STC15210-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15210-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03991-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Farigua Castro contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2005-03872. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad personal, trabajo y \u00aba tener una familia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que mediante sentencia del 30 de noviembre de 2007 el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la pena de 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abfraude procesal en concurso sucesivo y heterog\u00e9neo con el de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb, confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal, el 24 de octubre de 2008. Contra este \u00faltimo fallo, su defensor interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, inadmitido por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n con auto del 19 de mayo de 2011. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores decisiones, y con \u00e9nfasis el monto de la pena que le fue impuesto desde la primera instancia ya que, seg\u00fan alega, en el ejercicio dosim\u00e9trico de la sanci\u00f3n el fallador omiti\u00f3 aplicar rebajas que proceden en virtud del \u00abrestablecimiento del derecho [\u2026] y reparaci\u00f3n integral [\u2026] toda vez que, desde el d\u00eda 13 mes de diciembre de 2006, 11 meses antes de proferirse la sentencia condenatoria de 1\u00aa instancia, el se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Sur, agotando el procedimiento que corresponde, revoc\u00f3 los actos administrativos que dieron origen a la inscripci\u00f3n de las escrituras suscritas [\u2026] obtenidas para configurar el delito de fraude procesal; las cuales, una vez revocadas, tienen efectos ex tunc; es decir, su revocatoria impide que el acto revocado (inscripci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas) surta efectos hacia el futuro; con la revocatoria de los actos administrativos cesaron los efectos da\u00f1inos de la conducta, los bienes inmuebles retornaron al patrimonio de la v\u00edctima, denunciante y las mismas dejaron de circular en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, para resaltar el \u00aberror\u00bb que se\u00f1ala de la tasaci\u00f3n de la pena efectuada por el juzgador de primer grado y que no corrigi\u00f3 el tribunal, destac\u00f3 un pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la que realiz\u00f3 el procedimiento de dosificaci\u00f3n para el punible de fraude procesal (6 de junio de 2012, MP. Javier Zapata Ortiz); as\u00ed mismo, trajo a colaci\u00f3n una providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja (14 de abril de 2016 \u2013 rad. 2015-025-01) en la que se agot\u00f3 el mismo ejercicio, pero teniendo en cuenta la ausencia de circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva; en el mismo sentido, una decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Pereira (27 de enero de 2017 \u2013 rad. 2013-06023) que ratific\u00f3 la labor de la primera instancia al tasar la pena \u00abatendiendo el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal (\u2026)\u00bb en la que parti\u00f3 del cuarto m\u00ednimo para el delito de fraude procesal por la ausencia de antecedentes. <\/p>\n
Entonces, afirma que se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho por \u00abla ilegalidad de la condena por err\u00f3nea dosificaci\u00f3n de la pena, al aplicar unos par\u00e1metros dosim\u00e9tricos inexistentes; por no tener en cuenta en la determinaci\u00f3n definitiva [\u2026] los factores postdelictuales como el restablecimiento del derecho y reparaci\u00f3n integral, los cuales son evidentes y un derecho del condenado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, admite que ha \u00abformulado muchas acciones de tutela en procura que un Juez Constitucional examine el fondo del asunto aqu\u00ed planteado, pero desafortunadamente ninguno de ellos en sus decisiones ha ido hasta all\u00e1, todos se desmontan por aristas facilistas tales como el principio de inmediatez, la temeridad, mala fe etc., sin llegar a hacer un cotejo, un s\u00edmil, un comparativo, una semejanza y diferenciaci\u00f3n entre las normas de la ley penal vigente, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los tratados internacionales incorporados a la misma, con la pena ilegal impuesta, para establecer los yerros jur\u00eddicos y la v\u00eda de hecho aplicadas en mi caso, las cuales hasta el d\u00eda de hoy se mantienen\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, se infiere que pretende que, se otorgue la salvaguarda, \u00abse profundice en el estudio de mi pedimento\u00bb y se ordene la redosificaci\u00f3n de la pena impuesta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Cincuenta y dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1 explic\u00f3 que dicha agencia judicial hasta el a\u00f1o 2015 ven\u00eda conociendo de los procesos penales bajo el r\u00e9gimen del procedimiento de la ley 600 de 2000, actualmente incorporado a la ley 906 de 2004; de manera que, no fue ese despacho el que profiri\u00f3 la sentencia condenatoria recriminada. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el hoy tutelante, con ocasi\u00f3n del proceso penal que se le sigui\u00f3 y por el cual fue condenado, \u00abha interpuesto varias acciones de amparo ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan se observa en los anexos de la demanda y en el reporte del enlace de consulta de procesos de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
3. El Magistrado Ospitia Garz\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, indic\u00f3 que esa Sala conoci\u00f3 del recurso extraordinario propuesto por la defensa del actor contra la sentencia de segundo grado que ratific\u00f3 su condena, asunto que conoci\u00f3 el exmagistrado Barcel\u00f3 Camacho y que se inadmiti\u00f3 mediante auto del 19 de mayo de 2011. A\u00f1adi\u00f3 que sobre los mismos hechos se han postulado multitud de tutelas \u00abm\u00e1s de 15 con las que el accionante ha pretendido rebatir sin \u00e9xito la declaratoria de responsabilidad penal en su contra [\u2026] por consiguiente se solicita rechazar por improcedente la tutela presentada y se conmine al peticionario para que cese la presentaci\u00f3n temeraria de acciones constitucionales, so pena de verse eventualmente incurso en delito de fraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
4. EL Magistrado Chaverra Castro de la Hom\u00f3loga Penal, tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 frente a la demanda, indicando que se tramit\u00f3 un recurso de revisi\u00f3n formulado por el actor, inadmitido por auto AP2189-2015 del 29 de abril de 2015 en el que alegaba iguales irregularidades a las que hoy invoca v\u00eda tutela. Solicit\u00f3 se deniegue la demanda por incumplimiento del requisito de inmediatez \u00aben tanto se cuestionan decisiones de hace m\u00e1s de 10 y 6 a\u00f1os (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor al condenarlo a la pena de \u00ab8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n\u00bb por los delitos de \u00abfraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb (radicado n\u00ba 2005-03872) a partir de, supuestamente, una \u00aberr\u00f3nea\u00bb tasaci\u00f3n de la pena, en la que no se aplicaron las rebajas correspondientes por la presencia de circunstancias atenuantes de la punibilidad y los fen\u00f3menos postdelictuales. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio del amparo. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3.1. El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que Carlos Alberto Farigua Castro ha promovido, desde el a\u00f1o 2010, m\u00faltiples acciones similares, en las que censura las decisiones proferidas en el proceso penal seguido en su contra y ha replicado en varias de ellas las cr\u00edticas a la tasaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta, como \u00e9l mismo lo reconoce. <\/p>\n
Efectivamente, el debate sobre los supuestos \u00abyerros\u00bb en el ejercicio dosim\u00e9trico del quantum punitivo que el juez de primer grado realiz\u00f3 \u2013 porque no se aplicaron las rebajas correspondientes a las circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva y a los fen\u00f3menos postdelictuales de \u00abrestablecimiento del derecho y reparaci\u00f3n\u00bb \u2013 y que no fueron corregidos por el tribunal superior y la Hom\u00f3loga Penal, lo ha reiterado en por lo menos cinco tutelas anteriores. <\/p>\n
3.1.1. En fallo STC17339-2014 de 18 de diciembre de 2014 esta Sala compendi\u00f3 los hechos de la demanda as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2007 el juez querellado \u00abpartiendo de presupuestos punitivos inexistentes en la norma penal\u00bb lo conden\u00f3 a purgar la pena de ocho (8) a\u00f1os y seis (6) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos setenta (270) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por el punible de \u00abfraude procesal en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con el delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb. <\/p>\n
Contra la decisi\u00f3n del a quo interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, el tribunal, a pesar de que \u00abreconoce el error\u00bb, la confirm\u00f3 el 24 de octubre de 2008. [\u2026] El 19 de mayo de 2011 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada por su defensor, empero \u00abno advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales al debido proceso, como el de la legalidad de la pena\u00bb. <\/p>\n
Asevera que \u00abla pena a imponer es de setenta y ocho (78) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u00bb, pues de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 453, modificado por el canon 11 de la Ley 890 de 2004 \u00abes de seis (6) meses a doce (12) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Solicita, conforme lo relatado, que se decrete \u00abla nulidad y \/o revocatoria\u00bb de las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia y, en su lugar \u00abse imponga la pena de prisi\u00f3n y multa que corresponde a derecho con su debida motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, la Sala declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda porque no cumpl\u00eda el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3.1.2. Luego, en la STC10644-2015 del 15 de agosto de 2015, se resumieron los antecedentes de la siguiente forma: <\/p>\n
\u00abA secuela de imput\u00e1rsele hechos concernientes con los delitos de \u00abfraude procesal en concurso con obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb, la c\u00e9lula judicial encartada, por sentencia de 30 de noviembre de 2007, le impuso la pena principal de 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n y multa de 270 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, am\u00e9n de inhabilitarlo para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
Tal \u00abdosificaci\u00f3n punitiva\u00bb surgi\u00f3, acota, \u00absin hacer una ponderaci\u00f3n y cita de los postulados del art\u00edculo 453 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n, previa alzada que enfil\u00f3, fue ratificada por el tribunal acusado a trav\u00e9s de pronunciamiento de 24 de octubre de 2008. <\/p>\n
Pese a que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, este \u00abfue inadmitid[o] mediante providencia de 19 de mayo de 2011, advirtiendo [la Sala de Casaci\u00f3n Penal] que no se vislumbra vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales del condenado, raz\u00f3n por la cual no se pronuncia de fondo\u00bb. <\/p>\n
Asevera que la \u00abpena y la multa impuestas\u00bb, derivadas de \u00abla incongruencia en el quantum punitivo y la multa que se presenta entre la parte motiva y resolutiva de la[s] sentencia[s] de primera y segunda instancia\u00bb, son \u00abilegal[es] y no est[\u00e1n] consagrada[s] en el ordenamiento penal colombiano\u00bb, siendo que \u00abconstituyen un error judicial que en todo caso debe ser interpretado a favor del procesado\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abparti[eron] de un \u00e1mbito punitivo inexistente\u00bb. <\/p>\n
El fundamento para desestimar la s\u00faplica obedeci\u00f3 en ese caso a su ejercicio temerario, al considerarse que se trat\u00f3 de una reiteraci\u00f3n de la demanda anteriormente rese\u00f1ada. <\/p>\n
3.1.3. En otro de los ruegos, STC16371-2015 de 26 de noviembre de 2015, los hechos se plasmaron de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan lo esbozado en el libelo constitucional y conforme a las evidencias aportadas a este asunto, el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito conden\u00f3 al aqu\u00ed quejoso a 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por \u201cfraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u201d, providencia confirmada por el ad quem el 24 de octubre de 2008, al desatar la alzada propuesta por el sindicado. Inconforme con el fallo de segundo grado, el implicado interpuso recurso de casaci\u00f3n; empero la demanda contentiva del mismo se inadmiti\u00f3. <\/p>\n
[\u2026] Las sanciones que le impuso el Tribunal querellado en la causa referenciada, son violatorias de sus garant\u00edas iusfundamentales, por cuanto, ese juzgador pretiri\u00f3 las pruebas obtenidas, entre ellas, las declaraciones del notario treinta y ocho, el registrador de \u201cinstrumentos p\u00fablicos\u201d y el \u201cabogado calificador de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u201d, las cuales demuestran \u201ccon absoluta certeza que la conducta desplegada por \u00e9l, fue ajustada a la ley\u201d. <\/p>\n
e) Los despachos tutelados no advirtieron que antes de expedirse los fallos condenatorios, espec\u00edficamente, el 12 de diciembre de 2006, <\/p>\n
\u201c(\u2026) se restablecieron los derechos de la entidad denunciante y se revocaron las anotaciones de las escrituras p\u00fablicas firmadas como agente oficioso por el se\u00f1or Farigua Castro, lo cual permite establecer que, desde este momento dichos actos administrativos no eran oponibles a terceros, pues con la revocatoria de ellos, volvieron a su estado anterior, raz\u00f3n por la cual los actos administrativos que lo acusan, al momento de proferirse la sentencia ya no existen\u201d. <\/p>\n
f) Se err\u00f3 en la tasaci\u00f3n del qu\u00e1ntum punitivo a \u00e9l impuesto, porque para ello se tuvo en cuenta el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, cuando el precepto llamado a gobernar el t\u00f3pico era el 11 de ese plexo normativo\u00bb. <\/p>\n
3.1.4. En una solicitud posterior, STC9211-2018 de 17 de julio de 2018, reiter\u00f3 las alegaciones frente al mismo t\u00f3pico que la Sala condens\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Relata que mediante fallo de 24 de octubre de 2008 la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la condena que le impuso el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta ciudad a 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por \u00abfraude procesal en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con el delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb. Agrega que el 19 de mayo de 2011 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que interpuso frente a la decisi\u00f3n del ad-quem y el 27 de julio de 2016 corri\u00f3 igual suerte la de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que las autoridades convocadas incurrieron en una v\u00eda de hecho porque dosificaron la pena de manera incorrecta al aplicar irregularmente el incremento que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004 y le dieron un trato diferente al de otros condenados por el mismo delito, aunado a que la acci\u00f3n penal estaba prescrita. <\/p>\n
Manifiesta que \u00abha intentado desde el a\u00f1o 2014 por esta v\u00eda judicial de tutela se amparen sus derechos fundamentales, los cuales han sido denegados por aplicaci\u00f3n de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
3.1.5. Finalmente, en la STC3104-2019 de 13 de marzo de 2019, as\u00ed se sintetizaron los hechos: <\/p>\n
Afirma que las autoridades convocadas incurrieron en una v\u00eda de hecho porque dosificaron la pena de manera incorrecta al aplicar irregularmente el incremento que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004\u00bb. <\/p>\n
En las tres \u00faltimas descritas, el criterio para desestimar el amparo fue tambi\u00e9n la temeridad, al constatarse la r\u00e9plica injustificada de los reproches contra las mismas autoridades judiciales. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, n\u00f3tese que las tutelas cotejadas concuerdan con la actual en los puntos cardinales que las motivan, concretamente en los sustentos f\u00e1cticos, y pese a que podr\u00edan diferir sutilmente en la forma de exponerlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia que viene advirti\u00e9ndose. <\/p>\n
El criterio que se destaca, encuentra sustento jur\u00eddico en lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, concretado en la duplicidad del empleo del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. En tal sentido ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (sentencia de 21 de octubre de 2009, exp. 01841-00, reiterada en STC3202-2014, 13 junio 2014, rad. 2014-00075-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en otra oportunidad la Sala refrend\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria (\u2026) sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 11 septiembre de 2009, exp. 01280-01; reiterada en STC16371-2015). <\/p>\n
3.3. Ahora bien, aunque el gestor asevera que no incurre en temeridad si el juez constitucional no aborda y resuelve de fondo la discusi\u00f3n que ha propuesto repetidamente por esta v\u00eda, es necesario recordarle que, en dos de las salvaguardas primigenias que interpuso (STC14641-2014 y STC17339-2014), se le indic\u00f3 con claridad que el auxilio resultaba inviable por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad, fundamentos suficientes que relevan a la Corte en estos tr\u00e1mites de ahondar en an\u00e1lisis de temas como la juridicidad de las providencias recriminadas, especialmente, si no se advierten circunstancias espec\u00edficas que permitan flexibilizar y\/o superar dichos criterios. <\/p>\n
Entonces, como se anticip\u00f3, toda vez que la presente acci\u00f3n de protecci\u00f3n concuerda en su esencia f\u00e1ctica, n\u00facleo tem\u00e1tico y pretensiones con las aqu\u00ed referenciadas, resulta evidente el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos destacados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Sobre el paralelismo de acciones constitucionales la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
Por lo discurrido, sobre estos aspectos puntuales se impone declarar la manifiesta inviabilidad de la queja constitucional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta demanda resulta temeraria, pues, es el reflejo de un ejercicio repetido, en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, replanteando temas que ya hab\u00edan sido sometidos al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15210-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15210-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03991-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Farigua […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59350","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59350\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}