STC15437-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15437-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04080-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Raimundo Rafael Barrios Barcel\u00f3, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Penal del Circuito de Depuraci\u00f3n de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-00307. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablegalidad de los delitos y las penas\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, el 11 de junio de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Depuraci\u00f3n de Barranquilla, lo conden\u00f3 a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de \u00abcontrato sin el cumplimiento de requisitos legales\u00bb, neg\u00e1ndole la concesi\u00f3n del subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Refiere que, mediante fallo del 25 de enero de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, confirm\u00f3 la condena, pero modific\u00f3 la decisi\u00f3n en el sentido de otorgarle el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria; as\u00ed mismo, deneg\u00f3 la solicitud de nulidad planteada con el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que, contra la sentencia del tribunal, su defensor interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, inadmitido por la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo del 25 de enero de 2017. <\/p>\n
Acusa las anteriores decisiones de constituir v\u00edas de hecho por defecto sustantivo ya que lo condenaron y le fijaron la sanci\u00f3n con fundamento en un c\u00f3digo penal que no estaba en vigencia para el momento en que acaecieron los hechos objeto de reproche \u2013 Ley 599 de 2000 \u2013, pues, las irregularidades que le atribuyeron y que conllevaron a la apertura de la investigaci\u00f3n por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb ocurrieron durante el per\u00edodo en que ejerci\u00f3 como alcalde del municipio de Soledad, esto es, los a\u00f1os 1995 a 1997. <\/p>\n
Sostiene entonces que, en su caso, el juez \u00ab(\u2026) debi\u00f3 condenarme con la pena de prisi\u00f3n determinada en la ley 80 de 1993 [art\u00edculo 57] y con la pena de multa prevista en la ley 190 de 1995, respetando los subrogados del decreto ley 100 de 1980\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, aunque el tribunal vislumbr\u00f3 el \u00aberror\u00bb en la norma aplicada, no lo corrigi\u00f3 y neg\u00f3 la nulidad que se pidi\u00f3 con la alzada, y la Sala de Casaci\u00f3n Penal al inadmitir el remedio extraordinario tambi\u00e9n desatendi\u00f3 los argumentos expuestos en ese sentido. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se dejen sin efectos \u00ab(\u2026) la providencia de fecha 11 de junio de 2014 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Depuraci\u00f3n de Barranquilla (\u2026) la providencia de fecha 25 de enero de 2016 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla mediante la cual se confirm\u00f3 la sentencia condenatoria (\u2026) providencia de fecha 25 de enero de 2017 proferida por el Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia Eyder Pati\u00f1o Cabrera, mediante la cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n promovida por mi defensor contractual\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Sexta de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, indic\u00f3 que vigila la pena que le fue impuesta a Barrios Barcel\u00f3 y que conoci\u00f3 de una solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal presentada por aqu\u00e9l, la cual neg\u00f3 mediante auto interlocutorio del 8 de julio de 2021, que apelado, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Barranquilla el 3 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, puntualiz\u00f3 que la demanda de tutela no cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, sin justificaci\u00f3n alguna, considerando, frente al primero de ellos, que la decisi\u00f3n que inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n se produjo el 25 de enero de 2017; sobre el segundo presupuesto porque, revisados los argumentos presentados en la demanda de casaci\u00f3n, en ella \u00abnunca aleg\u00f3 la situaci\u00f3n que en sede de tutela se pretende, los aspectos que se plantearon giraron en torno a una inadecuada imputaci\u00f3n e investigaci\u00f3n integral, por lo que resulta improcedente a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional pretender subsanar dicha irregularidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 actuando con temeridad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas con las sentencias que lo condenaron a 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, seg\u00fan la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 410 de la Ley 599 de 2000 (c\u00f3digo penal), codificaci\u00f3n que, seg\u00fan alega, no era la aplicable a su caso de acuerdo a la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de reproche (1995-1997). <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio del amparo. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que Raimundo Rafael Barrios Barcel\u00f3 impetr\u00f3 con antelaci\u00f3n una acci\u00f3n de la misma naturaleza (STC7230-2017, radicado n\u00b0 2017-01164-00) que conoci\u00f3 esta misma Sala, af\u00edn en su esencia f\u00e1ctica y pretensiones que hoy formula, siendo evidente el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos referenciados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Ciertamente, en la demanda aludida, contra las mismas autoridades jurisdiccionales, igualmente dirigi\u00f3 su inconformidad frente a los fallos de instancia que lo condenaron por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb y el prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que su defensa formul\u00f3. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, la causa petendi y el petitum de aqu\u00e9lla demanda fueron rese\u00f1ados en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEl solicitante obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abal principio de legalidad constitucional\u00bb, y a libertad de su representado, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas con el proferimiento de las decisiones por las cuales fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, pide que \u00abse dejen sin efecto las decisiones violatorias de los derechos fundamentales de mi prohijado\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de lo anterior, aduce en s\u00edntesis, que entre el Fondo de Cofinanciaci\u00f3n para la Inversi\u00f3n Social FIS y el Municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico), se celebr\u00f3 en diciembre de 1995 el Convenio de Cofinanciaci\u00f3n No. 4527 que ten\u00eda por objeto el mejoramiento locativo y la dotaci\u00f3n de instituciones de educaci\u00f3n oficial con aportes de la Naci\u00f3n y del propio municipio, el que constaba de dos proyectos, el No. 7761 \u00abpara el mejoramiento de las condiciones locativas, escuelas y colegios oficiales del municipio\u00bb y el No. 7615 para la construcci\u00f3n y dotaci\u00f3n del instituto t\u00e9cnico industrial, en los que La Naci\u00f3n efectu\u00f3 desembolsos por $49.950.000 para primero y $90.000.000 en el segundo. <\/p>\n
(\u2026) Agrega que elegido nuevo mandatario en ese ente territorial, el 5 de septiembre de 2003 inform\u00f3 a los distintos \u00f3rganos de control que por diferentes comunicaciones recibidas de FINDETER, tuvo conocimiento de la existencia del convenio suscrito y ejecutado entre los a\u00f1os 1995 a 1998 en los cuales aparec\u00edan saldos sin reintegrarse, y por lo anterior, la Fiscal\u00eda 17 de Delitos Contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla el 2 de noviembre de 2004 orden\u00f3 la indagaci\u00f3n preliminar en contra de su representado y el 31 de julio de 2009 profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Delegada ante el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 6 de diciembre del 2011. <\/p>\n
Sostiene que, adelantado el proceso, el Juzgado Penal del Circuito de Depuraci\u00f3n de esa ciudad en sentencia de 11 de julio de 2014 lo conden\u00f3 a 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, fallo que confirm\u00f3 el Tribunal el 25 de enero de 2016, sentencia frente a la que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 25 de enero de 2017. <\/p>\n
En su escrito presenta un detallado recuento del tr\u00e1mite agotado, de la acusaci\u00f3n, del contenido de las sentencias de primera y segunda instancia, as\u00ed como de la providencia que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de demostrar que la irregularidad que se observa en tal tr\u00e1mite, se refiere a que las decisiones adoptadas carecen de prueba pertinente y suficiente para determinar una adecuaci\u00f3n correcta del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, (\u2026)\u00bb (STC7230-2017). <\/p>\n
As\u00ed entonces, n\u00f3tese, la demanda cotejada concuerda con la actual en los puntos cardinales que las motivan, concretamente, como se anticip\u00f3, en los fundamentos f\u00e1cticos y la pretensi\u00f3n, y pese a que difieren en la forma de exponerlos, bien puede concluirse que se constituye una evidente equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia de la acci\u00f3n constitucional \u2013 ya que persiguen lo mismo, esto es, dejar sin efectos las sentencias condenatorias y el auto de inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n \u2013 lo que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido esta tutela es el reflejo del injustificado de otra esencialmente similar, no es posible su replanteamiento porque, <\/p>\n
\u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otras, en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01; y STC9397-2019, 17 jul., rad. 02151-00). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en otra oportunidad la Sala refrend\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria (\u2026) sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 11 septiembre de 2009, exp. 01280-01; reiterada en STC16371-2015) Se resalta. <\/p>\n
Por lo discurrido, sobre estos aspectos puntuales se impone declarar la manifiesta inviabilidad de la queja constitucional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues, es el reflejo de un ejercicio repetido, en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, replanteando temas que ya hab\u00edan sido sometidos al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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