STC15462-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15462-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de octubre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Carlos Betancourt Botero contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, m\u00ednimo vital e igualdad, entre otros, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenarle al despacho convocado \u201cconced[er] la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria invocada, en forma equitativa, teniendo en cuenta a [sus] tres hijas menores, asign\u00e1ndole proporciones iguales para cada una, los cuales no deben exceder el 50% de mis ingresos\u201d. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El impulsor aduce que el 12 de junio de 2019, mediante \u201cescritura p\u00fablica\u201d, se oblig\u00f3 a pagarle a sus menores descendientes, XXX y XZX, el valor mensual de $1.086.000 por concepto de alimentos, sin tener en cuentas gastos adicionales. <\/p>\n
2.2. Aduce que solicit\u00f3 ante el Juzgado Primero de Familia de Cali la disminuci\u00f3n de esa cuota, por cuanto, el 16 de agosto de ese a\u00f1o, naci\u00f3 su otra hija LLL fruto de su matrimonio con Nathaly Romero Ram\u00edrez, por tanto, su situaci\u00f3n econ\u00f3mica vari\u00f3 toda vez que se vio en la necesidad de \u201cadquirir productos financieros\u201d para poder cubrir los gastos de su \u201cnuevo hogar\u201d. <\/p>\n
2.3. Manifiesta que ese asunto fue zanjado en sentencia de 14 de septiembre de 2021, donde se dispuso \u201cmodificar\u201d la memorada obligaci\u00f3n quedando en \u201cun total mensual de $1.4000.000, m\u00e1s una cuota extra (\u2026) en los meses de junio y diciembre por valor de $400.000\u201d, aun cuando no recibe \u201cprima ni ning\u00fan ingreso adicional que [le] permita asumir ese valor\u201d. <\/p>\n
2.4. Afirma que el despacho convocado incurri\u00f3 en \u201cdefecto f\u00e1ctico (\u2026), al no tener en cuenta las pruebas aportadas\u201d al plenario y pasando por alto las \u201c(\u2026) condiciones subjetivas del alimentante obligado, como lo expresa la CORTE CONSTITUCIONAL en la Sentencia T-1021-07 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado confutado se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo, tras advertir que la providencia censura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no luce caprichosa, arbitraria, ni mucho menos se colige que a partir de la misma se haya incurrido en una v\u00eda de hecho, puesto que la juzgadora valor\u00f3 cada uno de los medios probatorios que tuvo a su disposici\u00f3n, haciendo un an\u00e1lisis global de \u00e9stos y de la situaci\u00f3n particular del progenitor de XXX., XZX., teniendo en cuenta la otra obligaci\u00f3n alimentaria para con LLL., de quien, no sobra advertir, fue el mismo actor quien le dio un valor a los gastos de aquella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cIgualmente, se tiene que en la demanda el actor solicit\u00f3 la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria ofreciendo dar una cuota extra en los meses de junio y diciembre por valor de $500.000, por lo que no tiene sustento su reproche respecto de la cuota extra en junio, aduciendo que no percibe ingresos adicionales en ese mes, cuando \u00e9l, desde un principio, se oblig\u00f3 a darla, de tal manera que, se entiende, puede cumplir con esa obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor insistiendo en los planteamientos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Juan Carlos Betancourt Botero con la sentencia de 14 de septiembre de 2021, mediante la cual el Juzgado Primero de Familia de Cali, estableci\u00f3 una cuota alimentaria definitiva a cargo del prenombrado se\u00f1or y en favor de XXX y XZX, por valor de $1.400.000 mensuales, m\u00e1s una adicional de $400.000 para cada una de ellas, en los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o. <\/p>\n
3. Revisado el reparo propuesto y los soportes adosados, se evidencia la prosperidad del amparo suplicado, al percatarse la comisi\u00f3n, por el juzgado querellado, de un desafuero que hace imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Veamos: <\/p>\n
3.1. En reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha insistido en el alcance amplio de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el marco del Estado Social de Derecho. Ello se traduce en un tratamiento jur\u00eddico proteccionista con plena materializaci\u00f3n de la tutela judicial efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n
Esta garant\u00eda cobra especial valor en el \u00e1mbito del derecho a los alimentos, por cuanto estos comportan todo lo que es indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes1; de manera que cuando las circunstancias as\u00ed lo exigieren, puede acudirse a procedimientos especiales previstos en la ley, como son los procesos de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Frente a los elementos constitutivos del \u201cderecho de alimentos\u201d, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jur\u00eddico positivo, de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia cuando carece de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1\u00ba y 95, Num. 2) en el interior de la familia, por ser \u00e9sta la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad (Art. 5\u00ba) o el n\u00facleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados se\u00f1alados en la ley, o la calidad de c\u00f3nyuge o divorciado sin su culpa (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es indiscutible que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son beneficiarios prevalentes del derecho de alimentos. Sin embargo, la fijaci\u00f3n de la forma y cuant\u00eda en que han de prestarse depende de varios elementos que acrediten la existencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, el alto tribunal constitucional ha referido como \u201ccaracter\u00edsticas de las obligaciones alimentarias\u201d: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a. La obligaci\u00f3n alimentaria no es una que difiera de las dem\u00e1s de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jur\u00eddica y una situaci\u00f3n de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligaci\u00f3n alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros m\u00e1s cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. d. La obligaci\u00f3n de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protecci\u00f3n efectiva, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del C\u00f3digo Civil); el concepto de la obligaci\u00f3n, las v\u00edas judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del C\u00f3digo del Menor), y el tr\u00e1mite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestaci\u00f3n alimentaria hacer efectiva su garant\u00eda, cuando el obligado elude su responsabilidad (\u2026)\u201d3 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
En este punto esta corporaci\u00f3n ha precisado que adem\u00e1s de los presupuestos antes distinguidos, esto es, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante, ha de verificarse \u201c(\u2026) la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hip\u00f3tesis del donante (\u2026)\u201d4. Como los tres elementos axiol\u00f3gicos de la obligaci\u00f3n alimentaria deben concurrir simult\u00e1neamente, la falta de todos o de alguno de ellos torna nugatoria la respectiva acci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Aclarado lo anterior, se evidencia que el juzgado tutelado al modificar la cuota alimentaria a cargo del tutelante empez\u00f3 por indicar que seg\u00fan las pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso se constat\u00f3 que los gastos mensuales de XXX y XZX ascienden a $3.861.474, incluida la educaci\u00f3n. <\/p>\n
Referente a la capacidad econ\u00f3mica del obligado, resalt\u00f3 que la misma era igual al momento en que se oblig\u00f3 a suministrar a sus hijas la cuota alimentar\u00eda consensuada en el a\u00f1o 2019, pues segu\u00eda percibiendo su mesada pensional reconocida para esa fecha, y adicional, recib\u00eda un rubro por concepto de arriendo de un inmueble, por tanto, el ahora gestor para el a\u00f1o 2021, percibe un ingreso de $3.444.798. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la variaci\u00f3n financiera alegada por el quejoso por el nacimiento de LLL, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) tampoco puede decirse ac\u00e1 que han variado sus circunstancias econ\u00f3micas, variaron en cuanto no tiene la liquidez de antes de obligarse con sus hijas XXX y XZX, porque en el momento de convenir la cuota alimentaria ese era su ingreso, y podemos decir, posterior a esto, ha aumentado su patrimonio, porque est\u00e1 en cabeza suya, y si bien la testigo [Nathaly Romero madre de la mencionada menor], manifiesta que se vendi\u00f3 ya un inmueble, no se acredita en el proceso la venta de ese inmueble, y la oficina de registro acredita la existencia de esos cuatro inmuebles. Su patrimonio es muy importante y tiene los medios para organizarse econ\u00f3micamente, d\u00e1ndole las garant\u00edas y los derechos que tienen sus hijas mayores, unido a los derechos de su hija acabada de nacer\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que las necesidades de manutenci\u00f3n para cada una de las descendientes del actor no son las mismas, puesto que \u201cuna de ellas est\u00e1 ad portas de ingresar a la universidad\u201d, adem\u00e1s, con relaci\u00f3n a la hija nacida en el \u201cnuevo matrimonio\u201d fue el mismo progenitor quien afirm\u00f3 que sus gastos son de $885.000 mensuales, de los cuales aportaba la mitad. <\/p>\n
Por lo anterior, consider\u00f3 necesario modificar la \u201ccuota alimentaria\u201d, pues los gastos extras contemplados en la mentada escritura p\u00fablica generaban \u201cinconvenientes\u201d, y por tanto, entro a fijar un valor de $1.400.00 mensuales m\u00e1s una cuota extra en junio y diciembre por la suma de $400.000. <\/p>\n
3.3. Se\u00f1alado lo anterior, se observa que existi\u00f3 una argumentaci\u00f3n suficiente frente a la capacidad econ\u00f3mica del obligado, y los gastos que realmente necesitan suplir XXX y XZX; sin embargo, no existe argumento alguno a fin de explicar el motivo por el cual se decret\u00f3 una \u201ccuota extra\u201d para los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o, evidenci\u00e1ndose la simple discrecionalidad del juez confutado, frente a ese rubro, situaci\u00f3n que genera la concesi\u00f3n del ruego implorado. <\/p>\n
N\u00f3tese, si bien el censor en la demanda presentada en el comentado asunto solicit\u00f3 el decreto de una cuota extra por valor de $500.000, lo cierto es que al mismo tiempo requiri\u00f3 la disminuci\u00f3n de la mesada pensional impuesta a su cargo, por tanto, al no accederse a esta segunda pretensi\u00f3n, el juez necesariamente debi\u00f3 pronunciarse motivadamente frente al primer pedimento. <\/p>\n
Mismo punto por el que el mayor \u00f3rgano guardi\u00e1n de la Carta Pol\u00edtica tambi\u00e9n tiene decantado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n (\u2026) es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas\u201d. <\/p>\n
\u201cLa comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u201d (se resalta) (CC T-214\/12). <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, la sentencia de 14 de septiembre de 2021, deviene carente de motivaci\u00f3n con relaci\u00f3n a las cuotas extras impuestas a cargo del quejoso; todo lo cual supone una trasgresi\u00f3n en contra de aqu\u00e9l y corresponde enmendarla, tal como se dispondr\u00e1. <\/p>\n
5. Como colof\u00f3n de lo planteado, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, se revoca la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, conceder el amparo al debido proceso de Juan Carlos Betancourt Botero. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Juzgado Primero de Familia de Cali que, en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de su notificaci\u00f3n, luego de dejar sin valor la sentencia de 14 de septiembre de 2021, dentro del asunto aqu\u00ed cuestionado, as\u00ed como todas las actuaciones que de ello dependan, emita una providencia con apego en las motivaciones vertidas en precedencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-994 de 2004. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-727 de 2015. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil, sentencia STC1314 de 7 de febrero de 2017, exp. 2016-00695-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15462-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15462-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00126-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}