STC15415-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15415-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03990-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Retramar SAS contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se revoquen las decisiones criticadas \u00abpor sustentarse en una afirmaci\u00f3n contraria a la verdad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Amparo Mabel Medina Sierra present\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras respecto del predio denominado \u00abMirador Portuario\u00bb en el corregimiento Palermo, municipio Sitionuevo Magdalena, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tr\u00e1mite en el que presentaron oposici\u00f3n Coremar Compa\u00f1\u00eda de Servicios Portuarios SA, Fiduciaria Colpatria Administradora de Patrimonio Aut\u00f3nomo Retramar, Palermo Sociedad Porturaria SA, Retramar SAS y Petrocomercial SA. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 12 de septiembre de 2019 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena dispuso remitir el expediente al referido Juzgado para que se notificara en debida forma a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y sugiri\u00f3 la pr\u00e1ctica de distintas pruebas, decisi\u00f3n que recurrida se mantuvo. <\/p>\n
2.3. Con auto de 16 de junio de 2021 se neg\u00f3 la solicitud elevada por las sociedades opositoras con la que se instaba al juzgado a enviar el expediente al Tribunal, pues si bien con oficio de 12 de mayo de 2020 efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n, se encontraba en el recaudo de las pruebas decretadas, decisi\u00f3n que fue objeto de recurso, pero se mantuvo con auto de 21 de julio de 2021. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la sociedad accionante que el juzgado acusado adelant\u00f3 la instrucci\u00f3n del proceso y lo remiti\u00f3 al Tribunal, empero, el 12 de septiembre de 2019 se le devolvi\u00f3 el expediente para que se reabriera la etapa de probatoria y se notificara a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas; que se lleg\u00f3 a esa conclusi\u00f3n por la ilegalidad de una firma impuesta por un funcionario de dicha Unidad sobre los documentos del expediente que informaban la realizaci\u00f3n efectiva de la notificaci\u00f3n; y que esa decisi\u00f3n fue recurrida pero se mantuvo. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que elev\u00f3 distintos derechos de petici\u00f3n ante la Unidad para que aclarara si recibi\u00f3 los oficios con los que se le comunicaba de la actuaci\u00f3n, entidad que acept\u00f3 que s\u00ed hab\u00eda sido enterada, por lo que no ocurri\u00f3 la falta procesal que sustent\u00f3 las decisiones criticadas, las que constituyen v\u00edas de hecho. <\/p>\n
2.6. Adujo que se deb\u00eda proferir fallo sin dilaciones y que no hab\u00eda necesidad de reabrir etapas procesales; que el 12 de mayo de 2021 radic\u00f3 un memorial ante el juzgado con el que solicit\u00f3 se remitiera el expediente al Tribunal en virtud de la respuesta de la Unidad, pero su petici\u00f3n fue desestimada, as\u00ed como el recurso interpuesto; y que los autos criticados carecen de motivaci\u00f3n y se fundamentan en una afirmaci\u00f3n contraria a la realidad. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena indic\u00f3 que las determinaciones adoptadas obedecieron a un an\u00e1lisis extenso y detallado de cada una de las piezas procesales, lo que permiti\u00f3 concluir la indebida integraci\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la necesidad de recaudar pruebas para decidir de fondo el asunto; que no se le hab\u00eda devuelto el expediente, pues se encontraba en curso la etapa probatoria; que no se hab\u00edan transgredido los derechos invocados; que no se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico alguno; que la informaci\u00f3n que se aportaba sobre el enteramiento de la Unidad no reposaba en el plenario al momento de emitirse las decisiones criticadas, por lo que al obtenerla lo procedente era noticiar al juez instructor para adelantar las verificaciones y acciones correctivas, en caso de que eso fuera lo \u00fanico que obstaculizara la continuidad el tr\u00e1mite; y que el resguardo era improcedente, pues que los pedimentos expuestos le conciernen al juez del circuito especializado al que le remiti\u00f3 el proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que admiti\u00f3 la demanda el 30 de noviembre de 2017, pero omiti\u00f3 en dicho prove\u00eddo correr el traslado de rigor a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, lo que subsan\u00f3 el 6 de febrero de 2018, por lo que cumpli\u00f3 a cabalidad con la exigencia legal; que el Tribunal convocado dio por sentada una anomal\u00eda procesal; que una vez arrib\u00f3 el expediente lo \u00fanico que ten\u00eda permitido era \u00abcumplir con las directrices trazadas por parte del superior funcional y de esa manera disponer todo lo pertinente para encausar la actuaci\u00f3n bajo los lineamientos establecidos, de donde deb\u00eda procurarse en rehacer y surtir en debida forma la notificaci\u00f3n personal de la Unidad\u2026 y asimismo decretando las pruebas que fueron sugeridas\u2026\u00bb; que los opositores han cuestionado en distintas oportunidades la decisi\u00f3n de remitir la actuaci\u00f3n a ese estrado; que no se pod\u00eda separar del derrotero trazado por el superior, pues incurrir\u00eda en la causal de nulidad prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; que no ha conculcado garant\u00eda fundamental alguna, lo actuado ha estado ce\u00f1ido al ordenamiento legal y constitucional y las decisiones se encuentran fundadas en un criterio jur\u00eddico que responde al respeto por la legalidad y el debido proceso. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas refiri\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ten\u00eda injerencia en los presuntos hechos transgresores de los derechos de la accionante ni era competente para revertir decisiones judiciales; que era el operador judicial quien deb\u00eda valorar que la acci\u00f3n cumpliera con los requisitos de procedibilidad y establecer si exist\u00edan inconsistencias para corregirlas; que contest\u00f3 el derecho de petici\u00f3n elevado por la accionante, lo que no contradice la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal querellado; que se hab\u00edan adelantado diferentes actuaciones judiciales que gozaban de presunci\u00f3n de legalidad; que hab\u00eda actuado conforme a lo establecido por la Ley y obr\u00f3 con diligencia dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras censurado; que se neg\u00f3 otra tutela interpuesta previamente; que no hab\u00eda conculcado garant\u00eda esencial alguna; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Tierras adujo que no le constaban los hechos expuestos, no era competente para pronunciarse sobre la actuaci\u00f3n desplegada, ni determinar si se vulner\u00f3 derecho alguno, por lo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; y que no hab\u00eda violado ning\u00fan derecho fundamental, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta sostuvo que hab\u00eda intervenido oportunamente en el tr\u00e1mite en defensa de los intereses de la sociedad y del ordenamiento jur\u00eddico positivo, de acuerdo con su competencia constitucional y legal asignada; que la din\u00e1mica procesal hab\u00eda sido ajustada a derecho; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las providencias criticadas de 12 de septiembre y 12 de diciembre de 2019 -con las que se dispuso la notificaci\u00f3n en debida forma de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y se sugiri\u00f3 la pr\u00e1ctica de distintas pruebas-; y la interposici\u00f3n de la tutela el 27 de octubre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, en lo atinente a las quejas elevadas frente a las decisiones de 16 de junio y 21 de julio de los corrientes, con las que se neg\u00f3 la solicitud de remitir el expediente al Tribunal acusado, se advierte que el juzgador del circuito criticado, en cumplimiento de la orden de su superior, procedi\u00f3 a efectuar el enteramiento ordenado y a decretar la pr\u00e1ctica de las respectivas probanzas, lo que se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
De ah\u00ed que el reclamo constitucional carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma el estrado del circuito especializado convocado no pod\u00eda ir en contra de la decisi\u00f3n del superior, respecto de la cual, como qued\u00f3 visto, no se satisface el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026surge palpable que con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado. (CSJ STC1684 de 2015, rad. n\u00ba 2015-00201). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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