STC15204-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15204-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03234-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sergio Mario Gaviria Zapata, quien dijo actuar como agente oficioso de Rosa Mar\u00eda Carrero, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 54001311000120210000300 (rad. del Tribunal 2021-0118-01). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad, libre desarrollo de la personalidad y locomoci\u00f3n de la se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Carrero, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Blanca Haydee Pe\u00f1a Carrero, domiciliada en Estados Unidos, interpuso \u00abdemanda de adjudicaci\u00f3n judicial transitoria de apoyos\u00bb en favor de su madre, Rosa Mar\u00eda Carrero, quien se encuentra domiciliada en Venezuela, a fin de que se adjudique a la segunda \u00abel apoyo transitorio de BLANCA HAYDEE PE\u00d1A CARRERO, su hija, para comunicarse, comprender los negocios jur\u00eddicos que celebra y manifestar su voluntad, por la imposibilidad absoluta de la se\u00f1ora CARRERO de manifestar la voluntad\u00bb. Como fundamento de sus pedimentos, explic\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora ROSA MAR\u00cdA se encuentra totalmente imposibilitada de conformidad con el numeral 1 del art\u00edculo 396 del CGP\u00bb1. <\/p>\n
En su escrito asegur\u00f3 que la demanda se present\u00f3 ante los jueces de Colombia \u00abpor la sencilla raz\u00f3n de la necesidad de gestionar por el suscrito abogado los documentos de identificaci\u00f3n nacionales, c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y pasaporte, pues con los documentos de identificaci\u00f3n venezolanos es imposible trasladar a la se\u00f1ora ROSA MAR\u00cdA a los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, algo que toda la vida anhel\u00f3\u00bb. No obstante, asegur\u00f3 que la se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Carrero es colombiana. <\/p>\n
2.2. El 04 de marzo del 2021, el Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta rechaz\u00f3 de plano la demanda, habida cuenta que \u00abel domicilio de la se\u00f1ora ROSA MAR\u00cdA CARRERO, para quien se solicita la designaci\u00f3n de apoyo, reside en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, en tanto que la demandante reside en Chestnut, New York, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica\u00bb. En atenci\u00f3n a lo anterior y dado que, de conformidad con el numeral 13 del art\u00edculo 28 del C.G.P., el competente para conocer de este tipo de pleitos es el juez de la residencia del incapaz, consider\u00f3 que carec\u00eda de competencia para conocer del pleito2. <\/p>\n
2.3. El apoderado de la demandante impugn\u00f3 tal determinaci\u00f3n. En particular, aleg\u00f3 que la se\u00f1ora Carrero contaba con varios domicilios, uno de los cuales es el municipio de Ragonvalia, Norte de Santander3 -pese a que en la acci\u00f3n de tutela se indica que el domicilio es en C\u00facuta-. <\/p>\n
2.4. El 23 de julio del a\u00f1o en curso, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta resolvi\u00f3 confirmar la providencia apelada. <\/p>\n
2.5. El promotor del amparo reprocha que, con tal proceder, el Colegiado incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto pues el juez debi\u00f3 remitir las diligencias al juez competente. Adem\u00e1s, denuncia que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico \u00abpara establecer que el circuito de C\u00facuta no era competente para ejercer la jurisdicci\u00f3n en el presente caso; se repite, la sola voluntad del poderdante es suficiente para fijar el domicilio porque es una forma de demostrar d\u00f3nde tiene los intereses, es decir, para fijar uno de los domicilios posibles\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona, adem\u00e1s, el yerro sustantivo incurrido comoquiera que \u00abla parte motiva reconoce que el domicilio es una libertad del ciudadano, que este lo puede escoger a su antojo, y que domicilio es donde el ciudadano tiene sus intereses; pero decide desconociendo el sitio donde el ciudadano tiene sus intereses, desconociendo el sitio que voluntariamente escoge el ciudadano como domicilio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advierte que las providencias cuestionadas violan directamente la Constituci\u00f3n pues desconocieron la calidad de ciudadana colombiana de la se\u00f1ora Rosa Carrero \u00ablo cual impide ejercer los derechos como ciudadano, impide la locomoci\u00f3n, impide el desarrollo de la personalidad, impide el derecho de escoger el domicilio, viola el derecho a unos \u00faltimos a\u00f1os de vejez digna\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se \u00abrevoque la decisi\u00f3n de julio 23 de 2021 emitida por el Tribunal Superior de C\u00facuta – Sala Civil, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Flechas Rodr\u00edguez con la cual se niega a la accionante el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, declarando que el circuito de C\u00facuta es competente para conocer la pretensi\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de apoyos, ordenando al juez natural tomar una decisi\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta asever\u00f3 que en el prove\u00eddo cuestionado \u00abse dieron los argumentos puntuales por los cuales no era procedente revocar la decisi\u00f3n de rechazar la demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que seg\u00fan se extrajo del libelo demandatorio y los argumentos expuestos por el recurrente, la beneficiaria de los apoyos, se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Carrero, no reside en esta ciudad capital, tampoco en el municipio de Ragonvalia-Norte de Santander y menos en alguna parte del pa\u00eds, pues tal como se indic\u00f3 en la providencia, no alleg\u00f3 prueba siquiera sumaria que acreditara dicha circunstancia y en todo caso que alguno de sus familiares si lo hiciera o que ella ejerciera habitualmente profesi\u00f3n y oficio alguno all\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el agente oficioso se la se\u00f1ora Rosa Carrero arguye que la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 23 de julio de 2021. Ello pues, a su juicio, el Tribunal incurri\u00f3 en defecto sustancial, procedimental absoluto, f\u00e1ctico y por violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n, al momento de confirmar el auto que rechaz\u00f3 de plano la demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial. <\/p>\n
2. Sea lo primero indicar que, para esta Sala, existe legitimaci\u00f3n en la causa por activa de Sergio Mario Gaviria Zapara para actuar como agente oficioso de Rosa Mar\u00eda Carrero. En efecto, se demostr\u00f3 con suficiencia el motivo que la imposibilita para ejercer directamente la defensa de sus derechos fundamentales, que no es otro a su grave estado de salud, que hoy obliga a sus familiares a instaurar el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos que trata el canon 32 de la ley 1996 de 2019. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00abEn lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u00bb. (CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01). <\/p>\n
3. Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente confirmar el auto cuestionado. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por explicar el fundamento y el objetivo de la Ley 1996 de 2019 y las dos clases de tr\u00e1mites judiciales que ella contempla, a saber, el de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorios y el de adjudicaci\u00f3n de apoyos con vocaci\u00f3n de permanente. <\/p>\n
Hecho ello, sostuvo que \u00abes el art\u00edculo 35 de la Ley 1996 del 2019, modific\u00f3 el numeral 7 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso, al referir que los jueces de familia son competentes para conocer en primera instancia de los procesos de \u201cadjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u201d\u00bb. Sin embargo, \u00abcomo quiera que dicha normativa conforme se expuso previamente hace parte del cap\u00edtulo V, que a la fecha no ha entrado en vigencia, v\u00e1lido es considerar que para el presente caso debe aplicarse el numeral 14 del art\u00edculo 21 de la actual procedimental, seg\u00fan el cual, corresponde a los Jueces de Familia en \u00fanica instancia, conocer de aquellos \u201casuntos de familia en que por disposici\u00f3n legal sea necesaria la intervenci\u00f3n del juez\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, observ\u00f3 que \u00absi bien alega la actora en su escrito de apelaci\u00f3n que las personas tienen derecho de decidir su propio domicilio, frente a dicho concepto es menester advertir que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 76 y s.s. del C\u00f3digo Civil, \u00e9ste no es otra cosa que la residencia de una persona acompa\u00f1ada del \u00e1nimo real o presuntivo de permanecer en ella, precis\u00e1ndose que la residencia har\u00e1 las veces de domicilio cuando las personas no tengan domicilio en otro lugar\u00bb. De manera que el domicilio es la \u00absede jur\u00eddica de la persona o su asiento legal. Es el lugar donde se supone que siempre \u00e9sta presente para los efectos jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, y si bien es posible que exista pluralidad de domicilios, \u00abm\u00e1s cierto es que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 83 de la legislaci\u00f3n civil en concordancia con lo estatuido en el C\u00f3digo General del Proceso, es menester analizar la competencia atribuida a las autoridades judiciales conforme a los lineamientos consagrados en el numeral 13 del art\u00edculo 28 de dicha codificaci\u00f3n, pues de lo que se trata es de salvaguardar los derechos de las personas en discapacidad\u00bb. Ante tales consideraciones y referido ahora al caso en concreto, a pesar de que se identifique que el \u00faltimo domicilio de la se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Carrero fue la ciudad de Ragonvalia, Norte de Santander, \u00ablo cierto es que del libelo demandatorio tambi\u00e9n se extrae que la mentada beneficiaria del apoyo vive con sus hijas Martha y Luz Amanda Pe\u00f1a en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, pues as\u00ed lo expuso en el hecho tercero de la demanda al informar adem\u00e1s las condiciones precarias en las que vive dada la crisis social y pol\u00edticas del vecino pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abcomo quiera que no es de conocimiento del juez de instancia y tampoco tendr\u00eda por que saber el lugar de domicilio de los extremos procesales, pues corresponde al demandante o solicitante de la medida de apoyo suministrar la informaci\u00f3n necesaria para establecer por lo menos el lugar de domicilio de la persona en condici\u00f3n de discapacidad y las respectivas circunstancias que lo distinguen como sujeto de especial protecci\u00f3n, aportando los conceptos m\u00e9dicos y dict\u00e1menes a que hubiere lugar y en todo caso prueba siquiera sumaria que acredite su lugar de domicilio o residencia, lo que brilla por su ausencia en el presente asunto\u00bb, consider\u00f3 que la se\u00f1ora Rosa Carrero no se encuentra ubicada ni en la ciudad de C\u00facuta ni en el pa\u00eds, \u00abde manera que en efecto improcedente resulta ordenarle al a quo asumir el conocimiento del asunto cuando su competencia emerge conforme lo dispone la Ley 1996 de 2019 que \u201cla adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorio cuando la persona mayor de edad se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio\u201d, deber\u00e1 tramitarse por el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Y no se diga que el hecho de que con anterioridad la se\u00f1ora Carrero hubiera residido en el municipio de Ragonvalia implica de suyo que a la fecha ostenta alg\u00fan v\u00ednculo con tal municipalidad \u00abm\u00e1xime si se tiene en cuenta que como se manifiesta en el libelo genitor, dos de las tres hijas de la se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Carrero viven en la ciudad de Valencia y la otra en Chestnut, New York, Estados Unidos. Tampoco se informa que en dicho municipio norte santandereano ostente familia, ejerce alguna profesi\u00f3n u oficio o por lo menos tiene el asiento principal de sus negocios, por lo que en manera alguna puede referirse que su domicilio fue trasladado o era dicho lugar\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la Ley 1996 del 2019, as\u00ed como de los fueros de atribuci\u00f3n de competencia en la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
5. Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
6. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 del PDF \u00ab01DemandaAnexos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab05AutoRechazaDemanda\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 2-5 del PDF \u00ab06Recurso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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