STC15202-2021 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15202-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03359-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Mario Bedoya Tamayo, quien dice actuar como apoderado judicial de Yuber Alirio L\u00f3pez Vanegas, Walter Agust\u00edn L\u00f3pez Vanegas, Luz Mar\u00eda L\u00f3pez Vanegas, Elida Marcela L\u00f3pez Vanegas, Jes\u00fas Alberto L\u00f3pez Vanegas, Alba Luc\u00eda L\u00f3pez Vanegas y Teresita de Jes\u00fas L\u00f3pez Vanegas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite fueron vinculados a las partes e intervinientes en el juicio de radicado 05129310300120160021205. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de los derechos fundamentales de sus prohijados al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas al interior del proceso de tutela referenciado. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn se tramita la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Caldas -Antioquia- dentro del proceso divisorio impulsado por Yuber Alirio L\u00f3pez Vanegas y otros contra la sociedad Inversiones Polux Ruiz Henao S.A.S. <\/p>\n
2.2. El 04 de junio del 2021, el Colegiado accionado admiti\u00f3 la alzada. Adem\u00e1s, deneg\u00f3 la solicitud presentada por el accionante comoquiera que \u00abno se satisfacen los supuestos del art\u00edculo 121 del C. G. del P., ya que en las presentes se ha proferido sentencia de primera instancia\u00bb. Inconforme, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de s\u00faplica1. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 09 de agosto del 2021, la Sala Dual de Decisi\u00f3n Civil resolvi\u00f3 declarar improcedente el aludido remedio2. <\/p>\n
2.4. Esta \u00faltima providencia fue recurrida en reposici\u00f3n. No obstante, este fue negado por improcedente \u00abpues conforme lo establece el inciso segundo del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo General del Proceso, contra el auto que resuelve el recurso de s\u00faplica no procede recurso alguno\u00bb3. <\/p>\n
2.5. El actor cuestiona particularmente el prove\u00eddo del 04 de junio del 2021, comoquiera que en este se resolvieron \u00abdos situaciones procesales totalmente diferentes, con afectaci\u00f3n del debido proceso sobre el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n art. 320,322,326,327,328 CGP\u00bb, a saber, la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y el rechazo de la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia. En particular, aleg\u00f3 que la pretensi\u00f3n anulaticia deb\u00eda ser resuelta \u00abdentro de la sentencia de segunda instancia por la Sala completa y en parte alguna dentro del auto de admisi\u00f3n del recurso de alzada, articulo 328 CGP\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se declare la nulidad del auto proferido el 4 de junio del 2021 y se ordene \u00abse proceda a proferir por la Sala Unitaria el auto de admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, sin excluir la solicitud de nulidad\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn asegur\u00f3 que los cuestionamientos del accionante \u00ab(de quien se echa de menos poder para actuar en tutela), est\u00e1n dirigidos en dos niveles. El primer, que el auto que admite el recurso de apelaci\u00f3n se hubiera pronunciado respecto a una solicitud de nulidad; y, segundo, que no se diera tr\u00e1mite a esa petici\u00f3n de nulidad\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al primer reparo \u00abel pronunciamiento sobre la nulidad materializa el principio de econom\u00eda procesal, pues si bien se estaba admitiendo la alzada, aquella solicitud ameritaba pronunciamiento, como en efecto se hizo, con lo cual, precisamente, se salvaguardan los derechos de las partes\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, del texto de la acci\u00f3n de tutela \u00abno se advierte un cargo que constituya condici\u00f3n de procedibilidad de la misma, por lo que, como conclusi\u00f3n, sin que se evidencie vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, sino, que lo decidido fue dentro de la autonom\u00eda jurisdiccional y direcci\u00f3n procesal, pido negar la protecci\u00f3n invocada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor, en su calidad de apoderado de los demandantes en el proceso divisorio objeto de examen, cuestion\u00f3 el auto proferido el 04 de junio del 2021 por la Sala Unitaria de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. A su juicio, tal providencia implica la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto, los que ameritan la concesi\u00f3n de la perentoria salvaguarda constitucional. <\/p>\n
2. Temprano se advierte que esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. En efecto, el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Tribunal convocado y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para actuar en el presente asunto. <\/p>\n
3. Dicho requisito de procedibilidad se encuentra prescrito en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed mismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, en un caso de similares contornos al sub judice, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, el tema de la especificidad en los poderes toma importancia, pues el cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado judicial interponga una acci\u00f3n de tutela a nombre de su poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con claridad si existe o no legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. <\/p>\n
Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden de ideas, dado que el promotor no alleg\u00f3 el poder especial para reclamar por las garant\u00edas de quien aduce representar, no pod\u00eda invocar la salvaguarda pretendida, de modo que resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las anteriores consideraciones, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u00abdivisorio una parte. Cal 01 2016 212 en devolutivo\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u00ab21-08-09 001 2016 00212 AI S\u00daPLICA IMPROCEDENTE CAA\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u00ab21-08-30 001 2016 00212 AS IMPROCEDENTE REPOSICI\u00d3N CAA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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