STC15217-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15217-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-22-14-000-2021-00054-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 11 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Alejandra Acevedo Fern\u00e1ndez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Director General de la Polic\u00eda Nacional, el Comandante de Polic\u00eda de Santander, el Comandante de Polic\u00eda de San Gil, el Intendente Nelson Mauricio Su\u00e1rez Mart\u00ednez y el Patrullero Nelson Santamar\u00eda Torres. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Refiere que es propietaria de una camioneta que fue inmovilizada por la polic\u00eda en San Gil, cuando era conducida por Gustavo Rodr\u00edguez Rojas, quien funge como demandado al interior de una ejecuci\u00f3n adelantada en el estrado del circuito confutado. <\/p>\n
Afirma que los agentes le indicaron a Rodr\u00edguez Rojas que la situaci\u00f3n se produjo en virtud de la orden de embargo y secuestro proferida por ese despacho, sobre sus derechos derivados de la posesi\u00f3n respecto al aludido automotor. <\/p>\n
Aduce que se hizo presente en el sitio de los hechos y, tras se\u00f1alarle a los polic\u00edas falencias en su proceder, estos dispusieron que la camioneta fuera llevada en gr\u00faa a Parqueaderos y Transportes Pipat\u00f3n S.A.S. ubicado en Barrancabermeja, aun cuando el \u00fanico garaje autorizado en Santander, se localiza en Bucaramanga. <\/p>\n
Se\u00f1ala que solicit\u00f3 juzgado del circuito encausado la devoluci\u00f3n de camioneta sin recibir respuesta alguna. <\/p>\n
Asevera que, (i) es madre cabeza de familia, (ii) la camioneta en cuesti\u00f3n es su \u00abherramienta\u00bb porque en ella se \u00abdesplaz[a] todos los d\u00edas a [su] sitio de trabajo\u00bb y, (iii) padece de \u00ableupocemia\u00bb y no cuenta con \u00abesquema de vacunaci\u00f3n completo, pues (\u2026) en donde resid[e], desde hace varios d\u00edas no llega el biol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, disponer la devoluci\u00f3n de su veh\u00edculo \u00aben el mismo municipio en donde fue [retenido], sin tener [que] pag[ar] (\u2026) gr\u00faas o servicio de parqueadero o, en su defecto, [ordenar a la Polic\u00eda Nacional] informar sobre la p\u00e9rdida [d]el automotor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El juzgado del circuito recriminado manifest\u00f3 que, en auto de 22 de junio de 2021, decret\u00f3 el embargo y secuestro de las acciones, mejoras y derechos de posesi\u00f3n que ejerc\u00eda el ejecutado Gustavo Rodr\u00edguez Rojas sobre el automotor materia de controversia. <\/p>\n
Destac\u00f3 la censora por conducto de apoderada solicit\u00f3 la entrega de la camioneta, petici\u00f3n denegada en prove\u00eddo de 9 de septiembre siguiente, frente al cual formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, defensas a\u00fan en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Parqueaderos y Transportes Pipat\u00f3n S.A.S. explic\u00f3 que \u00absi bien es cierto que para la vigencia del a\u00f1o 2021 (\u2026) solo qued\u00f3 habilitado para Santander como parqueadero judicial, [uno] ubicado en la ciudad de Bucaramanga, [el personal del rese\u00f1ado aludido parqueadero, le indic\u00f3] al funcionario que realiz\u00f3 la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo (\u2026) que [ah\u00ed] no [se] prestaban los medios para su traslado\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa situaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3 que \u00ablas autoridades que aprendieron [la camioneta] (\u2026) se contacta[ron] con nosotros y nos solicita[ron] prestar los servicios de gr\u00faa para el traslado del veh\u00edculo, el cual se encuentra en Transportes Pipat\u00f3n S.A.S., [establecimiento que] cumple con (\u2026) los requisitos (\u2026) se\u00f1ala[dos] en el art\u00edculo 90 de la Ley 1801 de 2016\u00bb. <\/p>\n
3. Gustavo Rodr\u00edguez Rojas coadyuv\u00f3 las pretensiones de la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Comandante de Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de San Gil defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y, reliev\u00f3 que \u00abTransportes Pipat\u00f3n S.A.S. [era] el \u00fanico establecimiento que contaba con el servicio de gr\u00faa y [teniendo en cuenta] que una vez (\u2026) inmovilizado el [automotor,] no se [llevarse] v\u00eda terrestre hasta el parqueadero, en aras de evitar alg\u00fan da\u00f1o que conlleve acciones contra la instituci\u00f3n, [la] situaci\u00f3n motiv\u00f3 a tomar contacto con el administrador de dicho parqueadero, [y de lo ocurrido] [se puso] en conocimiento de la autoridad judicial [requirente]\u00bb. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Santander, enfatiz\u00f3 que expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0DESAJBUR21-1930 de 20 de enero de 2021 \u00ab[p]or medio de la cual se conforma el Registro de Parqueaderos autorizados para inmovilizaci\u00f3n de veh\u00edculos por orden judicial de los Jueces de la Rep\u00fablica a\u00f1o 2021 – Seccional Bucaramanga -Santander\u00bb, acto administrativo que fue notificado a los jueces y magistrados del pa\u00eds e, incluso al Comandante de Polic\u00eda de Santander, quedando, en todo caso, en el estrado del circuito enjuiciado, la potestad de definir lo pertinente en el asunto controvertido. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio, el ser prematura la reclamaci\u00f3n de la gestora, pues est\u00e1 por resolverse los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, que formul\u00f3 contra la negativa del despacho atacado de entregarle el veh\u00edculo objeto de debate. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 la inexistencia de un perjuicio irremediable \u00abpues los argumentos que exp[uso] no se encuentra[ban] previstos como aquellos que requieran protecci\u00f3n especial y urgente, aunado a que su dicho aparec[[c\u00eda] carente de prueba\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La instaur\u00f3 la querellante reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo y, recalcando que el estrado del circuito demandado \u00abante los hechos [materia de inconformidad], no resolvi\u00f3 nada, (\u2026) adem\u00e1s, no [ten\u00eda] la obligaci\u00f3n de asumir [las consecuencias] [del] (\u2026) procedimiento policial\u00bb, y refiri\u00f3 que, dadas las inconsistencias advertidas, el tribunal debi\u00f3 \u00abcompulsar las copias a los entes de control, Fiscal\u00eda (\u2026) y dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente si, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad del auxilio y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas de la accionante al retener el veh\u00edculo materia de disenso en San Gil -Santander- y, luego disponer su traslado hasta un parqueadero ubicado en Barrancabermeja. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De manera que, ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Conforme lo destacado, y tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, el presente amparo resulta improcedente por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad que le es inherente. <\/p>\n
Lo anterior, porque frente a la retenci\u00f3n del veh\u00edculo controvertido, as\u00ed como con ocasi\u00f3n del traslado del automotor de San Gil a un parqueadero localizado en Barrancabermeja, la gestora solicit\u00f3 la entrega del veh\u00edculo, pedimento desestimado por el despacho convocado en auto de 9 de septiembre de 2021, frente al cual aqu\u00e9lla interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, defensas a\u00fan pendientes de definici\u00f3n. <\/p>\n
Por tal motivo, la Sala advierte que no es procedente anticiparse a trav\u00e9s de este auxilio, a la definici\u00f3n del rese\u00f1ado remedio procesal. <\/p>\n
Sobre la invocaci\u00f3n prematura de la salvaguarda, esta Corte, al desatar un caso de similares contornos al que se estudia, sostuvo que se tornaba impertinente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-01, citada en STC7732-2020, 24 sep. 2020, rad. 01200-01, entre otras). Se resalta. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que mientras existan otros medios de defensa para discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, o estos se encuentren en curso, el juez constitucional no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio. <\/p>\n
3.2. En cuanto a la posibilidad de conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), situaci\u00f3n que no se acredita en el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
3.3. Finalmente, frente a la compulsa de copias solicitada por la petente, se deniega bajo el reiterado razonamiento realizado por esta Sala, seg\u00fan el cual, quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada en STC8043-2019, 19 jun. 2019, rad. 00063-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, al no satisfacerse el presupuesto de la subsidiariedad, por tornarse prematura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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