STC15452-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15452-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03993-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Hilda Esperanza Poveda, Vilma Enidt Lozano Tovar, Carlos Andr\u00e9s Batanero Lozano, Yeimy Sirley Usme Lozano y Viviana Gisela Usme Lozano contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, los accionantes reclaman la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas en la acci\u00f3n constitucional por ellos iniciada frente al Juzgado Primero Civil Municipal de Chiquinquir\u00e1, radicada bajo el N\u00b0 2021-00091-00. <\/p>\n
Solicitan, concretamente, \u00abREVOCAR, la sentencia No. 110 de fecha 15 de octubre del a\u00f1o 2021 emitida por el Tribunal Superior del Distrito de Tunja Sala Civil Familia [y, e]n consecuencia de las inconsistencias CONCEDER las pretensiones manifiestas en el escrito de la tutela radicada en contra del Juzgado Primero Civil Municipal de Chiquinquir\u00e1, en raz\u00f3n de las vulneraciones manifiestas\u00bb. <\/p>\n
2. Del ambiguo escrito introductor y lo adosado al expediente digital se extrae, que los peticionarios incoaron el preanotado resguardo constitucional, pretendiendo que se revocaran los prove\u00eddos emitidos en el juicio divisorio \u00abcon radicado 2020-0165 los d\u00edas 22 de octubre de 2020, 15 de febrero y, 2 de agosto de 2021, para en su lugar dictar auto que decrete la divisi\u00f3n del inmueble, dictar sentencia determinando la partici\u00f3n y ordenar el registro del fallo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Chiquinquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Dicho asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1, quien emiti\u00f3 sentencia el 23 de septiembre pasado denegando la salvaguarda exigida, por desconocer los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, y adem\u00e1s, al no encontrar irregularidad en el hecho de decretarse pruebas de oficio, toda vez que \u00ablejos de vulnerar derechos, los garantizan. Se resalta que, conforme al numeral 3 del art\u00edculo 42 del CGP, es deber del funcionario judicial emplear los poderes concedidos en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes, m\u00e1xime cuando el funcionario advierte, como en el presente asunto, la posible afectaci\u00f3n de terceros\u00bb. <\/p>\n
Impugnada esa determinaci\u00f3n, el Tribunal censurado la ratific\u00f3 en fallo de 15 de octubre siguiente, porque, tras la revisi\u00f3n del pleito divisorio all\u00ed criticado, hall\u00f3 el incumplimiento de la exigencia de residualidad; adem\u00e1s, expuso que \u00abel juez no es un Notario de lo que dicen o manifiestan los se\u00f1ores apoderados actuantes. No es un simple refrendador. El juez, no obstante, los acuerdos que expresen las partes, est\u00e1 llamado a cumplir una labor de verificaci\u00f3n. Es esta la funci\u00f3n que desarrolla, dentro de los poderes y deberes, como director del despacho y del proceso, dadas las inconsistencias que encuentra en relaci\u00f3n a la autorizaci\u00f3n aportada por los partes respecto de la viabilidad para subdividir el bien objeto de divisi\u00f3n material. El juez, no tiene funciones catastrales. Por lo que es la entidad especializada, con el conocimiento t\u00e9cnico suficiente, y la responsabilidad que implica el manejo catastral, la llamada a absolver las consultas sobre los que el funcionario de conocimiento encuentre duda. Es absolutamente razonable el proceder del juez. En el auto de fecha 2 de agosto del a\u00f1o en curso, lo que hace es ordenar se est\u00e9 y cumpla lo dispuesto en providencia del 21 de junio de 2021, explicando las razones y dando respuesta a las peticiones del apoderado\u00bb. <\/p>\n
Los tutelantes reprochan la gesti\u00f3n descrita, toda vez que, en s\u00edntesis, estiman que el Colegiado querellado incurri\u00f3 en \u00abfraude legal\u00bb, al determinar que obraban de \u00abmala fe (\u2026), proliferando tr\u00e1mites\u00bb y que propusieron el amparo rese\u00f1ado para \u00abretraer etapas precluidas\u00bb, pues, aseguran, esa autoridad no contaba con ninguna prueba para realizar tales inferencias, as\u00ed como tampoco para exonerar al juzgador inicialmente accionado, irregularidades que, se\u00f1alan, son trascendentales si se tiene en cuenta que el Tribunal incurri\u00f3 en \u00abdefectos f\u00e1cticos y sustantivos\u00bb, sustray\u00e9ndose, asimismo, de efectuar una argumentaci\u00f3n jur\u00eddica \u00absuficiente\u00bb para pronunciarse en los t\u00e9rminos citados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 8 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1 sostuvo la improcedencia del amparo incoado al erigirse frente a otro de igual linaje, adem\u00e1s, por cuanto \u00ablo atacado por los actores nuevamente prolifera en los tr\u00e1mites de instancia ordinaria en desmedro de los principios de seguridad jur\u00eddica e inmediatez de la acci\u00f3n de tutela, se itera, la tutela no es un mecanismo para revivir t\u00e9rminos o suplirlos mecanismos judiciales ordinarios establecidos para el efecto, o una herramienta dispuesta para sustituir las decisiones judiciales ante el inconformismo de quien no las comparte\u00bb. <\/p>\n
b. El Tribunal Superior de Cundinamarca advirti\u00f3 el fracaso de la acci\u00f3n propuesta, por cuanto \u00abel se\u00f1or apoderado accionante, no conforme con las m\u00faltiples actuaciones surtidas en v\u00eda ordinaria, acudi\u00f3 en acci\u00f3n de tutela porque las decisiones no est\u00e1n acordes con su inter\u00e9s y ahora al no serle atendido en forma favorable su petici\u00f3n de amparo, acude en acci\u00f3n constitucional en contra del fallo de tutela, haciendo interminable el agotamiento y cierre de los asuntos litigados con lo que desconoce los art. 14, 95.1 y 95.7 de la C.P.\u00bb A\u00f1adi\u00f3 que dicho abogado ha actuado de manera similar en otras ocasiones, \u00abgenerando un desgaste a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, tal como ocurri\u00f3 con la tutela N\u00b0 2021-03864-00 donde se reproch\u00f3 lo decidido en un pleito distinto al aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
c. La Secretar\u00eda de Gobierno y Convivencia Ciudadana del Municipio de Chiquinquir\u00e1 expuso su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, por cuanto no solo no le constan los hechos alegados por los tutelantes, sino que tampoco ha lesionado las garant\u00edas de \u00e9stos; adem\u00e1s, agreg\u00f3 que este auxilio \u00abno es el mecanismo id\u00f3neo para desatar el litigio pues no se ha dictado sentencia definitiva del proceso divisorio en menci\u00f3n as\u00ed mismo una vez se dicte el fallo tiene derecho a interponer los recursos de ley, igualmente los supuestos da\u00f1os no son atribuibles al municipio de Chiquinquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. Auscultado el escrito introductor, de entrada, se establece el fracaso del auxilio propuesto, toda vez que la queja se dirige frente a los fallos emitidos en la salvaguarda otrora presentada por los accionantes contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Chiquinquir\u00e1, pues, en criterio de aqu\u00e9llos, ese auxilio resultaba procedente y fue desestimado con argumentos equivocados; por tanto, es clara la improcedencia de este nuevo amparo al formularse respecto de otro de la misma estirpe, siendo necesario memorar que esta Sala reiteradamente ha denegado resguardos como el presente, a fin de evitar \u00abla cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ 2255-2021). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, tampoco se demostr\u00f3 el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, por cuanto no se halla acreditado un proceder ilegal de los juzgadores querellados, y menos una situaci\u00f3n de fraude auspiciada por esas autoridades. T\u00e9ngase en cuenta que la inconformidad de los censores con el criterio y la dureza de las afirmaciones del Tribunal atacado para negar el anterior resguardo, no constituye el \u00abfraude\u00bb que pretenden predicar; por tanto, es inviable la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-627 de 2015 atr\u00e1s citada, al no configurarse ninguno de los presupuestos para la procedencia de las acciones de tutela respecto de otras de igual linaje. <\/p>\n
5. Aunado a lo expuesto, debe tenerse en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el expediente materia de reparo se remiti\u00f3 para tal finalidad apenas el 5 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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