STC15449-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15449-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 20 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo Torres P\u00e9rez contra la Superintendencia de Sociedades, Construcciones Civiles S.A. y Geominas S.A., a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 el amparo de sus derechos a la igualdad, salud, trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abCONCIVILES Y GEOMINAS integrantes del consorcio Amoya, inicie en 48 horas su reintegro laboral; al mismo cargo o a uno de mejor categor\u00eda y en las mismas condiciones que lo ven\u00eda cumpliendo y su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social integral\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidi\u00f3 \u00aborden[ar]\u2026 a Conciviles y a Geominas S.A. \u2026inici\u00e9 el pago de su salario m\u00ednimo y su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social integral mientras resuelve su reintegro\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 el promotor que el 1\u00b0 de diciembre de 2014 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, como juez ordinario, le orden\u00f3 a las sociedades querelladas \u00absu reintegro al cargo, as\u00ed como al pago de salarios, prestaciones sociales, aportes sociales, intereses de mora desde el 6 de mayo de 2011 hasta que se efectu\u00e9 dicho reintegro y el pago del valor de $2.352.944 pesos M\/cte, por concepto de pago de salarios dejados de efectuar y prestaciones sociales desde el 01 de agosto de 2009 hasta el 20 de noviembre de 2009\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que las empresas accionadas se negaron a cumplir el referido fallo y est\u00e1n en proceso de reorganizaci\u00f3n ante la Superintendencia de Sociedades; que inici\u00f3 juicio ejecutivo a continuaci\u00f3n del proceso ordinario, proceso que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006 suspendi\u00f3 las actuaciones remitiendo las actuaciones a la Superintendencia. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que tales sociedades le manifestaron que no pod\u00edan cumplir el fallo, porque \u00abde acuerdo al texto de reorganizaci\u00f3n, deb\u00eda esperar hasta el a\u00f1o 2021, situaci\u00f3n que no era cierta pues ya no ten\u00eda cr\u00e9ditos laborales por pagar desde el a\u00f1o 2015 en el caso de Conciviles y de Geominas desde el a\u00f1o 2017\u00bb y, respecto del reintegro al cargo, si bien tuvo llamado para ello, lo cierto es que \u00abpara las fechas\u2026 se encontraba en tratamiento para el dolor de regi\u00f3n columna lumboscara de varios d\u00edas de evoluci\u00f3n, con antecedes de discopat\u00eda lumbosacra-valorado por m\u00e9dico del trabajo quien da recomendaciones en su trabajo de higiene postural\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que una vez recibi\u00f3 el referido pago, pidi\u00f3 a la Superintendencia la continuaci\u00f3n de la audiencia de incumplimiento, pues el pago fue parcial, habida cuenta de que no incluy\u00f3 el pago de costas procesales, as\u00ed como tampoco una \u00absuma adicional por la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb, adem\u00e1s que debe ser reintegrado a su cargo; que ante dichas manifestaciones, los promotores de la Superintendencia refieren que el juez del concurso no es competente \u00abpara resolver sobre el reintegro, que tampoco se puede iniciar una acci\u00f3n ejecutiva a continuaci\u00f3n del ordinario con obligaci\u00f3n de hacer en lo que refiere al reintegro, ya que existe la prohibici\u00f3n de la Ley 1116 de 2006 de iniciar o continuar procesos ejecutivos, como tampoco se puede realizar un proceso ordinario laboral por el asunto, ya que existe la sentencia\u2026 que ya ordena el reintegro\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que est\u00e1 en debilidad manifiesta por sus afectaciones de salud, adem\u00e1s no cuenta con un m\u00ednimo vital para subsistir \u00abya que h[a] estado a la espera de su reintegro y posterior pago de salarios tal y como lo ordena la sentencia referenciada y la cual las accionadas no han querido cumplir\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Grupo de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades inform\u00f3 que Construcciones Civiles S.A. y Geominas S.A. hacen parte del Consorcio Hidroel\u00e9ctrica Amoya, sin embargo, cada uno tiene personer\u00eda jur\u00eddica distinta, por lo que la reorganizaci\u00f3n de las sociedades se adelanta de forma independiente. <\/p>\n
Respecto de Geominas S.A., se refiri\u00f3 a los hechos de la solicitud de amparo y relat\u00f3 las actuaciones surtidas en la reorganizaci\u00f3n; indic\u00f3 que el promotor no figura como acreedor reconocido, sin embargo, Construcciones Civiles S.A. s\u00ed qued\u00f3 reconocido como acreedor laboral contingente; que no es admisible reabrir etapas superadas para incluir al promotor, pues la etapa de objeciones al proyecto de clasificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos ya fue superada entre 2014 y 2015; que con auto n\u00b0 2016-407380 de 4 de agosto de 2016 orden\u00f3 incorporar en los procesos de reorganizaci\u00f3n de la empresas el proceso ejecutivo laboral del gestor; que el 28 de febrero de 2018 la sociedad le inform\u00f3 que la acreencia de Camilo Torres fue incluida como cr\u00e9dito contingente en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Conciviles S.A., adem\u00e1s que, dicha acreencia no fue incluida en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos por cuanto desconoc\u00eda de su existencia, sumado a que, el tutelante no objet\u00f3 dentro de la etapa procesal pertinente; que al no estar la acreencia del promotor reconocida, no puede declarar el incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n; que conforme a los art\u00edculos 6\u00b0 de la Ley 1116 de 2006 y 24 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez del concurso no es competente para ordenar el reintegro; que pese a que la acreencia no est\u00e1 reconocida requiri\u00f3 a Geominas para que en conjunto con Conciviles solucionen las controversias laborales del quejoso; que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas, pues ha adelantado las gestiones pertinentes ante las peticiones pretendidas; que con oficios n\u00b0 2021-049533 de 22 de febrero de 2021 inform\u00f3 que la acreencia laboral causada al promotor fue consecuencia de un fallo judicial donde conden\u00f3 al consorcio, por lo que cualquier sociedad que lo componga, puede efectuar el pago, tal como lo realiz\u00f3 Conciviles S.A.S., adem\u00e1s que, el consorcio intent\u00f3 cumplir con el reintegro, empero, ante lo infructuoso, liquid\u00f3 el contrato con el salario devengado a la fecha de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo, asimismo que, cualquier inconformidad con la obligaci\u00f3n debe efectuarse en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Construcciones Civiles S.A.S., destacando que el reintegro al cargo no es competencia del juez del concurso, por lo que debe someterse ante el juez laboral competente, consideraciones que le reiter\u00f3 con oficio n\u00b0 2021-01-093450 de 24 de marzo de 2021. <\/p>\n
En escrito separado, otorg\u00f3 respuesta respecto de Construcciones Civiles S.A. \u2013 Conciviles S.A., refiri\u00e9ndose a los hechos de la solicitud de amparo; indic\u00f3 que se atiene al contenido del fallo emitido en el a\u00f1o 2018, con radicaci\u00f3n n.\u00b0 2017-00180; que la sociedad pidi\u00f3 reforma al acuerdo de reorganizaci\u00f3n, que las obligaciones laborales contingentes, pueden ser exigibles a partir del 30 de septiembre de 2023, sin embargo, el 12 de agosto de 2021 la sociedad concursada le inform\u00f3 que realiz\u00f3 el pago al favor del accionante como consecuencia de un fallo judicial, as\u00ed como que intent\u00f3 el reintegro del trabajador, empero, aqu\u00e9l no acudi\u00f3, por lo que liquid\u00f3 el contrato; \u00absi la sociedad concursada decidi\u00f3 pagar de forma anticipada la obligaci\u00f3n laboral, y el accionante no est\u00e1 de acuerdo con el valor cancelado, solicitando a su vez la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito con base a una liquidaci\u00f3n, no corresponde al juez del concurso realizar la misma, y al existir un conflicto al respecto el Despacho no puede declarar con ello el incumplimiento del acuerdo. M\u00e1s aun, cuando las discrepancias se derivan de una indemnizaci\u00f3n por el no reintegro del se\u00f1or Camilo Torres, asunto sobre el cual el juez del concurso no tiene competencia para dirimir\u00bb; que el promotor est\u00e1 reconocido como acreedor contingente laboral, cuya acreencia se pagar\u00e1 en los mismos t\u00e9rminos de las acreencias fiscales; que ha dado respuesta a las peticiones de audiencia de incumplimiento. <\/p>\n
2. Geominas S.A. se pronunci\u00f3 sobre los hechos de la salvaguarda; indic\u00f3 que las obligaciones reclamadas ya fueron canceladas por Construcciones Civiles S.A., sumado a que el promotor no hizo parte del acuerdo de reorganizaci\u00f3n ni fue considerado como un acreedor dentro del acuerdo, por lo que no est\u00e1 graduada y calificada dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n de esa sociedad; que en el a\u00f1o 2020 Conciviles le pag\u00f3 al gestor alrededor de $70.000.000 conforme lo dispuso el Tribunal de Ibagu\u00e9 en el fallo de tutela de 2014, por lo que no puede pretender el mismo pago por Geominas; que Carlos Torres no acudi\u00f3 a ninguno de los llamados que le hicieran con el fin de concretar su reintegro; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por temeridad, pues a trav\u00e9s de una primera acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 Carlos Torres se neg\u00f3 por improcedente, decisi\u00f3n confirmada el 20 de abril de 2018 por el Tribunal. <\/p>\n
3. Construcciones Civiles S.A. \u2013 Conciviles S.A. indic\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de inmediatez, pues desde la orden dada por el Tribunal a la fecha, han transcurrido m\u00e1s de 7 a\u00f1os; que el promotor nunca ha estado interesado en el reintegro laboral, pues los pocos acercamientos que ha tenido han sido meramente con intereses econ\u00f3micos, sumado a que nunca dio a conocer su estado de salud, ni alleg\u00f3 incapacidades ni recomendaciones m\u00e9dicas, excus\u00e1ndose en que se le adeuda m\u00e1s dinero del que ya se le cancel\u00f3; anot\u00f3 que la solicitud de amparo es temeraria, habida cuenta de que por id\u00e9nticas pretensiones, hechos y partes el quejoso formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela; que tal como lo dicho el fallador constitucional, si tiene alg\u00fan reparo econ\u00f3mico puede acudir a la justicia ordinaria; que en 5 ocasiones requiri\u00f3 al gestor con el fin de intentar el reintegro, sin embargo, aqu\u00e9l no se present\u00f3 a laboral al cargo asignado, situaci\u00f3n que tuvo como justa causa para realizar la liquidaci\u00f3n del contrato; que en el a\u00f1o 2020 le pag\u00f3 a Torres P\u00e9rez cerca de $70.000.000. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que es una acci\u00f3n temeraria, habida cuenta de que con anterioridad el promotor formul\u00f3 una primigenia petici\u00f3n de amparo contra las mismas empresas y la Superintendencia de Sociedades, alegando los mismos hechos y como pretensiones cardinales pidi\u00f3 su reintegro al cargo que ven\u00eda ocupando en Geominas S.A. y Construcciones Civiles S.A., as\u00ed como su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social junto con el pago de los salarios y dem\u00e1s prestaciones sociales ordenadas en el proceso laboral; acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, autoridad que el 21 de febrero de 2018 neg\u00f3 lo pretendido, al considerar que el accionante cuenta con un escenario jur\u00eddico procesal especial, amplio y apropiado para debatir el cumplimiento del fallo del 1\u00b0 de diciembre de 2014 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, ya que para tales efectos existen las acciones judiciales ante la jurisdicci\u00f3n laboral o frente a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si la inconformidad se circunscribe a que Construcciones Civiles S.A. liquid\u00f3 de manera definitiva su contrato laboral sin reintegrarlo al cargo que desempe\u00f1aba, tal controversia debe dirimirse en otro escenario judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor manifestando que contrario a lo afirmado por el a quo constitucional la petici\u00f3n de amparo est\u00e1 dirigida \u00aba la conducta omisiva de las empresas empleadoras a cumplir con la orden impartida mediante los fallos de primera y segunda instancia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral bajo el radicado 73168310300120110014902 y el Tribunal Sala Laboral\u00bb, sumado a que, la petici\u00f3n de amparo no la dirigi\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades, autoridad que vincul\u00f3 el Juzgado inicial, para remitir las diligencias al Tribunal de Bogot\u00e1, de ah\u00ed que no exista identidad de hechos, pretensiones y partes con la inicial petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Que existen hechos nuevos, pues pretendi\u00f3 el reintegro ante la Superintendencia, autoridad que le indic\u00f3 que ello no era competencia del juez del concurso, pues es un asunto que debe dirimir ante el juez laboral. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el fallo impugnado insta a \u00abque las sentencias proferidas por los jueces o magistrados, pueden ser incumplidas o burladas de manera reiterativa, sin que haya consecuencias por tal incumplimiento, y que colocan la responsabilidad sobre el ciudadano afectado, envi\u00e1ndolo nuevamente a someterse a juicio que puede durar varios a\u00f1os, buscando lo que inicialmente ya le ha sido protegido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte, de los documentos obrantes en el expediente, que el amparo incoado est\u00e1 llamado al fracaso, imponi\u00e9ndose la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2.1. La inviabilidad del resguardo dimana por cuanto la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, de cara con el reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando y que dispuso el fallador laboral, esto, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 el quejoso frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestiona, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido el 20 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 (radicaci\u00f3n n\u00b0 2017-00180-02), que confirm\u00f3 lo denegatorio de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad el petente, entre otras cosas, frente al reintegro laboral relat\u00f3 y pretendi\u00f3: <\/p>\n
…instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Consorcio Hidroel\u00e9ctrica Amoya, la cual le correspondi\u00f3 por reparto en primera instancia al Juzgado Civil del Circuito de Chaparral y en segunda instancia a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, despachos judiciales que ordenaron su reintegro y el pago de todas las prestaciones sociales adeudadas desde el 6 de mayo de 2011 hasta la fecha en que ingresara nuevamente a su puesto de trabajo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Solicit\u00f3\u2026 reintegrarlo a un cargo de acuerdo a su estado de salud, sin desmejorar sus condiciones laborales, afiliarlo al sistema de seguridad social en salud y realizar el pago de las prestaciones adeudadas\u2026 <\/p>\n
Y ante esa contingencia, esa Corporaci\u00f3n, dict\u00f3 el fallo en comento, en el que, en lo que ac\u00e1 interesa, esto es, el reintegro al cargo, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Respecto a la orden de reintegro se halla acreditado que la Sociedad Construcciones Civiles .S.A. -Conciviles S.A. ha adelantado gestiones tendientes a reubicar al accionante, ellas son: Correo electr\u00f3nico enviado por el \u00c1rea de Gesti\u00f3n Humana, el cual da cuenta de la imposibilidad de comunicarse con aqu\u00e9l; comunicados 01GH1800004, 180000008, 18000148 y 01 DJUR18000175 dirigidos al se\u00f1or Torres P\u00e9rez, en los cuales se le informa \u201cque Construcciones Civiles S.A. -Conciviles S.A. como miembro del Consorcio Hidroel\u00e9ctrica de Amoy\u00e1 2006 que es el \u00fanico responsable de su contrato de trabajo, ha dispuesto que su reintegro se haga efectivo a partir del d\u00eda 16 de enero de 2018 o la fecha en que ciertamente se materialice el mismo, en el cargo de oficios varios en horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y s\u00e1bados de 7 a.m. a 10 a.m. con una asignaci\u00f3n mensual de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos m\/c en la ciudad de Cali, en la direcci\u00f3n: Calle 64N n\u00b0 5B-146 Oficina 407C\u201d <\/p>\n
El actor dio respuesta al requerimiento\u2026 en la cual expres\u00f3 su voluntad de trasladarse hasta la ciudad de Cali, siempre y cuando la citada empresa le cancelara los gastos de\u2026 alimentaci\u00f3n, transporte y deudas que ha adquirido para su manutenci\u00f3n y el de su familia. <\/p>\n
La referida empresa indic\u00f3 que el tutelante les ha manifestado que no le interesa reintegrarse a un lugar distinto a Chaparral, circunstancia que hace imposible la vinculaci\u00f3n de aqu\u00e9l, en raz\u00f3n a que el Consorcio Hidroel\u00e9ctrica Amoy\u00e1 2006 culmin\u00f3 sus labores en abril de 2014, no encontrando proyectos pendientes por desarrollar en esa zona, ni obras de ejecuci\u00f3n que requiera la vinculaci\u00f3n de personal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que el accionante ha tenido la posibilidad de reintegro, distinto es que no lo haya aceptado porque no se ajusta a sus exigencias, por lo que no se puede afirmar que no haya contado con una fuente que le pudiera generar ingresos para la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas y por ello se considera que no existe vulneraci\u00f3n a su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Ala vez, debe se\u00f1alarse que el reintegro ya fue ordenado en fallo del 1\u00b0 de diciembre de 2014 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, infiri\u00e9ndose que la tutela no es viable para hacer efectivo el cumplimiento de esta providencia, m\u00e1xime que existen acciones judiciales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral para ese fin. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en un caso similar estableci\u00f3: \u201cuna vez proferida la orden de reintegro contra una entidad, \u00e9sta no se puede, aduciendo encontrarse en proceso de liquidaci\u00f3n, sustraerse al cumplimiento de la misma mediante la simple expedici\u00f3n de un acto administrativo que declare su imposibilidad para cumplirla. Debe, entonces, iniciar proceso ordinario ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral para que sea \u00e9sta quien defina sobre el reintegro\u2026 atendiendo las actuales circunstancias en que se encuentra la entidad\u2026 (sentencia T-216 del 17 de abril de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud del gestor, sin que sea de recibo las alegadas tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, pues de cara a la solicitud de reintegro, si bien pretendi\u00f3 tal reintegro a la Superintendencia, lo cierto es que lo concluido en ese entonces por el Tribunal, era acudir a juez ordinario y no al concursal. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el juez del concurso no se ha pronunciado respecto del supuesto incumplimiento del acuerdo, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15449-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15449-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02230-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 20 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59414","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59414"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59414\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}