STC15212-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15212-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03846-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar de Jes\u00fas Foronda Urrego y Nicol\u00e1s Hernando L\u00f3pez Eusse contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2015-00028. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido con la sentencia de 25 de agosto de 2021, mediante la cual la magistratura encartada revoc\u00f3 la sentencia desestimatoria de primer grado y, en su lugar, acogi\u00f3 el reclamo indemnizatorio que se formul\u00f3 en su contra (fincado en el deterioro de un inmueble a causa de una construcci\u00f3n vecina), pese a que, en su criterio, los elementos de juicio recaudados no evidenciaban la existencia del da\u00f1o, ni del nexo de causalidad requerido para esos efectos y adem\u00e1s daban cuenta de la sobreviniente falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandante, por la venta del predio que habr\u00eda sufrido las denunciadas aver\u00edas. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto el fustigado fallo y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez ajustado al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal accionado se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, arguyendo que la sentencia fustigada no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura encartada trasgredi\u00f3 el derecho al debido proceso de los accionantes, al acoger el reclamo indemnizatorio que se formul\u00f3 en su contra. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal revoc\u00f3 el fallo desestimatorio de primera instancia y, en su lugar, declar\u00f3 la prosperidad de la demanda de responsabilidad civil formulada en contra de quienes aqu\u00ed accionan, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura destac\u00f3 inicialmente que \u00abcircunscribi\u00e9ndonos a la construcci\u00f3n de edificios, ha dicho la Jurisprudencia que no se est\u00e1 en presencia de una responsabilidad objetiva, sino de una aplicaci\u00f3n de la responsabilidad basada en el sistema de la culpa presunta, es decir, a juicio de la Corte, debe verse en este evento un da\u00f1o ocasionado por una actividad peligrosa, que se rige por consiguiente por el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, luego de referirse en forma tangencial a los reparos de orden formal y adjetivo que elevaron los impugnantes, el tribunal agreg\u00f3 que \u00abEfectivamente ciment\u00f3 el a quo la decisi\u00f3n adoptada en su sentencia, apart\u00e1ndose del precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, como se indic\u00f3 en los antecedentes, en el abuso del derecho propiedad, sin que se hubiese demostrado en este caso el goce anormal de los demandados, presupuesto necesario para determinar la responsabilidad de los mismos en los da\u00f1os que se adujeron en el l\u00edbelo genitor y por ende, la obligaci\u00f3n de resarcirlos. Sin embargo, reiterada y abundante ha sido la jurisprudencia que ha calificado la construcci\u00f3n como una actividad peligrosa, y por ende, para efectos de responsabilidad derivada de la misma, las disposiciones que le resultan aplicables son los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, que contempla la responsabilidad civil extracontractual, y 2356, que hace referencia a la responsabilidad por actividades peligrosas\u00bb. <\/p>\n
Luego, cit\u00f3 los aspectos que estim\u00f3 relevantes de las experticias que fueron recaudadas durante el juicio y a partir de su contenido concluy\u00f3 que \u00ablo \u00fanico que se logr\u00f3 determinar con los informes t\u00e9cnicos adunados al proceso y el dictamen rendido dentro del mismo, es que se desconoce la causa precisa que dieron lugar al asentamiento del terreno donde se encuentra ubicado el inmueble del demandado y que gener\u00f3 en consecuencia, las grietas o fisuras en muros y pisos del mismo. Los informes presentados por el actor coinciden en afirmar que se debi\u00f3 a que construcci\u00f3n levantada por los demandados fue soportada sobre el muro medianero com\u00fan de ambas edificaciones, generando una carga adicional y provocando da\u00f1os en el bien propiedad del demandante; mientras que los arrimados por los demandados niegan dicha sobrecarga, pero reconocen que se produjo un asentamiento del suelo propiedad del actor, sin precisar cu\u00e1l es la causa espec\u00edfica, simplemente afirmando que pueden deberse a m\u00faltiples circunstancias, y que para tal efecto se requerir\u00eda realizar un estudio m\u00e1s especializado sobre los suelos, el cual brilla por su ausencia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente resalt\u00f3 que \u00abestando en el campo de la responsabilidad por actividades peligrosas, resulta primordial considerar que no corresponde a la parte demandante probar dicha responsabilidad al establecerse una presunci\u00f3n legal en la norma 2356 del C\u00f3digo Civil, y por ende, recae sobre el demandado la carga de demostrar una causa extra\u00f1a, pues es la \u00fanica forma de exonerarse\u00bb y adicion\u00f3 que \u00abEn el caso que nos ocupa, los demandados no demostraron la ocurrencia de una causa extra\u00f1a, pues si bien, como viene de indicarse, los informes t\u00e9cnicos adunados como prueba se alude a que el asentamiento \u201cpuede deberse a m\u00faltiples causas\u201d, entre ellas fallas del terreno, o fugas de agua, no se determin\u00f3 que espec\u00edficamente fueran circunstancias o causas que pudieran enmarcarse como extra\u00f1as a dicha parte, esto es, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la v\u00edctima. En consecuencia, el demandado no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de responsabilidad por actividad peligrosa, y por ende, resulta imperiosa la revocatoria de la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, para en su lugar, declarar la responsabilidad del demandado en la causaci\u00f3n de los da\u00f1os sufridos por el actor\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre el monto del pretendido resarcimiento, sostuvo que, \u00aben cuanto al valor correspondiente al estudio de vulnerabilidad ($10.500.000) y las expensas de curadur\u00eda ($1.500.000), debe indicar esta Corporaci\u00f3n, que los mimos resultan improcedentes, pues \u00e9ste debi\u00f3 realizarse y acreditarse su costo, para ser tenido en cuenta como un da\u00f1o emergente, y como no se hizo no puede considerarse dentro de los perjuicios que deben ser resarcidos. En lo que se refiere a la reparaci\u00f3n de redes y acabados, estima esta Sala que tampoco es viable su reconocimiento, toda vez que no son da\u00f1os ocasionados hasta el momento, solo se establecen como eventuales, derivados de las reparaciones estructurales que deben realizarse al inmueble, sin que sea procedente el reconocimiento de da\u00f1os futuros e inciertos. Finalmente, frente a los dos \u00faltimos rubros, esto es, los referenciados por concepto de arrendamiento y mudanza, considera esta Sala que resultan improcedentes, pues de acuerdo con el acervo probatorio, los da\u00f1os no fueron producidos en toda la vivienda, de tal manera que ser\u00eda factible su reparaci\u00f3n sin necesidad de ser desocupada, m\u00e1xime cuando no se justifica en el dictamen la raz\u00f3n de ser de la mudanza. As\u00ed las cosas, considera este cuerpo colegiado que resulta procedente el reconocimiento del valor dictaminado por concepto de la reparaci\u00f3n que debe realizarse al inmueble afectado, el cual asciende a la suma de $40.000.000. (cuarenta millones de pesos). Es de anotarse que, si bien existen dos copropietarios del bien y uno de ellos no demand\u00f3, se hace procedente la condena en la forma solicitada, pues el bien requiere de una reparaci\u00f3n integral, no parcial. No obstante, como este valor fue determinado para abril de 2015, fecha en que se present\u00f3 la reforma a la demanda, a la cual fue adjuntado el referido dictamen, se proceder\u00e1 a indexarlo a la fecha\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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