STC15196-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15196-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03848-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Gloria Helena Botero Villegas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 110001310301520120026801. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, a un juez imparcial y el derecho a la propiedad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Guillermo Boh\u00f3rquez Franco impuls\u00f3 proceso declarativo en contra de Mar\u00eda Dolores Bernal de Villamizar y de la copropiedad Edificio Guillermo Rinc\u00f3n a efectos de que se les declarara civil y extracontractualmente responsables \u00abde todos los perjuicios econ\u00f3micos y morales causados al suscrito GUILLERMO BOHORQUEZ FRANCO, consistentes en Lucro Cesante y Da\u00f1o Emergente, por los hechos abusivos, arbitrarios e ilegales, por haber cortado el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica, al apartamento de la Calle 48 A No 6-13,desde el d\u00eda 27 de enero del 2007,hasta tanto se reconecte el servicio de energ\u00eda, al precitado inmueble con todas las normas t\u00e9cnicas y de seguridad\u00bb. Adem\u00e1s, plante\u00f3 dos grupos de pretensiones subsidiarias1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda el 25 de junio del 2012, adicionado el 13 de agosto siguiente2. Notificada la se\u00f1ora Mar\u00eda Dolores Bernal, esta contest\u00f3 la demanda oportunamente3 y propuso las excepciones denominadas \u00abfalta del requisito de procedibilidad exigido por la ley 640 de 2010 e improcedencia de acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n civil por improcedencia de las medidas cautelares\u00bb; \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n condicional a cargo de la parte demandada\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 el apoderado del Edificio Guillermo Rinc\u00f3n P.H., quien adem\u00e1s aleg\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada y fraude procesal4. <\/p>\n
2.3. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 15 de enero del 2020 en la que declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la demandada Bernal de Villamizar y la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n toda vez que la orden tutelar ya fue cumplida\u00bb propuesta por el Edificio Guillermo Ronc\u00f3n P.H.5 En consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. El demandante apel\u00f3. <\/p>\n
2.4. El 25 de marzo del 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia en la que revolvi\u00f3 revocar la del a quo. En su lugar, declar\u00f3 civil y extracontractualmente responsables a los demandados \u00abcon ocasi\u00f3n del corte de energ\u00eda efectuado el 27 de enero de 2007, en el apartamento de la calle 48 A No. 6-13 de Bogot\u00e1\u00bb. Por ello, conden\u00f3 a la pasiva a pagar los perjuicios materiales y morales sufridos por el actor. <\/p>\n
2.5. La accionante, quien manifiesta ser la propietaria del aparta-estudio ubicado en la Calle 48 A No. 6-13, inmueble sobre el cual vers\u00f3 la controversia, se quej\u00f3 de que el Colegiado accionado se hubiera negado a \u00abcargar a los demandados los c\u00e1nones de arrendamiento a mi pagados que persigue como parte del da\u00f1o como lo establece y ordena la ley\u00bb. En tal sentido, advirti\u00f3 la existencia de defecto f\u00e1ctico en el fallo cuestionado, comoquiera que se sustent\u00f3 tal determinaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00aba).- En una prueba de CONFESI\u00d3N (inexistente caprichosa, irracional y arbitraria) que mi inquilino reconoci\u00f3 haber \u201cabandonado el inmueble\u201d. Nunca existi\u00f3 como confesi\u00f3n ni como hecho. Solo existi\u00f3 en el delirio del operador judicial de instancia. (DEFECTO F\u00c1CTICO) <\/p>\n
b).- No es cierto ni verdadero el hecho de haberse privado al arrendatario de la totalidad del derecho por el cual me cancela la renta. Se prueba el derecho de uso y abuso del inmueble utiliz\u00e1ndolo como dep\u00f3sito de los muebles, enceres y electrodom\u00e9sticos de habitaci\u00f3n y oficina. Hasta un p\u00f3rtico en piedra desarmado de 7 toneladas y 8 metros de altura fue guardado por el arrendatario en el garaje seg\u00fan lo denuncio en el proceso la pasiva. Omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de pruebas ciertas, existentes y determinantes para establecer la veracidad de los hechos; el fallador de instancia se separ\u00f3 de estas que afirman la causaci\u00f3n del canon de arrendamiento por el uso ocupaci\u00f3n y disposici\u00f3n del inmueble, como dep\u00f3sito. Su valoraci\u00f3n y an\u00e1lisis correcto hubiese variado sustancialmente la decisi\u00f3n del asunto discutido; al ser incongruente con otros raciocinios de la misma providencia (p\u00e1g. 16) donde se consideraron los testimonios de Mario Torres y Jos\u00e9 Hilario L\u00f3pez. (Defecto F\u00e1ctico)\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que tales v\u00edas de hecho y la consideraci\u00f3n a sus afirmaciones sobre su enfermedad \u00abgeneraron la equ\u00edvoca conjetura que los dineros que recib\u00ed como canon o renta obedec\u00edan a una \u201cautodeterminaci\u00f3n o benevolencia\u201d y no al pago de canon o renta leg\u00edtimamente causada. Desviando la ruta normativa del art\u00edculo 1988 del C.C.\u00bb. Sostuvo que tal inferencia es \u00abun juicio irracional, errado y arbitrario contra toda l\u00f3gica y el sentido com\u00fan por la Valoraci\u00f3n probatoria inusual, por fuera de la normatividad elemental de m\u00e9todo, realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n que destella flagrante en la conjetura armada, la hace evidente y manifiesta; incidiendo directamente en la errada y desafortunada decisi\u00f3n. Se alter\u00f3 su contenido con una lectura errada d\u00e1ndole un significado que no contiene\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que tal discernimiento es un abuso del derecho puesto que \u00abla conjetura errada y contraevidente, generada por el operador judicial de instancia, al estar plenamente probado el uso, abuso, goce y disposici\u00f3n, ahora, sin reconocimiento de canon o renta avala y dispone, en mi perjuicio un derecho que me corresponde y no le pertenece al arrendatario sino como amo se\u00f1or y due\u00f1o; es un pasaporte legal para ostentar una posesi\u00f3n de 13 a\u00f1os (Derecho a la Propiedad); gracias a una conjetura \u201cautodeterminaci\u00f3n o benevolencia\u201d ausente de respaldo probatorio ni soporte normativo (Defecto F\u00e1ctico y Defecto Sustantivo o Material) al terminar el contrato de arrendamiento y lo deja en posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, estim\u00f3 que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental ya que el \u00abjuzgador accionado desvi\u00f3 por completo el procedimiento fijado por la ley (art 1988 inciso 1 C.C.) para dar el tr\u00e1mite al caso determinado y concreto, actuando en forma arbitraria y con fundamento en su voluntad y ficci\u00f3n con presupuestos no soportados probatoriamente y otros existentes ignorados. Adem\u00e1s, con conceptos legales errados\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene al Tribunal \u00abtomar en la decisi\u00f3n que en Derecho Corresponda\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La se\u00f1ora Mar\u00eda Dolores Bernal de Villamizar inform\u00f3 que se encuentra en curso otra acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos, que interpuso Manuel Guillermo Boh\u00f3rquez Franco, bajo radicado 2021-03482-00. Asever\u00f3 que tal actuaci\u00f3n constitucional fue denegada el 29 de septiembre del a\u00f1o en curso por esta Sala de Decisi\u00f3n Civil. <\/p>\n
Por otro lado, asever\u00f3 que la accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa \u00abhabida cuenta no haber sido parte en el proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual cuya decisi\u00f3n cuestiona como \u201ccaprichosa, arbitraria, una alucinaci\u00f3n violatoria del debido proceso\u201d. Ahora bien, como tercera perjudicada debe el Despacho analizar que el argumento central de la Tutela impetrada reitero en 2 oportunidades encontr\u00e1ndose ambas simult\u00e1neamente en estudio, es el reconocimiento de unos c\u00e1nones de arrendamiento que justamente MANUEL GUILLERMO BOHORQUEZ FRANCO esposo de la aqu\u00ed tutelante GLORIA HELENA BOTERO VILLEGAS afirma haberle pag\u00f3 en su oportunidad cuando fung\u00eda como arrendadora; entonces no existe perjuicio que acredite como tercera perjudicada\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anot\u00f3 que no se cumple con el requisito de inmediatez dado que \u00aben el caso que nos ocupa la Sentencia 25 de marzo de 2021, y trat\u00e1ndose de acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, la revisi\u00f3n del requisito de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto respecto a la actualidad de la vulneraci\u00f3n por comprometer el principio de seguridad jur\u00eddica, al encontrarse plenamente ejecutoriada la Sentencia que puso fin al proceso que duro una d\u00e9cada, dando tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
2.- El Magistrado Jes\u00fas Emilio M\u00fanera Villegas de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abel 18 de agosto de 2021 asum\u00ed el cargo de Magistrado en provisionalidad en la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el despacho que anteriormente regentaba el Magistrado Iv\u00e1n Dar\u00edo Zuluaga Cardona. Por tal raz\u00f3n me remito a las consideraciones expuestas en la decisi\u00f3n materia de debate constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.- Guillermo Boh\u00f3rquez Franco se ratific\u00f3 en la salvaguarda constitucional que interpuso \u00e9l mismo ante esta Corporaci\u00f3n. Asever\u00f3 que la sentencia de segunda instancia se \u00abfundament\u00f3, primeramente, en una prueba inexistente mi presunta confesi\u00f3n de haber reconocido de verme \u201cobligado a abandonar el inmueble\u201d a causa del corte del servicio de energ\u00eda\u00bb. As\u00ed mismo, se present\u00f3 un defecto sustantivo en tanto que \u00abLa conjetura llevada sentencia No cuenta adem\u00e1s con respaldo normativo aplicable. No existe ley que regule la improvisada y no probada suposici\u00f3n. La verdadera situaci\u00f3n que direcciona el acervo probatorio se encuentra perfecta y legalmente enmarcada y autorizada normativamente en los art\u00edculos 1.988 y 2342 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
4.- El Juzgado Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente digitalizado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la gestora pretende que se invalide la providencia del 25 de marzo del 2021 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que revoc\u00f3 la sentencia del 15 de enero de 2020, emitida por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de la misma ciudad, pues consideran que dicha decisi\u00f3n lesiona sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
2.- La Sala avizora la improcedencia del ruego incoado frente a la providencia dictada por el colegiado, dado que no se existe legitimaci\u00f3n en la causa por activa en cabeza de la accionante para cuestionar la providencia rese\u00f1ada. <\/p>\n
2.1. Pues bien, de conformidad con el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, es claro que este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales puede ejercerse de manera directa por el afectado o por intermedio de apoderado. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Acerca de la legitimaci\u00f3n de una persona que no es parte ni est\u00e1 reconocida como tercero dentro de una actuaci\u00f3n jurisdiccional, se ha dicho que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC4497-2017, 30 mar. 2017, rad. 00050-01, entre otras). <\/p>\n
2.2. En el presente asunto, Gloria Helena Botero Villegas, exc\u00f3nyuge del se\u00f1or Guillermo Boh\u00f3rquez Franco y propietaria del inmueble sobre el que vers\u00f3 el proceso de conocimiento, cuestiona el prove\u00eddo de 25 de marzo del 2021, donde el Tribunal accionado resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso de radicado 2012-00268-00. <\/p>\n
De entrada, se advierte que la legitimaci\u00f3n para invocar la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales radica en cabeza del se\u00f1or Guillermo Boh\u00f3rquez Franco, la se\u00f1ora Mar\u00eda Dolores Bernal de Villamizar y de la copropiedad Edificio Guillermo Rinc\u00f3n, pues aquellos fueron las partes en el juicio de marras. Se observa, del estudio del expediente, que la ac\u00e1 accionante no se present\u00f3 al proceso ni fue reconocida en calidad de tercera interviniente o de parte. <\/p>\n
2.3. Mem\u00f3rese que, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien fungi\u00f3 como parte o tercero reconocido con inter\u00e9s en la misma. Al respecto, esta Sala ha esgrimido que: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se establece que la accionante no est\u00e1 facultada para formular esta espec\u00edfica pretensi\u00f3n en la tutela, ya que no intervino en el tr\u00e1mite. Por tanto, carece de inter\u00e9s leg\u00edtimo respecto de tal pleito. <\/p>\n
2.4. En un pleito de contornos similares, esta Sala sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto, se advierte de entrada que Argiro Hugo Arboleda Builis no son parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la nulitaci\u00f3n de actuaciones procesales, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC831-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (cit.).\u00bb (STC14292-2021 del 27 de oct., exp. 2021-00422-01). <\/p>\n
3. Para abundar en razones sobre la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, se observa que, adem\u00e1s, no se atiende al requisito de inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 el fallo cuestionado, esto es, \u00ab25 de marzo de 2021\u00bb6 y, la presentaci\u00f3n del resguardo, el \u00ab19 de octubre de 2021\u00bb; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3.1. Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Sumado a ello, el citado \u00f3rgano ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
3.2. Bajo tales presupuestos, la Sala observa que tampoco se propuso justificaci\u00f3n alguna frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n. Ello desvirt\u00faa de entrada la urgencia alegada por la actora, quien tard\u00f3 m\u00e1s de 6 meses para solicitar la salvaguarda de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, no se advierte la existencia de los yerros denunciados en la acci\u00f3n constitucional. Por el contrario, lo que se plantea es una discrepancia subjetiva de criterios frente a los argumentos esgrimidos por el ad quem en la sentencia con la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el demandante. Sin embargo, tal circunstancia no faculta a esta Corte para revisar una providencia que se encuentra revestida de presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
Estas consideraciones ya hab\u00edan sido esbozadas por esta Sala en el prove\u00eddo STC12747-2021 del 29 de septiembre del 2021, que decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela impetrada por Guillermo Boh\u00f3rquez Franco contra el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 bajo los mismos hechos y con id\u00e9nticas pretensiones. En tal oportunidad se sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab El hecho que el impulsor discrepe de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en sus opiniones, la sentencia censurada es \u00abin\u00fatil y para enmarcar\u00bb, por estar \u00abausente de apoyo probatorio y soporte normativo\u00bb, no son \u00abargumentos\u00bb que abran paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 93-103 del PDF \u00ab01Cuaderno1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 111 del PDF \u00ab01Cuaderno1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 203 del PDF \u00ab01Cuaderno1\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 242-248 del PDF \u00ab01Cuaderno1\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 4 del PDF \u00ab01Cuaderno1B\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15196-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC15196-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03848-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Gloria Helena Botero Villegas contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}