STC15209-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15209-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03981-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Enrique P\u00e9rez Losada, Wendy Tatiana y Luis Enrique P\u00e9rez Castrill\u00f3n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el declarativo 2018-00018. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y debida administraci\u00f3n de justicia, al debido acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la prevalencia del derecho y se garantice los derechos fundamentales por violaci\u00f3n de derechos fundamentales por v\u00eda de hecho y dem\u00e1s derechos fundamentales que resultaren vulnerados\u00bb. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y de los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Luis Enrique P\u00e9rez Losada, Wendy Tatiana y Luis Enrique P\u00e9rez Castrill\u00f3n formularon demanda declarativa de responsabilidad civil contractual buscando la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os materiales y morales presuntamente ocasionados por la desvinculaci\u00f3n del primero de los mencionados como asociado de la Cooperativa Transportadora Ganadera del Huila y Caquet\u00e1 S. A., as\u00ed como de un veh\u00edculo de su propiedad. <\/p>\n
2.2. El conocimiento de dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 en primera instancia al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, despacho que, luego de agotadas las etapas respectivas, profiri\u00f3 fallo estimatorio en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2020, condenando al pago de perjuicios materiales y morales, estos \u00faltimos en cuant\u00eda de 35 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.3. Contra esa determinaci\u00f3n la cooperativa demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo resuelto por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva el pasado 11 de mayo en el sentido de revocar el reconocimiento de los da\u00f1os materiales y reducir el monto de la indemnizaci\u00f3n por los inmateriales a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.4. A su turno, los demandantes promovieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero no fue concedido el 21 de junio siguiente, determinaci\u00f3n frente a la cual no se manifest\u00f3 inconformidad alguna. <\/p>\n
3. Para los gestores, la corporaci\u00f3n ad quem \u00abincurri\u00f3 en varias v\u00edas de hecho y mala valoraci\u00f3n de la prueba\u00bb, por ello, solicitan remover los efectos jur\u00eddicos de la providencia atacada y en su lugar, ordenar a la autoridad judicial de segundo grado \u00abproceda a dictar las providencias que en derecho y en justicia correspondan\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
Resalt\u00f3 que lo pretendido es \u00abreabrir el debate de un proceso ya finiquitado, a manera de tercera instancia\u00bb lo que torna improcedente la salvaguarda pues no es una herramienta jur\u00eddica para \u00absugerir propuestas argumentativas alternas\u2026 [ni] superar las deficiencias en que haya podido incurrir una de las partes en actos de contradicci\u00f3n, impugnaci\u00f3n, solicitud probatoria y\/o alegaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite del proceso que termin\u00f3 con sentencia ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Neiva vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los accionantes, al interior del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual 2018-00018 en el que fueron demandantes, con la expedici\u00f3n de la sentencia de segundo grado del pasado 5 de mayo a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 el reconocimiento de perjuicios materiales y redujo el monto de los morales de 35 a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por realizar, supuestamente, una valoraci\u00f3n inadecuada de las pruebas practicadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustenta la presente queja contra la sentencia del pasado 5 de mayo, a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Neiva revoc\u00f3 parcialmente y modific\u00f3 la estimatoria proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que la providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, como de las pruebas practicadas en el juicio respectivo. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura accionada, luego de referirse al acontecer procesal y la sentencia impugnada, abord\u00f3 el estudio de los reparos formulados por la parte demandada (apelante), iniciando por recordar lo que ha dicho la jurisprudencia de esta Sala en torno a la responsabilidad civil contractual y las obligaciones derivadas de un acuerdo de voluntades, ante lo cual indic\u00f3 que la condici\u00f3n de asociado de P\u00e9rez Losada a la cooperativa demandada y su exclusi\u00f3n (hecho generador del da\u00f1o), <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se establece claramente con la certificaci\u00f3n expedida por la gerente de la demandada, los actos administrativos emitidos en desarrollo de la investigaci\u00f3n disciplinaria que adelantara el consejo de administraci\u00f3n, formul\u00e1ndole cargos en la mentada calidad el 1\u00ba de marzo de 2012, neg\u00e1ndole por extempor\u00e1neo el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo proferido en su contra el 13 de marzo de 2012, comunic\u00e1ndosele en oficio de 9 de mayo de 2012\u2026 el vencimiento en silencio del t\u00e9rmino para pronunciarse sobre el fallo emitido por el consejo de administraci\u00f3n que lo excluye como asociado de la cooperativa, fecha a partir de la cual estuvo vigente la exclusi\u00f3n hasta la comunicaci\u00f3n escrita fechada el 19 de junio de 2015\u2026 en concordancia con el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, consider\u00f3 que al haberse acreditado la condici\u00f3n de asociado y la exclusi\u00f3n del demandante, situaci\u00f3n que se mantuvo hasta que el comit\u00e9 de apelaciones la revocara, dicho actuar \u00abse enmarca en un claro incumplimiento contractual, con la exigida culpa leve, trat\u00e1ndose de contratos en beneficio de ambas partes, al caso de asociaci\u00f3n entre la cooperativa y el se\u00f1or P\u00e9rez Losada de descuido ligero, falta de diligencia y cuidado que el hombre emplea ordinariamente en los negocios propios, pues el recurso de apelaci\u00f3n cuyo tr\u00e1mite fue inicialmente negado, fue tramitado por orden judicial en fallo emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, significando que en efecto el asociado estuvo indebidamente excluido por el alegado periodo, pues al resolverse el recurso se determin\u00f3 revocar la exclusi\u00f3n cuyas causales se enlistan en el art\u00edculo 22 de los Estatutos y Manual de Contrataci\u00f3n de la demandada, para en su lugar imponer la sanci\u00f3n de amonestaci\u00f3n contemplada en el literal A del art\u00edculo 21, estipulando los estatutos en su art\u00edculo 15 la p\u00e9rdida de la calidad de asociado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 de examinar si la exclusi\u00f3n gener\u00f3 el da\u00f1o moral y material alegado por el demandante, que fuera susceptible de reparaci\u00f3n monetaria, ante lo cual indic\u00f3 que \u00absi bien\u2026 no es un hecho cuestionado la calidad de asociado de\u2026 P\u00e9rez Losada, s\u00ed brilla por su ausencia prueba de las cl\u00e1usulas contractuales, que permitan determinar el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de ofertar carga directa y determinada al asociado, regulando el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 79 de 1988 que actualiza la ley cooperativa\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 con el an\u00e1lisis cr\u00edtico de las pruebas allegadas, se\u00f1alando, frente a la testimonial -puntualmente las declaraciones de Jes\u00fas Adolfo Caviedes Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Enabot Dussan Chimbaco, Rosa Herlinda Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, Liliana Calder\u00f3n Trujillo, Miller Alvarado Delgado y \u00d3scar Alonso Mart\u00ednez Mendoza, que: <\/p>\n
Ilustra sobre el punto de la contrataci\u00f3n en la cooperativa\u2026 quien se desempe\u00f1aba como gerente\u2026 al momento de la exclusi\u00f3n del se\u00f1or P\u00e9rez Losada\u2026 la cooperativa no ten\u00eda que conseguirles trabajo, correspondi\u00e9ndole al departamento de carga, de tener carga, con cualquier asociado que est\u00e9 libre, disponible, de cumplir los requisitos, asignar el transporte, cobrando una comisi\u00f3n de ser asociado de 6 % (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) no refieren su conocimiento sobre las obligaciones contra\u00eddas en el contrato de asociaci\u00f3n, especialmente de ofertar la cooperativa transporte de carga al asociado, su periodicidad [y su], valor (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Dijo que de las pruebas recaudadas, y de cara a los beneficios establecidos para las cooperativas de transporte tanto en el art\u00edculo 75 de la Ley 79 de 1988 como en los Estatutos y Manual de Contrataci\u00f3n de la persona jur\u00eddica demandada, no se pod\u00eda evidenciar \u00abla alegada oferta de carga, fundamento del perjuicio objeto de condena por lucro cesante, de donde no se presenta nexo causal entre el alegado proceder del ente cooperativo de haber excluido al asociado demandante y el alegado perjuicio material\u00bb <\/p>\n
Y continu\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ausente el nexo causal entre el actuar de la cooperativa y el demandado perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, al no tratarse de una obligaci\u00f3n directa de la cooperativa el ofertarle transporte de carga al asociado, sino que la misma era genera primero a los asociados a trav\u00e9s de una tabla de despacho, y despu\u00e9s a terceros\u2026 en consecuencia la condena\u2026 impuesta en la sentencia de primera instancia debe ser revocada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en torno a los perjuicios morales indic\u00f3 que, si bien fueron acreditados por los postulantes, no fueron \u00ab(\u2026) de tal entidad como la que se presenta ante la p\u00e9rdida por ejemplo de un ser querido (evento en el que se presumen), fijando la Honorable Corte Suprema de Justicia como par\u00e1metro, el tope de $72.000.000, resultando elevada su cuantificaci\u00f3n en el fallo apelado\u2026 condena que se reducir\u00e1 a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento de su pago (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis pormenorizado, ponderado y cr\u00edtico de las pruebas allegadas por las partes a la actuaci\u00f3n, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por los accionantes son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando los gestores del resguardo se\u00f1alan los que, en su sentir, son \u00abdefectos\u00bb del juzgador ad quem en el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad hacen es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de este por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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