STC15447-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15447-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00916-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando V\u00e1squez contra Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, Mapfre Colombia S.A. y Colfondos S.A. Pensiones y Cesant\u00edas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, dignidad humana, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abfavorabilidad\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia sentencia SL520-2021\u00bb y, en consecuencia, se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n \u00abno casando la sentencia impugnada por v\u00eda de recurso extraordinario o en su defecto, que se ordene a la Corporaci\u00f3n accionada constituirse en sede de instancia y revoque la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Luis Fernando V\u00e1squez cotiz\u00f3 874,14 semanas a Colfondos S.A., de las cuales 25,14 corresponden al a\u00f1o anterior al estado de invalidez, esto es, el 8 de agosto de 2012. <\/p>\n
2.2. Mediante experticia, se dictamin\u00f3 que Luis Fernando sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 56,50%, por enfermedad com\u00fan, que se estructur\u00f3 el 8 de agosto de 2012. <\/p>\n
2.3. Con fundamento en lo anterior, el aquejado solicit\u00f3 a Colfondos S.A. el reconocimiento de pensi\u00f3n de invalidez, que fue negada, por no reunir el requisito de las 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los tres a\u00f1os anteriores a su invalidez, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
2.4. El peticionario formul\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Colfondos S.A., con la finalidad que le fuera reconocida la prenotada pensi\u00f3n de invalidez, juicio donde fue llamada en garant\u00eda a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., que fue negada con sentencia del 30 de marzo de 2016; determinaci\u00f3n revocada, en sede de alzada, el 18 de octubre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal de Medell\u00edn, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, ordenando el reconocimiento y pago pensional pretendido. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, se desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales respecto de las enfermedades degenerativas y cr\u00f3nicas, como la que \u00e9l padece; adem\u00e1s, porque realiz\u00f3 \u00abuna interpretaci\u00f3n del art. 39L100, mod. Ley 860 de 2003 (contabilizar la densidad de 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n para inv\u00e1lidos que tienen enfermedades degenerativas y cr\u00f3nicas) que contrar\u00eda los postulados m\u00ednimos de la razonabilidad jur\u00eddica al omitir la aplicaci\u00f3n de una regla definida por m\u00faltiples sentencias\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que la pensi\u00f3n de invalidez reclamada debe reconocerse conforme a las previsiones jurisprudenciales, pues \u00ab1) tiene una p\u00e9rdida de capacidad laboral de 56.50%; 2) ostenta una enfermedad degenerativa y cr\u00f3nica denominada \u201cTrastorno Depresivo Mayor Recurrente \u2013 Episodio Depresivo Severo \u2013 Clase III\u201d; 3) hab\u00eda conservado su capacidad laboral residual hasta el 8 de abril de 2013 al servicio de C.I. BLUIN LTDA; 4) tener m\u00e1s de 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de la \u00faltima cotizaci\u00f3n, 8\/4\/2013\u00bb; adem\u00e1s, se desconoci\u00f3 el principio de favorabilidad dispuesto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; que en cuanto al punto de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, atendiendo el precedente, hay un excepci\u00f3n a la regla general conforme a la cual la norma aplicable a este tipo de contingencias, es la vigente a la fecha en la que se estructura el estado de invalidez; que como la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez se produjo el 8 de agosto de 2012, esto es, fuera del periodo de gracia dispuesto en el precedente jurisprudencial (26 de diciembre de 2003 \u2013 26 de diciembre de 2006); que el promotor no aleg\u00f3 padecer una enfermedad cong\u00e9nita, degenerativa o cr\u00f3nica, por lo que tal situaci\u00f3n no fue objeto de an\u00e1lisis; remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Colfondos S.A. pidi\u00f3 denegar la salvaguarda, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; que no existi\u00f3 al momento del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, determinaci\u00f3n de enfermedad degenerativa, dado que no se constituy\u00f3 como desarrollo jurisprudencial posterior al caso concreto. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que el fallo criticado est\u00e1 sustentado con criterio razonable a partir de los hechos probados, la normativa aplicable y la jurisprudencia respecto de la pensi\u00f3n de invalidez y en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; destac\u00f3 que la simple discrepancia o desacuerdo de la decisi\u00f3n no habilita la interposici\u00f3n de la solicitud de amparo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, en el sentido de expresar que la sede judicial acusada desconoci\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conforme al cual el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez que reclam\u00f3, as\u00ed como el desconocimiento jurisprudencial respecto de las enfermedades cong\u00e9nitas, degenerativas o cr\u00f3nicas; destac\u00f3 que cumpli\u00f3 con m\u00e1s de 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os a la fecha en que dej\u00f3 de cotizar, esto es, el 8 de abril de 2013, contrario a lo indicado por el fallador, quien refiere que tal exigencia es dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto se advierte que la queja constitucional censura el fallo proferido el 16 de febrero de 2021 (SL520-2021), respecto de la interpretaci\u00f3n que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n.\u00b0 1 dispens\u00f3 al plexo normativo aplicable a la accionante para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, al estar probado que dicha invalidez se estructur\u00f3 el 8 de agosto de 2012, por lo que resultaba aplicables los art\u00edculos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, esto es, que el promotor deb\u00eda acreditar 50 semanas de cotizaci\u00f3n con anterioridad a tal estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, tras establecer que el problema jur\u00eddico consiste en la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que dispuso el Tribunal, pues consider\u00f3 que el promotor tiene derecho por cuanto estaba cotizando para cuando se estructur\u00f3 la invalidez y cotiz\u00f3 m\u00e1s de 26 semanas hasta mayo de 1998, estableci\u00f3 los puntos sobre los que no existe controversia, destacando que: <\/p>\n
\u2026no hay controversia alguna en torno a los siguientes supuestos f\u00e1cticos: i) que Luis Fernando V\u00e1squez se encuentra afiliado a Colfondos S.A.; ii) que fue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 56,50% de origen com\u00fan; iii) que la fecha de estructuraci\u00f3n de su estado de invalidez es el 8 de agosto de 2012, iv) que para la data de estructuraci\u00f3n de su invalidez era cotizante activo; vi) que para la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 no se encontraba aportando al sistema; vi) que durante su vida laboral cotiz\u00f3 un total de 874,14 semanas, de las cuales 25,14 corresponden al a\u00f1o anterior al estado de invalidez; y vii) que mediante comunicaci\u00f3n de fecha 21 de noviembre de 2013 Colfondos S.A. neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, por no reunir el requisito de las cincuenta (50) semanas de cotizaci\u00f3n en los tres a\u00f1os que anteceden a su invalidez, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 los precedentes aplicables al caso concreto (SL2358-2017) en punto a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, trat\u00e1ndose del tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 y la excepci\u00f3n a la regla para este tipo de asuntos, consignando que, en aquella providencia, se dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar reg\u00edmenes de transici\u00f3n. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los par\u00e1metros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios econ\u00f3micos, sociales y a\u00fan culturales, establecen requisitos m\u00e1s exigentes de acceso a las prestaciones, la justificaci\u00f3n de establecer un r\u00e9gimen de transici\u00f3n aparece l\u00f3gico para lograr un tr\u00e1nsito arm\u00f3nico y pac\u00edfico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la poblaci\u00f3n que ten\u00eda una expectativa leg\u00edtima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en \u00e9ste caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y econ\u00f3micamente el sistema de derechos prestacionales. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
D. Temporalidad de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 <\/p>\n
Como se recuerda la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicaci\u00f3n general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa leg\u00edtima, no con derecho adquirido, que goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, cual es, la satisfacci\u00f3n de las semanas m\u00ednimas que exige la reglamentaci\u00f3n derogada para acceder a la prestaci\u00f3n que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicaci\u00f3n, necesariamente, es restringida y temporal. <\/p>\n
Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposici\u00f3n de motivos de las Leyes 797 y 860 de 2003, brota espont\u00e1nea una primera conclusi\u00f3n: el legislador jam\u00e1s pretendi\u00f3 perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensi\u00f3n de invalidez, y si bien con la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina for\u00e1nea \u00abintertemporales\u00bb que se generan con personas que tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protecci\u00f3n de \u00ab\u201cderechos\u201d que no son derechos\u201d\u00bb, en contra posici\u00f3n de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, it\u00e9rese, tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, con el \u00fanico objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los \u00abniveles\u00bb de cotizaci\u00f3n que la normativa actual exige. <\/p>\n
Pero \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u00abzona de paso\u00bb entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 860 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n-50- y una vez verificada la contingencia invalidez de origen com\u00fan puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres a\u00f1os-, los \u00abderechos en curso de adquisici\u00f3n\u00bb, respet\u00e1ndose as\u00ed, para determinadas personas, las semanas m\u00ednimas establecidas en la Ley 100 de 1993, \u00abcon miras a la obtenci\u00f3n de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condici\u00f3n\u00bb, cual es, la invalidez. <\/p>\n
Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 860 de 2003 difiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 26 de diciembre de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la invalidez, bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Despu\u00e9s de all\u00ed no ser\u00eda viable su aplicaci\u00f3n, pues este principio no puede convertirse en un obst\u00e1culo de cambio normativo y de adecuaci\u00f3n de los preceptos a una realidad social y econ\u00f3mica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser din\u00e1mico, jam\u00e1s est\u00e1tico. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (26 de diciembre de 2003 \u2013 26 de diciembre de 2006), el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 contin\u00faa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las personas con expectativa leg\u00edtima, ulterior a ese d\u00eda opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. <\/p>\n
No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres a\u00f1os, a m\u00e1s de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes ten\u00edan dicha situaci\u00f3n concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo. <\/p>\n
Es inocultable que si las expectativas leg\u00edtimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ah\u00ed la raz\u00f3n de ser de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protecci\u00f3n a las expectativas leg\u00edtimas que a los derechos consolidados. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Desde la perspectiva anterior, si la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene cabida por v\u00eda de excepci\u00f3n y su aplicaci\u00f3n es restrictiva, no es dable emplearla con un car\u00e1cter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado <\/p>\n
Una reflexi\u00f3n insoslayable, la p\u00e9rdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% es un supuesto ineludible de la causaci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del \u00e1mbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y su permanencia ef\u00edmera. <\/p>\n
(Negrillas del texto original y subrayas de la Sala). <\/p>\n
Que, para el caso concreto: <\/p>\n
\u2026la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez del afiliado se produjo el 18 de agosto de 2012, es imperioso se\u00f1alar que para tal data no era viable aplicar el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa pues ya se hab\u00eda superado el periodo de gracia se\u00f1alado por la providencia antes citada (26 de diciembre de 2003 \u2013 26 de diciembre de 2006) de manera que el fallador de alzada incurri\u00f3 en el yerro jur\u00eddico endilgado al conceder la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Se afirma lo precedente pues si bien, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como excepci\u00f3n, se admite la aplicaci\u00f3n de la normatividad inmediatamente anterior, el afiliado debe cumplir los requisitos de aquella en el tiempo en que surti\u00f3 efectos y, adicionalmente, en tiempo anterior a la estructuraci\u00f3n de su invalidez, seg\u00fan las reglas de aplicaci\u00f3n que han sido ampliamente desarrolladas. <\/p>\n
Es as\u00ed que, aun cuando en efecto desde la sentencia CSJ SL 38674, 25 jul. 2012, la cual sirvi\u00f3 de sustento de la decisi\u00f3n del fallador de segunda instancia, se dej\u00f3 sentada por esta Corporaci\u00f3n la posibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio tantas veces referido en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la 860 de 2003, se advirti\u00f3 que ello era posible siempre que en la fecha de la estructuraci\u00f3n de la invalidez y en la de entrada en vigencia de la nueva norma, se cumplieran los requisitos de la disposici\u00f3n anterior. <\/p>\n
No puede pasarse por alto que, continuando con el camino de construcci\u00f3n sobre la materia, esta Sala a trav\u00e9s de la ya mencionada providencia CSJ SL2358-2017, fij\u00f3 un l\u00edmite temporal para la aplicaci\u00f3n de tal principio; criterio que se ha mantenido sin variaci\u00f3n, entre muchas otras, en las providencias CSJ SL2796-2020, CSJ SL3102-2020 y CSJ SL3055-2020, tras considerar que la limitaci\u00f3n temporal que se da a la aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se justifica respecto de quienes tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, la cual en efecto constituye una expectativa leg\u00edtima de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n en caso de la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, otorg\u00e1ndole al afiliado un periodo en el que pueda ajustar su expectativa a la nueva normativa, de manera eminentemente temporal, y as\u00ed evitar una barrera a la potestad de configuraci\u00f3n normativa del legislador en materia de seguridad social. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el actor fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada, valor\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, as\u00ed como la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que el promotor no pod\u00eda ser beneficiario de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, habida cuenta de que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez data de 8 de agosto de 2012, sin embargo, el periodo de gracia para la aplicaci\u00f3n de dicho principio es del 26 de diciembre de 2003 al 26 de diciembre de 2006, de ah\u00ed que, debe aplicarse la norma inmediatamente anterior, sin que el gestor cumpla con las 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los \u00faltimos tres a\u00f1os hasta la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez; entonces, no era procedente acceder al reconocimiento pensional reclamado; sumando a que, verificadas las probanzas, se destaca que lo relativo a los precedentes respecto de las enfermedades cong\u00e9nitas, degenerativas y cr\u00f3nicas no fue objeto de reparo ante los falladores de instancia. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15447-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15447-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00916-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59413","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59413\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}