STC15435-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15435-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04103-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gonzalo Alfonso Mar\u00edn Casta\u00f1o contra el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, vida, salud, dignidad humana y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar la nulidad parcial de la sentencia. En lo que se refiere a la individualizaci\u00f3n de las penas principales de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas que [le] fueran impuestas y dictar sentencia de reemplazo en la que se tase la sanci\u00f3n de acuerdo con los criterios legales y sea regido el proceso de dosificaci\u00f3n por el principio de legalidad y racionalidad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Gonzalo Alfonso Mar\u00edn Casta\u00f1o se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb, que luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 24 de febrero de 2011 el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali lo conden\u00f3 a 120 meses de prisi\u00f3n; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, las decisiones referidas a espacio, pues, refiere, la investigaci\u00f3n y el tr\u00e1mite penal que se adelant\u00f3 bajo las disposiciones de la Ley 906 de 2004, sin embrago, \u00abdebi\u00f3 aplicar las normas regidas por la Ley 600 de 2000. En la actualidad est[\u00e1] pagando una condena de 10 a\u00f1os (120 meses) y en el objeto de la tutela demuestra que m\u00e1ximo a pagar son 6 a\u00f1os (72 meses), de los cuales h[a] pagado casi 8 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, limit\u00f3 su actuar a inadmitir la demanda, sin estudiar las pretensiones formuladas. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que \u00abel Tribunal hizo suyas las consideraciones del Juez Doce Penal del Circuito de Cali en cuanto hacen referencia a las penas principales\u00bb; que, para su caso, cuando el punible se cometi\u00f3, fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, por lo que la norma que deb\u00eda ser aplicada era la Ley 100 de 1980 y, bajo esa disposici\u00f3n, \u00abel Juez ha tenido que partir del m\u00ednimo de la sanci\u00f3n establecido en el art\u00edculo 133 del decreto -ley 100 de 1980 en la redacci\u00f3n del art\u00edculo 19 de la Ley 190 de 1995, esto es, seis (6) a\u00f1os, que equivalen a setenta y dos (72) meses\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el fallo emitido por el Tribunal carece de motivaci\u00f3n, toda vez que no aplic\u00f3 el principio de legalidad, cuyos criterios son \u00ab(i) los l\u00edmites legales de la pena; (ii) la gravedad y modalidades del hecho punible; (iii) el grado de culpabilidad; (iv) las circunstancias de atenuaci\u00f3n o agravaci\u00f3n, y (v) la personalidad del agente\u00bb, pues, en su sentir, indic\u00f3 la norma, pero no la aplic\u00f3. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que es una persona mayor de 65 a\u00f1os de edad, con un cuadro de salud complejo, habida cuenta de que padece de c\u00e1ncer. <\/p>\n
3. Tras decretarse la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada en sede constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n de Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala admiti\u00f3 el libelo de amparo en primera instancia contra dicho colegiado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica P\u00fablica de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que carece de legitimaci\u00f3n para atender las pretensiones del promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte inform\u00f3 que con auto de 20 de febrero de 2013 (C-39080) inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada por el promotor; indic\u00f3 que se remite a las consideraciones all\u00ed advertidas; remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali indic\u00f3 que con sentencia de 27 de enero de 2012 confirm\u00f3 la sentencia condenatoria proferida en contra del gestor, al encontrar acertadas las razones que llevaron al fallador de conocimiento a emitir dicha condena; remiti\u00f3 copia del fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali refiri\u00f3 que reitera los argumentos expuestos inicialmente, esto es, que el 24 de febrero de 2011 conden\u00f3 al promotor a 120 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal y, el 20 de febrero de 2013 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda presentada; que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas, sumado a que la salvaguarda incumple el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha en que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por el querellante (20 de febrero de 2013), con la que cobr\u00f3 ejecutoria la pena a \u00e9l impuesta, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 9 de agosto de 2021, transcurri\u00f3 m\u00e1s de 8 a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Por otra parte, en este caso se cuestiona el juicio penal que culmin\u00f3 con sentencia de 27 de enero de 2012 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso seguido en contra del accionante por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo condenatorio que dict\u00f3 el Juzgado el 24 de febrero anterior. <\/p>\n
En este orden de ideas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo es inviable, toda vez que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3, pues, tal como qued\u00f3 visto, su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 20 de febrero de 2013, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la aplicaci\u00f3n normativa y la tasaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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