STC15438-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15438-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01957-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yuli Tatiana Ocampo Pi\u00f1eros contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, trabajo y \u00abaprendizaje\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada porque, aunque desde el 9 de agosto de 2021 le present\u00f3 solicitud formal, no le ha expedido el acto administrativo de reconocimiento de la judicatura que como opci\u00f3n de grado realiz\u00f3 en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Manizales. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al accionado \u00abexpedir la correspondiente resoluci\u00f3n que avala el cumplimiento de [su] judicatura y que la misma sea enviada correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
3. La entidad acusada indic\u00f3 que al revisar la documentaci\u00f3n presentada por la actora logr\u00f3 establecer que \u00abno cumpli\u00f3 la totalidad de los requisitos exigidos\u00bb, por lo que la requiri\u00f3 para que aportara \u00abel aval de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica desempe\u00f1ada en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Manizales, expedido por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o Director Operativo Regional de conformidad con las Circulares 050 y 05 de noviembre de 2005 y febrero de 2006, de conformidad con el art\u00edculo 2, par\u00e1grafo del Acuerdo No. PSAA12-9338 de 2012\u00bb; sin que a la fecha haya \u00abrecibido respuesta al requerimiento por parte de la accionante\u00bb, de donde \u00abno existe vulneraci\u00f3n a ning\u00fan derecho fundamental\u2026, ya que los documentos requeridos\u2026 para dar continuidad al tr\u00e1mite de expedici\u00f3n de su Pr\u00e1ctica Jur\u00eddica no han sido allegados a [esa] Unidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el ente encausado acredit\u00f3 que en el curso de esta acci\u00f3n constitucional, el 9 de noviembre de 2021, al evidenciar que la quejosa no aport\u00f3 la documentaci\u00f3n necesaria para obtener la expedici\u00f3n del acto administrativo que echa de menos, le puso ello en conocimiento, mediante comunicaci\u00f3n remitida a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que denunci\u00f3 para recibir notificaciones, y la requiri\u00f3 para allegar lo faltante, sin que \u00e9sta lo haya hecho, actuaci\u00f3n con la cual el ente convocado impuls\u00f3 el tr\u00e1mite a su cargo y actualmente no le es endosable la falta de expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n requerida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de momento no existe situaci\u00f3n alguna que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la tardanza denunciada como conculcadora de los derechos esenciales invocados fue superada en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n supralegal, al impulsarse la actuaci\u00f3n a cargo del accionado, observ\u00e1ndose que, por ahora, la resoluci\u00f3n de fondo de la petici\u00f3n de la quejosa depende de que \u00e9sta atienda el mentado requerimiento. <\/p>\n
Recientemente, en un caso plenamente aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n rogada esta Sala consider\u00f3: <\/p>\n
Sin mayores disquisiciones se advierte la improcedencia del amparo porque se estructur\u00f3 una carencia actual de objeto, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En este caso, la convocante solicit\u00f3 que la autoridad censurada le reconozca la judicatura que dijo haber realizado. De la respuesta dada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se observa que el pedimento est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en el transcurso de este tr\u00e1mite, el 14 de octubre de 2021, se emiti\u00f3 un requerimiento en el que se le exigi\u00f3 a la actora aportar una documentaci\u00f3n adicional a la que alleg\u00f3. Por tanto, m\u00e1s all\u00e1 de que la entidad para este momento ha[y]a o no accedido a lo que se pretende (certificar la judicatura), lo cierto es que se acredit\u00f3 que la convocada impuls\u00f3 el tr\u00e1mite y super\u00f3 la tardanza injustificada. <\/p>\n
As\u00ed pues, se evidencia que en este evento se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite que en este estadio depende solo de la accionante, y previo a definir de fondo el asunto es necesario que la libelista aporte los documentos requeridos, todo lo cual se anuda a lo prescrito por el art\u00edculo 17 de la Ley 1755 de 2015, el cual se\u00f1ala que cuando se \u00abconstate que una petici\u00f3n ya radicada est\u00e1 incompleta o que el peticionario deba realizar una gesti\u00f3n de tr\u00e1mite a su cargo, necesaria para adoptar una decisi\u00f3n de fondo\u00bb, se requerir\u00e1 al peticionario dentro de los diez d\u00edas siguientes a la radicaci\u00f3n para que la complete en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un mes y, a partir del d\u00eda siguiente en que el interesado aporte los documentos solicitados, se reactivar\u00e1 el t\u00e9rmino para resolver la petici\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la intromisi\u00f3n constitucional suplicada debe desestimarse, comoquiera que se present\u00f3 una carencia actual de objeto, pues la mora de la entidad se super\u00f3 en el transcurso de este tr\u00e1mite al d\u00e1rsele impulso a la petici\u00f3n formulada por la promotora (CSJ STC14373-2021, 27 oct., rad. 2021-01710-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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