STC15424-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC15424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04068-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Seguros del Estado S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido, presuntamente conculcada por la autoridad convocada, por tanto, pide \u201cdejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 22 de septiembre de 2021\u201d. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Seguros del Estado S.A. impetr\u00f3 contra Consorcio Peatones Go, Grouping S.A.S., Orlando Sep\u00falveda Cely y David Alejandro Rachid Camacho, el juicio compulsivo materia de este resguardo, en el cual se persegu\u00eda el pago de un \u201cpagar\u00e9\u201d y de un importe de \u201ccheque\u201d, por valor de $3.923.321.543 y $24.571.200, respectivamente. <\/p>\n
2.2. El comentado asunto fue zanjado el 21 de mayo de 2021, con sentencia donde se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, \u00fanicamente, en lo relativo al \u201ccheque\u201d reclamado. <\/p>\n
2.3. Esa determinaci\u00f3n fue apelada por la ahora accionante, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al tribunal querellado, quien, en fallo de 23 de septiembre pasado, confirm\u00f3 la providencia emitida por el a quo, modific\u00e1ndola solo en relaci\u00f3n a la condena en costas all\u00ed impuestas al extremo actor. <\/p>\n
2.4. Manifiesta la quejosa que la corporaci\u00f3n convocada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues, i) \u201creiter[\u00f3] aspectos puramente formales en relaci\u00f3n a los t\u00edtulos valores, sin que se hiciera un an\u00e1lisis serio y de fondo sobre los diferentes reparos se\u00f1alados en el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026), espec\u00edficamente, contra la no valoraci\u00f3n por parte del Juez de primera instancia de las precisas circunstancias negociales que determinaron la afectaci\u00f3n de la p\u00f3liza [inmiscuida] (\u2026), y sobre el punto de reproche relativo a la conducta contraria a la buena fe de los ejecutados\u201d; ii) \u201cno reconoc[i\u00f3] (\u2026) la existencia de circunstancias negociales que determinaban la configuraci\u00f3n de un siniestro en el marco de la p\u00f3liza de cumplimiento N\u00b0 21-44-101191080\u201d; iii) \u201cdesconoci\u00f3 que, en el presente caso, a trav\u00e9s de los diferentes medios probatorios, se acredit\u00f3 la existencia de un acto administrativo de naturaleza compleja, mediante el cual se declar\u00f3 el incumplimiento del Contrato de obra N\u00b0 IDU-420-2015 por parte del Consorcio Peatones Go, as\u00ed como la afectaci\u00f3n de la p\u00f3liza en los t\u00e9rminos en que finalmente \u00e9sta result\u00f3 afectada\u201d; iv) inobserv\u00f3 e inaplic\u00f3 los art\u00edculos 622, 1096 y 1074 del C\u00f3digo de Comercio\u201d; y v) \u201cdesconoci\u00f3 el precedente judicial en materia de diligenciamiento de t\u00edtulos valores en blanco (\u2026) y el de venir contra el acto propio\u201d. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
El tribunal criticado remiti\u00f3 copia de la providencia aqu\u00ed cuestionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, verifica la Sala que la accionante censura, puntualmente, el fallo 23 de septiembre de 2021, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 el dictado el 21 de mayo anterior, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, \u00fanicamente, en lo relativo al \u201ccheque\u201d reclamado en el caso bajo estudio. <\/p>\n
3. Auscultado el prove\u00eddo reprochado, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto esa determinaci\u00f3n no luce arbitraria ni caprichosa, comoquiera que el Tribunal explic\u00f3 las razones por las que ratificaba la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Al respecto, el colegiado fustigado comenz\u00f3 por indicar sobre la formalidad de los t\u00edtulos valores para tenerlos como eficaces, pues a falta de \u00e9stos ning\u00fan efecto jur\u00eddico conllevar\u00edan, \u201ca pesar de que el documento obre como tal y que el negocio originario conserve todo su vigor\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio permite la creaci\u00f3n de t\u00edtulos con espacios sin llenar, \u201csiempre y cuando se observe las instrucciones que al efecto otorgue el girador, o, en ausencia de ellas, teniendo en cuenta las condiciones del negocio jur\u00eddico que le dio origen al instrumento\u201d. <\/p>\n
Descendiendo al caso bajo estudio, el convocado manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa autoridad de primera instancia declar\u00f3 que el pagar\u00e9 fue indebidamente llenado en cuanto al monto del derecho incorporado, tras estimar que no se acat\u00f3 la directriz concerniente a que ese acto se realizara al hacerse efectiva la p\u00f3liza otorgada por Seguros del Estado al sector convocado, instrucci\u00f3n para cuya elucidaci\u00f3n consult\u00f3 el contenido de la p\u00f3liza, la que tuvo por incorporada al expediente, concluyendo, en lo medular, que ese supuesto f\u00e1ctico \u2013hacer efectiva la aseguranza\u2013 pend\u00eda de la existencia de un acto administrativo en firme, conforme las reglas del art\u00edculo 86 de la Ley 1474 de 2011. En desacuerdo, el ejecutante considera que esa intelecci\u00f3n no es apropiada, ya que en las instrucciones no se hizo alusi\u00f3n a un \u201cacto administrativo en firme\u201d; que no se tuvo en cuenta el comportamiento del tomador garantizado (consorcio) en la fase contractual, del cual pod\u00eda extraerse que, de forma verbal o al menos impl\u00edcitamente \u2013enfatizando las comunicaciones cruzadas, mesas de trabajo y participaci\u00f3n en conciliaciones\u2013 autoriz\u00f3 colmar el pagar\u00e9; que la voluntad de la administraci\u00f3n no solamente se expresa en un documento sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de distintos medios, como ocurre en esta oportunidad, gest\u00e1ndose un acto administrativo complejo, al paso que el querer del asegurado tambi\u00e9n fue evidenciado, sin que pueda aceptarse que ahora contrari\u00e9 sus propios actos; que, incluso sin acto administrativo, era necesaria la actuaci\u00f3n de la demandante, con el fin de mitigar el da\u00f1o por el incumplimiento del contrato; y que la juez no tuvo en cuenta la independencia del amparo de salarios y prestaciones, para lo que no es usual y, por el contrario, resulta il\u00f3gico, su expedici\u00f3n, porque el encargado de emitirlo \u2013entidad contratante\u2013 es responsable solidaria de esos d\u00e9bitos\u201d. <\/p>\n
\u201cPara resolver la problem\u00e1tica planteada, es pertinente mencionar que la falladora fij\u00f3 como alcance de la expresi\u00f3n \u201cefectividad de la p\u00f3liza de cumplimiento\u201d \u2013se\u00f1alada como detonante para completar el pagar\u00e9 en lo atinente a su valor\u2013 la presencia de un acto administrativo ejecutoriado, conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 tras resaltar el contenido de la cl\u00e1usula quinta de la p\u00f3liza de cumplimiento otorgada \u2013en su momento\u2013 al consorcio aqu\u00ed demandado, seg\u00fan la cual \u201cpara hacer efectivos cualquiera de los amparos otorgados por Segurestado, la entidad estatal asegurada deber\u00e1 garantizar el debido proceso de Segurestado y el contratista, mediante el agotamiento del procedimiento establecido en el art\u00edculo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo sustituyan o modifiquen. La entidad estatal asegurada, le corresponder\u00e1 demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida si fuere el caso\u201d. A tono con ese aparte del contrato, remat\u00f3 que \u201cal expediente no se alleg\u00f3 por ninguno de los extremos del litigo o por el IDU o por requerimiento de oficio de este despacho, copia de ning\u00fan acto administrativo\u201d que se ajustara a los t\u00e9rminos de la cl\u00e1usula\u201d. <\/p>\n
\u201cEsa afirmaci\u00f3n de la se\u00f1ora jueza, amparada en las instrucciones convenidas entre el ejecutante y los convocados, en estricto sentido y analizada bajo la literalidad de ese documento y en contraste con los restantes medios demostrativos adosados al legajo, no es equivocada, puesto que, ciertamente, al debate no se trajo una actuaci\u00f3n que cumpliera con las puntuales caracter\u00edsticas exigidas por el pacto en comento para la integraci\u00f3n del pagar\u00e9 incoado, siendo de importancia destacar \u2013desde ya\u2013 que una cosa es la manera de probar el siniestro y su cuant\u00eda y otra muy diferente que, al haberse condicionado el llenado del pagar\u00e9 con la aducci\u00f3n de esa probanza, tal presupuesto se deba agotar, muy a pesar de la estrecha e indisoluble relaci\u00f3n obrante entre esos dos aspectos. Por igual, no puede dejarse en el olvido que el contrato es ley para las partes (art. 1602 C.C.) mandato que, en l\u00ednea de principio, obliga a los convencionistas a la observancia de las formalidades que tuvieron a bien incorporar en el acuerdo proforma, a iniciativa de la misma aseguradora y en beneficio propio y del tomador, exigencias que deben ser valoradas \u2013discreta y razonadamente\u2013 por el juzgador, con el \u00e1nimo de determinar el real entendimiento que tengan de cara al objetivo que cumplen en el desarrollo y ejecuci\u00f3n del negocio logrado\u201d. <\/p>\n
\u201cEn armon\u00eda con lo anotado, no puede ignorarse que el agotamiento del procedimiento previsto en el art\u00edculo 86 de la Ley 1474 de 2011, que dispone que \u201clas entidades sometidas al Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica podr\u00e1n declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cl\u00e1usula penal\u201d, se incluy\u00f3 para garantizar el derecho de defensa de la misma aseguradora y del consorcio \u2013esto es, con una finalidad constitucional\u2013 la cual no entra en contradicci\u00f3n con el principio de libertad probatoria, en tanto ella no encarna la gestaci\u00f3n de una carga de imposible agotamiento. Igualmente, esa imposici\u00f3n es acorde con la entidad jur\u00eddica del seguro de cumplimiento que le asigna al asegurado \u2013IDU\u2013 demostrar el siniestro, como quiera que \u201cen esta clase de seguros patrimoniales, el interesado deber\u00e1 acreditar, de un lado, que el tomador desatendi\u00f3 las obligaciones que asumi\u00f3 en virtud del convenio garantizado, y de otro, que esa inobservancia lesion\u00f3 el patrimonio asegurado, agravio cuya extensi\u00f3n exacta, adem\u00e1s, corresponder\u00e1 a la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n, hasta concurrencia de la suma asegurada\u201d, mandato legal que impide que la aseguradora ad libitum lo declare y se abrogue la potestad de establecer, a placer, la falta contractual y su repercusi\u00f3n econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n
\u201cA lo anterior no se contraponen las vicisitudes que denuncia el ejecutante en sus reparos, consistentes en\u201d: <\/p>\n
\u201cEl probado \u201cincumplimiento parcial por mora\u201d, del consorcio, declarado mediante Resoluci\u00f3n 4832 del 12 de octubre de 2018, revocada por la Resoluci\u00f3n 2287 del 30 de mayo de 2019 \u201cpor las razones enunciadas en la parte motiva\u201d que, en lo medular, se condensaron en la p\u00e1gina 35 de ese acto atinentes en que \u201cverificados los tr\u00e1mites contractuales que se han adelantado con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del Contrato 420 de 2015, se tiene que con posterioridad a la cesi\u00f3n realizada el 13 de noviembre de 2018, se celebr\u00f3 pr\u00f3rroga (\u2026) la estipulaci\u00f3n de un nuevo plazo contractual en el presente asunto deja sin vigencia la programaci\u00f3n inicial, con la que fue calculada la mora del contratista en este proceso sancionatorio, imponi\u00e9ndose que los supuestos f\u00e1cticos que lo motivaron desaparecieron de acuerdo con la descripci\u00f3n t\u00edpica de la citaci\u00f3n\u2026a lo que se a\u00fana que los fundamentos jur\u00eddico que le eran propios, esto es, compeler al contratista para el cumplimiento, tambi\u00e9n desaparecen\u201d. Ese material suasorio, contenido en los actos administrativos emitidos por el IDU pueden ser valorados dada su naturaleza de documentos p\u00fablicos, los cuales prueban qu\u00e9 autoridad realiz\u00f3 el acto, la fecha de su emisi\u00f3n y las declaraciones realizadas (art. 257 C.G.P.), aunque con la precisi\u00f3n que las reflexiones abordadas son \u201cun eventual instrumento de interpretaci\u00f3n de la parte resolutiva\u201d, as\u00ed que los \u201csoportes de hecho y de apreciaci\u00f3n de las pruebas en que se fundamenta un prove\u00eddo de la \u00edndole se\u00f1alada\u201d son \u00fatiles \u201cpara precisar su sentido y alcance\u201d, elementos que dejan en descubierto que la raz\u00f3n para culminar el tr\u00e1mite contra los demandados \u2013como puede verse\u2013 no estriba en que el incumplimiento no se actualiz\u00f3 y, en verdad, reflejan que, por virtud de la cesi\u00f3n y el otorgamiento de un nuevo plazo \u2013posterior a ese cambio de contratista\u2013 el cronograma se modific\u00f3, resultando inane continuar con la investigaci\u00f3n, es decir que la hip\u00f3tesis de la desatenci\u00f3n del convenio con el IDU en el lapso inicialmente acordado qued\u00f3 plenamente demostrado, hecho por dem\u00e1s ratificado con la ulterior transmisi\u00f3n del contrato en favor del consorcio Santa Catalina\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otra parte, el admitir que por las contingencias sobrevenidas las instrucciones pudieran variar, en particular por la cesi\u00f3n del contrato de obra aun por las razones de inter\u00e9s general que se proclaman, no permite desgajar que hubiera autorizaci\u00f3n para alterar el instructivo inicial \u2013ni expresa ni impl\u00edcitamente\u2013 y tampoco faculta, de suyo, a la aseguradora para que declarara motu proprio el siniestro y su cuant\u00eda, pues as\u00ed como se trasfiri\u00f3 el negocio afianzado tambi\u00e9n era posible sentar modificaciones sobre las condiciones de llenado para adecuarlas a la nueva situaci\u00f3n jur\u00eddica. Sin embargo tales alteraciones carecen de prueba atendible, muy a pesar de que en las misivas que el Consorcio Peatones Go remiti\u00f3 al IDU del 22 y 28 de octubre de 2018, a grandes rasgos, se describen los pasivos de n\u00f3minas y liquidaciones, seguridad social, subcontratistas de obra, personal arqueolog\u00eda, proveedores, Fundaci\u00f3n Erigay y prestaci\u00f3n de servicios, se\u00f1alando que \u201cel valor m\u00e1ximo que eventualmente se deber\u00e1 cancelar\u201d es $1.400.000.000 y $1.500.000.000, respectivamente en cada carta, sin embargo, en ellas se remat\u00f3 que \u201charemos un compromiso de pago entre los dos consorciados y la aseguradora para lograr la devoluci\u00f3n de los recursos que verdaderamente se resulten pagando\u201d, comunicaciones que, de ninguna manera, prueban alguna variaci\u00f3n del men\u00fa para integrar el pagar\u00e9, quedando en pie la necesidad de que el asegurado demuestre el siniestro y su cuant\u00eda en la forma prevista en las instrucciones iniciales\u201d. <\/p>\n
\u201cLa variaci\u00f3n alegada tampoco se extrae de las mesas de trabajo efectuadas entre el IDU, el Consorcio Peatones Go y la aseguradora, como quiera que no se demostr\u00f3 que en ellas se haya declarado que los eventuales pasivos laborales, proveedores, etc., \u2013ligados a un incumplimiento\u2013 se pagar\u00edan con cargo a la p\u00f3liza, momento en el que la aseguradora pudo plantear, sin perjuicio de la cesi\u00f3n, que el IDU atestara la falta negocial y sus consecuencias patrimoniales, oportunidad que no se aprovech\u00f3. Por el contrario, en el documento de \u201cmodificaci\u00f3n, autorizaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cesi\u00f3n del contrato\u201d, se indic\u00f3 que el IDU \u201cle solicit\u00f3 al contratista, formalizar la alterativa de cesi\u00f3n para revisi\u00f3n y autorizaci\u00f3n del IDU, y le solicit\u00f3 a la aseguradora realizar el debido acompa\u00f1amiento\u201d, indic\u00e1ndose que hab\u00eda un valor de anticipo por amortizar de $1.357.247.179, expresi\u00f3n que debi\u00f3 compeler a la ejecutante alg\u00fan pronunciamiento sobre ese contingente incumplimiento, alerta que tambi\u00e9n se despreci\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201cEn correspondencia con la escasa gesti\u00f3n de la aseguradora, en la cl\u00e1usula cuarta de \u201ccompromisos\u201d, el cesionario se oblig\u00f3 a \u201ccubrir los pasivos\u201d por ejecuci\u00f3n del contrato, proveedores, interventor\u00eda, administraci\u00f3n y otros componentes \u2013ambientales, arqueolog\u00eda, sociales, tr\u00e1ficos, amortizaci\u00f3n de anticipo\u2013 en tanto se relacionaran con la ejecuci\u00f3n del contrato\u201d, sin efectuarse alguna salvedad de que tales rubros se encontraban en cabeza del cedente y que este asumir\u00eda \u2013con cargo al seguro\u2013 los valores que el demandante desembolsara. Adem\u00e1s, esa aceptaci\u00f3n tampoco implic\u00f3 la expresi\u00f3n de voluntad de la administraci\u00f3n asegurada para determinar, de alguna manera, el monto o cuant\u00eda del siniestro, con el aditivo de que el funcionario del IDU que dio el visto bueno a esa negociaci\u00f3n testific\u00f3 que a la aseguradora \u201cnunca se le exigi\u00f3 nada\u201d y simplemente se le emplaz\u00f3 para que \u201chablara con su contratista\u201d, pues en tales eventos la compa\u00f1\u00eda se da cuenta de que ello implicar\u00eda problemas de liquidez y \u201csaben a d\u00f3nde va a parar eso\u201d, esto es, con la eventual declaratoria de caducidad, en la que la cifra a desembolsar por la aseguradora podr\u00eda incrementar\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las cl\u00e1usulas del contrato de seguro del cual emergi\u00f3 el pagar\u00e9 objeto de cobro, y concluy\u00f3, que ese t\u00edtulo valor no fue llenado conforme a las instrucciones contenidas en el negocio originario, pues para determinar el valor de la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida, necesariamente, deb\u00eda mediar acto administrativo conforme las reglas del art\u00edculo 86 de la Ley 1474 de 2011, dada la naturaleza del convenio inicial; empero, ninguna prueba al respecto fue aportada el expediente, ya que la Resoluci\u00f3n con la cual se pretend\u00eda demostrar tal evento, en realidad, fue revocada por el propio ente administrativo que la expidi\u00f3, quien, valga decir es el asegurado, evidenci\u00e1ndose que la p\u00f3liza inmiscuida en realidad nunca fue afectada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
Si bien esta Sala tiene por sentado que \u201cla inobservancia de las instrucciones impartidas para llenar los espacios en blanco dejados en un t\u00edtulo valor no acarrea inexorablemente la nulidad o ineficacia del instrumento, toda vez que de llegar a establecerse que tales autorizaciones no fueron estrictamente acatadas, la soluci\u00f3n que se impone es ajustar el documento a los t\u00e9rminos verdadera y originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor\u201d1, lo cierto es, dicho precedente no encaja en el caso bajo estudio, por cuanto, como lo se\u00f1al\u00f3 el tribunal confutado, en el memorado contrato de seguro se estipul\u00f3 que: \u201cLa entidad estatal asegurada, le corresponder\u00e1 demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida si fuere el caso\u201d, por tanto, no pod\u00eda el juzgador ajustar el t\u00edtulo valor base recaudo, pues, no existe ning\u00fan pronunciamiento eficaz en tal sentido por parte del ente administrativo amparado, y que atendiera, inexorablemente, la voluntad de las partes frente a la forma como se har\u00eda efectiva la obligaci\u00f3n pactada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las deducciones del colegiado convocado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Por otro lado, si la quejosa considera que el tutelado, omiti\u00f3 resolver aspectos que deb\u00edan ser objeto de pronunciamiento frente a la alzada por ella interpuesta, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de la providencia aqu\u00ed censurada, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso para que ese juzgador, resolviera lo pertinente; empero, no lo hizo, hecho que le cierra el paso a esta senda excepcional por su car\u00e1cter netamente residual. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 8 sep. 2005, rad. 00769-01, reiterada en STC4921-2014, 23 ab. rad. 00695-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 00176-01, respectivamente. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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