladores en torno a la intenci\u00f3n del se\u00f1or Manfredo Gerhardt Puchala de no vender su casa y la no presentaci\u00f3n de la c\u00e9dula de extranjer\u00eda de la v\u00edctima al momento de suscribirse la escritura p\u00fablica No. 2022 de 26 de agosto de 2009, pero como ello lo deriv\u00f3 el Tribunal, por un lado, de los testimonios de Kunigunde Paula Wubbolt y Tom\u00e1s Illera y, por otro, de las declaraciones de Ana Luc\u00eda P\u00e9rez de Salinas, Patricia Fern\u00e1ndez, Danna Vanesa Fern\u00e1ndez y Libio Dur\u00e1n Sotelo, respectivamente, le correspond\u00eda precisar alg\u00fan error judicial cuando se les asign\u00f3 m\u00e9rito o fuerza de convicci\u00f3n a sus manifestaciones, sin que en efecto as\u00ed lo haya argumentado\u201d. <\/p>\n
\u201c9.2.3. Falsos juicios de identidad por tergiversaci\u00f3n y adici\u00f3n\u201d <\/p>\n
\u201cSon manifiestas las falencias del demandante cuando propone errores de hecho por falso juicio de identidad, tanto por tergiversar el testimonio de Amanda Mej\u00eda Ledezma, como por adicionar aspectos a la declaraci\u00f3n de Mar\u00eda del Rosario Cu\u00e9llar Ibarra\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el baremo por el que opta el defensor respecto de los dichos de Amanda Mej\u00eda Ledezma y Mar\u00eda del Rosario Cu\u00e9llar Ibarra para denunciar el yerro f\u00e1ctico le impide desarrollar en debida forma su demostraci\u00f3n, porque contrario a precisar lo que objetivamente reflejaban esa pruebas y lo que de ellas se deform\u00f3 en la decisi\u00f3n, lo que debate es que el Tribunal haya reparado en torno a las razones por las cuales FEDERICO ANDR\u00c9S BENITEZ PAZ tuvo conocimiento de los padecimientos de Manfredo Gerhardt Puchala, y as\u00ed mismo, estableciera que la minuta del contrato de compraventa fue presentada por AURORA PAZ SALAZAR el 24 de agosto de 2009 ante la Notar\u00eda Tercera de Popay\u00e1n, y no el d\u00eda 20 de ese mismo mes y a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
\u201cPasa por alto el recurrente que una cosa es que la prueba no conduzca a las conclusiones judiciales, y otra muy distinta, que no diga lo que los juzgadores dicen que afirma, pues en el primer evento se trata de un error de razonamiento, de car\u00e1cter valorativo, en tanto que en el segundo caso es de naturaleza objetiva en la aprehensi\u00f3n del contenido f\u00e1ctico del elemento de convicci\u00f3n, por eso en vez de denotar la mutaci\u00f3n f\u00e1ctica de las pruebas, como le correspond\u00eda seg\u00fan la modalidad de error de hecho por el que opt\u00f3, ataca las conclusiones que de ellas se extrajeron para determinar el compromiso penal de los implicados en el delito de estafa, planteamiento propio de un falso raciocinio, pero que tampoco desarroll\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201cPor eso, cuando el defensor discute el cr\u00e9dito otorgado a esas pruebas -testimonios de Amanda Mej\u00eda Ledezma y Mar\u00eda del Rosario Cu\u00e9llar Ibarra- no ser\u00eda una mutaci\u00f3n por parte de las instancias de las mismas, sino de la valoraci\u00f3n e inferencias que de ellas hicieron, lo que lleva a la no admisi\u00f3n de estos cargos\u201d. <\/p>\n
\u201c9.2.4. Falsos juicios de identidad por cercenamiento\u201d <\/p>\n
\u201cNo se realiz\u00f3 una argumentaci\u00f3n que sirva de sustento a los cargos presentados por falso juicio de identidad por cercenamiento\u201d. <\/p>\n
\u201cEn primer lugar, en cuanto a las declaraciones de Ana Luc\u00eda P\u00e9rez, Libio Dur\u00e1n Sotelo Calvo, Kunigunde Paula Wubbolt Villamil, Mar\u00eda Andrea Cer\u00f3n Ram\u00edrez, Patricia y Danna Fern\u00e1ndez, el defensor las enfrenta entre s\u00ed, olvidando que esta clase de yerro se da al interior de la prueba misma y no a trav\u00e9s de su confrontaci\u00f3n con otras, con lo cual se aleja la modalidad de error al radicarlo en las conclusiones judiciales derivadas de la apreciaci\u00f3n conjunta de los referidos testimonios\u201d. <\/p>\n
\u201cJustamente, el demandante indic\u00f3 que el Tribunal al no valorar de forma completa las declaraciones de los citados testigos inadvirti\u00f3 las diversas contradicciones en las que incurrieron algunos de ellos. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que de no haberse mutilado sus testimonios otra ser\u00eda la conclusi\u00f3n a la que arribar\u00edan los juzgadores, en punto a los motivos por los que Manfredo Puchala sac\u00f3 de su casa a Patricia y Danna Fern\u00e1ndez, y sobre la supuesta restricci\u00f3n de visitas al m\u00fasico por parte del m\u00e9dico FEDERICO ANDR\u00c9S BEN\u00cdTEZ PAZ, siendo estos aspectos de simple credibilidad estimada por el juzgador, al cual acude el defensor para sembrar indebidamente un vicio de aprehensi\u00f3n probatoria\u201d. <\/p>\n
\u201cIgual sucede cuando denuncia que se cercenaron las declaraciones de Margarita Chemas de Bonilla, Ana Luc\u00eda P\u00e9rez de Salinas, Jos\u00e9 Tom\u00e1s Illera L\u00f3pez, Kunigunde Paula Wubbolt Villamil, Mar\u00eda Andrea Cer\u00f3n Ram\u00edrez, Libio Dur\u00e1n Sotelo Calvo, Amanda Mej\u00eda Ledezma y Karol Andrea Pinz\u00f3n Luna, porque funda su disenso en un aspecto de valoraci\u00f3n de los testimonios y no de percepci\u00f3n de su contenido, al cuestionar que de haberse apreciado sus dichos integralmente, el Tribunal no ten\u00eda otra opci\u00f3n que considerar que el m\u00fasico s\u00ed recibi\u00f3 visitas, solo que deb\u00edan tenerse ciertas precauciones como el uso de guantes y tapabocas, dada las patolog\u00edas que \u00e9ste presentaba\u201d. <\/p>\n
\u201cEs claro, entonces, que la interpretaci\u00f3n presentada por el demandante, adem\u00e1s de apartarse de la naturaleza del cargo propuesto, constituye una interesada y parcial valoraci\u00f3n del espectro probatorio, al extremo de incurrir en el mismo yerro que atribuye al fallador, pues, de las declaraciones extracta \u00fanicamente lo que sirve a sus pretensiones y, desde luego, elude el examen conjunto e integral de todos los medios recogidos\u201d. <\/p>\n
\u201cConsecuentemente con lo anotado, no se admitir\u00e1n estos cargos\u201d. <\/p>\n
\u201c9.2.5. Falso raciocinio\u201d <\/p>\n
\u201cA trav\u00e9s de dicho razonamiento el censor presenta su propia interpretaci\u00f3n sobre ese aspecto; sin embargo, no la enfrent\u00f3 con la tesis del juez plural, seg\u00fan la cual, a partir de los diversos extractos bancarios aportados al proceso como pruebas de cargo, para la fecha de los hechos, en las cuentas bancarias de Manfredo Gerhardt Puchala no se registr\u00f3 ninguna consignaci\u00f3n por valor de $56.500.000, y tampoco, aportes que sumados alcanzaran dicha cantidad exacta\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, no es cierto que se haya dejado de valorar que para el mes de diciembre de 2008 en la cuenta de ahorros del Banco Popular de la v\u00edctima aparec\u00eda un saldo inicial de $69.186.287, solo que, los falladores no infirieron que ese dinero correspond\u00eda al pago de la compraventa\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esa manera, la Sala encuentra que el cargo carece de idoneidad sustancial para denotar el yerro que le endilga al Tribunal, pues no evidencia que haya omitido consignar en el fallo el m\u00e9rito positivo o negativo otorgado a las pruebas acopiadas en el proceso y que lo llevaron a establecer que la acusada CLAUDIA DEL PILAR BEN\u00cdTEZ PAZ no pag\u00f3 el precio que, seg\u00fan se consign\u00f3 en la escritura p\u00fablica No. 2022 de 26 de agosto de 2009, recibi\u00f3 a plena satisfacci\u00f3n el se\u00f1or Manfredo Gerhardt Puchala. Por el contrario, lo que busca el recurrente es atacar esas consideraciones que afirma fueron insuficientes, anteponiendo su propio criterio al respecto\u201d. <\/p>\n
\u201cOlvida la defensa que en sede extraordinaria tal discrepancia probatoria no est\u00e1 llamada a prosperar dada la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1 dotada la sentencia impugnada, por cuya virtud la valoraci\u00f3n judicial prevalece sobre la del impugnante, salvo la incursi\u00f3n en grave yerro, que aqu\u00ed no acredit\u00f3, sin reparar que por esa senda se aproxim\u00f3 a un alegato de instancia y no a la rigurosidad exigida en casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c10. En este orden de ideas, el discurso del censor no es suficiente para controvertir la sentencia impugnada ni para demostrar un error de tr\u00e1mite o de juicio. De ah\u00ed que su demanda no ser\u00e1 admitida. Y, como la Sala tampoco advierte de forma manifiesta la necesidad de cumplir con alguno de los fines de la casaci\u00f3n se\u00f1alados en el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, ning\u00fan pronunciamiento oficioso har\u00e1 contra la decisi\u00f3n proferida por el juez plural\u201d. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n con la que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n propuesta; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Refuerza la desestimaci\u00f3n del ruego, el hecho de que los promotores tuvieron a su alcance el \u201crecurso de insistencia\u201d consagrado en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 20041; empero, no hicieron uso de \u00e9ste, con lo cual abandonaron la posibilidad de que la Sala fustigada se ocupara del fondo del asunto aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta inviable, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los gestores del amparo desperdiciaron \u201clas diferentes oportunidades procesales\u201d, <\/p>\n
\u201c(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
En lo referente a la omisi\u00f3n en la formulaci\u00f3n de la insistencia frente a la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, ha dejado dicho esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) si el actor consideraba vulnerados sus derechos con la determinaci\u00f3n adoptada por esta Corporaci\u00f3n no hizo uso del recurso de insistencia contemplado en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004 para expresar las inconformidades que por esta v\u00eda expone, y se solventaran las irregularidades que en su sentir se presentaron\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance para expresar su desacuerdo, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria, por tanto era su deber estar atento a las decisiones que al interior del asunto se adoptaran\u201d (CSJ STC20302, 30 nov. 2017, rad. 2017-03161-00; reiterada, entre muchas otras, en STC9798-2018, 2 ag., rad. 2018-02033-00; STC16499-2019, 5 dic., rad. 2019-03820-00, y STC2358-2021, 11 mar., rad. 2021-00677-00). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201cVencido el t\u00e9rmino para interponer el recurso, la demanda se remitir\u00e1 junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes sobre la admisi\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
\u201cNo ser\u00e1 seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio P\u00fablico, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de inter\u00e9s, prescinde de se\u00f1alar la causal, no desarrolla los cargos de sustentaci\u00f3n o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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STC15180-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15180-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03968-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aurora Paz Salazar, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59321","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59321\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}