STC15198-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15198-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03865-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por V\u00edctor Manuel Pe\u00f1arete Rico frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito y el Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas, ambos de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2019-00359-01. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja manifiesta que, en providencia de 21 de marzo de 2019, el Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 dirimi\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado iniciado en su contra por Luis Felipe Rodr\u00edguez \u00c1vila, respecto del inmueble ubicado en la carrera 17A n\u00b0 80A \u2013 24 Sur, negando las pretensiones. <\/p>\n
Inconformes con dicha decisi\u00f3n, los herederos de Rodr\u00edguez \u00c1vila incoaron acci\u00f3n de tutela, concedida en primera instancia por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que orden\u00f3 al juez de conocimiento \u00abque [\u00e9l] deb\u00eda ser escuchado, pagar los supuestos c\u00e1nones adeudados y en consecuencia, volver a proferir sentencia\u00bb; determinaci\u00f3n confirmada por el Tribunal ahora accionado. <\/p>\n
En cumplimiento de la orden constitucional de primer grado, el Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 -antes Setenta y Tres Civil Municipal de la misma ciudad-, emiti\u00f3 prove\u00eddo de 26 de junio de 2019, en el cual declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por Pe\u00f1arete Rico, terminado el contrato de arrendamiento y dispuso la entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Alega que \u00abcon dichas decisiones se transgrede a todas luces\u00bb la jurisprudencia de la Corte Constitucional, seg\u00fan la cual, en casos como el presente, el demandado no est\u00e1 obligado a pagar los c\u00e1nones de arrendamiento supuestamente adeudados, por cuanto \u00ab[e]l inmueble hasta el a\u00f1o 2005 fue de propiedad del se\u00f1or Rodr\u00edguez \u00c1vila (q.e.p.d.) quien [s]e lo prometi\u00f3 en venta por un dinero que [l]e deb\u00eda y a quien le cancel[\u00f3] el saldo del negocio en su totalidad y quien [s]e lo entreg\u00f3 de forma material. Raz\u00f3n por la cual desde el a\u00f1o 2005 nunca existi\u00f3 contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
3.- Conforme a lo antelado, pide, en concreto, \u00abdejar sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado 73 Civil Municipal de Bogot\u00e1 de fecha 26 de junio de 2019\u00bb, ordenar no tener en cuenta el fallo de tutela proferido por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad; y, en consecuencia, que se imponga al Juzgado de conocimiento que emita un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal convocado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia y remiti\u00f3 copia digital del tr\u00e1mite constitucional cuestionado. Se opuso a la prosperidad del ruego, tras se\u00f1alar que en el presente asunto no se re\u00fanen los presupuestos para la procedencia de la tutela contra otro asunto de id\u00e9ntica naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 -antes Setenta y Tres Civil Municipal de la misma ciudad- comparti\u00f3 el enlace del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado 2017-0622-00 y narr\u00f3 los actos procesales all\u00ed adelantados, precisando que, en la oportunidad procesal correspondiente, el aqu\u00ed tutelante, \u00abno desvirtu\u00f3 su calidad de arrendatario, n[i] tach\u00f3 de falso el contrato firmado por el 8 de julio de 1998\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito defendi\u00f3 su proceder se\u00f1alando que \u00abdespleg\u00f3 el tr\u00e1mite legal que correspond\u00eda para con el pleito que fue repartido, ce\u00f1ido a los lineamientos normativos aplicables al caso en particular\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Jairo Valderrama Castro, quien afirm\u00f3 ser el apoderado judicial de los demandantes en el juicio cuestionado, se opuso a la prosperidad del ruego refiriendo que no se configuran los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El actor cuestiona el fallo de tutela de 4 de julio de 2019, a trav\u00e9s del cual el Tribunal accionado confirm\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, la sentencia de 30 de mayo del mismo a\u00f1o, por la cual el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito concedi\u00f3 el amparo incoado por los herederos de Luis Felipe Rodr\u00edguez \u00c1vila contra el Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, ordenando a dicha autoridad judicial, dejar sin efectos la providencia de 21 de marzo de 2019 y, en su lugar, emitir un nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
Asimismo, cuestiona la decisi\u00f3n de 26 de junio de 2019, mediante la cual el Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 -antes Setenta y Tres Civil Municipal de la misma ciudad- declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por Pe\u00f1arete Rico, terminado el contrato de arrendamiento y dispuso la entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la petici\u00f3n del promotor habr\u00e1 de ser denegada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto general de la inmediatez. <\/p>\n
2.1. En efecto, del escrito inicial se colige que el gestor cuestiona la sentencia de tutela proferida el 4 de julio de 2019 por el Tribunal convocado que confirm\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, lo decidido por el a quo constitucional el 30 de mayo del mismo a\u00f1o; y el prove\u00eddo del 26 de junio de la misma anualidad, por el cual el juez de conocimiento dio cumplimiento a la orden constitucional de primer grado. <\/p>\n
Pues bien, como quiera que la acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 el 20 de octubre de 2021, debe concluirse que, respecto de las decisiones adoptadas en torno al tema, con anterioridad al 20 de abril del presente a\u00f1o no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez, por haberse superado el t\u00e9rmino de 6 meses que la jurisprudencia ha definido como prudencial para instaurar la acci\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
Respecto del citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo \u00abrazonable\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
2.2. Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible, por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras circunstancias v\u00e1lidas para no instaurar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. <\/p>\n
Bajo tales presupuestos, la Sala no observa una justificaci\u00f3n frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, en tanto el accionante no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. Lo dicho, habida cuenta de que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen como dispositivos de control la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb y la \u00absolicitud de insistencia\u00bb ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
3.1. En esta direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. De 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
De lo anterior se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Ello puesto que, permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
3.2. En todo caso, en particulares situaciones se ha advertido la necesidad excepcional de la procedencia de la tutela dirigida contra decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n. Particularmente, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso. En la referida decisi\u00f3n se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede\u2026 <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.3. No obstante la jurisprudencia citada en precedencia, al descender al caso sub judice se advierte la improcedencia de la solicitud, pues el promotor no prob\u00f3 las condiciones de las excepciones invocadas. <\/p>\n
Tan solo se expone una disparidad de criterios, lo cual no lo habilita para cuestionar las decisiones tomadas en sede de tutela, por cuanto esta v\u00eda no est\u00e1 dise\u00f1ada para mantener indefinidamente los debates constitucionales que le son propios. <\/p>\n
4.- Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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