STC15218-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15218-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00524-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 19 de octubre de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gerardo Alonso Herrera contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Bernardo Abel Hoyos Mart\u00ednez, Koba Colombia S.A.S., la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda, ambas de la prenotada poblaci\u00f3n, as\u00ed como la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda Regionales de Antioquia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular en la que funge como coadyuvante (radicaci\u00f3n 2019-00179). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el juzgado accionado se \u00abniega rotunda y abiertamente\u00bb a dar continuidad al referido asunto, de acuerdo con los par\u00e1metros fijados en la Ley 472 de 1998. As\u00ed mismo, relat\u00f3 que ese estrado se reh\u00fasa a notificar a la demandada, situaci\u00f3n que va en desmedro de las normas sustanciales. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u00abes lamentable que el [P]rocurador [D]elegado en acciones populares en el despacho, el personero de MEDELL\u00cdN, el [D]efensor del [P]ueblo Antioquia no se pronuncien y menos act\u00faen en derecho a fin de garantizar un debido proceso en la acci\u00f3n CONSTITUCIONAL DE LA REFERENCIA\u00bb <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 vincular a las precitadas autoridades \u00aba fin [de] que consignen como han actuado en la acci\u00f3n popular tutelada y como garantizan art 29 CN\u00bb; ordenar la aplicaci\u00f3n del compendio normativo en cita y enterar del auto admisorio de la acci\u00f3n objeto de debate a la entidad querellada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn expuso que Bernardo Abel Hoyos Mart\u00ednez promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular contra Koba Colombia S.A.S., la cual fue admitida el 12 de abril de 2019, pronunciamiento en el que se orden\u00f3 realizar la notificaci\u00f3n del aludido prove\u00eddo a la parte pasiva, el cual no fue objeto de recurso alguno. Por lo anterior, manifest\u00f3 que no se cumple con el requisito de subsidiariedad del resguardo. <\/p>\n
2. Koba Colombia S.A.S. advirti\u00f3 que no ha sido notificada del proceso revisado, raz\u00f3n por la cual no conoce los motivos de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. Bernardo Abel Hoyos Mart\u00ednez precis\u00f3 que el despacho \u00abest\u00e1 generando injustificadamente una irritante v\u00eda de hecho judicial, que groseramente viola el debido proceso\u00bb, y requiri\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 10 Judicial II para Asuntos Civiles pidi\u00f3 denegar el amparo deprecado, en tanto el promotor dispone de los mecanismos principales al interior del asunto para efectuar sus reclamos. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Antioquia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, tras enunciar que, consultada su base de datos, no encontr\u00f3 ning\u00fan tipo de solicitud de nombramiento de defensor p\u00fablico, petici\u00f3n de asesor\u00eda o queja presentada por la parte actora. <\/p>\n
6. El Municipio de Medell\u00edn refiri\u00f3 que carece de inter\u00e9s en esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el amparo por el incumplimiento del criterio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que no se agotaron los mecanismos de defensa judicial, para lo cual destac\u00f3 que \u00abla v\u00eda id\u00f3nea para atacar las decisiones de la Juez Octava Civil del Circuito de Medell\u00edn es el recurso de reposici\u00f3n [el] cual no [fue] interpuesto por el actor popular y el coadyuvante hoy tutelante acorde con lo establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante recurri\u00f3 la precitada sentencia, sin precisiones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por el gestor, por cuanto, supuestamente, se ha negado a efectuar la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2019-00179 a la demandada. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
3. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
Por ese mismo sendero, se ha decantado que: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC6320-2018, 16 may.). <\/p>\n
4. Hechos Probados. <\/p>\n
Se encuentra acreditado lo siguiente: <\/p>\n
4.1. El 12 de abril de 2019, el estrado judicial acusado admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de tutela, auto en el cual orden\u00f3 al actor notificar ese pronunciamiento al demandado. <\/p>\n
4.2. Los d\u00edas 10 de mayo, 18 de junio, 29 de julio de 2019; 15 de enero de 2020; 26 de enero y 19 de julio de 2021, el juzgado requiri\u00f3 a la parte activa para que cumpliera con la carga impuesta, decisiones que no fueron objeto de recurso alguno. <\/p>\n
4.3. El 26 de julio, 14 de septiembre y 4 de octubre hoga\u00f1o, el interesado remiti\u00f3 memoriales manifestando la imposici\u00f3n de cargas \u00abantijuridicas, evitando asumir su deber legal\u00bb y pidi\u00f3 que se emitiera fallo, las cuales fueron resueltas el 9 de septiembre y 5 de octubre de los corrientes, advirtiendo que, al no encontrarse integrado el contradictorio, no resultaba posible dictar sentencia; por lo que lo requiri\u00f3 nuevamente para hacer el enteramiento respectivo. Frente a esas determinaciones, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
5. Caso concreto <\/p>\n
5.1. Revisadas las diligencias, se encuentra acreditado que el demandante no formul\u00f3 el medio de defensa de que dispon\u00eda contra las decisiones que estima trasgresoras de sus prerrogativas, pues dej\u00f3 de recurrir en reposici\u00f3n1 los enunciados pronunciamientos, con los que, en repetidas ocasiones, el estrado convocado lo inst\u00f3 a cumplir con la carga de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la acci\u00f3n popular a la pasiva; circunstancia que configura un repudio de la oportunidad para ventilar ante el fallador natural los reproches tra\u00eddos en la senda de amparo. <\/p>\n
En ese orden, cuando no se emplean los mecanismos usuales de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a las consecuencias de las determinaciones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha insistido en que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01; reiterada el 15 may., y 17 <\/p>\n
oct. 2012, rads. 00017-01 y 02127-00; STC12585, 7 sep. 2016, rad. 02476-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Frente a la pretensi\u00f3n del actor, relacionada con la aplicaci\u00f3n de la sentencia STC9366-2020, tambi\u00e9n se despachar\u00e1 desfavorablemente, en tanto se trat\u00f3 de un caso diferente, aunado a que los fallos de tutela surten efectos inter partes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con las dem\u00e1s peticiones formuladas para que se conmine a las entidades denunciadas para que \u00abinformen las actuaciones que han gestionado en el asunto en comento\u00bb, debe se\u00f1alarse que el gestor puede exponer sus inquietudes y pedimentos directamente ante tales dependencias, a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ello, no siendo este instrumento el camino para realizar esa clase de requerimientos. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone ratificar el fallo de primera instancia ya que, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 36 de la ley 472 de 1998: \u00abContra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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