STC15466-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15466-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04016-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Antonio Orlando Caicedo Barrera le instaur\u00f3 a la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad y a los intervinientes en el juicio n\u00b0 54518-31-12-001-2018-00107. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la Colegiatura acusada: (i) Dejar sin efectos \u00abparciales\u00bb el veredicto de 20 de agosto 2021 y, (ii) Se dicte uno de reemplazo \u00absometido[o] a una nueva valoraci\u00f3n pro homine de concepto de lucro cesante, y bajo un examen razonable y adecuado del precedente y de los medios de prueba que obran en el plenario, a fin de reconocer exclusivamente, el rubro indemnizatorio del da\u00f1o material por lucro cesante (consolidado y futuro), denegado en sede declarativa\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona declar\u00f3 civil y solidariamente responsable a Luis Hernando Macias, la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. y la Equidad Seguros O.C. en el proceso verbal que les inco\u00f3 con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 30 de noviembre de 2015, y los conden\u00f3 a indemnizar por da\u00f1o emergente la suma de $37\u2019456.544.oo mcte. y por lucro cesante $98\u2019913.264.oo (25 ag. 2020). <\/p>\n
Sostuvo que el superior revoc\u00f3 parcialmente la sentencia en punto del \u00ablucro cesante\u00bb, argumentando que el uso dado al veh\u00edculo colisionado, de propiedad de Caicedo Barrera, no era el permitido y, por ende, no pod\u00eda ser objeto de \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb (20 ag. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los argumentos para negar tales rubros fueron contrarios a los postulados de rango jurisprudencial y constitucional, pues si estos refieren al \u00abdinero, ganancia o rendimiento que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio que se le ha causado\u00bb, mal pudo \u00abdistinguir[se] el transporte p\u00fablico y privado\u00bb para afirmar que los reclamados no \u00abpuede[n] ser objeto de indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior y el Juzgado Civil del Circuito remitieron el expediente solicitado. <\/p>\n
La Equidad Seguros Generales O.C., y Nicol\u00e1s Guillermo Aldana Zapata afirmaron que el accionante desaprovech\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, y adujeron la improcedencia del mecanismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, ab initio se advierte la concesi\u00f3n de la salvaguarda instada por Caicedo Barrera ante la configuraci\u00f3n de una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, por cuanto la revocatoria de los perjuicios materiales a t\u00edtulo de \u00ablucro cesante\u00bb en el litigio n\u00b0 2018-00107-01, no resulta razonable y constituye defecto sustantivo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que \u00e9ste se presenta cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-781\/11). <\/p>\n
Esta Sala ha precisado, que tambi\u00e9n se configura cuando la aplicaci\u00f3n de la norma, aun siendo la adecuada para el caso, se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido, como ocurri\u00f3 en este evento (STC8154-2021). <\/p>\n
2.- En efecto, en la providencia confutada, el Tribunal de Pamplona, luego de establecer \u00abque [fue] el bus quien invadi\u00f3 el carril de la camioneta en una zona que no permit\u00eda adelantamiento, dando as\u00ed lugar al choque\u00bb y, que \u00abel veh\u00edculo [de propiedad del gestor] padeci\u00f3 una destrucci\u00f3n de tal relevancia que qued\u00f3 inutilizable\u00bb, modific\u00f3 las sumas concedidas por el a quo frente al \u00ablucro cesante\u00bb, indicando que no pod\u00edan ser objeto de \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb en la medida que el uso del rodante \u00abno le era permitido\u00bb y \u00abno se encontraba habilitado\u00bb para ello bajo las reglamentaciones del transporte terrestre. <\/p>\n
Fue as\u00ed como asever\u00f3: <\/p>\n
\u00abPara la fecha de los hechos, 30 de noviembre de 2015, el Decreto 1079 de mayo 25 de 2015 \u201cpor medio del cual se expide el Decreto \u00danico reglamentario del sector Transporte\u201d, ya hab\u00eda derogado los Decretos 171 de 2001 \u201cPor el cual se reglamenta el Servicio P\u00fablico de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera\u201d y 173 de 2001 \u201cPor el cual se reglamenta el Servicio P\u00fablico de Transporte Terrestre Automotor de Carga\u201d. <\/p>\n
Al igual que sus antecesores, el Decreto 1079 deslind\u00f3 los conceptos de transporte privado y transporte p\u00fablico, b\u00e1sicamente diferenciados por la \u201ccontraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, se\u00f1alando adem\u00e1s que \u201ccuando se utilicen equipos propios, la contrataci\u00f3n del servicio de transporte deber\u00e1 realizarse con empresas de transporte p\u00fablico legalmente constituidas y debidamente habilitadas\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que: <\/p>\n
\u00abEl servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor mixto que corresponder\u00eda al uso dado a la camioneta para el GRUPO CONSTRUCTOR SAN SIM\u00d3N (\u2026) se encuentra reglamentado en el Cap\u00edtulo 5, secciones 1 a 9 del mencionado decreto, exigiendo, entre otros requisitos, una zona de operaci\u00f3n, habilitaci\u00f3n, seguros, permisos de prestaci\u00f3n del servicio del servicio, tarjeta de operaci\u00f3n, etc.\u00bb. <\/p>\n
A partir de tales disertaciones, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAterrizando en el caso, tenemos que en la licencia de tr\u00e1nsito (\u2026) correspondiente a la camioneta de marras, en el ac\u00e1pite \u201cservicio\u201d aparece la calificaci\u00f3n de \u201cparticular\u201d. <\/p>\n
Demostrado como est\u00e1 que el demandante (propietario de la camioneta accidentada), la utilizaba para proveer a un tercero el servicio oneroso de transporte de su persona y elementos, mismo que no le era permitido y para el cual no se encontraba habilitado el veh\u00edculo, es claro que la reparaci\u00f3n reclamada, representada en el pago mensual que podr\u00eda haber recibido del GRUPO CONSTRUCTOR SAN SIM\u00d3N desde el 30 de noviembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016, tal cual lo hizo ver OMEGA, no constituye un \u201cinter\u00e9s cobijado por el ordenamiento legal\u201d, y por ende, no puede ser objeto de indemnizaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Y agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn el mismo sentido que el lucro cesante originado desde el 30 de noviembre de 2015 al 15 de marzo de 2016, el surgido desde este d\u00eda hasta la fecha de la sentencia debe negarse, pues adem\u00e1s de lo ya dicho, en su interrogatorio de parte el demandante cifr\u00f3 la utilidad que el veh\u00edculo reportaba exclusivamente en su alquiler, actividad para la cual no contaba con los permisos administrativos indispensables y en ese orden, tampoco es un inter\u00e9s protegido por la Ley. <\/p>\n
Consecuencialmente, las condenas impuestas a t\u00edtulo de lucro cesante ser\u00e1n revocadas, y por las mismas razones se negar\u00e1 su acrecentamiento solicitado por el demandante apelante.\u00bb. <\/p>\n
3.- De acuerdo con lo que acaba de verse y atendiendo que \u00ab(\u2026) El da\u00f1o es \u201cla vulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacci\u00f3n a manera de reparaci\u00f3n o, al menos, de satisfacci\u00f3n o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparici\u00f3n del agravio\u201d. Es el menoscabo o detrimento de un derecho subjetivo. El perjuicio, en cambio, es la consecuencia derivada del da\u00f1o. Se traduce en el resarcimiento o pago del \u201c(\u2026) perjuicio que el da\u00f1o ocasion\u00f3\u2026\u201d\u00bb ( SC4703-2021), la motivaci\u00f3n vertida en el prove\u00eddo fustigado determina una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb que amerita la intervenci\u00f3n de esta justicia excepcional, al apartarse del r\u00e9gimen de la \u00abresponsabilidad civil\u00bb y del principio de \u00abreparaci\u00f3n integral\u00bb, en tanto que el supuesto normativo invocado por el ad quem para desestimar la indemnizaci\u00f3n en el aspecto del lucro cesante \u2013 D. 1079 de 2015 – no corresponde al supuesto f\u00e1ctico que genera el reclamo judicial en el presente asunto. <\/p>\n
Lo anterior porque la autoridad convocada determin\u00f3 que no era indemnizable el perjuicio reclamado bajo el supuesto que el uso del automotor no era permitido para lo que no advirti\u00f3 que (i) no est\u00e1 prohibida la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento sobre veh\u00edculos (Art. 1973 y 1974 CC aplicables por remisi\u00f3n del art. 822 del C. de Cio ); (ii) arrendar un veh\u00edculo particular para el goce, tambi\u00e9n por un particular, es diferente de la actividad transportadora; (iii) en el sub lite el uso del automotor de servicio particular, por raz\u00f3n del alquiler, no vari\u00f3 de privado a p\u00fablico, como se infiere del destino al uso particular del arrendatario Grupo Constructor San Sim\u00f3n, que si bien empresa, no tiene por objeto social el servicio de transporte; (iv) la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por el goce de un bien no ri\u00f1e con el ordenamiento jur\u00eddico ni puede confundirse con la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por la prestaci\u00f3n del servicio de transporte; y, (v) sin desconocer la especialidad del tema abordado \u2013transporte de cosas y\/o personas- y sus repercusiones en el \u00e1mbito p\u00fablico, el debate suscitado buscaba colocar a Caicedo Barrera en el mismo estado en que se encontrar\u00eda si el \u00abda\u00f1o\u00bb no se hubiese producido. De all\u00ed que la competencia del juez civil estaba delimitada por la \u00abresponsabilidad civil\u00bb y no \u00abadministrativa\u00bb, a la que no pod\u00eda trasladarse para desarrollar la hermen\u00e9utica sobre disposiciones de \u00aborden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
La inadvertencia referida condujo a que el juzgador de segunda instancia aplicara normas del sector transporte y, espec\u00edficamente del p\u00fablico, al arrendamiento o \u201calquiler\u201d de un veh\u00edculo particular para satisfacer una necesidad de movilidad del arrendatario dentro del \u00e1mbito propio de su objeto social que no era el de prestar el servicio de transporte publico terrestre. <\/p>\n
Aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n inadecuada que genera la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el accionante, e impone, como ya se expres\u00f3, la intervenci\u00f3n del juez constitucional en procura de la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
4.- En este orden, como se dio un alcance distinto a las \u00abnormas\u00bb sustanciales y el interesado no cuenta con otros remedios en el escenario natural para controvertir las tesis aqu\u00ed ventiladas, dada su cuant\u00eda (Art\u00edculo 338 C\u00f3digo General del Proceso), se abre paso la infirmaci\u00f3n del fallo repelido para que se emita una nueva bajo los lineamientos antes planteados y con soporte en el an\u00e1lisis probatorio pertinente a la existencia y cuantificaci\u00f3n del perjuicio generado por raz\u00f3n del da\u00f1o ocasionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela promovida por Cesar Alexander Calle Vargas. <\/p>\n
Por consiguiente, SE DEJA SIN VALOR \u201cparcial\u201d la sentencia proferida el 20 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona en el consecutivo 54518-31-12-001-2018-00107-01, respecto de la valoraci\u00f3n del \u00ablucro cesante\u00bb y, en su lugar, SE LE ORDENA que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, solvente nuevamente la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de primer grado, teniendo en cuenta los par\u00e1metros aqu\u00ed consignados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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