STC15495-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15495-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03997-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Ana Mar\u00eda P\u00e9rez Ram\u00edrez promovi\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras Despojadas N\u00b0 54001-3121-001-2015-00205-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 revocar el prove\u00eddo por medio del cual, a trav\u00e9s del decreto de prueba de oficio, se requiri\u00f3 a diferentes entidades con el fin de obtener su informaci\u00f3n financiera y tributaria (21 septiembre 2021). Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se exhorte a la autoridad judicial accionada para que en lo sucesivo no omita motivar sus decisiones. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el referido tr\u00e1mite judicial est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n por parte del Tribunal accionado desde el a\u00f1o 2016, toda vez que se han decretado innumerables pruebas de oficio, dentro de las cuales se encuentra una que orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n De Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas establecer cu\u00e1les son los ingresos y egresos mensuales de la aqu\u00ed actora, as\u00ed como la destinaci\u00f3n econ\u00f3mica de todos los bienes inmuebles en los que ella y su esposo figuran como propietarios; tambi\u00e9n solicit\u00f3 al Director del Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito que informara si ellos son propietarios de alg\u00fan veh\u00edculo automotor, a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales para que reportara si han presentado declaraci\u00f3n de renta entre los a\u00f1os 2016 a 2020 y a la Superintendencia Financiera para que informara sobre los productos financieros que la gestora y su esposo tienen (21 septiembre 2021). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n; sin embargo, el Tribunal neg\u00f3 por improcedente su solicitud, sin aducir argumento alguno. <\/p>\n
Precis\u00f3 que no es parte en el proceso de restituci\u00f3n de tierras en comento y aunque su esposo s\u00ed es opositor, tal circunstancia no habilita al Cuerpo Colegiado accionado para indagar sobre su informaci\u00f3n financiera y tributaria, toda vez que tal proceder desconoce sus derechos de intimidad y habeas data. Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que la falta de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el recurso que impetr\u00f3 le impide ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo que la actuaci\u00f3n de la autoridad judicial accionada no vulner\u00f3 los derechos de la gestora, toda vez que la prueba de oficio decretada es propia de esta clase de procesos, en donde \u00abla caracterizaci\u00f3n de los intervinientes y de su n\u00facleo familiar es imperativo para decidir sobre las pretensiones de la demanda como las excepciones propuestas. De igual manera se considera que la prueba es procedente y pertinente para resolver sobre los par\u00e1metros se\u00f1alados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-330 del 2016\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta adujo que no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna de la actora, toda vez que las decisiones por ellas cuestionadas tuvieron \u00abpor fundamento cuanto fuera dispuesto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-330 de 2016, conforme con la cual en estos casos es menester determinar si los que ocupan los terrenos (en este caso, el opositor y su familia) se corresponden o no con eventuales \u201csegundos ocupantes\u201d para lo cual cabe decretar pruebas, entre otras, los ordenados informes de caracterizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que las decisiones objeto de censura obedecen a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan el proceso de restituci\u00f3n de tierras y de los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso y 79 de la ley 1148 de 2011. <\/p>\n
En el proceso en comento el Tribunal accionado dispuso oficiar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Adunas Nacionales, a la Superintendencia Financiera, al Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito y Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas con el fin de obtener informaci\u00f3n financiera y tributaria de la gestora y de su esposo, para que la misma obrara como prueba de oficio en el tr\u00e1mite judicial referido (21 septiembre 2021). Frente a dicha determinaci\u00f3n la aqu\u00ed actora present\u00f3 reposici\u00f3n que, aunque no fue titulado de dicha manera, su contenido evidenciaba la interposici\u00f3n del referido medio de impugnaci\u00f3n. Sobre dicha petici\u00f3n el Tribunal accionado decidi\u00f3: \u00abNI\u00c9GASE por improcedente la solicitud de la peticionaria\u00bb (19 octubre 2021). <\/p>\n
La prueba de oficio decretada por el Tribunal est\u00e1 soportada en el deber que le permite al Juez traer medios suasorios al proceso, que no hubieran sido solicitados, pero que resulten indispensables para verificar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. As\u00ed, en la actual regulaci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de tierras el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 79 de la ley 1448 de 2011 se consagra que \u00ab[l]os Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras, podr\u00e1n decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren necesarias, las que se practicar\u00e1n en un t\u00e9rmino no mayor de veinte (20) d\u00edas\u00bb <\/p>\n
Bajo el anterior marco, puede afirmarse que el Tribunal enjuiciado s\u00ed estaba legitimado legalmente para decretar la prueba de oficio de la cual se duele la actora. Ahora bien, respecto de lo ordenado, tampoco se advierte irregularidad alguna, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que investigar por la situaci\u00f3n financiera de la esposa del opositor resulta ilustrativo para caracterizarlo a \u00e9l y a su n\u00facleo familiar, con el fin de establecer si pueden tener la calidad de segundos ocupantes, sin que tal proceder implique una vulneraci\u00f3n del derecho de habeas data de los titulares de dicha informaci\u00f3n, pues los datos recaudados son utilizados \u00fanicamente con fines judiciales. Dest\u00e1quese que trat\u00e1ndose del proceso de restituci\u00f3n de tierras el contexto social, familiar y geogr\u00e1fico de quienes intervienen en los casos resulta relevante para identificar las circunstancias en que se dio el eventual despojo de tierras y los derechos de quienes fueron afectados con los actos violentos. <\/p>\n
Por lo anterior, no puede predicarse la vulneraci\u00f3n de derechos con la existencia del auto que decret\u00f3 la prueba de oficio mencionada (21 septiembre 2021). <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el recurso impetrado por la gestora contra dicha determinaci\u00f3n, debe resaltarse que las providencias a trav\u00e9s de las cuales se decretan pruebas de oficio no son susceptibles de impugnaci\u00f3n. As\u00ed lo prev\u00e9 el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso que a su tenor literal consagra: \u00abLas providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso\u00bb. Por tal raz\u00f3n, aunque lac\u00f3nicamente el Tribunal rechaz\u00f3 por improcedente el recurso impetrado por la accionante (19 octubre 2021), tal proceder no implica vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, toda vez que est\u00e1 soportado en los previsto en la norma en menci\u00f3n. <\/p>\n
Establecido lo anterior, emerge ostensible que las decisiones que decretaron la prueba de oficio referida y aquella que rechaz\u00f3 por improcedente el recurso impetrado se encuentran soportadas en la interpretaci\u00f3n razonable que el Tribunal accionado desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y respecto de lo estipulado en el art\u00edculo 79 de la ley 1148 de 2011, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
En suma, comoquiera que la decisi\u00f3n del Tribunal no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, no queda alternativa diferente a la de negar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Ana Mar\u00eda P\u00e9rez Ram\u00edrez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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