STC15454-2021<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15454-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01918-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Javier Vitery Benavides contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (antes Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura) y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Nari\u00f1o (antes Consejo Seccional de la Judicatura \u2013 Sala Jurisdiccional Disciplinaria). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que fue sancionado disciplinariamente por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccional de Nari\u00f1o y Superior de la Judicatura, en primera (17 de enero de 2020) y segunda instancia (3 de junio de 2020 \u2013 notificada personalmente el 23 de agosto de 2021) respectivamente, con la suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo de Fiscal 31 Seccional de Tumaco por 2 meses, por la \u00abinfracci\u00f3n de los deberes funcionales consagrados en los numerales 1, 2. 15, 23 del art\u00edculo 153 de la ley 270 de 1996, integrados normativamente con los numerales 1 y 7 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, bajo la modalidad grave culposa conforme el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico\u00bb. <\/p>\n
Cuenta que la actuaci\u00f3n en su contra se inici\u00f3 el 15 de enero de 2014 con motivo de la mora en la tramitaci\u00f3n de dos investigaciones penales a su cargo \u2013 inactividad procesal de 6 a\u00f1os \u2013. Aduce que, esos mismos hechos ya hab\u00edan sido objeto de indagaci\u00f3n disciplinaria por parte de la Oficina de Control Interno de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, que archiv\u00f3 las diligencias \u00abpor prescripci\u00f3n\u00bb el 25 de julio de 2013. <\/p>\n
Cuestiona que, en los fallos sancionatorios, se desconoci\u00f3 el principio de favorabilidad, pues considera que la acci\u00f3n disciplinaria se encontraba extinta si se atend\u00edan los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 30 de la ley 734 de 2002, y no los de la ley 1474 de 2011 que se aplic\u00f3. <\/p>\n
Explica que existe una l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional que se refiere a la preponderancia del principio de favorabilidad en materia penal y disciplinaria en los eventos de tr\u00e1nsito normativo. Al respecto, sostiene que \u00ab(\u2026) era dable esperar que quienes est\u00e1bamos cobijados bajo esa disposici\u00f3n (art\u00edculo 30, ley 734 de 20020 \u2013 plazo de 5 a\u00f1os desde la comisi\u00f3n de la falta o la omisi\u00f3n del deber), tuvi\u00e9ramos una expectativa leg\u00edtima de obtener pronunciamiento de archivo definitivo en caso de que dicho t\u00e9rmino no se cumpliera. Luego, entonces, con la modificaci\u00f3n introducidas por la Ley 1474 de 2011 al art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002, se entr\u00f3 a alterar un aspecto sustancial que permit\u00eda absoluci\u00f3n o archivo por prescripci\u00f3n (\u2026) [e]ntonces, si la disposici\u00f3n arriba citada ampli\u00f3 dicho plazo y supedit\u00f3 su inicio a un hito que la norma modificada no tra\u00eda; cual es el auto de apertura, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, agrega que no hubo una adecuada comunicaci\u00f3n de los hechos de forma \u00abcircunstanciada\u00bb, pues fue enterado de, \u00abunos que habr\u00edan iniciado en el a\u00f1o 2007, otros a partir de 2009, finalmente los que se habr\u00edan presentado entre el 2011 y 2015\u00bb. Asimismo, asever\u00f3 que no se interpret\u00f3 correctamente la normativa infringida, postura que se vio refrendada en la aclaraci\u00f3n y el salvamento de voto presentados en la sentencia confirmatoria de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n alega que, se configur\u00f3 un doble enjuiciamiento de los hechos recriminados, ya que, las conductas objeto de investigaci\u00f3n fueron conocidas por la autoridad disciplinaria interna de la Fiscal\u00eda con ocasi\u00f3n de una vigilancia administrativa, asunto que fue archivado \u00abpor lo que no era posible por esos mismos hechos se diera inicio a nueva indagaci\u00f3n, muy a pesar de haberse ordenado una ruptura [de la unidad procesal] pues, cuando ello ocurre, no se dispone nueva y distinta actuaci\u00f3n, sino la continuidad del proceso en el estado en que qued\u00f3. Dar inicio a otra y diferente actuaci\u00f3n sobre unos hechos [\u2026] ya conocidos y sobre los cuales se hab\u00eda dispuesto el inicio de la indagaci\u00f3n preliminar, sin duda alguna desconoce el principio del non bis in \u00eddem\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, arguye que no se demostr\u00f3 culpabilidad en su actuar, es decir, que \u00abno existi\u00f3 un m\u00ednimo probatorio sobre el requisito subjetivo que requerir\u00eda la v\u00e1lida declaratoria de responsabilidad disciplinaria\u00bb, en tanto que, tuvo, \u00abjustificantes en [su] proceder\u00bb por el exceso de carga laboral y congesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, \u00ab(\u2026) se declare la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior [\u2026] se ordene rehacer la actuaci\u00f3n y proferir una decisi\u00f3n en la cual se realice una ponderaci\u00f3n correcta con los derechos constitucionales conculcados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Nari\u00f1o, por intermedio del magistrado ponente de la sentencia de primera instancia, defendi\u00f3 lo resuelto, en tanto, sostiene, se ajust\u00f3 a la valoraci\u00f3n de las pruebas legalmente decretadas y recaudadas, con las que se \u00abhizo un meticuloso an\u00e1lisis de los periodos dentro de los cuales el accionante se desempe\u00f1\u00f3 como titular de la fiscal\u00eda 31 Seccional de Tumaco, encontrando injustificada la mora en el tr\u00e1mite del proceso penal 2007-82071\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la improcedencia del amparo se refuerza por incumplimiento del requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta la fecha de la providencia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n. <\/p>\n
2. Por su parte, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina, a trav\u00e9s de su presidente, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, tras indicar que la misma incumple los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. El primero de ellos, por cuanto el actor, \u00abno aleg\u00f3 siquiera en el recurso de apelaci\u00f3n los asuntos que expone en la acci\u00f3n de tutela, sino que por el contrario en el proceso se limit\u00f3 a alegar que no exist\u00eda mora de parte suya en el tr\u00e1mite de la indagaci\u00f3n a su cargo. Es decir, al ser situaciones que pod\u00edan ser advertidas desde el tr\u00e1mite del proceso o desde la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, es claro que no se cumple con [ese] requisito de procedibilidad (\u2026)\u00bb. Respecto del segundo presupuesto mencionado, explic\u00f3 que la sentencia criticada fue notificada por estado \u00abel 13 de julio de 2020\u00bb, por lo que, desde entonces, \u00absin explicaci\u00f3n alguna instaura la acci\u00f3n luego de un a\u00f1o y cuatro meses\u00bb. Finalmente, adujo que los argumentos, tal como los expone el actor, evidencia que su intenci\u00f3n es \u00abutilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia del proceso disciplinario para presentar [\u2026] su inconformidad con las decisiones adoptadas, desconociendo la finalidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el accionante con los fallos del 17 de enero y 3 de junio de 2020, de primera y segunda instancia respectivamente, proferidos en el juicio disciplinario radicado n\u00ba 2013-00738, mediante los cuales le impusieron sanci\u00f3n de dos (2) meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo de Fiscal 31 Seccional de Tumaco, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por desconocimiento de los principios de favorabilidad, legalidad y non bis in \u00eddem. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 3 de junio de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, previa denegaci\u00f3n de la nulidad planteada con el recurso de alzada por la defensa del disciplinado, abord\u00f3 la sala tutelada las concretas censuras contra el fallo del a quo, en primer lugar, respecto a que no exist\u00edan pruebas suficientes para imputar cargos por la mora judicial en el adelantamiento de las indagaciones penales asignadas; espec\u00edficamente de la identificada con el SPOA \u00ab[\u2026200782071]\u00bb, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lo incontrovertible y probado con suficiencia en el proceso es que el expediente lleg\u00f3 a conocimiento del funcionario desde el 15 de mayo de 2009, emiti\u00f3 \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial, sin que posteriormente realizara ninguna otra actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la indagaci\u00f3n preliminar [\u2026] quedando el proceso inactivo hasta el 10 de agosto de 2015, en que el proceso fue reasignado y remitido a otra fiscal\u00eda. <\/p>\n
Igualmente las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n reflejan la estad\u00edstica reportada por el funcionario, de donde se desprende el claro panorama de la baja producci\u00f3n que para las fechas de registro de la mora fue registrada [\u2026] esto es, desde el a\u00f1o 2011 y hasta el 8 de agosto de 2015, encontr\u00e1ndose que la reportada por la fiscal\u00eda 31 Seccional de Tumaco durante el periodo de tiempo investigado, indica que el funcionario encartado present\u00f3 la siguiente producci\u00f3n as\u00ed: i) Durante los a\u00f1os 2011, 2012 y 2013 la producci\u00f3n fue en promedio 10,9; 17,3 y 19 asuntos por mes respectivamente, ii) que en el a\u00f1o 2014 se verific\u00f3 que se evacuaron 697 asuntos, de los cuales 371 fueron archivos y 322 remitidos a otras fiscal\u00edas, iii) que en el a\u00f1o 2015 hubo 703 egresos de los cuales 695 obedec\u00edan a reasignaci\u00f3n o remisi\u00f3n a otras autoridades. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la evidente baja producci\u00f3n del funcionario, debe destacar la Sala que el asunto penal objeto de investigaci\u00f3n no se clasifica en un caso de mayor complejidad, dado que en su mayor\u00eda este tipo de investigaciones podr\u00eda tener soporte en la evidencia documental, la cual debe ser delimitada de manera precisa por el funcionario que es quien emite las \u00f3rdenes a la polic\u00eda judicial\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n aleg\u00f3 la defensa del funcionario que, la mayor parte del tiempo laboral su prohijado se ocupaba en asuntos de capturas en flagrancia y compareciendo a audiencias ante los jueces de control de garant\u00edas, frente a lo cual dijo la colegiatura ad quem, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque le asiste raz\u00f3n al memorialista al se\u00f1alar que la congesti\u00f3n judicial de los despachos judiciales del pa\u00eds en los que es un hecho notorio la carga laboral que muchos de ellos registran en sus estad\u00edsticas, aunado a la falta de personal para atender todos los asuntos; lo incontrovertible en este caso es que la informaci\u00f3n tabulada en las estad\u00edsticas muestra la realidad de la baja producci\u00f3n del despacho del funcionario durante el periodo de mora que aqu\u00ed se investiga; pues aunque en los a\u00f1os 2014 y 2015 los resultados variaron significativamente en sus egresos, ello obedeci\u00f3 a la reasignaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los procesos a otras fiscal\u00edas y no a la tramitaci\u00f3n efectiva de los asuntos que concluyeran con decisi\u00f3n y contrariamente a reducirse el inventario de asuntos, este fue en continuo crecimiento hasta el a\u00f1o 2015 cuando se orden\u00f3 el traslado de expedientes a otros despachos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3 que, no se evidenciaba alguna justificaci\u00f3n por parte del fiscal disciplinado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber quedado demostrado plenamente la responsabilidad disciplinaria del funcionario, al haber dejado durante 6 a\u00f1os el proceso penal en los anaqueles del despacho de la fiscal\u00eda, sin haber realizado siquiera un requerimiento a la polic\u00eda judicial o haber insistido si era el caso en la recolecci\u00f3n de las pruebas ordenadas o decretando nuevas pruebas. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, no hay duda que existen suficientes elementos de convicci\u00f3n que permiten a las Salas acoger \u00edntegramente las consideraciones y conclusiones adoptadas por el a quo en el asunto, habida consideraci\u00f3n que la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico del disciplinable, le impone una serie de deberes en virtud de los cuales le es exigible tramitar los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n con eficiencia y celeridad dentro de los t\u00e9rminos previstos por la ley, encontr\u00e1ndose adem\u00e1s los elementos subjetivos de la conducta imputada igualmente demostrados, al no obrar en el plenario prueba de la existencia de justificaci\u00f3n atendible en el proceder del funcionario. De ah\u00ed que no se acojan los planteamientos formulados por el recurrente en la alzada\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se revela prima facie la disonancia argumental que el gestor pregona de la corporaci\u00f3n accionada, ya que las consideraciones expuestas por aqu\u00e9lla no se advierten arbitrarias, ni se hallan desprovistas de soporte legal o f\u00e1ctico, pues, como puede observarse de lo rese\u00f1ado, tom\u00f3 los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n en el recurso de apelaci\u00f3n y las pruebas practicadas en el juicio disciplinario para otorgarles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Respecto de la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas por sobre la realizada por el juzgador, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
De igual forma, valga destacar que al juez constitucional le est\u00e1 vedado interferir, por mera diferencia de opiniones o discrepancia de criterios en asuntos que el legislador asign\u00f3 a un funcionario espec\u00edfico, en este caso a la autoridad jurisdiccional encargada de adelantar las investigaciones correctivas contra los titulados en derecho, funcionarios judiciales o particulares que de manera transitoria ejercen funciones p\u00fablicas, salvo que se presenten desviaciones jur\u00eddicas o f\u00e1cticas protuberantes y relevantes en la decisi\u00f3n, las cuales no se observan en el caso de an\u00e1lisis. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 subsidiariedad. <\/p>\n
El tutelante, expone en el libelo diversas inconformidades frente a las determinaciones sancionatorias y la actuaci\u00f3n, eleva cr\u00edticas por el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad, dado que, considera que habr\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria de haberse tenido en cuenta los t\u00e9rminos establecidos en la ley 734 de 2002 y no los de la ley 1474 de 2011, con lo cual, las salas accionadas desatendieron variados pronunciamientos de la Corte Constitucional que destacan la preponderancia de aplicar el mencionado principio cuando se suceden tr\u00e1nsitos normativos. Tambi\u00e9n recrimin\u00f3 que fue juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, vulneraci\u00f3n al principio del non bis in \u00eddem, pues control interno de la fiscal\u00eda archiv\u00f3 una indagaci\u00f3n disciplinaria por mora en la tramitaci\u00f3n de las investigaciones penales que luego ameritaron la apertura del disciplinario por cuenta de la Sala Jurisdiccional de esa especialidad del Consejo Seccional de Nari\u00f1o. <\/p>\n
Empero, la inviabilidad de la salvaguarda se refuerza al evidenciarse el incumplimiento de uno de los presupuestos esenciales que orienta esta senda excepcional como lo es de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, como pasa a explicarse. <\/p>\n
5.1. De la revisi\u00f3n a la actuaci\u00f3n y concretamente de los reparos espec\u00edficos que el peticionario, por intermedio de su apoderado, formul\u00f3 en los alegatos de conclusi\u00f3n y en el recurso de apelaci\u00f3n contra la primigenia decisi\u00f3n sancionatoria, se tiene que, en el primero de los escenarios, orient\u00f3 su defensa a arg\u00fcir que la dilaci\u00f3n que se le endilg\u00f3 \u00abcarece de culpa [\u2026] no fue cometida ni con imprudencia ni negligencia, impericia ni observancia de los reglamentos\u00bb sino que estuvo relacionada con \u00abla cantidad y complejidad de asuntos [\u2026] con delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, los cuales requieren que Polic\u00eda Judicial est\u00e9n constantemente impulsando el proceso (\u2026)\u00bb, adem\u00e1s, que la carencia de recursos f\u00edsicos y de personal influyeron en la tardanza de los procesos. Acot\u00f3 igualmente que, mientras no llegara a una \u00abinferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n\u00bb, no pod\u00eda formular imputaci\u00f3n en dichas investigaciones penales. <\/p>\n
5.2. Luego, los puntos cardinales del disenso con la providencia de la colegiatura a quo consistieron, en primer lugar, en solicitar la nulidad de lo actuado por supuesta vulneraci\u00f3n del debido proceso concretamente por desconocimiento de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n al omitirse el decreto de los testimonios de varios fiscales pertenecientes a la misma unidad y otras pruebas que pidi\u00f3. Y, seguidamente, replic\u00f3 las alegaciones respecto a que no contaba con elementos suficientes para imputar en las cuestionadas indagaciones e insisti\u00f3 en las dificultades por la excesiva carga laboral de los funcionarios fiscales. <\/p>\n
De manera que, el supuesto desconocimiento de los principios de non bis in \u00eddem y de favorabilidad, como pudo evidenciarse, no fueron tem\u00e1tica sustancial de las providencias criticadas comoquiera que el sujeto disciplinable no desarroll\u00f3 en ninguno de los dos escenarios procesales \u2013 alegatos de conclusi\u00f3n y recurso de apelaci\u00f3n \u2013 argumentos en ese sentido. <\/p>\n
Entonces, a pesar de haber hecho uso del medio de impugnaci\u00f3n ordinario previsto para refutar la decisi\u00f3n que le fue desfavorable, los temas referidos no fueron puestos en consideraci\u00f3n por su apoderado ante las salas disciplinarias accionadas, de ah\u00ed que no puedan hacerse extensivos dichos reclamos al juez constitucional, en tanto no estar\u00eda llamado a auscultar planteamientos que no hicieron parte del juicio cuestionado. Sobre el particular ha precisado esta Sala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse los recursos y acciones previstas en el ordenamiento legal, y que el desaprovechamiento de los mismos se refleja no s\u00f3lo en que se deje de hacer uso de ellos, sino en el de omitir los fundados argumentos. <\/p>\n
Pretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional, en tanto el juez de tutela no puede inmiscuirse en las decisiones que fueron proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho debatidos al interior del proceso de conocimiento\u00bb (CSJ STC4511-2017, 29 mar. 2017, rad. 00097-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6.2. No es ante el juez de amparo sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse las alegaciones en torno a los presuntos vicios de los que pueda adolecer el proceso, puesto que la improcedencia del resguardo se da no solo por el concreto desaprovechamiento de los recursos o medios de impugnaci\u00f3n, sino por omitir en ellos los argumentos que se traen v\u00eda tutela. <\/p>\n
1.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15454-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15454-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01918-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Javier Vitery […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59419","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59419"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59419\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}