STC15457-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15457-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04096-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Karen Paola Riveros Fajardo contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abpublicidad\u00bb, a la \u00ablegalidad\u00bb, a la acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia pronunciada en segundo grado y su adici\u00f3n, en el marco del proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa que instaur\u00f3, a trav\u00e9s de su apoderado general, contra Sandra Patricia Mart\u00ednez Medina, con radicado No. 2019-00004-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se \u00abinvalide y decrete la nulidad total de la sentencia del veinte (20) de mayo de 2021 y su adici\u00f3n, contenida en providencia del diecis\u00e9is (16) de julio de 2021\u00bb y, en consecuencia, se ordene a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, \u00abque de manera inmediata (\u2026) proceda a proferir una nueva [decisi\u00f3n] (\u2026), teniendo en cuenta aquellos aspectos que fueron objeto de [la] apelaci\u00f3n formulada por [ella, en calidad de] \u00fanica apelante (\u2026), en contra de la sentencia de primera instancia del 4 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce la accionante, luego de hacer una copiosa relaci\u00f3n de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n de la contienda base del reclamo, indica en lo fundamental, que el 17 de enero de 2019, por intermedio de su padre, el se\u00f1or Luis Ernesto Riveros P\u00e9rez, quien obra como apoderado general, adelant\u00f3 el referido proceso declarativo en contra de la se\u00f1ora Sandra Patricia Mart\u00ednez Medina, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones: <\/p>\n
\u00ab1. Se DECLARE que entre SANDRA PATRICIA MART\u00cdNEZ MEDINA y KAREN PAOLA RIVEROS FAJARDO, representada legalmente por LUIS ERNESTO RIVEROS PEREZ, seg\u00fan poder general otorgado mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 1040 de 2013, existi\u00f3 y se suscribi\u00f3 el 11 de enero de 2016, contrato de promesa de compraventa del bien inmueble urbano ubicado en la calle 22 N\u00b0 4 A \u2013 72, unidad privada 02, apartamento 202, del edificio Los Almendros del municipio de Barbosa (Santander), con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 324-75274 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos (ORIP) de V\u00e9lez y c\u00e9dula catastral N\u00b0 010003720002000 (\u2026). <\/p>\n
2. Se DECLARE que existi\u00f3 un incumplimiento (grave, reiterado y no justificado) de las obligaciones de parte de SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA (como promitente compradora), respecto del pago del saldo del precio pactado en los t\u00e9rminos expuestos en la promesa de compraventa, y en su no comparecencia el \u201811 de agosto de 2016\u2019 a \u2018elevar la escritura p\u00fablica\u2019 en la Notar\u00eda \u00danica de Barbosa (Santander), para el perfeccionamiento de la venta prometida, siendo \u00e9sta la \u00fanica notaria existente en dicho c\u00edrculo notarial (pues es un hecho notorio) y el lugar del cumplimiento y entrega del predio, conforme a lo contenido en las cl\u00e1usulas segunda y quinta del contrato de promesa de compraventa del 11 de enero de 2016. <\/p>\n
3. Que se DECLARE resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 11 de enero de 2016, (\u2026), por incumplimiento de las obligaciones de [la compradora], respecto del pago del saldo del precio, y de su no comparecencia el \u201811 de agosto de 2016\u2019 a \u2018elevar la escritura p\u00fablica\u2019 en la Notar\u00eda \u00danica de Barbosa (Santander), para el perfeccionamiento de la venta prometida (\u2026). <\/p>\n
4. Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se CONDENE, como pretensi\u00f3n principal, a SANDRA PATRICIA MART\u00cdNEZ MEDINA a pagar en favor de KAREN PAOLA RIVEROS FAJARDO (\u2026), la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000,oo), como cl\u00e1usula penal por el incumplimiento al no pago de la totalidad de la obligaci\u00f3n en la fecha pactada en el contrato de promesa de compraventa del 11 de enero de 2016. <\/p>\n
5. Que en adici\u00f3n a la pretensi\u00f3n anterior, y en cumplimiento a lo previsto en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato de promesa de compraventa del 11 de enero de 2016, se CONDENE, como pretensiones subsidiarias, a SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA a indemnizar a KAREN PAOLA RIVEROS FAJARDO, los perjuicios causados con su incumplimiento, que se estiman bajo la gravedad del juramento en la suma de ciento veinti\u00fan millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($121.557.834,oo), o por el mayor valor que resulte de la prueba aportada al proceso y con base en los siguientes conceptos: <\/p>\n
5.1. Por perjuicios materiales, representados en: <\/p>\n
5.1.1. A t\u00edtulo de DA\u00d1O EMERGENTE, la suma de once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos ($11.440.000,oo), o por el mayor valor que resulte de la prueba aportada al proceso. <\/p>\n
5.1.2. A t\u00edtulo de LUCRO CESANTE, con ocasi\u00f3n del negocio celebrado con SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA, KAREN PAOLA RIVEROS FAJARDO no pudo terminar las adecuaciones de los apartamentos de su propiedad para poderlos arrendar o vender, caus\u00e1ndole graves perjuicios (\u2026) dejando de percibir por la suma de ciento diez millones ciento diecisiete mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($110.117.834,oo), o en su defecto por el mayor valor que resulte de la prueba aportada al proceso. <\/p>\n
5.2. Por perjuicios inmateriales representados en los da\u00f1os morales con ocasi\u00f3n a este negocio la promitente compradora no permit\u00eda a mi poderdante arrendar el apartamento caus\u00e1ndole fuertes agravios en su contra, tales como insultos, afectaci\u00f3n en su buen nombre, el cual se estiman, en forma principal en cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (50 S.M.M.L.V.), o en su defecto por el mayor valor que resulte de la prueba aportada al proceso. <\/p>\n
6. Que se condene, en forma principal, a SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA al reconocimiento y pago de la indexaci\u00f3n de las sumas anteriores (principales y\/o subsidiarias) (\u2026). <\/p>\n
7. En caso de no ser pertinente y conducente la pretensi\u00f3n anterior, en forma subsidiaria, se condene a SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA al reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados a la tasa m\u00e1xima legal certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las sumas anteriormente expuestas hasta cuando se haga efectivo el pago en su totalidad. <\/p>\n
8. Que se condene a SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA en costas del proceso incluidas las agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
Comenta que dicho asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, Santander; que a su turno, la demandada Mart\u00ednez Medina tambi\u00e9n promovi\u00f3 demanda de id\u00e9ntica naturaleza en contra suya, asign\u00e1ndose el asunto al mismo despacho judicial, bajo el consecutivo 2019-00008-00, y solicitando en estricto sentido, que i) se declarara la resoluci\u00f3n del mentado contrato de promesa de compraventa, pero por el supuesto incumplimiento de ella, en calidad de promitente vendedora y, por contera, que ii) se le ordenara devolver a la promitente compradora, la suma de $72\u2019000.000, por concepto de anticipo al valor total que en el contrato se estipul\u00f3, as\u00ed como iii) pagarle la suma de $ 39\u2019029.480 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados, correspondientes a intereses moratorios desde 11 de febrero de 2017 hasta la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Aduce que mediante auto adiado 16 de julio de 2019, tales litigios fueron acumulados, profiri\u00e9ndose sentencia de primer grado en la audiencia que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual, si bien se desestimaron las pretensiones tanto principales como subsidiarias instadas por ambas partes en cada una de sus demandas, tambi\u00e9n dispuso, entre otros aspectos, \u00abDECLARAR la disoluci\u00f3n por mutuo disenso t\u00e1cito de la promesa de contrato de compraventa celebrada entre KAREN PAOLA RIVEROS FAJARDO representada legalmente por el se\u00f1or LUIS ERNESTO RIVEROS PEREZ contra la demandante acumulada SANDRA PATRICIA MARTINEZ MEDINA, contrato celebrado el d\u00eda 11 de enero de 2016\u00bb y, a paso seguido, \u00abORDENAR que la se\u00f1ora KAREN PAOLA RIVEROS FAJARDO dentro de los (5) d\u00edas contados siguientes a partir de la ejecutoria de es[a] decisi\u00f3n le devuelva la suma de (72\u2019000.000) INDEXADOS, que corresponden a ($81.360.000) como parte del precio que RECIBI\u00d3, JUNTO CON EL PAGO DEL INTER\u00c9S LEGAL previsto en el art. 1617 del C.C. de la forma en que la sala lo ha estimado procedente que corresponde a la tasa del 6% anual sobre la cantidad de dinero que la promitente compradora entreg\u00f3, esto es la suma de ($16\u2019560.000)\u00bb. <\/p>\n
Que contra dicha determinaci\u00f3n present\u00f3 recurso de alzada, con base en tres aspectos espec\u00edficos, a saber: a) \u00ab[d]ar por demostrado, no est\u00e1ndolo, [su] incumplimiento en cuanto a que: i. \u201cHaber estado atenta en la Notar\u00eda \u00danica de Barbosa con el \u00e1nimo de cumplir tal obligaci\u00f3n, esto es, el de suscribir la escritura p\u00fablica, de tal hecho no obra prueba en el expediente\u201d; ii. \u201cconforme a la cl\u00e1usula quinta el vendedor se oblig\u00f3 a la entrega real y material del inmueble con todos sus usos, costumbres y servidumbres el 11 de agosto de 2016, tampoco cumpli\u00f3 no hay prueba de ello o por lo menos del inter\u00e9s de hacer la entrega del inmueble\u201d\u00bb; b) \u00ab[d]eclarar la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita del art\u00edculo 1546 del C.C, por no cumplirse los requisitos para ello y, en consecuencia, decretar DE OFICIO el mutuo disenso t\u00e1cito (pues con ello viol\u00f3 el principio de la congruencia de la sentencia) del contrato de promesa de compraventa del 11 de enero de 2016 y ordenar unas aparentes restituciones mutuas\u00bb y, c) \u00ab[e]n cuanto a la indebida apreciaci\u00f3n de la tacha formulada a algunos testigos y la no apreciaci\u00f3n de la conducta procesal de la parte demandada y sus testigos\u00bb. <\/p>\n
Advierte que mediante fallo pronunciado el 20 de mayo del a\u00f1o en curso, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil confirm\u00f3 los numerales primero y segundo de la decisi\u00f3n controvertida, y modific\u00f3 los tercero y cuarto, para en su lugar, entonces, \u00abdeclarar la resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento de la partes, sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios de la promesa de contrato de compraventa celebrada entre Karen Paola Riveros Fajardo, representada por apoderado general por el se\u00f1or Luis Ernesto Riveros P\u00e9rez, y la se\u00f1ora Sandra Patricia Mart\u00ednez Medina, contrato celebrado el d\u00eda 11 de enero de 2016, ambas de condiciones civiles y personales obrante en el expediente\u00bb, y ordenar \u00abque la se\u00f1ora Karen Paola Riveros Fajardo deber\u00e1 devolver dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas siguiente a la providencia que en primera instancia disponga el obedecimiento al Superior, el monto de $72.000.000.oo, que conforme a lo resuelto en primera instancia el monto indexado asciende a $81.360.000.oo\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que frente a esa decisi\u00f3n, ambos extremos procesales instaron la aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y\/o correcci\u00f3n, por su parte, con el fin que se aclarara, \u00absi fue materia de apelaci\u00f3n la solicitud de indexaci\u00f3n y\/o indizaci\u00f3n (sic) de la devoluci\u00f3n de $72\u2019000.000,oo que ordena el numeral 3\u00b0 de la sentencia [de segundo grado] (\u2026), de suerte que, en caso de no serlo, se corrija dicha sentencia disponiendo, la sola devoluci\u00f3n de los dineros recibidos por [ella] (\u2026), con ocasi\u00f3n del contrato de promesa de compraventa [del que se orden\u00f3 su resoluci\u00f3n]\u00bb, comoquiera que al no decretarse \u00abla indemnizaci\u00f3n de perjuicios, tampoco era viable condenar a una indexaci\u00f3n, pretensi\u00f3n \u00e9sta que no fue pedida [en la alzada]\u00bb. <\/p>\n
Indica que la Colegiatura convocada en providencia del 16 de julio siguiente, resolvi\u00f3 frente a lo pretensionado por su contraparte, \u00abADICIONAR el numeral \u2018Tercero\u2019 de la sentencia de segunda instancia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en cuanto a los intereses legales, por lo que quedar\u00e1 as\u00ed: \u2018MODIFICAR el numeral \u2018Cuarto\u2019 de la sentencia recurrida en el siguiente sentido: que la se\u00f1ora Karen Paola Riveros Fajardo deber\u00e1 devolver dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas siguiente a la providencia que en primera instancia disponga el obedecimiento al Superior, el monto de $72\u2019000.000.oo. que conforme a lo resuelto en primera instancia el monto indexado 12 asciende a $81\u2019360.000.oo, junto con el pago de intereses legales previstos en el art\u00edculo 1617 del CC, que corresponde a la tasa del 6% anual y que el Juzgado se\u00f1al\u00f3 en la suma de $16.560.000\u00bb; no corriendo ella la misma suerte, en tanto que su requerimiento de aclaraci\u00f3n fue desestimado, circunstancias todas \u00e9stas que, dice, la legitiman para acudir a la presente v\u00eda excepcional, ante la equivocada e incorrecta apreciaci\u00f3n del acervo probatorio por parte del ad quem, adem\u00e1s de la falta de congruencia y de motivaci\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n, y, de no haberse ce\u00f1ido a las puntuales tem\u00e1ticas en las que se ciment\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 8 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Tanto la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, como el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, aunque en forma separada, procedieron a enviar el link de acceso al expediente digital contentivo del proceso declarativo cuestionado, remiti\u00e9ndose a las providencias all\u00ed proferidas, respectivamente. <\/p>\n
b. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas por parte de los intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente caso, la accionante cuestiona, de manera puntual, la sentencia del 20 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, que mantuvo inc\u00f3lume los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del fallo apelado, relativos a la negaci\u00f3n de las pretensiones principales y subsidiarias, tanto de la demanda principal como de la acumulada (que gravitaban sobre la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa por incumplimiento de la contraparte), pero modific\u00f3 el numeral 3\u00b0, en el sentido de indicar, que se declaraba la terminaci\u00f3n de dicho pacto, no por el mutuo discenso t\u00e1cito considerado por el a quo, sino por el incumplimiento bilateral demostrado, sin lugar entonces, al reconocimiento de los perjuicios reclamados; en consecuencia, tambi\u00e9n modific\u00f3 el numeral 4\u00b0, para ordenar a la aqu\u00ed interesada (demandante principal, en calidad de vendedora), \u00abdevolver dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas siguiente a la providencia que en primera instancia disponga el obedecimiento al Superior, el monto de $72.000.000.oo. que conforme a lo resuelto en primera instancia el monto indexado asciende a $81\u2019360.000\u00bb, porque, seg\u00fan sus dichos, el ad quem 1.) no se limit\u00f3 al estudio de las puntuales quejas esbozadas en su apelaci\u00f3n, 2.) adem\u00e1s, de la incongruencia de lo finalmente decidido, frente a las pretensiones elevadas tanto en la demanda principal como en la acumulada; y, 3.) haber valorado indebidamente los medios de convicci\u00f3n aportados con el fin de probar que fue una contratante cumplida. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se queja, del auto del 16 de julio siguiente, a trav\u00e9s del cual, de un lado, se accedi\u00f3 a la solicitud de su contendiente, en el sentido de \u00abADICIONAR el numeral \u2018Tercero\u2019 de la sentencia de segunda instancia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en cuanto a los intereses legales\u00bb, el cual qued\u00f3 de la siguiente manera: \u00abMODIFICAR el numeral \u201cCuarto\u201d de la sentencia recurrida en el siguiente sentido: que la se\u00f1ora Karen Paola Riveros Fajardo deber\u00e1 devolver dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas siguiente a la providencia que en primera instancia disponga el obedecimiento al Superior, el monto de $72\u2019000.000.oo. que conforme a lo resuelto en primera instancia el monto indexado asciende a $81.360.000.oo., junto con el pago de intereses legales previstos en el art\u00edculo 1617 del CC, que corresponde a la tasa del 6% anual y que el Juzgado se\u00f1al\u00f3 en la suma de $16.560.000\u00bb; y del otro, desestim\u00f3 su petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n de la memorada providencia, pues lo cierto es que la promitente compradora, no solicit\u00f3 en su demanda, \u00abque se le reconociera el pago de indexaciones y\/o intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Corte considera que la salvaguarda reclamada respecto de las determinaciones criticadas no tiene lugar, toda vez que se observa de su contenido el cumplimiento de las exigencias m\u00ednimas argumentativas y de an\u00e1lisis probatorio, para predicar la imposibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en lo resuelto. <\/p>\n
3.1. En efecto, entrat\u00e1ndose del primero de los prove\u00eddos cuestionados, la Corporaci\u00f3n convocada arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que finalmente adopt\u00f3, luego de estudiar el asunto de manera ordenada y concreta. Para ello, empez\u00f3 por se\u00f1alar, que, \u00abfrente a la controversia planteada rec\u00edprocamente por las partes, que son extremos contractuales en un fallido contrato de promesa compraventa de bien inmueble, la cual se contrajo a endilgadas conductas de incumplimiento de lo pactado. En la sentencia que emitiera la A Quo, se explica un incumplimiento de \u00edndole bilateral, raz\u00f3n por la cual procedi\u00f3 a aplicar el mutuo disenso t\u00e1cito para decretar la resoluci\u00f3n del v\u00ednculo negocial aludido, con los aspectos consecuentes expl\u00edcitos en la misma providencia\u00bb. <\/p>\n
Que frente a ello, la demandante principal (\u00fanica apelante), se quej\u00f3 b\u00e1sicamente por dos aspectos a saber: \u00ab[e]l primero atinente a que no era dable aplicar los preceptos del \u2018mutuo disenso t\u00e1cito\u2019, lo cual conllev\u00f3 a vulnerar de manera evidente el principio de la congruencia al fallar por fuera de lo pedido, vale decir, extra petita. El segundo, se relaciona con yerros de naturaleza probatoria al dar por demostrado que tambi\u00e9n la demandante desatendi\u00f3 sus compromisos contractuales, exponiendo las razones espec\u00edficas de la desconexi\u00f3n del juicio con la realidad procesal, aludiendo a las pruebas que en particular se apreciaron de forma desacertada\u00bb. <\/p>\n
3.2. Entonces, descendi\u00f3 al an\u00e1lisis del primero de los cuestionamientos, frente al cual manifest\u00f3, que deb\u00eda determinarse, \u00absi ciertamente frente a una eventual contingencia contractual de incumplimiento bilateral, respecto de la cual se demanda tambi\u00e9n rec\u00edprocamente la resoluci\u00f3n, apoyada en el incumplimiento de la otra parte, es procedente a luz de las reglas sustantivas imperantes aplicar oficiosamente el \u2018mutuo disenso t\u00e1cito\u2019 y ordenar la resoluci\u00f3n del contrato, naturalmente sin indemnizaciones por incumplimiento. <\/p>\n
Los argumentos que cuestionan tal proceder judicial se contrajeron sustancialmente a que, no habi\u00e9ndose pedido por las partes en las diferentes oportunidades y etapas procesales, la aplicaci\u00f3n de dicha figura jur\u00eddica, se aplica en primera instancia, sin que estuviese permitido por la ley adjetiva, lo que constituye una clara violaci\u00f3n al debido proceso, puesto que se profiere un fallo extra petita. Existiendo as\u00ed una ruptura indebida al principio de la congruencia y trayendo a colaci\u00f3n precedente jurisprudencial en torno a que el incumplimiento de ambos contratantes no genera la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica del mutuo disenso, m\u00e1xime que se prob\u00f3 que la promitente vendedora, estuvo presta a cumplir con sus obligaciones contractuales, como la entrega del inmueble y suscribir el t\u00edtulo estuario, adem\u00e1s de cumplirse las dem\u00e1s exigencias establecidas en el art\u00edculo 1546 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Para lo anterior, que la jurisprudencia reciente \u00abde la H. Corte Suprema de Justicia, expone cambios relevantes, frente a las contingencias que jur\u00eddicamente devienen frente a la hip\u00f3tesis de un incumplimiento bilateral de quienes fungen como extremos contractuales. Si bien hasta hace poco, reiterada y pac\u00edficamente se sosten\u00eda que el contratante incumplido no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para demandar la resoluci\u00f3n contractual y ante ello, ciertamente no se contaba alternativa jur\u00eddica, distinta al mutuo disenso t\u00e1cito, ello ahora no tiene tal alcance\u00bb, para lo cual trajo a colaci\u00f3n la sentencia SC1662 de 20191, en la que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, cambi\u00f3 la doctrina, en el sentido que ante el incumplimiento de las obligaciones en un contrato bilateral tambi\u00e9n es aplicable la resoluci\u00f3n del contrato, de la que cit\u00f3 el siguiente aparte: <\/p>\n
\u00ab3. El incumplimiento rec\u00edproco de los contratos bilaterales. Vac\u00edo legal. Aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la resoluci\u00f3n. Correcci\u00f3n doctrinal. <\/p>\n
Se sigue de lo expuesto, que el supuesto del incumplimiento de las obligaciones que se desprende de un contrato sinalagm\u00e1tico por parte de los dos extremos que lo conforman, no es cuesti\u00f3n regulada por el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil y que, como ninguna otra norma de ese ordenamiento se ocupa de dicha espec\u00edfica situaci\u00f3n, ella configura un vac\u00edo legal. <\/p>\n
3.3. En procura de establecer el r\u00e9gimen legal que por analog\u00eda es aplicable al caso del incumplimiento rec\u00edproco de las obligaciones surgidas con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n de un contrato sinalagm\u00e1tico, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
3.3.1. A voces del art\u00edculo 1602 de C\u00f3digo Civil, \u201ctodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes\u201d, mandato del que se desprende el poder vinculante que ellos tienen y, por consiguiente, el deber que recae en los intervinientes, de cumplirlos. <\/p>\n
3.3.2. Ostensible es, por lo tanto, que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato por parte de quienes lo celebraron, constituye la m\u00e1s significativa afrenta al mismo y, por ende, corresponde a un comportamiento que, como en todos los casos de infracci\u00f3n de la ley, debe sancionarse, previsi\u00f3n que a m\u00e1s de propender por impedir la generalizaci\u00f3n de ese tipo de conductas, busca forzar la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s del extremo inocente o que se restablezcan, en lo posible, las condiciones que exist\u00edan antes del pacto. <\/p>\n
3.3.3. Visto est\u00e1, que cuando el incumplimiento contractual proviene de una sola de las partes, el legislador le brinda al contratante diligente la posibilidad de optar por el cumplimiento o por la resoluci\u00f3n del nexo jur\u00eddico (art. 1546, C.C.). <\/p>\n
3.3.4. La segunda de tales sanciones, aparece presente en los casos de incumplimiento que el c\u00f3digo desarrolla. A t\u00edtulo de mero ejemplo, cabe citar que, en la compraventa, el incumplimiento de la entrega (art. 1882, C.C.), la desatenci\u00f3n de la cabida del predio (art. 1888 ib.) y el no pago del precio (art. 1930 ib.), otorgan al contratante inocente la posibilidad de resolver el contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
Significa lo expuesto, que como reacci\u00f3n a los casos de incumplimiento contractual, el legislador previ\u00f3 la resoluci\u00f3n o la terminaci\u00f3n del contrato, mecanismos que al tiempo de constituir la sanci\u00f3n para reprimir tal infracci\u00f3n, se erigen en el instrumento a trav\u00e9s del cual se provee sobre la extinci\u00f3n del nexo convencional y se conjura la injusticia que, como consecuencia de dicha omisi\u00f3n, sobreviene al contrato y a quienes lo celebraron, en tanto que los despoja del deber de cumplirlo y, cuando ello es pertinente, les brinda la posibilidad de retraer los actos que en desarrollo del acuerdo hubieren verificado, v.gr. el pago de dinero o la entrega de bienes. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
3.3.6. As\u00ed las cosas, son premisas para la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica que se busca, en primer lugar, que el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, regulativo del caso m\u00e1s pr\u00f3ximo al incumplimiento rec\u00edproco de las obligaciones de un contrato bilateral, esto es, la insatisfacci\u00f3n proveniente de una sola de las partes, prev\u00e9 como soluci\u00f3n, al lado del cumplimiento forzado, la resoluci\u00f3n del respectivo contrato; y, en segundo lugar, que en el precitado ordenamiento jur\u00eddico, subyace la idea de que frente a toda sustracci\u00f3n de atender los deberes que surgen de un acuerdo de voluntades, se impone la extinci\u00f3n del correspondiente v\u00ednculo jur\u00eddico. <\/p>\n
3.3.7. De esos presupuestos se concluye que en la hip\u00f3tesis que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se reitera, la insatisfacci\u00f3n de las obligaciones establecidas en un contrato bilateral por parte de los dos extremos de la convenci\u00f3n, tambi\u00e9n es aplicable la resoluci\u00f3n del contrato, sin perjuicio, claro est\u00e1, de su cumplimiento forzado, seg\u00fan lo reclame una cualquiera de las partes. (Subraya el Tribunal). <\/p>\n
3.4. Esa visi\u00f3n, tanto del reducido marco de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, como del r\u00e9gimen disciplinante del incumplimiento rec\u00edproco de las obligaciones sinalagm\u00e1ticas, exige modificar el criterio actual de la Sala, conforme al cual, en la referida hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, no hay lugar a la acci\u00f3n resolutoria del contrato. Tal aserto, no puede mantenerse en p\u00ede, en tanto que est\u00e1 soportado, precisamente, en la referida norma y en que ella \u00fanicamente otorga el camino de la resoluci\u00f3n, al contratante cumplido o que se allan\u00f3 a atender sus deberes, mandato que, al no comprender el supuesto del incumplimiento bilateral, no es utilizable para solucionarlo. <\/p>\n
Dicho planteamiento, como igualmente ya se puntualiz\u00f3, s\u00f3lo es predicable en cuanto hace a la acci\u00f3n resolutoria propuesta en virtud del incumplimiento unilateral, caso en el cual la legitimidad del accionante est\u00e1 dada \u00fanicamente al contratante diligente que honr\u00f3 sus compromisos negociales o que se allan\u00f3 a ello, toda vez que ese es el alcance que ostenta el ya tantas veces citado art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Empero, si del incumplimiento bilateral se trata, no cabe tal reparo, habida cuenta que la acci\u00f3n resolutoria que en esa situaci\u00f3n procede, seg\u00fan viene de averiguarse, no es la prevista en la anotada norma, sino la que se deriva de un supuesto completamente diferente, como es la desatenci\u00f3n de ambos contratantes, hip\u00f3tesis en la que mal podr\u00eda exigirse que el actor, que ha de ser, como ya se dijo, uno cualquiera de ellos, es decir, uno de los incumplidores, no se encuentre en estado de inejecuci\u00f3n contractual. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Tras precisar que el verdadero significado del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil es que \u201cen los contratos bilaterales, si ambos contratantes han incumplido, ninguno de los dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cl\u00e1usula penal y de ninguno de los dos se predican las consecuencias espec\u00edficas sobre el riesgo sobreviniente\u201d, la Corte, adicionalmente, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En los contratos bilaterales, cuando ambos han incumplido, ninguno est\u00e1 en mora. Pero ambos pueden, a su arbitrio, demandar la obligaci\u00f3n principal, sin cl\u00e1usula penal y sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Y obviamente pueden pedir la resoluci\u00f3n, tambi\u00e9n sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Ese es el verdadero y \u00fanico sentido del art\u00edculo 1609. Se evita, con la interpretaci\u00f3n de esa norma, el estancamiento de los contratos que conduce a tremendas injusticias y que, para evitarlas, llev\u00f3 a la Corte, con ese sano prop\u00f3sito, a crear la figura de la resoluci\u00f3n por mutuo disenso t\u00e1cito, que como qued\u00f3 anteriormente expuesto, es inaplicable frente a un litigante que se opone abiertamente a la resoluci\u00f3n deprecada, como ha ocurrido con el demandado en este proceso. (Subraya el Tribunal). <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante, concluy\u00f3: <\/p>\n
Corolario de lo anterior es que hay lugar a dos formas de resoluci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de los contratos bilaterales, a saber: a) Cuando uno solo incumple y el otro s\u00ed cumple. En tal evento hay lugar a la resoluci\u00f3n o ejecuci\u00f3n con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, y b) cuando ambos contratantes incumplen, caso en el cual tambi\u00e9n hay lugar a la resoluci\u00f3n o ejecuci\u00f3n, pero sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios y sin que haya lugar a condena en perjuicios o cl\u00e1usula penal\u201d. (Subraya el Tribunal) <\/p>\n
4.2. En la hip\u00f3tesis del incumplimiento rec\u00edproco de dichas convenciones, por ser esa una situaci\u00f3n no regulada expresamente por la ley, se impone hacer aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del referido precepto y de los dem\u00e1s que se ocupan de los casos de incumplimiento contractual, para, con tal base, deducir, que est\u00e1 al alcance de cualquiera de los contratantes, solicitar la resoluci\u00f3n o el cumplimiento forzado del respectivo acuerdo de voluntades, pero sin que haya lugar a reclamar y. mucho menos, a reconocer, indemnizaci\u00f3n de perjuicios, quedando comprendida dentro de esta limitaci\u00f3n el cobro de la cl\u00e1usula penal, puesto que en tal supuesto, de conformidad con el mandato del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, ninguna de las partes del negocio jur\u00eddico se encuentra en mora y, por ende, ninguna es deudora de perjuicios, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 1615 ib\u00eddem. <\/p>\n
La especial naturaleza de las advertidas acciones, en tanto que ellas se fundan en el rec\u00edproco incumplimiento de la convenci\u00f3n, descarta toda posibilidad de \u00e9xito para la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, pues, se reitera, en tal supuesto, el actor siempre se habr\u00e1 sustra\u00eddo de atender sus deberes neg\u00f3ciales. <\/p>\n
\u2026. <\/p>\n
Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. La Colegiatura revoc\u00f3 la sentencia \u2026 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de \u2026 y deneg\u00f3 la demanda principal y la de reconvenci\u00f3n, con fundament\u00f3 en que ambas partes contratantes incumplieron sus compromisos y por tanto, quedaban despojados de la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato que invocaron, sin que le fuera dable al juzgador a quo de oficio aplicar la figura del mutuo disenso t\u00e1cito. Veamos, lo que indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, por lo cual su invalidaci\u00f3n no puede surgir sino por consentimiento rec\u00edproco, resciliaci\u00f3n o mutuo disenso o por las causas establecidas en la ley, entre ellas, la resoluci\u00f3n. Esta \u00faltima y el mutuo disenso por lo dem\u00e1s son figuras de origen, caracter\u00edsticas y alcance diferente, como lo ha constatado la Corte Suprema de Justicia (\u2026). <\/p>\n
Ahora, trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n resolutoria repetidamente se ha sostenido que los presupuestos indispensables para su prosperidad pasan por (i) presencia de un contrato bilateral, (ii) que el promotor hubiera cumplido con sus cargas o que haya estado dispuesto a satisfacerlas y c) que la contraparte haya desatendido sus obligaciones correlativas; destac\u00e1ndose as\u00ed mismo que si uno u otro extremo no honraron sus compromisos, ambos quedan despojados de la acci\u00f3n comento. (\u2026). <\/p>\n
En ese orden de ideas, es preciso indicar que en un evento en el que el Juez est\u00e9 en presencia de incumplimiento de ambos, la deducci\u00f3n segura e indiscutida no es necesariamente de la mentada f\u00f3rmula de invalidar lo pactado, toda vez que el incumplimiento de las obligaciones de ambos extremos contractuales no le impon\u00eda al a quo aplicar autom\u00e1ticamente la figura del mutuo disenso t\u00e1cito, m\u00e1s a\u00fan cuando desde el comienzo en la pretensi\u00f3n de la demanda inicial tuvo por objeto la resoluci\u00f3n de la convenci\u00f3n con el consecuente reconocimiento de perjuicios, s\u00faplica y consecuencias de linaje diferentes al mutuo disenso t\u00e1cito. <\/p>\n
Y es que cuando el demandante pide que se decrete la resoluci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, como es del caso, el juzgador no est\u00e1 facultado para decretar algo distinto a lo pedido, pues atentar\u00eda contra la congruencia de lo peticionado y resuelto, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 281 del C.G.P., el fallador pues no puede, sin desbordar los l\u00edmites de su potestad, resolver temas que no le hayan sido propuestos oportunamente por las partes. (Subraya el Tribunal)\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed entonces, dijo el Tribunal de San Gil, que en aplicaci\u00f3n de la nueva postura de la Corte, saltaba a la vista que \u00abfue desacertada la posici\u00f3n de la se\u00f1ora Jueza de la primera instancia, al escoger como v\u00eda de soluci\u00f3n a las demandas incoadas por las partes, el \u2018mutuo disenso t\u00e1cito\u2019, en relaci\u00f3n con los contratos sinalagm\u00e1ticos, como fue el que se invoc\u00f3 para la debida decisi\u00f3n judicial y respecto del cual, ambas partes deprecaron la resoluci\u00f3n, pero por incumplimientos endilgados a su contraparte, dejando a salvo su propia conducta negocial e insistiendo en que s\u00ed se hab\u00edan cumplido con las estipulaciones a su cargo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n como lo denota el informativo se sumaron pretensiones indemnizatorias por esas omisiones. Por lo mismo resulta claro que, como lo rectific\u00f3 la doctrina imperante, no le es dable a quien resuelve judicialmente esta clase de litis, acoger oficiosamente la soluci\u00f3n que otrora era la aplicable, la referida al \u2018mutuo disenso t\u00e1cito\u2019, cuando no ha sido objeto de una pretensi\u00f3n concreta o espec\u00edfica. Por lo mismo, impl\u00edcitamente negar la legitimaci\u00f3n en la causa, a\u00fan para deprecar la resoluci\u00f3n contractual y acogiendo de tal manera, vale insistir, de oficio el referido instituto (\u2026); que \u00aben el presente evento la juzgadora declar\u00f3 la resoluci\u00f3n por la aludida causa, al constar que ambas partes hab\u00edan incumplido, pero ciertamente tal pretensi\u00f3n no fue invocada por ellas en sus demandas. <\/p>\n
El proceso da cuenta de demandas acumuladas, inicial y de reconvenci\u00f3n para resoluci\u00f3n por incumplimiento de la contraparte e indemnizaci\u00f3n de perjuicios. De oficio procedi\u00f3 a aplicar tal instituto sustantivo, pero ello no puede persistir en el presento proceso, porque al respecto debe prevalecer el principio de la \u201ccongruencia\u201d, a la luz de la reciente doctrina jurisprudencial, que impone un condicionamiento l\u00f3gico jur\u00eddico a la sentencia: Que \u00e9sta resuelva en principio solo las pretensiones y excepciones de m\u00e9rito, el cual est\u00e1 determinado por una norma procesal y de orden p\u00fablico, que corresponde al Art. 281 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
Adujo que de esta manera, en principio, pr\u00f3spera ser\u00eda la alzada propuesta por la aqu\u00ed interesada, en tanto que no era dable la aplicaci\u00f3n del mutuo discenso t\u00e1cito al caso examinado, hecho por el cual, necesariamente deb\u00eda establecerse \u00absi en definitiva estaban estructurados los presupuestos para despachar favorablemente las pretensiones de resoluci\u00f3n del contrato por el incumplimiento de la contra parte, atendiendo la legitimaci\u00f3n que se pregona de ser contratante cumplido o de estar presto a la satisfacci\u00f3n de las obligaciones impuestas por el negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
3.4. Por lograr responder el anterior interrogante, trajo a colaci\u00f3n lo siguientes medios de prueba: <\/p>\n
– El contrato de promesa de compraventa, suscrito el 11 de enero de 2016, por Luis Ernesto Riveros P\u00e9rez (en calidad de apoderado general de la promitente vendedora Karen Paola Riveros Fajardo, seg\u00fan lo contenido en la Escritura P\u00fablica n\u00famero 1040 de 2013) y por la promitente compradora Sandra Patricia Mart\u00ednez Medina, del que se desprenden como obligaciones a cargo de las partes, que i) la primera, \u00abpromet\u00eda en venta a la promitente compradora el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 324-75274\u00bb; que ii) la escritura p\u00fablica mediante la cual se transferir\u00eda la propiedad, deb\u00eda otorgarse cuando se diera el pago del \u00absaldo restante\u00bb, el cual deb\u00eda pagarse el 11 de Agosto de 2016, con el producto de un cr\u00e9dito que la compradora tramitar\u00eda en Bancolombia; iii) que la promitente compradora se obligaba a pagar la suma de $144\u2019000.000, as\u00ed: a). $4.000.000 a la firma de la promesa de compraventa, b). El 11 de agosto 2016 o en el transcurso de esa fecha el saldo $100.000.000, con el producto de un cr\u00e9dito que la compradora tramitar\u00eda ante Bancolombia\u00bb; y, que iv) la entrega material del inmueble, se dar\u00eda el mismo d\u00eda de firma del instrumento traslaticio. <\/p>\n
– La manifestaci\u00f3n de la demandante principal (aqu\u00ed interesada) tanto en su libelo como en la reconvenci\u00f3n que tambi\u00e9n plante\u00f3 frente a la demanda acumulada, referente a que recibi\u00f3 \u00abde Sandra Patricia Mart\u00ednez Medina, en totalidad la suma de $72\u2019000.000. Lo anterior conlleva a colegir que qued\u00f3 como saldo igual el cual deb\u00eda haber sido cancelada por la demandada el d\u00eda once (11) de agosto de dos mil diecis\u00e9is (2016), al momento de suscribir la respectiva escritura p\u00fablica de venta\u00bb. <\/p>\n
– El interrogatorio de parte absuelto por la demandada principal, del que se estableci\u00f3 que \u00e9sta, \u00abdesatendi\u00f3 su obligaci\u00f3n de cancelar la totalidad del precio, pues (\u2026) en diversas oportunidades [manifest\u00f3] a Luis Ernesto Riveros P\u00e9rez, su imposibilidad de continuar con la ejecuci\u00f3n del contrato, por cuanto no dispon\u00eda del saldo restante para cancelar la totalidad del precio acordado\u00bb. <\/p>\n
– El testimonio del se\u00f1or Riveros P\u00e9rez (padre y apoderado general de la promitente vendedora), quien adujo que el once 11 de agosto de 2016, se acerc\u00f3 a la Notar\u00eda \u00danica de Barbosa, Santander, trat\u00e1ndose de comunicar en reiteradas ocasiones con la promitente compradora, con el fin de informarle que all\u00ed se encontraba, sin lograr tal cometido y, que no solicit\u00f3 la expedici\u00f3n del certificado de asistencia, porque en \u00abfechas pasadas le hab\u00eda ocurrido que en esa notar\u00eda no daban ese certificado en tal sentido, porque no cumpl\u00eda requisitos la promesa de compraventa\u00bb. <\/p>\n
3.5. Consider\u00f3 entonces el ad quem, que \u00ablas anteriores manifestaciones, solo pueden tener el alcance de afirmaciones de parte, porque ciertamente el declarante fung\u00eda como apoderado de la vendedora, las cuales ciertamente deb\u00eda haberse demostrado de manera clara y precisa, sin que al respecto se exija prueba solemne, a la manera de tarifa legal. <\/p>\n
De igual forma, en lo que se refiere con la correspondiente entrega material del inmueble prometido en venta, conforme a la \u201ccl\u00e1usula quinta\u201d, el vendedor se oblig\u00f3 a hacerlo de manera \u201creal y material\u201d, con todos sus usos, costumbres y servidumbres el once (11) de agosto de dos mil diecis\u00e9is (2016), obligaci\u00f3n que ciertamente no puede colegirse como satisfecha o que se hubiese estado en la tal disposici\u00f3n de cumplirla. <\/p>\n
Sobre el particular, pese a que en su declaraci\u00f3n el se\u00f1or Luis Ernesto Riveros P\u00e9rez, manifest\u00f3 que el apartamento se encontraba totalmente terminado para la fecha de suscripci\u00f3n de la escritura, aportando los contratos de prestaci\u00f3n de servicios para obra de construcci\u00f3n, con fecha del dos (02) de mayo de dos mil diecis\u00e9is (2016), suscrito entre \u00e9ste \u00faltimo y Norberto Pe\u00f1a Zarate y otro del cuatro (04) de abril de dos mil diecis\u00e9is (2016); el tambi\u00e9n suscrito por el mismo y Alexander Hern\u00e1ndez, y del cuatro (04) de noviembre de dos mil quince (2015); igualmente signado por el mismo se\u00f1or Riveros P\u00e9rez y Alexander Hern\u00e1ndez, respecto de los cuales afirma se encontraba 100% construido, terminado y listo para su entrega, ello solo podr\u00eda ser indiciario de estar en disposici\u00f3n material de hacer la entrega, pero no de la demostraci\u00f3n inequ\u00edvoca de una conducta orientada a tal fin para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n adquirida por la demandante. <\/p>\n
No obstante lo anterior, debe denotar la Sala que no se allega al proceso elemento probatorio concluyente de un requerimiento claro, incluso comunicaci\u00f3n por cualquier medio o similar, emanado de la promitente vendedora para con su contraparte orientada a que s\u00ed se efectuara la entrega en t\u00e9rminos de tiempo modo y lugar. <\/p>\n
Y ello ciertamente es relevante porque deb\u00eda dejarse la respectiva evidencia que la entrega se dejaba de hacer por culpa o mora de recibir de la promitente compradora, y lo que evidencia el informativo, es que ello no fue as\u00ed. Por lo mismo, las simples manifestaciones de que se estaba en la disposici\u00f3n para la entrega o que el apartamento estaba ya terminado, no puede conllevar a colegir que s\u00ed se hab\u00eda cumplido con la obligaci\u00f3n en tal sentido adquiridas. <\/p>\n
En tal orden de ideas, no puede el aqu\u00ed recurrente pretender acudir en v\u00eda de resoluci\u00f3n de contrato de la promesa de compraventa aduciendo un pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuando precisamente este \u00faltimo incumpli\u00f3 con algunas de ellas en los t\u00e9rminos denotados y ello coincide la Sala con la conclusi\u00f3n probatoria de la juzgadora de primera instancia. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Existi\u00f3 entonces un incumplimiento rec\u00edproco de las obligaciones contra\u00eddas por los contratantes. En este orden de ideas, se ha de colegir la falta de legitimaci\u00f3n para deprecar la resoluci\u00f3n las indemnizaciones pregonadas, habida cuenta que tal clase de pretensiones solo pueden salir avantes cuando se ha demostrado el respectivo cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa l\u00ednea, ultim\u00f3 la Corporaci\u00f3n enjuiciada, que \u00ablas pretensiones de la parte actora s\u00f3lo podr\u00edan estimarse de manera parcial, esto es, se acceder\u00eda solo a la resoluci\u00f3n, pero sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios, toda vez que, en aplicaci\u00f3n de la doctrina expuesta p\u00e1rrafos atr\u00e1s, precisamente se otorga legitimaci\u00f3n a quienes est\u00e9n en tal condici\u00f3n contractual de incumplimiento, pero sin que sea atendibles condenas o indemnizaciones\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
Ello, porque \u00abal tiempo que, en lo que hace alusi\u00f3n a un incumplimiento rec\u00edproco, deb\u00eda tambi\u00e9n ventilarse fehacientemente si existi\u00f3 la voluntad contractual de desistir o abandonar el contrato. Por lo mismo, desecharse que no se quer\u00eda perseverar en el negocio jur\u00eddico, muy a pesar del constatado incumplimiento de las partes. <\/p>\n
En el presente proceso claro resulta para la Sala que ya el \u00e1nimo de persistir en el contrato no existe, (\u2026) [p]orque inicialmente ambas partes orientaron la intervenci\u00f3n de la justicia a que declarara la resoluci\u00f3n del contrato. Incluso, al emitirse el fallo de la primera instancia y declararse all\u00ed el mutuo disenso t\u00e1cito, la parte demandada no recurri\u00f3 lo as\u00ed resuelto, lo cual ha de inferirse que lo acepta y que en \u00faltimas jur\u00eddicamente sea esa la soluci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica que vincul\u00f3 a las partes en litis. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la demandante inicial, tambi\u00e9n a trav\u00e9s del recurso de alzada insiste en la resoluci\u00f3n, aunque como se denot\u00f3, con la aspiraci\u00f3n de que se adicionaran las condenas por perjuicios, incluso haciendo efectiva la cl\u00e1usula penal. Finalmente debe denotarse por la Sala que, en uno de los escritos allegados para sustentar el recurso de alzada, el apoderado impetra un pedimento adicional en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n de conformidad con los arts. 79 a 81 del C.G.P., porque se aducen actuaciones temerarias y de mala fe. <\/p>\n
Sobre dicho pedimento, debe observarse que a ello no habr\u00e1 lugar, toda vez que tal aspecto no fue objeto de reparo inicial, seg\u00fan lo que oralmente se expuso a la manera de \u201creparos\u201d. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, de conformidad con el art 328 del C.G.P., mal podr\u00eda predicarse competencia funcional de la Sala para asumir un pronunciamiento en tal sentido, toda vez que se trata de aspecto f\u00e1ctico y jur\u00eddico nuevos en la sustentaci\u00f3n del recurso. Por lo mismo, la inclusi\u00f3n como argumento adicional en la sustentaci\u00f3n, ciertamente no es suficiente para que se estudie de fondo tal pedimento. <\/p>\n
Por lo expuesto, entonces deber\u00e1 mantenerse la decisi\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato, aunque no por el mutuo disenso sino por la prosperidad parcial de las pretensiones de la demandante. Esto es, se acceder\u00e1 a la resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa del once (11) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016), suscrita por Karen Paola Riveros Fajardo y Sandra Patricia Mart\u00ednez Medina, pero sin las correspondientes indemnizaciones por el incumplimiento de la demandada. As\u00ed se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de \u00e9ste prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
4. Seg\u00fan lo expuesto, encuentra esta Corporaci\u00f3n, que contrario a lo planteado por la se\u00f1ora Rivero Fajardo, el Tribunal convocado no transgredi\u00f3 de manera alguno lo normado en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, pues lo cierto es que s\u00ed se ci\u00f1\u00f3 a los precisos puntos sobre los cuales vers\u00f3 la apelaci\u00f3n, tanto as\u00ed que determin\u00f3, como ella lo hab\u00eda planteado, que no era procedente aplicar la figura del mutuo discenso t\u00e1ctico en el caso sub judice, pues tal, nunca fue invocada en las pretensiones ni de la demanda principal ni de la acumulada. <\/p>\n
Ahora, tampoco existe incongruencia de lo resuelto acerca de la declaratoria de resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa aludido por incumplimiento bilateral, frente a lo solicitado por uno y otro extremo de la litis en cada uno de sus libelos, pues lo que hizo el Tribunal, fue en \u00faltimas, estimarlos s\u00f3lo que de manera parcial, en tanto que al estar demostrado el incumplimiento de Karen Paola y Sandra Patricia, como promitentes vendedora y compradora, respectivamente, lo que ocurr\u00eda entonces era no exist\u00eda lugar al reconocimiento de los perjuicios reclamados, m\u00e1s no, como lo platea la inconforme, que no se pudiera abrir paso a la consabida resoluci\u00f3n, m\u00e1xime cuando, clara era la intenci\u00f3n de ambas partes en ese sentido, situaci\u00f3n que a bien tuvo considerar el ad quem, porque de no ser as\u00ed, tal problem\u00e1tica hubiera quedado destinada a la vaguedad. <\/p>\n
5. Pasando al estudio del prove\u00eddo en el que se adicion\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, debe decirse que tampoco se advierte desmesura o yerro alguno que la invalide, pues tal y como advirti\u00f3 la autoridad judicial accionada, con fundamento en la jurisprudencia existente, y luego de analizar la petici\u00f3n que en tal sentido elev\u00f3 la promitente compradora, lo cierto es que nada se hab\u00eda dispuesto en la parte considerativa acerca de las restituciones mutuas con el fin de volver las cosas a su estado inicial, consecuencia l\u00f3gica de resoluci\u00f3n, y solo se hab\u00eda ordenado en la resolutiva, la devoluci\u00f3n de la parte del precio pagado, m\u00e1s su indexaci\u00f3n, sin estudiarse el tema atinente a los intereses. <\/p>\n
Para tal, indic\u00f3 que esta Corte en sentencia SC10097 de 2015, que \u00ab(…) la regulaci\u00f3n de las prestaciones mutuas que a\u00fan de oficio deben ser ordenadas por el juez cuando quiera que decrete la nulidad o en general la ineficacia del acto jur\u00eddico, apuntan a que se restituya, por la parte obligada a ello, la suma de dinero recibida en ejecuci\u00f3n del acto anulado, o inexistente, con la consiguiente correcci\u00f3n monetaria, as\u00ed como con los intereses que es dable entender produce el capital recibido. Es, salvo excepci\u00f3n legal, el efecto general y propio de toda declaraci\u00f3n de nulidad de un negocio jur\u00eddico retrotraer las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u00bb <\/p>\n
Indic\u00f3 a paso seguido, que \u00ab[c]onforme a lo anterior, [se] concluye (\u2026) que la indexaci\u00f3n y los intereses legales no son indemnizaciones por el negocio jur\u00eddico que no se logr\u00f3 consolidar, sino que son la compensaci\u00f3n de devolver lo pagado por devaluaci\u00f3n de la moneda por efectos de la inflaci\u00f3n evitando as\u00ed un enriquecimiento por parte del vendedor hoy demandante. <\/p>\n
Y ciertamente hacen parte de las restituciones mutuas que a\u00fan de oficio deben ordenarse; vale decir, por imposici\u00f3n legal y en procura de hacer prevalecer el derecho sustancial y as\u00ed evitar enriquecimientos de un patrimonio sin justificaci\u00f3n y conllevando el empobrecimiento rec\u00edproco de otro patrimonio. <\/p>\n
En ese orden de ideas, y como quiera que en el acto de emitirse por esta Colegiatura la sentencia de segunda instancia, fechada el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se omiti\u00f3 pronunciarse frente las restituciones mutuas como consecuencia de la declaraci\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento bilateral, espec\u00edficamente a la indexaci\u00f3n en la parte motiva de la decisi\u00f3n y los intereses compensatorios, en los t\u00e9rminos que explican los reiterados precedentes de la H. Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de la Sala Civil. <\/p>\n
Por consiguiente, la indexaci\u00f3n se contrae al reconocimiento por parte de la Justicia Civil que el dinero en pa\u00edses como el nuestro pierde su valor real; la inflaci\u00f3n ciertamente permite determinar correlativamente que el dinero en un momento tiene un determinado valor y con el paso del tiempo ya no lo conserva. <\/p>\n
Ahora, el \u00e1mbito de los intereses compensatorios tambi\u00e9n se ha reconocido como parte de las restituciones mutuas y ciertamente cuando se declara ineficaz un negocio jur\u00eddico por cualquier causa, incluso la referida a la resoluci\u00f3n contractual si ha entregado dinero es procedente que se disponga adem\u00e1s de su devoluci\u00f3n indexadas se compense el provecho que ha debido obtener con la conservaci\u00f3n del efectivo. Y ese inter\u00e9s est\u00e1 reconocido en nuestra legislaci\u00f3n nacional en el 6% anual, tal como lo resolviera la Juzgadora de la Primera Instancia. En el anterior entendido se adiciona la sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el sentido de incluir los fundamentos referidos a las prestaciones mutuas, en el caso particular los relacionados con la devoluci\u00f3n de dinero, para que se disponga la confirmaci\u00f3n del fallo en lo concerniente con la indexaci\u00f3n y los intereses compensatorios civiles all\u00ed ordenados\u00bb. <\/p>\n
6. De modo que, contrario a lo sostenido por la promotora del resguardo, fue a partir de un an\u00e1lisis atendible de los medios de convicci\u00f3n, al tamiz de la novedosa jurisprudencia que corrigi\u00f3 la postura acerca del asunto principal sometido a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, as\u00ed como la que se ha referido al tema de las restituciones mutuas, que el Tribunal accionado pudo arribar a las prenotadas conclusiones, por lo que, al margen de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las mismas, como est\u00e1n soportadas adecuadamente, ello impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n del Juez de tutela para modificarla o revocarla, por no haber sido el resultado de un caprichoso proceder por parte del juzgador convocado, sin que la divergencia conceptual expuesta por la actora, permita abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. Finalmente, y acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la Sala de Decisi\u00f3n criticada de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, debe tenerse en cuenta que, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por las querellantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que las desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
8. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC 1662 de 5 de julio de 2019, Magistrado Ponente, Dr. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo. <\/p>\n
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STC15457-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC15457-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04096-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Karen Paola […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}