STC15192-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15192-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01583-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Donaldo Ure\u00f1a Bare\u00f1o, Anileina Tabaco Chavita, Luis Miguel Ure\u00f1a Tabaco, Ballardo Tunarosa Mac\u00edas, Edith Yolanda Vacca Novoa, Jimmy Gildardo y Yefry Manuel Ure\u00f1a S\u00e1nchez le instauraron a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-80229. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, por conducto de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00aba la verdad, justicia y reparaci\u00f3n\u00bb para que, en consecuencia, i) \u00abse revoca[ra] la confirmaci\u00f3n de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal aprobada por auto del 23 de junio de 2021\u00bb y, ii) \u00abse continuara con la investigaci\u00f3n penal (\u2026) seguida contra Dairo Andrey Ferney Torres Fuentes dentro del radicado 2015-80229\u00bb. <\/p>\n
En respaldo narraron que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Trinidad se celebr\u00f3 audiencia de imputaci\u00f3n contra Dairo Andrey Torres por las conductas penales de \u00abhomicidio culposo en concurso heterog\u00e9neo de lesiones personales culposas\u00bb (13 sep. 2019), investigaci\u00f3n en la que act\u00faan como v\u00edctimas. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma urbe acogi\u00f3 la solicitud de la Fiscal\u00eda Seccional 17 de Orocu\u00e9 de \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb por indemnizaci\u00f3n integral (12 may. 2021), teniendo como fundamento \u00abel acta de conciliaci\u00f3n\u00bb llevada a cabo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal (13 feb. 2020), en el proceso de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuant\u00eda (n\u00ba 2019-0009). <\/p>\n
Aseveraron que apelaron esa determinaci\u00f3n, recurso zanjado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de esa municipalidad, quien la ratific\u00f3 (23 jun 2021). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, el proceder de la Magistratura fustigada transgredi\u00f3 sus prerrogativas fundamentales al hacer valer dicho documento para terminar el asunto por \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal con fundamento legal en el art\u00edculo 42 de la Ley 600 del 2000, dejando de aplicar el debido proceso desviando la naturaleza procesal del sistema acusatorio, simplemente acogiendo el principio de favorabilidad con retroactividad legal\u00bb; adem\u00e1s, porque dicha figura, contemplada en el canon 38 de la Ley 600 de 2000 contrar\u00eda al sistema penal con tendencia acusatoria -Ley 906 de 2004- \u00abdonde deben participar las v\u00edctimas\u00bb; en el mismo sentido adujeron que el pago de $20.000.000 como \u00abreparaci\u00f3n\u00bb al padre del occiso no es una \u00abindemnizaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Yopal remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
La Procuradora 167 Judicial II Penal delegada inform\u00f3 que, de su participaci\u00f3n en la audiencia de preclusi\u00f3n por \u00abindemnizaci\u00f3n integral\u00bb dentro de un delito culposo \u00abse solicit\u00f3 por parte de la suscrita la revisi\u00f3n de los EMP y se sugiri\u00f3 la lectura del auto AP2671-2020 dentro del radicado # 53293 aprobado mediante acta 214 del catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), raz\u00f3n por la cual la audiencia fue suspendida y que al reiniciarse conceptu\u00e9 sobre la posibilidad de aplicar el art\u00edculo 42 de la Ley 600 de 2000 a pesar del cambio jurisprudencia seg\u00fan el cual tal figura no es aplicable a los asuntos regidos bajo la ley 906 de 2004, por haberse iniciado el tr\u00e1mite mucho antes del citado auto\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, asever\u00f3 que las gestiones de las autoridades relacionadas no derivan una violaci\u00f3n a los atributos invocados por las \u00abv\u00edctimas\u00bb, ya que \u00abla conciliaci\u00f3n fue aprobada por quien en su momento fung\u00eda como apoderado judicial de las v\u00edctimas, y lo que hicieron los juzgadores de instancia, fue decidir el asunto acorde con la jurisprudencia por entonces vigente\u00bb. <\/p>\n
El representante de Nargi Yudi Paredes (v\u00edctima) y del menor M.A.U.P. refiri\u00f3 que el pronunciamiento emitido por el ad quem es ajustado a derecho, teniendo en cuenta que la conciliaci\u00f3n es una forma de resoluci\u00f3n de conflictos y el C\u00f3digo de Procedimiento Penal trae como prioridad la verdad, justicia y reparaci\u00f3n en favor de las v\u00edctimas, circunstancias observadas por los funcionarios que tuvieron acceso tanto a la investigaci\u00f3n penal como a la demanda de responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, al apreciar que la inconformidad de los precursores fue expuesta m\u00e1s como un recurso ordinario que como una real afectaci\u00f3n habilitante de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y afirm\u00f3 que lo anhelado por aqu\u00e9llos era una valoraci\u00f3n de los argumentos ya expuestos ante las autoridades accionadas y que fueron base del recurso de apelaci\u00f3n, \u00abconvirtiendo su actuar, el mecanismo de amparo en una tercera instancia donde se haga eco de sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Impugnaron Donaldo Ure\u00f1a Bare\u00f1o, Anileina Tabaco Chavita y Ballardo Tunarosa Mac\u00edas con disquisiciones similares a las plasmadas en el escrito genitor; adem\u00e1s, reprocharon que no fueron o\u00eddos dentro del juicio penal como \u00abv\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto atacado por los motivos que a continuaci\u00f3n se enlistan. <\/p>\n
2.- En el sub examine, muy pronto se avizora que la providencia expedida por el Tribunal Superior de Yopal, no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del paginario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los supuestos f\u00e1cticos y procesales, confront\u00e1ndolos con los preceptos que rigen la \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb y la \u00abindemnizaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
En efecto, al dirimir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los querellantes, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 42 de la ley 600 del 2000 nos habla de la figura de la indemnizaci\u00f3n integral; la cual se debe aplicar en los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva consagradas en los art\u00edculos 110 y 121 del C\u00f3digo Penal\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo arrimado a la foliatura y en especial a la diligencia de conciliaci\u00f3n calendada a 13 de febrero del 2020 ante el juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal Casanare, se tiene que las partes a trav\u00e9s de sus representantes quienes ten\u00edan poder para ello, procedieron a transar los perjuicios con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el d\u00eda 25 de octubre del 2015 en sector rural cerca del per\u00edmetro urbano del municipio de Trinidad (Casanare) y as\u00ed lo hicieron saber ante dicho estrado judicial, como que la misma se hac\u00eda extensiva al presente proceso penal. N\u00f3tese que cada una de las partes estampa su aceptaci\u00f3n en se\u00f1al de estar conforme al tema de los contenidos patrimoniales\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que esta Sala en reiteradas determinaciones, ha sido clara \u00aben el sentido que la norma contentiva del art\u00edculo 42 de la Ley 600 del 2000 que hace referencia a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por indemnizaci\u00f3n de perjuicios debe aplicarse por favorabilidad a hechos acaecidos en furor de la Ley 906 del 2004, como es la presente situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, expres\u00f3 la imposibilidad de aceptar los argumentos del recurrente respecto a la presunta violaci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb por la aplicaci\u00f3n de un precepto anterior estando en vigencia otra normatividad, <\/p>\n
\u00abm\u00e1xime que efectivamente el principio de favorabilidad hace viable dicha adecuaci\u00f3n atendiendo los tambi\u00e9n principios de retroactividad y ultractividad que forman parte del principio constitucional y legal de favorabilidad. Ello en especial atendiendo tambi\u00e9n el auto del 14 de octubre de 2020 dentro del radicado AP2671-2020 53.293 MP Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, repudi\u00f3 los planteamientos sobre el monto de nuevas rogativas de \u00abindemnizaciones\u00bb, teniendo en cuenta que la conciliaci\u00f3n hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada siempre y cuando no se infrinjan requisitos de orden legal. Asimismo, agreg\u00f3, <\/p>\n
\u201ctan cierto es ello que el anterior apoderado que representa a las v\u00edctimas, tanto del occiso como del lesionado, Doctor JOS\u00c9 HERN\u00c1N S\u00daAREZ quien en el traslado como no recurrente en la audiencia que hoy es objeto de censura, es claro en afirmar que llam\u00f3 a sus mandatarios previamente a la diligencia y \u00e9stos en forma voluntaria y consciente aceptaron los valores que registra el acta de fecha 13 de febrero del 2020\u201d. <\/p>\n
De conformidad a lo rese\u00f1ado, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9 mediante la cual extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal en favor del acusado Dairo Andr\u00e9s Torres por \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quieren los sedicentes, quienes buscan imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicha pretensi\u00f3n se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Como corolario de lo esbozado, se convalidar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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