STC15467-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15467-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01937-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Guillermo Tasc\u00f3n Gallego contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Antioquia (antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Antioquia). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento reclamando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la tutela judicial efectiva, libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso\u2026 defensa\u2026 dignidad humana\u2026 igualdad jur\u00eddica y material\u2026 seguridad jur\u00eddica\u2026 acceso real a la administraci\u00f3n de justicia, pronta, recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia\u2026 debida valoraci\u00f3n probatoria\u2026 falta de valoraci\u00f3n probatoria\u2026 juez natural o legal\u00bb que estima vulnerados por las autoridades convocadas dentro del disciplinario 2015-01519. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que en contra del quejoso se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en precedencia, producto de la denuncia formulada por el Personero Delegado 17D del \u00e1rea penal de la Personer\u00eda de Medell\u00edn, en la cual la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Antioquia, emiti\u00f3 fallo sancion\u00e1ndolo con suspensi\u00f3n por un mes en el ejercicio del cargo de Fiscal Setenta y Seis Local de dicha ciudad, \u00abpor haber transgredido los deberes previstos en los numerales 1\u00ba y 15 del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996\u2026 en concordancia con el art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue apelada por el promotor del resguardo y posteriormente confirmada por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 22 de septiembre. <\/p>\n
Mediante Resoluci\u00f3n DCD-01-1331-37 del 22 de octubre siguiente, la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dispuso dar cumplimiento a la sanci\u00f3n impuesta por la autoridad jurisdiccional. <\/p>\n
3. El accionante funda su reclamo en que las corporaciones accionadas supuestamente desconocieron que en la actuaci\u00f3n objeto de escrutinio hab\u00eda operado el fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
4. En consecuencia solicita, \u00abse declare la nulidad de las sentencias\u2026 [y] se ordene a quien corresponda, desfijar informaci\u00f3n de registro de antecedente disciplinario [SIC]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de la magistrada ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia, se opuso a la prosperidad del resguardo, b\u00e1sicamente porque la inconformidad del quejoso \u00abse reduce a un desacuerdo en los argumentos sobre los cuales se sustent\u00f3 el an\u00e1lisis de la responsabilidad disciplinaria, a los cuales les atribuye una presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso que no se advierte de ninguna forma\u00bb y que lo pretendido es utilizar este instrumento \u00aba modo de una tercera instancia\u00bb al tratar de retomar el debate acerca de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria por prescripci\u00f3n, el cual fue objeto de pronunciamiento en el escenario natural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si las autoridades querelladas vulneraron, dentro del proceso disciplinario 2015-01519, las garant\u00edas invocadas por Jairo Guillermo Tasc\u00f3n Gallego, al sancionarlo con un mes de suspensi\u00f3n en el cargo de Fiscal Local, por desatender del deber previsto en el ordinal 1\u00ba del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002, ignorando, supuestamente, que en dicha actuaci\u00f3n hab\u00eda operado la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de las decisiones cuestionadas <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que el actor fundamenta la presente salvaguarda, as\u00ed como las sentencias objeto de censura, la Corte resalta que no se observa irregularidad alguna en tales determinaciones, pues las colegiaturas convocadas se pronunciaron expresamente acerca de la petici\u00f3n de cesaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n formulada por el disciplinable, quien estimaba que hab\u00eda acaecido el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en torno a dicho t\u00f3pico la corporaci\u00f3n de primer grado dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El art\u00edculo 132 de la Ley 1474 de 2011, por el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002, y que por tanto se aplicar\u00e1 a hechos acaecidos con posterioridad al 11 de julio de 2011\u2026 dispone: <\/p>\n
(\u2026) La acci\u00f3n disciplinaria caducar\u00e1 si transcurridos cinco (5) a\u00f1os desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de la investigaci\u00f3n disciplinaria. Este t\u00e9rmino empezar\u00e1 a contarse para las faltas instant\u00e1neas desde el d\u00eda de su consumaci\u00f3n, para las de car\u00e1cter permanente o continuado desde la realizaci\u00f3n del \u00faltimo hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. <\/p>\n
La acci\u00f3n disciplinaria prescribir\u00e1 en cinco (5) a\u00f1os contados a partir del auto de apertura de la acci\u00f3n disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripci\u00f3n se cumple independientemente para cada una de ellas. <\/p>\n
(\u2026) Bajo este panorama normativo, y sin necesidad de caladas interpretaciones, se avizora que el auto de apertura de investigaci\u00f3n disciplinaria se profiri\u00f3 el 5 de octubre de 2016, en consecuencia, desde dicha data se contabiliza el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os, previsto para que opere la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, mismo que no se ha configurado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por su parte, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina judicial en la sentencia de segunda instancia, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Respecto a que la primera instancia no le respet\u00f3 sus derechos, m\u00e1xime cuando se vencieron los t\u00e9rminos, debe decirse que no solo tal circunstancia no corresponde con la realidad por tratarse de dos los investigados, sino que, respecto de tal planteamiento, la primera instancia ya se pronunci\u00f3 al contabilizar con precisi\u00f3n los t\u00e9rminos al momento de desatar la reposici\u00f3n que el disciplinable impetr\u00f3 contra el auto de cierre de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Sea lo que fuere, de aceptarse un vencimiento de t\u00e9rminos -que no lo hubo- ya la Corte Constitucional en sentencia SU-901 de 2005 tuvo oportunidad de precisar que \u201cdel solo hecho que un t\u00e9rmino procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2026 pues tal punto de vista conducir\u00eda al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de t\u00e9rminos y esto implicar\u00eda un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro, pues, que en los fallos objeto de reproche las autoridades disciplinarias se refirieron con claridad al argumento del ac\u00e1 quejoso referente al presunto acaecimiento del fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, de all\u00ed que no se observe la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1,\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por las colegiaturas querelladas en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, las decisiones cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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