STC15214-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC15214-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02016-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 16 de diciembre de 20201, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Ferney Fajardo Narv\u00e1ez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Mediana Seguridad de El Bordo (Cauca), el Resguardo Cabildo Ind\u00edgena Carm\u00ebnts\u00e1 Biy\u00e1 de Mocoa y las partes e intervinientes en el proceso penal 2014-80484. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales \u00abal debido proceso, dignidad humana e identidad cultural\u00bb <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mediante sentencia de 13 de mayo de 2015, el Juzgado Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Mocoa conden\u00f3 a Edwin Ferney Fajardo Narv\u00e1ez, como autor de los delitos de \u00abporte ilegal agravado de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas, porte ilegal agravado de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, tentativa de extorsi\u00f3n y utilizaci\u00f3n ilegal de uniformes e insignias\u00bb, a la pena de nueve a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n que se cumple, actualmente, en el establecimiento penitenciario de El Bordo, bajo la supervisi\u00f3n del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n. <\/p>\n
A trav\u00e9s de su defensor, el condenado solicit\u00f3 al despacho ejecutor autorizar su traslado al centro de armonizaci\u00f3n del Resguardo Ind\u00edgena Carm\u00ebnts\u00e1 Biy\u00e1 del municipio de Mocoa, por cumplir los presupuestos jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, adjuntando, para su estudio, la documentaci\u00f3n que daba cuenta de su pertenencia a la aludida comunidad. <\/p>\n
Con auto de 13 de julio de 2020 la c\u00e9lula judicial cognoscente desestim\u00f3 la petici\u00f3n, providencia contra la cual tanto el interesado como la gobernadora del cabildo interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La alzada fue resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el 12 de noviembre del mismo a\u00f1o, en el sentido de confirmar lo decidido, aunque por razones diversas a las aducidas por el juzgado a quo. <\/p>\n
3. El quejoso centra su inconformidad, exclusivamente en el prove\u00eddo de primer grado, al que acusa de adolecer de \u00abdefecto procedimental y desconocimiento del precedente pues de manera deliberada se aparta de la l\u00ednea jurisprudencial que rige la materia\u00bb dado que, por una parte, la negativa de traslado se sustent\u00f3 en la valoraci\u00f3n de las conductas punibles por las que se profiri\u00f3 condena, el aparente nivel de p\u00e9rdida de la identidad cultural y las prohibiciones contenidas en la Ley 1121 de 2006, con lo que equipar\u00f3 tal figura a un subrogado penal y, por otra, desconociendo el material de convicci\u00f3n que evidenciaba su pertenencia a la comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita remover los efectos jur\u00eddicos de las decisiones de primera y segunda instancia y ordenar al juzgado ejecutor de la pena proferir una nueva \u00aben la que atienda las subreglas jurisprudenciales previstas en la sentencia T-921 de 2013\u2026 y elimine criterios subjetivos en los que fund\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El tribunal accionado, por conducto del magistrado ponente del auto de segunda instancia, se opuso a la prosperidad del resguardo dado que la mencionada decisi\u00f3n \u00abse fundament\u00f3 en la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso, efectu\u00e1ndose la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n\u2026 atendiendo los principios de autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb lo que descarta la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que deba ser corregida a trav\u00e9s de este instrumento que no es, como pretende el gestor, \u00abuna instancia adicional o paralela\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n sostuvo haber \u00abgarantizado el derecho fundamental al debido proceso\u00bb del accionante al resolver su petici\u00f3n de traslado con apoyo en el ordenamiento jur\u00eddico, por lo que solicit\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda constitucional. <\/p>\n
3. La gobernadora del Cabildo Carm\u00ebnts\u00e1 Biy\u00e1 del municipio de Mocoa coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, con id\u00e9nticos argumentos a los esbozados por el gestor. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada puesto que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Popay\u00e1n no obedeci\u00f3 al capricho de los funcionarios que resolvieron el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el traslado de Fajardo Narv\u00e1ez al centro de armonizaci\u00f3n del resguardo al que dice pertenecer, sino a una interpretaci\u00f3n ponderada y razonable tanto de las disposiciones legales que gobiernan la materia y la jurisprudencia constitucional, como de las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo b\u00e1sicamente en los argumentos iniciales respecto de la inadecuada valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n aportados que dan cuenta de su pertenencia a la comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Edwin Ferney Fajardo Narv\u00e1ez, al confirmar la providencia por medio de la cual el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad neg\u00f3 su traslado al centro de armonizaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Carm\u00ebnts\u00e1 Biy\u00e1 del municipio de Mocoa para terminar de cumplir all\u00ed la pena que le fue impuesta como autor de los delitos de porte ilegal agravado de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas, porte ilegal agravado de armas, concierto para delinquir agravado, tentativa de extorsi\u00f3n y utilizaci\u00f3n ilegal de uniformes e insignias. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra la decisi\u00f3n de primera instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al auto proferido el 12 de noviembre de 2020 por el aludido tribunal superior, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto pues, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la corporaci\u00f3n querellada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, en la providencia acusada, el colegiado, luego de realizar un breve recuento del acontecer procesal y los motivos de disenso expresados tanto por el ac\u00e1 quejoso como por la gobernadora del resguardo (que coinciden con los manifestados en esta oportunidad), abord\u00f3 el estudio del caso concreto de cara a los elementos de juicio aportados y a la luz de las exigencias jurisprudenciales establecidas para la definici\u00f3n de este tipo de peticiones de traslado a una comunidad ind\u00edgena para el cumplimiento de una pena impuesta por la justicia ordinaria. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed pues, son varios los requisitos que deben acreditarse para que la judicatura acceda a que se ejecute una pena al interior de un centro de confinamiento ubicado en un resguardo ind\u00edgena, siendo el primero de ellos, el m\u00e1s importante, que la persona a favor de quien se solicita tal prerrogativa, acredite la condici\u00f3n de ind\u00edgena, lo cual no converge en este evento, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Del estudio de las piezas procesales que obran en el expediente\u2026 se estableci\u00f3 que los gobernadores -anterior y actual- del resguardo ind\u00edgena Carm\u00ebnts\u00e1 Biy\u00e1\u2026 expidieron certificaciones en cuanto a que el se\u00f1or Edwin Ferney Fajardo Mart\u00ednez se encuentra inscrito en el censo de dicha comunidad ancestral y \u201cvive conservando los usos, costumbres, tradiciones y lengua materna\u201d, la primera de ellas fue expedida el 28 de septiembre de 2018 por el exgobernador\u2026 y las dos \u00faltimas por la actual gobernadora\u2026 el 13 de junio de 2019 y 20 de enero de 2020. <\/p>\n
En similar sentido, se aport\u00f3 constancia expedida el 19 de junio de 2019 por el secretario de Gobierno y Pol\u00edtica Social del municipio de Mocoa\u2026 quien afirma que el se\u00f1or\u2026 Fajardo Narv\u00e1ez pertenece al Cabildo ind\u00edgena (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De ese analiz\u00f3 los medios de convicci\u00f3n, se\u00f1alando que si bien las autoridades tradicionales y civiles del resguardo y del municipio de Mocoa, en sus respectivas certificaciones, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no indicaron desde qu\u00e9 fecha el penado\u2026 se encuentra inscrito en el censo del resguardo\u2026 tal aspecto qued\u00f3 dilucidado a trav\u00e9s de las certificaciones expedidas por el Grupo de Investigaci\u00f3n y Registro de la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas del Ministerio del interior calendadas a 11 de noviembre de 2018, 13 de junio de 2019 y 20 de enero de 2020, en las que se estableci\u00f3 que dicha circunstancia acaeci\u00f3 en el a\u00f1o 2018\u2026 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con los documentos referidos, lo \u00fanico que se demuestra es la vinculaci\u00f3n del penado\u2026 con el Cabildo\u2026 acaecida en el a\u00f1o 2018, lo cual no es suficiente para otorgar la prerrogativa pretendida, ya que para ello es necesario acreditar que el penado en realidad se encontraba integrado en la comunidad ancestral y viv\u00eda seg\u00fan sus usos y costumbres, pues -precisamente- son esos aspectos los que se procuran garantizar cuando se accede a que una persona que ostente la calidad de ind\u00edgena, condenado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, descuente su pena en una parcialidad; de lo contrario, no ser\u00eda razonable o l\u00f3gico, acceder a una medida en tal sentido (\u2026)\u00bb (Subraya la Corte) <\/p>\n
Seguidamente resalt\u00f3 que los medios de convicci\u00f3n no pod\u00edan ser valorados de manera aislada, sino que \u00abdeben ser apreciad[os] a la luz de la sana cr\u00edtica, atendiendo las circunstancias que rodearon el caso y el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n particular del procesado\u00bb de all\u00ed que advirtiera \u00abserias inconsistencias\u00bb que generaban dudas acerca de la condici\u00f3n de ind\u00edgena del ac\u00e1 gestor, en la forma como lo pregonaba la autoridad ancestral: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al efecto, se tiene que la pena de 9 a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n que descuenta el citado, fue emitida el 13 de mayo de 2015, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa\u2026 asunto por el cual fue privado de la libertad desde el 11 de junio de 2014. (Resaltado en el texto original) <\/p>\n
(\u2026) no es posible entender en qu\u00e9 contexto el citado fue censado en el a\u00f1o 2018, como miembro de la comunidad ancestral\u2026 y mucho menos el motivo por el cual los gobernadores de dicha parcialidad afirman que el se\u00f1or Edwin Ferney Fajardo Narv\u00e1ez \u201cvive conservando los usos, costumbres, tradiciones y lengua materna\u201d dado que -se insiste- la vinculaci\u00f3n del penado con el mencionado Resguardo se dio por -\u00fanica vez- en el a\u00f1o 2018, es decir, cuando aquel se encontraba privado de la libertad por cuenta de este asunto y desde cuatro a\u00f1os atr\u00e1s. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la vinculaci\u00f3n al resguardo ind\u00edgena se dio a partir del a\u00f1o 2018, en circunstancias absurdas, si tenemos en cuenta que, para el mencionado a\u00f1o, aquel llevaba 4 a\u00f1os privado de la libertad\u2026 por tanto, es posible inferir que este caso es uno de tantos que ha conocido esta Corporaci\u00f3n, en los que la pretensi\u00f3n real del penado va encaminada a evadir la sanci\u00f3n de prisi\u00f3n en un centro carcelario y no la protecci\u00f3n de la \u201cidentidad ind\u00edgena\u201d que se predica a su favor. (Subraya la Corte) <\/p>\n
Dijo que el reparo basilar a la solicitud de traslado no radicaba en su formulaci\u00f3n tard\u00eda, como lo pretend\u00edan hacer ver los apelantes, sino en las inconsistencias relativas a la inclusi\u00f3n del condenado en el censo ancestral, el cual solo se verific\u00f3 en el a\u00f1o 2018 cuando hab\u00eda permanecido cuatro a\u00f1os recluido en un establecimiento penitenciario, con lo que desestim\u00f3 las pruebas aportadas por aqu\u00e9l, tales como declaraciones extraprocesales rendidas por \u00abMar\u00eda Aurencia Narv\u00e1ez Muchasoy\u2026 William Norley Romo Arteaga y Luis Hern\u00e1n Bobadilla Castro\u00bb y una constancia expedida por vecinos de la vereda Rumiyaco del municipio de Mocoa, dado su escaso poder de convicci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Lo normal es que un integrante de las comunidades aut\u00f3ctonas vinculado a un proceso penal indique tal circunstancia, inclusive, desde el inicio del tr\u00e1mite, pero en este caso se hizo alusi\u00f3n a ella en la etapa de la ejecuci\u00f3n de la pena, varios a\u00f1os despu\u00e9s de la privaci\u00f3n de la libertad, como si de un momento a otro\u2026 Fajardo Narv\u00e1ez se hubiese \u201cpercatado\u201d de su condici\u00f3n de nativo y de sus usos y costumbres aut\u00f3ctonas. <\/p>\n
(\u2026) tal proceder no comporta l\u00f3gica alguna, m\u00e1xime cuando aquel, por medio de un escrito, describe su trayectoria en prisi\u00f3n, indicando que fue miembro de la Polic\u00eda Nacional durante aproximadamente 10 a\u00f1os\u2026 y fue nombrado representante de derechos humanos en el patio 5, posteriormente representante general de toda la c\u00e1rcel de Mocoa\u2026 y luego, al ser trasladado al Establecimiento Carcelario de El Bordo\u2026 fue elegido -nuevamente- como representante de derechos humanos, aspectos estos que, sin lugar a equ\u00edvocos, son indicativos que el citado no es una persona iletrada o ignorante en el tema de derechos de las personas, y si eso es as\u00ed, no hay manera de comprender la raz\u00f3n por la que esper\u00f3 a que se emitiera sentencia condenatoria y pasaran cuatro a\u00f1os de su privaci\u00f3n de la libertad, para que se mencionara su pertenencia a la parcialidad ancestral, para hacer valer sus derechos (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces el tribunal, que lo pretendido por el penado, al obtener su inclusi\u00f3n en el censo del cabildo solo en el a\u00f1o 2018 era buscar \u00abuna ejecuci\u00f3n de la pena m\u00e1s laxa\u00bb situaci\u00f3n que se ha vuelto recurrente en ese Distrito Judicial, al punto que, en otros asuntos, se han expedido copias penales contra diferentes miembros del gobierno ancestral y otros funcionarios municipales. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por la corporaci\u00f3n querellada no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica de los funcionarios cognoscentes, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el pasado 25 de octubre <\/p>\n
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