STC15444-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15444-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00588-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 20 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Construcciones Buend\u00eda y L\u00f3pez S.A.S. contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte y la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Armenia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 el amparo de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar la nulidad de todo lo actuado y se ordene que no hay lugar a la condena por concepto de la culpa patronal\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda D\u00e9bora Giraldo de Herrera promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Construcciones Buend\u00eda y L\u00f3pez C\u00eda. Ltda. y solidariamente contra Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez y Diana Patricia L\u00f3pez Villamayor, para que se reconociera la existencia de una relaci\u00f3n laboral entre su difunto hijo, Luis Orlando Herrera Giraldo (q.e.p.d.), y la sociedad convocada entre el 1\u00b0 de julio y el 20 de noviembre de 2012, al tiempo que se declarara que dicho v\u00ednculo termin\u00f3 por la muerte del trabajador en un accidente de trabajo, ocasionado por la culpa del empleador, debido a que no adopt\u00f3 las medidas de seguridad suficientes y no sigui\u00f3 las normas m\u00ednimas de salud ocupacional, por lo que pidi\u00f3 se condenara al pago de perjuicios morales y materiales, as\u00ed como el reajuste del salario en un monto igual al m\u00ednimo legal, el salario del \u00faltimo mes, subsidio de transporte, indemnizaci\u00f3n moratoria, compensaci\u00f3n de las vacaciones, primas de servicios, cesant\u00eda e intereses sobre la misma, aportes al sistema de salud y pensiones e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, que el 1\u00b0 de octubre de 2015 neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n remitida en grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
2.3. El 29 de junio de 2017, la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal de Armenia, revoc\u00f3 el fallo y, en su lugar, declar\u00f3 la existencia del contrato de trabajo entre Luis Orlando Herrera Giraldo (q.e.p.d.) y Construcciones Buend\u00eda y L\u00f3pez C\u00eda. Ltda., al tiempo que conden\u00f3 a dicha sociedad a pagarle a la demandante cesant\u00edas, intereses sobre las mismas, primas de servicio, compensaci\u00f3n de vacaciones, devoluci\u00f3n de aportes a pensi\u00f3n e indemnizaci\u00f3n moratoria hasta por 24 meses, surtidos los cuales se pagar\u00edan intereses moratorios sobre las sumas adeudadas, as\u00ed como al pago de perjuicios morales causados en una suma igual a 100 smmlv; decisi\u00f3n que ambas partes recurrieron en casaci\u00f3n y esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 el fallo del a quem. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis de las decisiones referidas a espacio, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, habida cuenta que fue condenada al pago de perjuicios morales por la presunta omisi\u00f3n a las medidas de prevenci\u00f3n e incumplimiento de las normas de salud ocupacional y omisi\u00f3n en el acatamiento de las advertencias dadas pro la ARL, sin embargo, el causante era Coordinador del programa de salud ocupacional y dentro de sus funciones estaba el panorama de factores de riesgo ocupacional de la empresa, circunstancia que no fue atendida por los falladores encausados. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que no discute la relaci\u00f3n laboral, sino lo referente a la culpa patronal, toda vez que \u00abse desconoci\u00f3 la diligencia y cuidado que tuvo la Constructora, al contratar precisamente al causante para que cumpliera a cabalidad con la seguridad en el trabajo del personal a cargo y \u201cel primero que infringi\u00f3 las normas fue el que estaba a cargo de velar por ellas\u201d. Lo que fue desconocido por los Magistrados\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la responsabilidad existente en la gesti\u00f3n del sistema de riesgo era de manera exclusiva del occiso, pues su contrataci\u00f3n se dio con el fin de que fuera \u00abla persona encargada del manejo de la seguridad de la obra con respecto al recurso humano, es decir, era \u00e9ste quien deb\u00eda acatar y dar cumplimiento a todas y cada una de las medidas de seguridad, para evitar alg\u00fan accidente al interior de la obra\u00bb, raz\u00f3n por la que no comparte la condena que le fuera impuesta como responsable directa del accidente del fallecido. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que se interpret\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como el 63 del C\u00f3digo Civil, relativo a la culpa patronal y la culpa leve. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n criticada, refiriendo que all\u00ed est\u00e1n consignadas las razones por las cuales no cas\u00f3 el fallo recurrido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Norberto Andr\u00e9s Arias Mora, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Mar\u00eda D\u00e9bora Giraldo de Herrera, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que las determinaciones del Tribunal y de la Corte no lucen arbitrarias, pues concluyeron de las pruebas que entre Luis Orlando Herrera Giraldo (q.e.p.d.) y Construcciones Buend\u00eda y L\u00f3pez S.A.S. existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral, de ah\u00ed que era procedente acceder a las peticiones de la demandante. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora, sin manifestar el motivo de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente asunto la sociedad promotora pretende se declare que la decisi\u00f3n proferida el 25 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, que no cas\u00f3 el fallo emitido el 29 de junio de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Armenia, vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado y, en consecuencia, pide se ordene a la accionada realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria a fin de determinar que la responsabilidad del accidente de trabajo que termin\u00f3 con el fallecimiento de Luis Orlando Herrera Giraldo (q.e.p.d.) fue culpa de aqu\u00e9l, pues por el cargo que desempe\u00f1aba conoc\u00eda las medidas de seguridad y los riesgos laborales. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
\u2026la Corte considera prudente advertir que, como lo dedujo el Tribunal y no lo controvierte la censura, el examen de este tipo de controversias est\u00e1 mediado por el principio de la primac\u00eda de la realidad sobre las formalidades y que, en ese sentido, las convenciones formales suscritas por las partes no pueden tener el alcance de pruebas definitivas de la naturaleza jur\u00eddica del v\u00ednculo pues, por el contrario, deben ser sopesadas y enfrentadas con las particularidades y realidades de la relaci\u00f3n, en punto a determinar si el trabajador estaba sometido a subordinaci\u00f3n y dependencia, pese a que formalmente no era eso lo convenido. (CSJ SL2879-2019, CSJ SL2885-2019, CSJ SL4143-2019, CSJ SL825-2020 y CSJ SL1017-2020, entre muchas otras). <\/p>\n
La Corte debe recordar tambi\u00e9n que, en el marco de ese ejercicio discursivo, el trabajador tiene una evidente ventaja probatoria establecida en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con el cual, demostrada la prestaci\u00f3n personal del servicio, debe presumirse la existencia del contrato de trabajo, siendo carga de la demandada derruir esa presunci\u00f3n con los medios probatorios pertinentes y centr\u00e1ndose, se repite, en las realidades de la vinculaci\u00f3n, m\u00e1s que en sus convenciones formales, que en este escenario pierden su validez y obligatoriedad. Esta sala de la Corte ha se\u00f1alado, en ese sentido, que al declararse la existencia de una relaci\u00f3n de naturaleza laboral \u00ab[\u2026] y no de prestaci\u00f3n de servicios, cualquier pacto realizado por las mismas en sentido contrario, sin hesitaci\u00f3n ninguna, no produce efecto alguno, aun, se insiste, as\u00ed se haya efectuado con el avenimiento expreso del trabajador [\u2026]\u00bb (CSJ SL4537-2019). <\/p>\n
Teniendo presentes las anteriores pautas, de la revisi\u00f3n de las premisas f\u00e1cticas de la decisi\u00f3n del Tribunal, en correspondencia con la informaci\u00f3n que se deriva de las pruebas calificadas en las que se fundamenta el cargo, la Corte encuentra lo siguiente: <\/p>\n
i) Pruebas relacionadas con la vinculaci\u00f3n del trabajador al sistema de seguridad social. <\/p>\n
Efectivamente, como lo reclama la censura, en los documentos obrantes a folios 27 a 35, emanados de la entidad \u00abaportes en l\u00ednea\u00bb, se puede ver que el se\u00f1or Luis Orlando Herrera Giraldo (q.e.p.d.) realiz\u00f3 sus aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales a trav\u00e9s de la Asociaci\u00f3n Adelante Colombia \u2013 Avanti Colombia -, entre los meses de marzo y noviembre de 2012. Es decir, que durante el tiempo del contrato de trabajo declarado por el Tribunal no estaba vinculado como trabajador dependiente de la demandada Construcciones Buend\u00eda L\u00f3pez y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
En igual sentido, del formulario \u00fanico de afiliaci\u00f3n a Coomeva EPS (f.\u00ba 41), se puede evidenciar que el trabajador fallecido se inscribi\u00f3 al sistema de salud como \u00abtrabajador independiente agremiado\u00bb. En el documento de folio 42, que se denomina \u00abcertificado de cobertura de trabajadores activos\u00bb y que fue emitido por Mapfre ARP, tambi\u00e9n se informa que el causante estaba afiliado a riesgos laborales por cuenta de la Asociaci\u00f3n Adelante Colombia y no como trabajador dependiente de la demandada. <\/p>\n
El informe de accidente de trabajo de folio 49 se\u00f1ala, en la forma reclamada por la censura, que el se\u00f1or Luis Orlando Herrera Giraldo (q.e.p.d.) \u00ab[\u2026] prestaba sus servicios como independiente y era supervisor de varias obras en construcci\u00f3n [\u2026]\u00bb Por su parte, el formato de concepto t\u00e9cnico de investigaci\u00f3n de accidente de trabajo (f.\u00ba 64), al margen de las causas del siniestro, a las que no se refiere la censura, indica que el fallecido estaba afiliado a \u00ab[\u2026] Avanti Colombia como trabajador independiente con el cargo de profesional en salud ocupacional [\u2026]\u00bb <\/p>\n
El documento de folios 52 a 55 contiene una petici\u00f3n dirigida por la Asociaci\u00f3n Adelante Colombia a Mapfre ARL, en la que solicita que se reconsidere la decisi\u00f3n de objetar el pago de las acreencias derivadas del accidente de trabajo y, para esos fines, aduce que el fallecido estaba afiliado a esa entidad como trabajador independiente, que prestaba sus servicios en una empresa de construcci\u00f3n, adem\u00e1s de que su labor como asociaci\u00f3n estaba encaminada a garantizar su vinculaci\u00f3n al sistema de riesgos laborales, como lo permite el Decreto 3615 de 2015. <\/p>\n
De todos los referidos medios de prueba, la Corte puede concluir que, efectivamente, el trabajador fallecido estaba vinculado al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, por su propia cuenta y como trabajador independiente, a trav\u00e9s de una asociaci\u00f3n. Asimismo, que los referidos medios de prueba y la informaci\u00f3n vertida en ellos no resultaron relevantes para el Tribunal, a la hora de determinar si, en el plano de la realidad, el causante prestaba sus servicios en condiciones de autonom\u00eda e independencia, en perspectiva de anular la presunci\u00f3n de existencia del contrato de trabajo. <\/p>\n
Sin embargo, para la Corte la afiliaci\u00f3n del trabajador al sistema de seguridad social demostraba que, en un plano formal, el trabajador ten\u00eda pactada su vinculaci\u00f3n como trabajador independiente, espec\u00edficamente ante el sistema de seguridad social, cuesti\u00f3n que, para ese momento, vale la pena advertir, ya estaba reglamentada en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. Esa misma realidad, adem\u00e1s, indicaba que la vinculaci\u00f3n con la demandada ten\u00eda la apariencia de una relaci\u00f3n civil de prestaci\u00f3n de servicios, pero no demostraba, de manera clara y definitiva, que el trabajador prestaba sus servicios en condiciones de autonom\u00eda e independencia, en el plano real, material y cotidiano de su vinculaci\u00f3n que, como se se\u00f1al\u00f3 en l\u00edneas anteriores, es lo que resulta definitivo y fue lo que extra\u00f1\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
En efecto, las partes involucradas en relaciones de trabajo de este tipo acuden a f\u00f3rmulas legales como la de suscribir contratos de prestaci\u00f3n de servicios, realizar la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social bajo la categor\u00eda de trabajador independiente y dejar registros expl\u00edcitos de pagos de honorarios y no salarios, entre otras cosas. Pese a ello, considera la Corte prudente insistir en este punto, m\u00e1s all\u00e1 de esas formalidades, lo importante es que en el plano real y material el trabajador ejerza una forma de trabajo aut\u00f3nomo o independiente, pues, de lo contrario, si se verifica que estaba sometido a subordinaci\u00f3n o dependencia, la relaci\u00f3n laboral saldr\u00e1 adelante, en virtud del tantas veces mencionado principio de primac\u00eda de la realidad sobre las formalidades. <\/p>\n
En ese sentido, para la Corte la afiliaci\u00f3n del trabajador fallecido al sistema de seguridad social como trabajador independiente, nada dice en torno a su relaci\u00f3n real y material para con el empleador, en el curso de su vinculaci\u00f3n, ni desvirt\u00faa las inferencias del Tribunal con arreglo a las cuales, en la materialidad, el fallecido prestaba un servicio cardinal dentro de la estructura de la empresa; vigilaba la salud y seguridad de los dem\u00e1s trabajadores, como coordinador SISO; representaba a la demandada frente a terceros; segu\u00eda instrucciones y un detallado cronograma de actividades; deb\u00eda cumplir personalmente su servicio en las instalaciones de la obra y, para ese efecto, utilizaba una oficina y otros instrumentos de protecci\u00f3n de propiedad de la constructora; adem\u00e1s de que, inclusive, ten\u00eda poder disciplinario sobre el resto del personal, que fue lo que soport\u00f3 su convencimiento de que en este caso las labores no fueron aut\u00f3nomas e independientes. <\/p>\n
ii) Otras pruebas relativas a la presunta autonom\u00eda e independencia del trabajador. <\/p>\n
En similares t\u00e9rminos a los anteriores, el Tribunal tampoco le dio relevancia al pago de la remuneraci\u00f3n al trabajador fallecido, bajo el r\u00f3tulo de honorarios (f.\u00ba 208 a 211), ni a la propuesta de servicios que, en su momento, present\u00f3 como profesional en salud ocupacional, higiene y seguridad industrial (f.\u00ba 235 a 237). <\/p>\n
No obstante, tampoco estos elementos desvirt\u00faan las premisas f\u00e1cticas de la decisi\u00f3n del Tribunal de conformidad con las cuales, en la materialidad, el trabajador prestaba un servicio a la demandada que resultaba cardinal para su estructura y su misi\u00f3n, adem\u00e1s de que lo hac\u00eda en condiciones alejadas de la autonom\u00eda e independencia, pues simplemente expresan la formalidad bajo la cual fue convenido el v\u00ednculo, pero no su desarrollo real. <\/p>\n
Con ello la Corte quiere advertir que el hecho de que las partes de la relaci\u00f3n laboral hubieran convenido una forma civil de prestaci\u00f3n de servicios y que, para esos fines, hubieran acudido a t\u00e9rminos, instituciones y convenciones como el pago de honorarios, no impide que en el transcurso real de la relaci\u00f3n el trabajador se vea sometido a instrucciones, dependencia y subordinaci\u00f3n y que, por esa v\u00eda, deba imponerse la realidad del contrato de trabajo, sobre las formas suscritas, que fue lo que sucedi\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
iii) Pruebas relativas al objeto social de la empresa y la existencia del cargo de coordinador de salud y seguridad. <\/p>\n
A partir del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Construcciones Buend\u00eda y L\u00f3pez y C\u00eda. Limitada (f.\u00ba 21 y 22), el censor aduce que las labores del trabajador fallecido eran ajenas al objeto social de la empresa, al ser \u00ab[\u2026] extra\u00f1as a las actividades normales de la construcci\u00f3n de obras civiles y la compraventa de inmuebles e involucran una formaci\u00f3n profesional especial que no es com\u00fan para otros trabajadores [\u2026]\u00bb <\/p>\n
Tal aserto lo relaciona con el listado de funciones correspondiente al coordinador de salud ocupacional (f.\u00ba 162); la certificaci\u00f3n laboral en la que se informa de la existencia de un contrato verbal de trabajo (f.\u00ba 51); el programa de salud ocupacional de la obra La Castellana (f.\u00ba 145 a 171); el cronograma de actividades de la construcci\u00f3n (f.\u00ba 160 y 180); el documento de constituci\u00f3n del comit\u00e9 paritario (f.\u00ba 139 a 142); el Acta 001 de dicho comit\u00e9 (f.\u00ba 143); una lista de asistencia a capacitaci\u00f3n del personal de la obra (f.\u00ba 204 a 206); y un control de asistencia a inducci\u00f3n de otros trabajadores (f.\u00ba 207) que, seg\u00fan su dicho, fueron indebidamente analizados por el Tribunal, pues de all\u00ed no se derivaba que el trabajador ocupara un cargo dentro de la estructura de la empresa, sino que simplemente cumpl\u00eda los servicios civiles independientes que oportunamente hab\u00eda ofrecido. <\/p>\n
En torno a este punto, para la Corte el Tribunal tampoco incurri\u00f3 en alg\u00fan error de hecho manifiesto. En primer lugar, el documento que obra a folio 51 dice efectivamente lo que se\u00f1al\u00f3 el ad quem, esto es, que el causante \u00ab[\u2026] labor\u00f3 para esta compa\u00f1\u00eda [la demandada] mediante contrato verbal de trabajo como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL [\u2026]\u00bb y no aclara, como lo afirma insistentemente la censura, que lo hiciera en condiciones de autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
En este punto, la censura parte de una visi\u00f3n extremadamente limitada y absurda de lo que constituye el objeto social de una empresa y del personal que se requiere para su eficaz y cabal desarrollo. Para este caso concreto, por ejemplo, la construcci\u00f3n de obras civiles e inmuebles destinados a vivienda, locales comerciales, apartamentos, etc., que era la labor social de la empresa seg\u00fan el certificado de folio 21, no puede entenderse circunscrita, en lo que ata\u00f1e a sus relaciones de personal, a los trabajadores dedicados exclusivamente a labores de ingenier\u00eda y construcci\u00f3n, a saber, ingenieros civiles, obreros, maestros de obra, etc., pues para ello existe toda otra serie de actividades esenciales y conexas para garantizar el desarrollo pleno de la labor, como, en este espec\u00edfico caso, servidores especializados en la garant\u00eda de la salud y seguridad en el trabajo. <\/p>\n
Tan ex\u00f3tico es el argumento del censor en este punto que, bajo su l\u00ednea de pensamiento, labores como la gerencia, facturaci\u00f3n, pago de n\u00f3mina, registro y control de personal y otras normales al desarrollo de cualquier empresa, ser\u00edan extra\u00f1as al objeto social y podr\u00edan ser deslaborizadas y desplazadas hacia terceros independientes. <\/p>\n
Contrario a lo que aduce el censor, en empresas dedicadas a la construcci\u00f3n de obras civiles, que tienen un nivel considerable de riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, es absolutamente indispensable contar con personal dedicado exclusiva e id\u00f3neamente a garantizar los programas de prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de los riesgos, como lo exige la ley en normas como las que tuvo en cuenta el Tribunal. Ello con independencia de las medidas de seguridad complementarias que prev\u00e9 la ley, a trav\u00e9s de las aseguradoras de riesgos laborales y cualquier otro mecanismo complementario y experto que decida mantener cualquier empresa sometida a estos riesgos. <\/p>\n
En este punto, el Convenio 167 y la Recomendaci\u00f3n 175 de la OIT, aprobados por la Ley 52 de 1993, establecen la obligaci\u00f3n para el empleador de adoptar medidas id\u00f3neas y permanentes de seguridad para sus trabajadores, entre otros, en el contexto de trabajo en alturas, a trav\u00e9s de la instalaci\u00f3n de planes, programas y dispositivos, adem\u00e1s de personal experto y \u00abcompetente\u00bb en la materia; el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo prev\u00e9 como una de sus obligaciones fundamentales \u00abProcurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protecci\u00f3n contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.\u00bb y el art\u00edculo 348 de la misma codificaci\u00f3n dispone que \u00abTodo empleador o empresa est\u00e1n obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores [\u2026]\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien con anterioridad, a partir del Decreto 6161 de 1984 y la Resoluci\u00f3n no. 1016 de 1989, era posible subcontratar con otras entidades los servicios de salud ocupacional, para la fecha de ocurrencia de los hechos, como tambi\u00e9n lo se\u00f1al\u00f3 el juzgador atacado, la Resoluci\u00f3n 1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protecci\u00f3n contra ca\u00eddas de trabajo en alturas, dispon\u00eda la obligatoriedad perentoria de mantener un coordinador de trabajo en alturas que, seg\u00fan la misma norma, deb\u00eda ser un \u00abTrabajador designado por el empleador\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, las pruebas calificadas en las que se fundamenta este aspecto de la acusaci\u00f3n dan cuenta de que, efectivamente, el trabajador fallecido se desempe\u00f1aba como coordinador de seguridad y salud en el trabajo o coordinador SISO, adem\u00e1s de que se encargaba del cuidado y protecci\u00f3n del personal de la obra; velaba por la protecci\u00f3n de los trabajadores contra los riesgos asociados a su labor; controlaba la instalaci\u00f3n y puesta en marcha de medidas preventivas y correctivas; y, en t\u00e9rminos generales, ejerc\u00eda control y sanci\u00f3n sobre los trabajadores en este \u00e1mbito, labores todas que corresponden l\u00f3gicamente a un servidor inmerso en el engranaje de la empresa y no a un prestador de servicios aut\u00f3nomos, como lo defiende la censura. <\/p>\n
Es decir que, contrario a lo aducido en el cargo, el trabajador fallecido no era un experto t\u00e9cnico, altamente especializado, que prestara un servicio de consultor\u00eda en temas de seguridad y salud, complementario a los programas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n a los que todo empleador est\u00e1 obligado legalmente, sino que era un servidor vital dentro de la estructura de la empresa, encargado de coordinar una de las labores m\u00e1s elementales, como la de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, controlar a los trabajadores y adoptar las acciones que resultaran inmediatas y pertinentes. <\/p>\n
Tampoco resultaba trascendente el hecho de que el trabajador visitara otras obras pues, adem\u00e1s de que ese supuesto no est\u00e1 suficientemente acreditado con las pruebas calificadas, en todo caso no derru\u00eda l\u00f3gicamente la premisa de que los servicios prestados eran subordinados y esenciales para el buen funcionamiento de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En esas condiciones, el Tribunal no incurri\u00f3 en error f\u00e1ctico alguno en este aspecto. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 las probanzas relativas a la ausencia de culpa patronal alegada por la sociedad promotora, consignando que: <\/p>\n
Por \u00faltimo, el censor sugiere someramente que en este caso el Tribunal tambi\u00e9n err\u00f3 al tener por demostrada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, pues, de acuerdo con el panorama de factores de riesgos (f.\u00ba 172 a 177) y el formato de investigaci\u00f3n de accidente de trabajo de Avanti Colombia (f.\u00ba 47 a 48A), el que ten\u00eda a cargo la seguridad del personal, incluy\u00e9ndose a s\u00ed mismo, era el trabajador fallecido, debido a su formaci\u00f3n y pericia en el ramo de la seguridad industrial. <\/p>\n
Frente a estos asertos, a la Corte le basta con reiterar que el empleador es el que legalmente tiene a su cargo la obligaci\u00f3n legal de adoptar medidas de seguridad y salud para sus trabajadores, de manera que no puede simplemente basarse en la presunta pericia de alguno de ellos para eludir su responsabilidad. <\/p>\n
Igualmente, en todo caso, el censor no controvierte las premisas esenciales de la decisi\u00f3n del Tribunal en este punto, referidas a que los riesgos del trabajo en alturas y, espec\u00edficamente de ca\u00eddas al vac\u00edo, hab\u00edan sido identificados por la ARL y por el mismo trabajador fallecido, quienes hab\u00edan recomendado la instalaci\u00f3n de medidas como barreras fijas, puntos de anclaje y l\u00edneas de vida, entre otras, con las que no contaba la construcci\u00f3n, y que tales sugerencias y pedimentos fueron desatendidos por la empresa. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es preciso recordar que el Tribunal advirti\u00f3 que, conforme a la jurisprudencia emanada de esta corporaci\u00f3n, no era procedente la compensaci\u00f3n de culpas, y que ese argumento no fue controvertido por el censor, adem\u00e1s de que, como tambi\u00e9n lo sugiri\u00f3 esa corporaci\u00f3n, delegar o tercerizar la protecci\u00f3n de los trabajadores de la obra y organizarla a trav\u00e9s de visitas apenas parciales y temporales representa una grave y reprochable desidia del empleador, que trasluce su responsabilidad en la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. <\/p>\n
Bajo esta realidad, la culpa patronal fundada en la omisi\u00f3n del empleador de adoptar medidas de seguridad para el trabajo en construcci\u00f3n y trabajo en alturas no logra ser derruida por la censura. <\/p>\n
Por todo lo expuesto, el Tribunal no incurri\u00f3 en los errores de hecho denunciados por la censura. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la actora fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada, valor\u00f3 las pruebas recaudadas, la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, y concluy\u00f3, de un lado, que exist\u00eda una relaci\u00f3n laboral entre el trabajador fallecido y dicha sociedad, pues pese a que convinieron una forma civil de prestaci\u00f3n de servicios, lo cierto es que dicha relaci\u00f3n laboral qued\u00f3 sometida a instrucciones, dependencia y subordinaci\u00f3n; y, por otra parte, porque contrario a lo alegado por la sociedad si existi\u00f3 culpa patronal, habida cuenta de que es el empleador quien legalmente debe adoptar medidas de seguridad y salud para sus trabajadores, sumado a que, los riesgos del trabajo en las altura y las ca\u00eddas libres hab\u00edan sido identificadas por la ARL y el trabajador fallecido, quienes hab\u00edan recomendado, entre otras, la instalaci\u00f3n de medidas como barreras fijas, puntos de anclaje y l\u00edneas de vidas, indicaciones que no fueron atendidas por la empresa. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15444-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15444-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00588-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 20 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59410","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59410"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59410\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}