STC15445-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15445-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04017-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Delia Pe\u00f1a de Ortiz contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Ibagu\u00e9, as\u00ed como la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD, la parte solicitante y dem\u00e1s intervinientes del proceso especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad, a la vida, a la salud, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al \u00abprincipio de confianza leg\u00edtima\u00bb y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021, dentro del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras despojadas que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas promovi\u00f3 en nombre de la se\u00f1ora Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia, en relaci\u00f3n a los predios denominados \u00abVilla Elisa 1, Olirco, Villa Elisa Vega Uno, Las Mesetas y El Esquinero\u00bb, todos ubicados en el municipio de Natagaima, Tolima, juicio en el que ella intervino en calidad de opositora. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abDEJAR SIN EFECTOS \u00fanica y exclusivamente los numerales 4\u00ba al 18\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia de \u00fanica instancia proferida por el honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 – Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso de Restituci\u00f3n de Tierras radicado bajo el numero 730013121 001 2018 00056 01,\u00bb para que en su lugar, se \u00abemit[a] un nuevo fallo (\u2026), [en el que se] restable[zcan] [sus] leg\u00edtimos y constitucionales derechos despojados\u00bb, en calidad de opositora. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que ante la UAEGRTD, la se\u00f1ora Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia, solicit\u00f3 que le fuera restituido, entre otros predios, el denominado \u00abEl Esquinero\u00bb, identificado con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 368-9656, 368-6228 y 368-6229, ubicado en el municipio de Natagaima, Tolima, mismo que le fue transferido \u00ablegamente mediante escritura p\u00fablica No. 162 de fecha 17 de agosto del a\u00f1o 2002, otorgada en la notar\u00eda de ese mismo municipio, por valor de $33\u2019400.000.oo\u00bb. <\/p>\n
Comenta que aun cuando desde el inicio del citado tr\u00e1mite present\u00f3 la respectiva oposici\u00f3n, aportando los medios de convicci\u00f3n \u00abdemostrativos de [su] buena fe exenta de culpa\u00bb, no obtuvo una decisi\u00f3n favorable, comoquiera que \u00abla URT siempre estuvo \u2018parcializada a favor de la presunta v\u00edctima\u2019, ante la presi\u00f3n insistente de la Procuradora Agraria adscrita a esa entidad, y el 29 de septiembre de 2021, el colegiado accionado emiti\u00f3 sentencia parcial a favor de [aqu\u00e9lla]\u00bb desestimando su r\u00e9plica, y por contera, negando el reconocimiento de la compensaci\u00f3n a la que tiene derecho y ordenando el desalojo de la heredad que \u00abadquiri[\u00f3] con buena fe exenta de culpa, sin ser miembro de grupos armados ilegales, ni utilizar violencia, ni aprovech\u00e1ndo[se] de las circunstancias personales y sociales de la vendedora\u00bb, el que, dice, pag\u00f3 con el trabajo de toda su vida y con un pr\u00e9stamo bancario, tal y como qued\u00f3 evidenciado con las pruebas que aport\u00f3, pero que fueron indebidamente valoradas, porque seg\u00fan el fallador, es determinante el hecho que se hubiera pagado por el bien inmueble un precio significativamente m\u00e1s bajo que el del mercado para el momento de celebraci\u00f3n del negocio, conclusi\u00f3n con la que no est\u00e1 de acuerdo, pues lo cierto es que en ning\u00fan momento se aprovech\u00f3 de la vendedora, a quien a trav\u00e9s de un intermediario, le hizo una propuesta y, est\u00e1, por voluntad propia, decidi\u00f3 aceptarla. <\/p>\n
Alega, adem\u00e1s, que, en un acto desigualitario, el Tribunal de Tierras convocado s\u00ed tuvo en cuenta la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or Luis Carlos Bonilla, pese a que su defensa se ciment\u00f3 en las \u00abmismas circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas (\u2026) que [ella] aleg[\u00f3] y prob[\u00f3] ante las instancias administrativas y judiciales\u00bb, razones todas las anteriores por la que considera que su reclamo merece ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 3 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la protecci\u00f3n inquirida, tras considerar que \u00ablas pruebas arrimadas por la aqu\u00ed accionante Delia Pe\u00f1a de Ortiz, que llevaron a determinar que las excepciones propuestas como basamento de su oposici\u00f3n, particularmente la buena fe exenta de culpa, no pod\u00eda tener prosperidad, por las razones que se expusieron en la parte considerativa de la decisi\u00f3n\u00bb, para lo cual, explic\u00f3 de manera expresa, que \u00aben el numeral 5.2.2 de la sentencia, se estableci\u00f3 con base en la prueba recaudada, la calidad de v\u00edctima de la reclamante Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia en el marco del conflicto armado, particularmente por amenazas y desplazamiento forzado en actos atribuido al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el numeral 5.3 se estableci\u00f3 que los hechos victimizantes \u2018constituyeron factores que fueron claramente determinantes para que Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia, tomara la decisi\u00f3n de vender los predios objeto de su reclamaci\u00f3n\u2019. En ese mismo numeral, se determin\u00f3 que la presunci\u00f3n de ausencia de consentimiento contemplada en el literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448\/11, ten\u00eda aplicabilidad cuando, adem\u00e1s de los factores de violencia generalizada o fen\u00f3menos de desplazamiento forzado, ocurridos en la \u00e9poca que se verific\u00f3 la venta de bienes por la v\u00edctima, \u00e9sta reflejara una evidente desproporci\u00f3n o asimetr\u00eda frente al precio promedio o real del bien, de lo cual resultaba beneficiado el comprador en detrimento de los derechos del vendedor, o dicho en otras palabras, el aprovechamiento que se pod\u00eda manifestar del estado de necesidad de la v\u00edctima, con la obtenci\u00f3n de ventajas excesivas para el comprador\u00bb. <\/p>\n
De este modo, se\u00f1al\u00f3, \u00abesa l\u00ednea, la Sala encontr\u00f3 que en el caso de la compra realizada por Luis Carlos Bonilla sobre 4 predios rurales, esta negociaci\u00f3n no comportaba una ventaja econ\u00f3mica desproporcionada para el aludido comprador, tomando como basamento el aval\u00fao catastral incrementado en un 50%, seg\u00fan la regla establecida para los procesos de ejecuci\u00f3n, en torno a lo cual se explic\u00f3, los motivos por los cuales se adoptaba dicho par\u00e1metro, por lo que no proced\u00eda la restituci\u00f3n, pues en s\u00edntesis, el precio pagado no se mostraba injusto, ni inequitativo\u00bb <\/p>\n
Por lo tanto, y bajo el mismo rasero, \u00abse analiz\u00f3 el negocio de compraventa ajustado por Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia con la aqu\u00ed accionante Delia Pe\u00f1a de Ortiz (No. 5.3.4.), producto de lo cual se concluy\u00f3, que en su caso, la prueba arrimada determinaba un ostensible desequilibrio en el precio en detrimento de los derechos de la vendedora, advirtiendo que el aval\u00fao catastral verificado, lo era solo sobre el predio de mayor extensi\u00f3n, sin tomar en cuenta las mejoras de dos locales y una construcci\u00f3n con folios de matr\u00edculas independientes, asociadas al mismo inmueble objeto de restituci\u00f3n, lo que podr\u00eda representar un mayor desfase, por lo que en su caso era aplicable la presunci\u00f3n de ausencia de consentimiento o de causa licita en el negocio jur\u00eddico realizado (literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448\/11), abr\u00eda paso a la restituci\u00f3n y llevaba a estudiar las excepciones planteadas por la se\u00f1ora Delia como respaldo de su oposici\u00f3n\u00bb, circunstancias que fueron reforzadas con lo narrado por el testigo que fungi\u00f3 como intermediario en la compraventa, se\u00f1or Nicolas P\u00e9rez, adem\u00e1s de tampoco haberse probado que el cr\u00e9dito al que aludi\u00f3 la opositora, tomado con el Banco Agrario en el a\u00f1o 2003, en efecto hubiere sido para comprar la heredad reclamada. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la buena fe exenta de culpa expuso, que la se\u00f1ora Delia Pe\u00f1a de Ortiz \u00abno cumpl\u00eda tal est\u00e1ndar, [porque aunque] (\u2026) no hab\u00eda duda de que la negociaci\u00f3n ejecutada por [aqu\u00e9lla] cumpli\u00f3 las formalidades legales\u00bb, lo cierto era que \u00abno cumpl\u00eda ese est\u00e1ndar especial, entre otras razones, porque no adelant\u00f3 indagaciones suficientes para conocer los motivos que hubiesen determinado a la vendedora a transferir el inmueble, pues seg\u00fan la versi\u00f3n de la opositora, se enter\u00f3 por conducto del intermediario Nicol\u00e1s P\u00e9rez, de que Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia se hab\u00eda ido del municipio por una situaci\u00f3n grave, pero no averigu\u00f3 cu\u00e1l fue la gravedad del asunto o la causa de su salida, lo cual, de haberlo conocido hubiera repercutido en la decisi\u00f3n de adquirir el bien, y de evitarse inconvenientes con los paramilitares, como en efecto le ocurri\u00f3. Y frente al precio, fue ante la insistencia del juez de la especialidad y la representante del Ministerio P\u00fablico, luego de evadir la respuesta, que finalmente la opositora admiti\u00f3 que no sab\u00eda si el inmueble costaba m\u00e1s de lo que pag\u00f3, lo que reflejaba, que no se interes\u00f3 por establecer si ese era el justo precio. Por lo analizado, se determin\u00f3 que no demostr\u00f3 buena fe exenta de culpa, y que, por lo tanto, no ten\u00eda derecho a la compensaci\u00f3n, pues as\u00ed lo tiene previsto la Ley 1448\/11\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, tanto la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos \u2013ANH, como el abogado de la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT, y ,la Directora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD, coincidieron en manifestar, aunque en escritos separados, que del escrito de tutela no se desprende alg\u00fan reproche del cual se pueda inferir alg\u00fan tipo de responsabilidad, ni por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de dichas entidades por los hechos descritos, m\u00e1xime cuando lo que se solicita puntualmente, es que se invalide la determinaci\u00f3n pronunciada por el Tribunal de Bogot\u00e1 \u2013 Sala civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, motivo por el cual solicitan su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
c. Finalmente, la Procuradora Judicial que interviniente en el juicio objeto de an\u00e1lisis, luego de hacer un breve resumen del acontecer procesal acaecido, puso de presente que \u00ab[l]o pretendido por la accionante en tutela es que [se] realice una valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas en el proceso que resulte favorable a sus intereses, sin que ello sea procedente\u00bb, sobre todo porque \u00abuna vez examinado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo especial, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, en raz\u00f3n a que tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela\u00bb, afirmaci\u00f3n que se corrobora, \u00absi se examina la decisi\u00f3n cuestionada en la que el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el numeral 5.3.4 denominado \u2018Negocio Jur\u00eddico celebrado con Delia Pe\u00f1a de Ortiz mediante EP # 162 de 17 de agosto de 2002, sobre el predio urbano\u2019 (p\u00e1g. 44 a 47) y en el 6. \u2018Oposici\u00f3n de Delia Pe\u00f1a de Ortiz\u2019 (p\u00e1g. 48 a 53), analiz\u00f3 el negocio celebrado entre la accionante en tutela y la v\u00edctima restituida y expuso las razones por las cuales consider\u00f3 que no deb\u00eda prosperar las excepciones propuestas por la se\u00f1ora Pe\u00f1a de Ortiz, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, hizo \u00e9nfasis, en que \u00abel presente caso no es similar a los citados por la accionante y que han sido desatados por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sede constitucional\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Delia Pe\u00f1a de Ortiz, resulta improcedente, pues la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con la providencia emitida el 29 de septiembre de los corrientes, por medio de la cual resolvi\u00f3, entre otros aspectos, \u00abDECLARAR impr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito plateadas por la opositora Delia Pe\u00f1a de Ortiz, frente a la solicitud de restituci\u00f3n del predio urbano denominado El Esquinero, atendiendo los motivos se\u00f1alados en la parte considerativa de esta providencia. Negar a Delia Pe\u00f1a de Ortiz, el derecho a la compensaci\u00f3n de que tratan los art\u00edculos 97 y 98 de la Ley 1448\/11\u00bb y, en consecuencia de ello, \u00abDECLARAR que Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 65\u2019787.285 y su n\u00facleo familiar (Lizeth Brigithe Laguna Guzm\u00e1n c.c. 1.014.281.244) al momento de los hechos victimizantes, tienen derecho a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material en los t\u00e9rminos de los art\u00edculo 3\u00b0, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, del predio urbano denominado El Esquinero, identificado con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 368-9656, 368-6228 y 368-6229 y de la forma como se describe en los informes ITP -ITG\u00bb, dentro del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras despojadas que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas – Direcci\u00f3n Territorial Tolima, promovi\u00f3 en nombre de la se\u00f1ora Delia Pe\u00f1a de Ortiz, en relaci\u00f3n al predio urbano denominado El Esquinero, ubicado en el municipio de Natagaima, Tolima, juicio en el que la aqu\u00ed accionante intervino en calidad de opositora, no incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo, en tanto que, adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no luce arbitraria, tras realizar una valoraci\u00f3n atendible de los medios de prueba incorporados en el citado juicio, observando las directrices fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016. <\/p>\n
Que a su turno, \u00ab[l]a jurisprudencia nacional identifica la buena fe \u2018con el actuar real, honesto, probo, correcto, apreciado objetivamente, o sea, \u2018con determinado est\u00e1ndar de usos sociales y buenas costumbres\u2019, no \u2018hace referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras fraudulentas, de enga\u00f1o, de reserva mental, astucia o viveza, en fin de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en la colectividad\u2019, es \u2018realidad actuante y no simple intenci\u00f3n de legalidad y carencia de legitimidad\u2019 y se equipara \u2018a la conducta de quien obra con esp\u00edritu de justicia y equidad al proceder razonable del comerciante honesto y cumplidor\u2019 (cas. civ. Sentencias de 23 de junio de 1958, LXXXVIII, 234; 20 de mayo de 1936; XLIII, 46 y ss., 2 de abril de 1941, LI, 172; 24 de marzo de 1954, LXXXVIII, 129; 3 de junio de 1954, LXXXVII, 767 y ss.)\u2019 (cas. civ. sentencia de 15 de julio de 2008, exp. 68001-3103-006-2002- 00196-01)\u2019 80. Se caracteriza por la conciencia de actuar en forma leal, sincera, transparente, inequ\u00edvoca y con la certeza de que sus actos est\u00e1n revestidos de absoluta legalidad, desmarcados de vicios o fraudes. Se refiere a la conducta con que se act\u00faa y se espera que as\u00ed lo hagan las dem\u00e1s personas\u00bb, tema respecto del cual, puso de presente el an\u00e1lisis efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C- 330 de 2016, en la que se estudi\u00f3 la buena fe simple y la exenta de culpa dentro del marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras, de la que cit\u00f3 los apartes pertinentes, para concluir que: <\/p>\n
\u00ab[n]o reviste duda de que la negociaci\u00f3n ejecutada entre Delia Pe\u00f1a de Ortiz como compradora y Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia como vendedora, a trav\u00e9s de poder otorgado a Nicol\u00e1s P\u00e9rez, sobre el predio denominado El esquinero, cumpli\u00f3 las formalidades legales, pues tal acto jur\u00eddico quedo vertido en la EP # 162 de 17 de agosto de 2002 de la Notaria \u00danica de Natagaima, fue debidamente registrada, la transferencia del bien provino de quien era legalmente su tradente, el precio por el cual se realiz\u00f3 la venta, fue cancelado en su totalidad por su compradora, y las personas que estuvieron vinculadas en la negociaci\u00f3n, se conoc\u00edan entre s\u00ed. <\/p>\n
Sin embargo, en lo que ata\u00f1e a la buena fe exenta de culpa como categor\u00eda especial exigida en la Ley 1448\/11 para acceder al beneficio de la compensaci\u00f3n, la Sala no encuentra que la opositora Delia Pe\u00f1a de Ortiz realmente haya actuado bajo los postulados que exige esa est\u00e1ndar de la buena fe, porque no adelant\u00f3 indagaciones suficientes para conocer los verdaderos motivos o las razones por los cuales, Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia hab\u00eda tomado la determinaci\u00f3n de vender el predio El Esquinero, basta traer a colaci\u00f3n su propia versi\u00f3n, en la cual se\u00f1al\u00f3 que si bien, no supo que Sandra Patricia hab\u00eda salido desplazada de Natagaima, Nicolas P\u00e9rez si le comento que ella se hab\u00eda ido del municipio por una situaci\u00f3n grave, no obstante, no fue m\u00e1s all\u00e1, para averiguar cu\u00e1l era la gravedad del asunto, o la verdadera causa de su salida, y que no era otra, que la persecuci\u00f3n de los paramilitares, hecho del cual ten\u00eda claro conocimiento el se\u00f1or P\u00e9rez. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo la opositora que haber comprado ese inmueble le trajo muchos problemas porque los paramilitares ten\u00edan el bien para \u201cvolarlo\u201d, al punto que le toco entregar 5 millones de pesos a esa estructura armada para que eso no ocurriera. De haber indagado, muy seguramente se habr\u00eda enterado de la persecuci\u00f3n de los paramilitares contra Sandra Patricia y sus bienes, lo cual hubiera repercutido en la decisi\u00f3n de adquirir el inmueble. <\/p>\n
La se\u00f1ora Pe\u00f1a de Ortiz, no investig\u00f3 del por qu\u00e9 Sandra Patricia Guzm\u00e1n Murcia hab\u00eda salido desplazada de Natagaima, ni tampoco averigu\u00f3 cuales eran los motivos para que vendiera, o lo hiciera a trav\u00e9s de una tercera persona mediante el otorgamiento de un poder. La verdad es que la se\u00f1ora Delia manifest\u00f3 no conocer la raz\u00f3n por la cual Sandra Patricia vend\u00eda el predio. Bien podr\u00eda decirse que la opositora confi\u00f3 en haber negociado con una persona conocida, que le ofreci\u00f3 el predio a un bajo costo dado el estado en que se hallaba, pero lo reprochable, es que no haya adelantado pesquisas suficientes para conocer los verdaderos motivos que llevaron a Sandra Patricia a vender el inmueble. <\/p>\n
En torno al precio cancelado por el bien, ante la insistencia del juez de la especialidad y la representante del Ministerio Publico para que la se\u00f1ora Delia manifestara si consideraba que el inmueble val\u00eda lo que pago por \u00e9ste, luego de evadir la respuesta, finalmente indic\u00f3 que no sab\u00eda si esa casa val\u00eda m\u00e1s o menos, lo que traduce, que no averigu\u00f3 si realmente ese era su justo valor. <\/p>\n
En ese orden de ideas, las excepciones denominadas \u201cBuena fe exenta de culpa\u201d y \u201cJusto t\u00edtulo del derecho\u201d tampoco pueden tener vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
4. Se extrae, entonces, que el motivo para que la Colegiatura accionada no catalogara como de buena fue cualificada o creadora de derechos, el actuar de la opositora a la restituci\u00f3n en la adquisici\u00f3n del bien, obedeci\u00f3 a que, o bien ten\u00eda pleno conocimiento de que el predio estaba ubicado en una regi\u00f3n en la que se present\u00f3 violencia generalizada, o por lo menos, ten\u00eda acceso a los medios para constatar o cuando menos inferir, con alto grado de certeza tal situaci\u00f3n, empero, para la Sala el entendimiento que se dio a esa exigencia de conducta, no atiende el querer para el cual fue establecida en la Ley de restituci\u00f3n de tierras, atinente a constatar un actuar del opositor en pro de verificar la regularidad de la situaci\u00f3n del bien, pues seg\u00fan consider\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016, pues la opositora no realiz\u00f3 el m\u00ednimo esfuerzo para establecer por qu\u00e9 la se\u00f1ora Guzm\u00e1n Murcia estaba vendiendo el predio i) a un precio mucho m\u00e1s bajo que el del mercado para el a\u00f1o 2003 y, a ii) trav\u00e9s de una tercera persona a quien le confiri\u00f3 poder para tal negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esta especial tem\u00e1tica, consider\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016, que <\/p>\n
\u00abla aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
En ese sentido (\u2026) la regulaci\u00f3n obedece a que el Legislador, al revisar las condiciones de violencia generalizada que se dieron en el marco del conflicto armado y que originaron el despojo, hall\u00f3 un sinn\u00famero de modos de dar apariencia de legalidad a los actos de usurpaci\u00f3n y despojo y, en consecuencia, previ\u00f3 medidas estrictas hacia los opositores, dirigidas a evitar una legalizaci\u00f3n basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jur\u00eddico de las v\u00edctimas; la corrupci\u00f3n, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y el formalismo del derecho, que favoreci\u00f3 a la parte m\u00e1s poderosa en el \u00e1mbito administrativo y judicial\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como m\u00e1s adelante se precis\u00f3 en ese fallo de constitucionalidad, <\/p>\n
\u00abla buena fe cualificada en estos procesos se orienta a (i) proteger a las v\u00edctimas de despojo para que no sean revictimizadas en su derecho a la restituci\u00f3n bajo el argumento de que el opositor actu\u00f3 de buena fe simple; (ii) que el opositor demuestre no solo la conciencia de haber actuado correctamente, sino tambi\u00e9n la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n, lo que conlleva a brindarles una protecci\u00f3n reconociendo en su favor el derecho a la compensaci\u00f3n\u00bb (negrilla de la Corte). <\/p>\n
5. De modo que la comprobaci\u00f3n de ese est\u00e1ndar de conducta calificado debe verse en un sentido que propenda por verificar que en la adquisici\u00f3n del bien objeto de restituci\u00f3n no hubo aprovechamiento por parte del opositor; de las condiciones de violencia que pudieron viciar el consentimiento jur\u00eddico de las v\u00edctimas; de actos de corrupci\u00f3n; o de un excesivo formalismo legal que le favoreci\u00f3 como parte poderosa en un \u00e1mbito administrativo o judicial, lo que en efecto acaeci\u00f3 en el juicio examinado. <\/p>\n
6. Corolario, si bien excepcionalmente se permite que por esta senda se corrijan yerros protuberantes y manifiestos cometidos por el sentenciador de instancia, dicha hip\u00f3tesis no es predicable en el caso bajo estudio, pues como qued\u00f3 visto, el entendimiento que expuso el Tribunal criticado dentro del juicio cuestionado, de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso las acusaciones del accionante, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible, o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que les sirvi\u00f3 al estrado judicial convocado de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
7. En la materia, reiteradamente se ha pregonado que, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC14693-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
8. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
9. Finalmente, y acerca de los fallos constitucionales recientemente emitidos por esta Corporaci\u00f3n y citados por la interesada, con el fin de que fueran aplicados al caso sub judice, basta con se\u00f1alar que las determinaciones all\u00ed adoptadas son interpartes, por lo que no tienen la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que aqu\u00ed se plantea, m\u00e1xime cuando, los contextos facticos son disimiles. <\/p>\n
10. Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15445-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC15445-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04017-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Delia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59411","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59411"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59411\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59411"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}