STC15197-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15197-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00587-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando por medio de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 \u00abse declare la nulidad del proceso de la referencia, en especial el fallo y todas las actuaciones desde el auto admisorio de la demanda emitidas por parte del accionado por existir los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, falsedad en documento p\u00fablico y otros por parte de la persona demandante\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el estrado accionado dentro del juicio ejecutivo adelantado en su contra por Mariela L\u00f3pez Rojas, \u00abdecide fallar orden\u00e1ndole cancelar las sumas de dinero de las pretensiones, con base en un t\u00edtulo espurio o falso, en tanto que la letra de cambio nunca la [firm\u00f3]\u00bb (31 may. 2018), situaci\u00f3n que es objeto de investigaci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal, \u00abdonde se encontr\u00f3 de los dict\u00e1menes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y estudios de grafolog\u00eda que la firma del t\u00edtulo valor no corresponde a la [suya] y en este momento se est\u00e1 a la espera que el ente acusador realice la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n de cargos en contra de la demandante y contra el servidor de la polic\u00eda que rindi\u00f3 el primer peritaje espurio\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de todo esto, no ha podido transferir el bien de su propiedad, pues aparecen medidas cautelares impuestas por causa de este proceso, por lo que debe declararse la nulidad de todo el asunto para proteger sus prerrogativas\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga <\/p>\n
se opuso al ruego, por cuanto \u00aben providencia del 31 de mayo de 2018, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y mediante auto del 22 de junio de 2018, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y orden\u00f3 remitir el asunto a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de [esa] ciudad y le correspondi\u00f3 al Segundo de esa especialidad, sin que medie petici\u00f3n o recurso de nulidad por parte del accionante\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Trece Seccional de esa localidad relat\u00f3 las actuaciones surtidas en la noticia criminal n\u00b0 680016008828201602046, formulada por el gestor contra Mariela L\u00f3pez Rojas y, manifest\u00f3 que \u00aben informe de laboratorio de 4 de febrero de 2021 rendido por graf\u00f3logo forense adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, se determin\u00f3 que las tomas caligr\u00e1ficas del accionante, no se identifican con las dos firmas estampadas en la letra de cambio, peritazgo que desvirtuar\u00eda el informe pericial rendido por el funcionario de la Polic\u00eda Nacional que rindi\u00f3 peritaje al Juzgado Quinto Civil del Circuito y si bien dentro de la presente indagaci\u00f3n con este elemento material se tendr\u00eda acreditada la materialidad de la infracci\u00f3n para el delito de falsedad en documento privado, pero habida consideraci\u00f3n a que estamos frente a un concurso de delitos, es necesario obtener elementos materiales probatorios para demostrar ese concurso y por ende se est\u00e1 a la espera de los resultados para hacer imputaci\u00f3n de cargos\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias indic\u00f3 que \u00abla tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad producto de la ausencia del requisito de subsidiariedad, dado que el accionante no ha acudido al juicio ejecutivo del ep\u00edgrafe para exponer los hechos aqu\u00ed endilgados como vulneradores de sus derechos fundamentales, lo anterior teniendo en cuenta que, oteado el dossier, advierte el despacho que en sede ordinaria no ha sido ventilada la nulidad y no se encuentra petici\u00f3n alguna pendiente por resolver\u00bb. <\/p>\n
Mariela L\u00f3pez Rojas se\u00f1al\u00f3 que \u00abel t\u00edtulo valor que fue presentado para cobro en el asunto ejecutivo s\u00ed fue firmado por el accionante, quien es [su] hermano\u00bb, aunado a que \u00abel 31 de octubre de 2017, se celebr\u00f3 la audiencia (art. 372 y 373 del C.G.P.) en la cual llegaron a un acuerdo en que el accionante se compromet\u00eda a cancelarle en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis meses la suma de $108.000.000, por concepto de capital de la obligaci\u00f3n junto con costas procesales y agencias en derecho, lo cual no cumpli\u00f3 y origin\u00f3 que el juez ordenara seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el auxilio ante el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario y residual, comoquiera que \u00absi el accionante considera que con ocasi\u00f3n a las diligencias de car\u00e1cter penal que se encuentra en curso, el proceso ejecutivo que se tramita ahora en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, no puede continuar y, que adem\u00e1s, la actuaci\u00f3n surtida hasta este momento se encuentra viciada de nulidad, es ante ese despacho que, primigeniamente, deber\u00e1 informar lo propio para que el juez natural, decida lo que en derecho corresponda, m\u00e1xime que no se configura un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en las alegaciones inaugurales, agregando que, \u00abla tutela interpuesta en este tr\u00e1mite s\u00ed es procedente, necesaria, urgente e id\u00f3nea porque el fallo del Juzgado 5 civil del circuito de Bucaramanga s\u00ed causa un perjuicio grave inminente a los intereses jur\u00eddicos y patrimoniales del peticionario, pues s\u00f3lo la tutela es el medio m\u00e1s expedito \u00e1gil e id\u00f3neo para sanar estos hierros judiciales ya que es urgente que pueda utilizar debidamente sus bienes y patrimonio que por derecho le corresponde\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, la Sala avizora la no prosperidad de la salvaguarda y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la sentencia opugnada, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el presupuesto de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que entre el auto que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y que se busca dejar sin efecto (31 may. 2018) y la radicaci\u00f3n de la demanda constitucional (14 oct. 2021), transcurrieron tres (3) a\u00f1os y cinco (5) meses, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la guarda. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en incoar la ayuda supralegal, pese a tener conocimiento de dicha actuaci\u00f3n desde el a\u00f1o 2016, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario denunciado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados. <\/p>\n
2.- Sin perjuicio de lo anterior, si la aspiraci\u00f3n de L\u00f3pez Rojas se sustenta en que se debe impedir que produzca efectos la \u00abdecisi\u00f3n que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb en el proceso ejecutivo seguido en su contra por Mariela L\u00f3pez Rojas, \u00abpor existir informe de laboratorio de fecha 4 de febrero de 2021 rendido por graf\u00f3logo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal que precis\u00f3 que [sus] tomas caligr\u00e1ficas no se identifican con las firmas consignadas en la letra de cambio por valor de $90.000.000, t\u00edtulo valor que sirvi\u00f3 de soporte para adelantar el ejecutivo\u00bb, prueba que hace parte de la denuncia penal propuesta contra el extremo demandante por los presuntos delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal, el cual se encuentra en curso (rad. 680016008828201602046) en la Fiscal\u00eda Trece Seccional de Bucaramanga, es importante precisar que no es la acci\u00f3n constitucional el mecanismo id\u00f3neo para dirimir su inconformidad. <\/p>\n
Ello, porque, si a bien lo tiene puede acudir a la funcionaria de la Fiscal\u00eda que tramita la investigaci\u00f3n penal para que solicite ante el juez de control de garant\u00edas decrete como medida cautelar la suspensi\u00f3n del pleito civil que actualmente se encuentra en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, mientras se adopta una providencia decisiva dentro de esa causa. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto que guarda simetr\u00eda con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe igual forma, puede el tutelante acudir al fiscal que adelanta la investigaci\u00f3n penal para que de considerarse necesario y pertinente solicite ante el juez de control de garant\u00edas se decrete como medida cautelar la suspensi\u00f3n del proceso civil en aras de salvaguardar su derecho como v\u00edctima, mientras se adopta una decisi\u00f3n definitiva al interior de ese asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, recu\u00e9rdese que, atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (STC11189-2018, 31 ag. 2018). <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, tambi\u00e9n ha predicado, que <\/p>\n
(\u2026) la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (se enfatiza CSJ STC1423-2020, entre otras). <\/p>\n
3.- Finalmente, tampoco resulta procedente el amparo como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al tutelante, pues lo cierto es que no alleg\u00f3 elemento de convicci\u00f3n alguno para probarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, dado que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2039-2020). <\/p>\n
4.- Ergo se convalidar\u00e1 el veredicto fustigado, pero por las razones ante aducidas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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