STC15439-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15439-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 85001-22-08-000-2021-00123-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por Mar\u00eda Celita Ortega Ortega frente al fallo proferido el 11 de octubre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela formulada por ella contra el Juzgado Primero de Familia y la Comisar\u00eda Segunda de Familia, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y \u00abdiscriminaci\u00f3n por razones de g\u00e9nero (sic)\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas al acceder a la solicitud de imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n propuesta en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la audiencia de medida de protecci\u00f3n proferida e[l]\u2026 18 de mayo de 2021\u2026 por la [C]omisar[\u00ed]a [encausada]\u2026, as\u00ed como el fallo de apelaci\u00f3n proferido el\u2026 21 de junio de 2021 por el Juzgado [convocado]\u00bb; declarar \u00abla nulidad de todo lo actuado\u00bb, ordenar \u00abla pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb, \u00abrecibir las que inicialmente qui[so] aportar y que en diligencia no se [l]e quisieron recibir por parte de la Comisar[\u00ed]a\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Cediel Barrag\u00e1n Siachoque (de 89 a\u00f1os de edad) inco\u00f3 medida de protecci\u00f3n contra la accionante (de 65 a\u00f1os de edad), con quien tuvo una relaci\u00f3n de pareja, en la cual procrearon a Felipe Cediel Barrag\u00e1n Ortega (hoy de 41 a\u00f1os de edad); en dicho tr\u00e1mite aqu\u00e9l adujo cercenados sus derechos por la negativa de su antagonista respecto a permitirle ingresar a la residencia com\u00fan de la pareja, a pesar de ser copropietarios de la misma, sin el contar con otro lugar donde pernoctar. <\/p>\n
2.2. El 18 de mayo de 2021 la Comisar\u00eda acusada resolvi\u00f3 imponer medida de protecci\u00f3n a favor de Jos\u00e9 Cediel, consistente en conminar a la tutelante para que le permitiera el reingreso al predio. Determinaci\u00f3n que el 16 de julio siguiente confirm\u00f3 el Juzgado convocado, al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por la quejosa. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela la censora adujo que con Barrag\u00e1n Siachoque, previamente y de mutuo acuerdo, hab\u00edan repartido los bienes comunes de su propiedad, momento en el que se le dej\u00f3 el 100% de lugar donde reside, pero, luego, bajo enga\u00f1os orquestados por su expareja, con la ayuda de uno de los hijos matrimoniales de \u00e9sta y la esposa del \u00faltimo, la enga\u00f1aron para obtener la firma de unos nuevos documentos con los que transfer\u00eda al primero el 50% de dicha heredad, lo que pasaron por alto las autoridades acusadas, quienes no tuvieron en cuenta sus solicitudes probatorias ni la medida de protecci\u00f3n previa dispuesta a su favor, la que tampoco respetan las autoridades de polic\u00eda. <\/p>\n
Destac\u00f3 que con la decisi\u00f3n atacada se le arrebat\u00f3 el primer piso de su vivienda, el cual cuenta con una bodega que daba en arrendamiento y de all\u00ed derivaba sus \u00fanicos ingresos para su subsistencia; que es objeto de constantes amenazas por parte de su expareja y sus familiares, sin que ninguna autoridad le proporcione el apoyo y protecci\u00f3n que demanda, m\u00e1xime cuando, a pesar de haber sido agredida por aqu\u00e9l, nunca se indaga sobre tales circunstancias. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Yopal indic\u00f3 que conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n que frente a la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda interpuso la quejosa \u00abhaciendo una serie de manifestaciones\u2026 sin solicitar ninguna prueba\u00bb; y que \u00ablo que se vislumbra de los hechos de la demanda de tutela, es un conflicto de car\u00e1cter econ\u00f3mico entre las partes, por la liquidaci\u00f3n de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Segunda de Familia de Yopal pidi\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n porque en todo momento ha garantizado a la accionante \u00absus derechos como mujer, \u2026nunca se le ha discriminado por raz\u00f3n a su g\u00e9nero como ella lo se\u00f1ala\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el ruego constitucional insatisfac\u00eda el presupuesto de la inmediatez; que \u00abexisten otros mecanismos judiciales de defensa y la tutela solo procede cuando se solicita como amparo a fin de evitar un perjuicio irremediable, no siendo este el caso[,] pues se encuentra pendiente el fallo de tramite incidental de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n\u00bb; que desde el pasado 3 de febrero concedi\u00f3 medida de protecci\u00f3n a la censora, conminando al adulto mayor Barrag\u00e1n Siachoque a evitar cualquier \u00abacto de agresi\u00f3n f\u00edsica verbal o psicolog\u00eda en [su] contra\u00bb; que todo el tiempo inform\u00f3 a los intervinientes que \u00abcarece de competencia para establecer y dictaminar la legalidad o no de los actos jur\u00eddicos de separaci\u00f3n de bienes y cuerpos, liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial realizada\u2026 y la posterior enajenaci\u00f3n de los bienes de este\u2026, por eso siempre se les ha informado y solicitado iniciar las acciones judiciales correspondientes para el esclarecimiento de este asunto\u00bb; que tambi\u00e9n debe garantizar las condiciones habitacionales de aqu\u00e9l, como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional; y que \u00abno existe ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, pues la totalidad de las actuaciones se realizaron con apego al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Cediel Barrag\u00e1n Siachoque indic\u00f3 que el ruego tutelar \u00abdebe despacharse en forma desfavorable, ya que quien ha recibido el maltrato y la violaci\u00f3n, h[a] sido [\u00e9l], por su expareja y [su] hijo Felipe\u00bb; que es falso que haya enga\u00f1ado a la actora para irregularmente hacerse con el 50% del predio donde ella reside y que el m\u00f3vil de \u00e9sta es simplemente de orden econ\u00f3mico. <\/p>\n
En el mismo sentido se pronunci\u00f3 Javier Vicente Barrag\u00e1n Negro. <\/p>\n
4. Claudia Patricia Figueredo Pab\u00f3n tambi\u00e9n pidi\u00f3 denegar la salvaguarda, \u00abteniendo en cuenta que ac\u00e1 lo \u00fanico que se persigue es un inter\u00e9s econ\u00f3mico y\u2026 que con las resultas de esta acci\u00f3n no persig[ue] ning\u00fan beneficio particular ni concreto[,] por el contrario[,] [l]e han afectado\u2026 [su] tranquilidad y buen nombre\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar el tr\u00e1mite vinculando a Felipe Cediel Barrag\u00e1n Ortega, Claudia Patricia Figueredo Pab\u00f3n y Javier Vicente Barrag\u00e1n Negro, acorde con lo ordenado por esta Corte en auto del pasado 27 de septiembre (ATC1468-2021), deneg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abla accionante no indica la irregularidad procesal que conlleva la vulneraci\u00f3n de los derechos\u2026 que invoca\u00bb, comoquiera que aunque \u00abidentifica una serie de hechos que han generado la intervenci\u00f3n de la autoridad administrativa competente (Comisar\u00eda de Familia), puntualmente no deduce los hechos constitutivos de la transgresi\u00f3n por parte de la autoridad administrativa y judicial, adem\u00e1s, pretende la nulidad de lo actuado, pero en las pruebas que allega, no se evidencia que haya impetrado tal solicitud durante el desarrollo del proceso administrativo\u2026, es decir, que el vicio que invoca no fue alegado en la oportunidad debida\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la censora cit\u00f3 \u00abjurisprudencia respecto de la procedencia de la acci\u00f3n, incluso explic[\u00f3] en qu[\u00e9] consiste[n] los defectos f\u00e1cticos y sustantivos, pero tampoco rese\u00f1a como se configuran los mismos. Asimismo, no se evidencia la existencia de alg\u00fan perjuicio irremediable y grave que amerite la intervenci\u00f3n urgente del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora insistiendo en sus argumentos iniciales, enfatiz\u00f3 que la transferencia del 50% del predio en cuesti\u00f3n a favor de su expareja fue producto de las maniobras fraudulentas de parte de \u00e9ste y sus familiares, de la que ella fue v\u00edctima, sin que las autoridades acusadas se hayan ocupado de investigar de forma integral su caso, como les compet\u00eda, lo que tampoco ha hecho ning\u00fan otro ente estatal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, concluye la Corte que la impugnaci\u00f3n propuesta carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el resguardo incoado estaba llamado al fracaso, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo que tiene que ver con la omisi\u00f3n de decretar y practicar las pruebas que supuestamente pidi\u00f3 la censora, su ruego no se abre paso al insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que dej\u00f3 de hacer uso del mecanismo ordinario de defensa que tuvo a su alcance para controvertir ante la Comisar\u00eda acusada las decisiones adoptadas en diligencia del pasado 18 de mayo en torno al decreto probatorio y el cierre de dicha etapa, ante las cuales guard\u00f3 sepulcral silencio. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones administrativas y judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo cual significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.2. De otro lado, no lucen arbitrarias las consideraciones consignadas en la decisi\u00f3n de 16 de julio de 2021, por medio de la cual el Juzgado acusado confirm\u00f3 la adoptada el 18 de mayo anterior por la Comisar\u00eda convocada, respecto a ordenar a la inconforme permitir el ingreso de su expareja al predio del que son copropietarios. <\/p>\n
En efecto, en dicho pronunciamiento, tras relacionar los antecedentes del caso y efectuar algunas referencias normativas, categ\u00f3ricamente se concluy\u00f3: <\/p>\n
\u2026se observa que la Comisar\u00eda\u2026 impuso medida de protecci\u00f3n conminando y sancionando a Mar\u00eda Celita\u2026, por haberse demostrado que exist\u00edan agresiones verbales y psicol\u00f3gicas contra el quejoso, as\u00ed como el impedimento de este para ingresar a su casa, la cual, seg\u00fan el expediente[,] tiene en com\u00fan y proindiviso, y como lo se\u00f1al\u00f3 la funcionaria administrativa de primera instancia, no hay prueba sumaria que demuestre que el querellado (sic) reviste peligro peligro para sus habitantes, m\u00e1xime cuando se trata de una persona de 89 a\u00f1os que requiere del cuidado y protecci\u00f3n tanto del Estado como de su n\u00facleo familiar, por ser un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 ni siquiera trasciende a una diferencia de criterio, en tanto que lo pretendido es enmendar el advertido descuido probatorio en que incurri\u00f3, comoquiera que, ciertamente, como lo concluyeron la Comisar\u00eda y el Juzgado convocados, no hubo demostraci\u00f3n de situaci\u00f3n alguna que implicara la adopci\u00f3n de decisi\u00f3n diferente por parte de esas autoridades, pues ninguna de las alegaciones que aqu\u00ed formul\u00f3 -incluidas las relacionadas con los supuestos actos de discriminaci\u00f3n de que ha sido objeto por sus condiciones econ\u00f3mica y de mujer- las sustent\u00f3 ni acredit\u00f3 en el tr\u00e1mite fustigado; de donde las deducciones de aquellas autoridades no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico\u2026 y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Finalmente, si la inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades convocadas, los intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado o, incluso, su expareja y los familiares de \u00e9sta, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, como parece entenderlo, as\u00ed como las acciones de car\u00e1cter civil para controvertir lo referente al contenido de los instrumentos p\u00fablicos que dice haber suscrito bajo enga\u00f1os; a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En torno a ello, de vieja data tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si\u2026 estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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