STC15501-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC15501-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01529-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Ariza Fontalvo y Mildret Alicia Alarc\u00f3n Meneses contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena y a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2011-00090. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demandaron la salvaguarda de sus derechos al debido proceso, defensa y \u00abjuez natural imparcial\u00bb. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 1\u00b0 de mayo de 20121, en audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, Ariza Fontalvo fue se\u00f1alado como presunto responsable de la comisi\u00f3n de los delitos de concierto para delinquir, en calidad de autor, y falsedad material en documento p\u00fablico agravado por el uso y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, como coautor. <\/p>\n
2.2. El 5 de junio de 20202, Mildret Alicia Alarc\u00f3n Meneses, abogada del procesado, solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, en relaci\u00f3n con el delito de falsedad material en documento p\u00fablico, con fundamento en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 332 de la Ley 906 de 2004, en consideraci\u00f3n a que, para la fecha de la comisi\u00f3n del delito, el actor, quien ejerc\u00eda como notario, se encontraba de permiso. <\/p>\n
2.3. El 11 de junio siguiente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena neg\u00f3 la solicitud de preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Inconforme con la decisi\u00f3n, la defensa de Ariza Fontalvo formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por los magistrados Patricia Helena Corrales Hern\u00e1ndez y Jos\u00e9 de Jes\u00fas Cumplido Montiel, mediante providencia de 25 de agosto de 20203, dispuso i) declarar improcedente el recurso de apelaci\u00f3n, ii) compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura, para investigar disciplinariamente a la abogada Alarc\u00f3n Meneses, aqu\u00ed accionante, iii) hacer un en\u00e9rgico llamado de atenci\u00f3n al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena para que atienda con mayor diligencia el proceso e instarlo para que utilice sus poderes correccionales con el fin de evitar dilaciones injustificadas y iv) prevenir a las partes e intervinientes para que atiendan el proceso con seriedad y act\u00faen en el marco de la buena fe y lealtad. El Magistrado Francisco Antonio Pascuales Hern\u00e1ndez no suscribi\u00f3 la providencia por estar impedido. <\/p>\n
2.6. Los actores consideran que se vulneraron sus derechos fundamentales, como quiera que el Tribunal convocado \u00abno dio tr\u00e1mite a una declaratoria de impedimento de conformidad con las normas establecidas en el c\u00f3digo de procedimiento penal, guard\u00f3 silencio frente a la solicitud de se\u00f1alar los motivos de impedimento de uno de los Magistrados que conforman la sala, tomaron decisiones estando inmersos en causal de impedimento y compulsaron copias disciplinarias a la defensora de manera infundada, tildando como maniobra dilatoria aquello que era una evidente actuaci\u00f3n en ejercicio del derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Indicaron que uno de los magistrados de la Sala s\u00ed se declar\u00f3 impedido y que, \u00abde haberse fincado en haber dado opini\u00f3n previa frente al asunto, y haber sido aceptado el impedimento por dicha causal, tal causal le es igualmente aplicable a los dem\u00e1s Magistrados que conforman la sala y debi\u00f3 haberse designado conjueces que resolvieran el referido recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, la decisi\u00f3n del 25 de agosto de 2020 est\u00e1 afectada de nulidad, porque \u00abfue proferida por los Magistrados del Tribunal de Cartagena, sin haber dado tr\u00e1mite al impedimento, o al menos constancia de tal acto no existe, y estando materialmente impedidos para actuar, siendo entonces necesario que la decisi\u00f3n hubiera sido adoptada por conjueces\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, sostuvieron que, \u00abEn este caso, es protuberante y evidente que existen varias v\u00edas de hecho por parte de los sujetos accionados, al haber declarado contrario a la norma procesal penal, improcedente un recuro (sic) interpuesto dentro de los par\u00e1metros legales, y sustentado dentro de las mismas reglas que el legislador ha previsto, para recurrir al eufemismo de la declaratoria de improcedencia, obviando en el tr\u00e1mite del recurso la declaratoria de impedimento en el marco de la ley, y estando inmersos los Magistrados a cargo de la decisi\u00f3n en igual causal de impedimento que la que su hom\u00f3logo declar\u00f3, ello afectando el principio de imparcialidad\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron que \u00abPretender bajo la amenaza de compulsa de copias disciplinarias, que la defensa se abstenga de actuar es igualmente una violaci\u00f3n directa del derecho de defensa que le asiste no solo al procesado, sino a la defensora de este, quien en ejercicio del mandato hace las postulaciones respetuosas en el marco de los poderes y recursos que la ley procesal contempla\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, censuraron que el Tribunal haya invadido la \u00f3rbita del Juzgado de primera de instancia, \u00abhaciendo llamados y conminaciones a no atender recursos o actividades de las partes que tiene soporte en la constituci\u00f3n y la ley\u00bb, pues con ello vulner\u00f3 el \u00abprincipio de independencia judicial y (\u2026) afect\u00f3 de manera directa el derecho de defensa en las sucesivas audiencias, pues el Juez se encontrar\u00e1 compelido a hacerle caso a la orden de su superior, que, con todo respeto, desborda los par\u00e1metros de la constituci\u00f3n y la ley procesal penal\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicitaron que i) \u00abse ordene restablecer los derechos fundamentales vulnerados, anulando todo lo actuado al interior del proceso (\u2026) A PARTIR INCLUSIVE DE LA DECISI\u00d3N DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA AGOSTO 25 DE 2020\u00bb y ii) \u00abComo consecuencia de la declaratoria de anulaci\u00f3n, se ordene al Tribunal Suerior (sic) del Distrito Judicial de Cartagena, se designe conjueces que tomen de manera imparcial la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. Juan Camilo C\u00f3rdoba Escamilla, quien dijo actuar en calidad de apoderado especial del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, sucesor jur\u00eddico de Corelca S.A. E.S.P., defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n censurada e indic\u00f3 que \u00ablos graves hechos investigados fueron imputados a los procesados el 4 de mayo de 2012, sin que hasta la fecha, m\u00e1s de 8 a\u00f1os despu\u00e9s, se haya logrado iniciar la solicitud probatoria de la audiencia preparatoria (\u2026) lo cual resulta preocupante por la dificultad del proceso, las audiencias que faltan por realizarse y las frecuentes solicitudes de algunas de las defensas encaminadas a entorpecer la actuaci\u00f3n\u00bb; solicit\u00f3 \u00abQue se NIEGUE el amparo de tutela (\u2026), por no existir ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales a los que hace referencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a trav\u00e9s del auxiliar judicial del Despacho de conocimiento, pidi\u00f3, de manera principal, que \u00abse declare improcedente la solicitud de amparo, bien porque no se agotaron oportunamente todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios\u00bb y, subsidiariamente, que \u00abse deniegue el amparo por inexistente vulneraci\u00f3n de los derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, entre otros, que el impedimento del Magistrado Francisco Antonio Pascuales Hern\u00e1ndez se acept\u00f3 por auto del 5 de junio de 2013, que la recusaci\u00f3n de la Magistrada Patricia Helena Corrales Hern\u00e1ndez fue negada el 11 de agosto de 2015 y que la parte tutelante, frente a los Magistrados Patricia Helena Corrales Hern\u00e1ndez y Jos\u00e9 de Jes\u00fas Cumplido Montiel, no present\u00f3 recusaci\u00f3n, \u00abconforme lo dispuesto por el art\u00edculo 60 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
3. La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, \u00abpor no existir ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, \u00aben la medida que, lo que buscan los accionantes es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abresulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la parte actora frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los impedimentos, sostuvo que la parte siempre tuvo conocimiento de los magistrados que integraban la Sala y, si consideraba que en ellos concurr\u00eda una causal que les imped\u00eda actuar en el proceso, lo pertinente era \u00abpresentar la correspondiente recusaci\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb. En todo caso, destac\u00f3 que la recusaci\u00f3n formulada contra la doctora Patricia Helena Corrales Hern\u00e1ndez fue negada el 11 de agosto de 2015. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la compulsa de copias para investigar disciplinariamente a la abogada, el juez constitucional advirti\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n censurada no se muestra arbitraria o caprichosa; por el contrario, la compulsa de copias es una determinaci\u00f3n de simple impulso procesal, que se deriva del deber constitucional y legal radicado en cabeza de cualquier servidor p\u00fablico que conozca de la presunta comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n (penal o disciplinaria) de poner esa situaci\u00f3n en conocimiento de la autoridad competente para los fines legales que considere pertinentes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado de los accionantes, quien manifest\u00f3 que \u00abLa decisi\u00f3n dej\u00f3 de lado un aspecto fundamental en el planteamiento de la acci\u00f3n de tutela, y es precisamente el relativo a si declarar improcedente un recurso que el c\u00f3digo de procedimiento penal contempla de manera espec\u00edfica como procedente, es o no una vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abno puede ser f\u00e1cilmente entendible es c\u00f3mo se se\u00f1ala que la defensora debi\u00f3 recusar a los magistrados del tribunal, pues tal planteamiento olvida que mientras recusar es una posibilidad para las partes y sus apoderados, la declaratoria de impedimento es un deber que debe ser cumplido por el funcionario judicial\u00bb, por lo que solicit\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n y en su lugar conceder el amparo de tutela solicitado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, los actores pretenden que se anule todo lo actuado en el proceso seguido en contra de \u00c1lvaro de Jes\u00fas Ariza Fontalvo \u00abA PARTIR INCLUSIVE DE LA DECISI\u00d3N DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA AGOSTO 25 DE 2020\u00bb, que i) declar\u00f3 improcedente el recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia que neg\u00f3 la solicitud de preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, ii) compuls\u00f3 copias para investigar disciplinariamente a la abogada Mildret Alicia Alarc\u00f3n Meneses, iii) hizo un en\u00e9rgico llamado de atenci\u00f3n al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena para que atienda con mayor diligencia el proceso y lo inst\u00f3 para que utilice sus poderes correccionales, con el fin de evitar dilaciones injustificadas y iv) previno a las partes e intervinientes para que atiendan el proceso con seriedad y act\u00faen en el marco de la buena fe y lealtad, pues consideran que con dicha decisi\u00f3n se vulneraron sus derechos, porque fue emitida por dos magistrados que debieron declararse impedidos, quienes adoptaron decisiones constitutivas de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el argumento expuesto en el escrito inicial, en el sentido que los magistrados que dictaron el auto del 25 de agosto de 2020 actuaron estando impedidos, y lo aludido en la impugnaci\u00f3n en cuanto a que, \u00abmientras recusar es una posibilidad para las partes y sus apoderados, la declaratoria de impedimento es un deber que debe ser cumplido por el funcionario judicial\u00bb, destaca la Sala, en primer lugar, que el asunto ya fue definido, por lo menos, frente a la magistrada Patricia Helena Corrales Hern\u00e1ndez, quien, como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, \u00aben el a\u00f1o 2015 (\u2026) fue recusada dentro del tr\u00e1mite de una apelaci\u00f3n del proceso penal 2011-00090, por presuntamente incurrir en la causal prevista en el numeral 4 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, sin embargo, la togada no acept\u00f3 tal recusaci\u00f3n, lo cual fue avalado mediante auto del 11 de agosto de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por los conjueces4. <\/p>\n
Ahora bien, si la parte accionante consideraba que los Magistrados del Tribunal convocado estaban en causal de impedimento, lo procedente era recursarlos y no lo hizo5, lo cual torna improcedente al tutela, pues esta, como se indic\u00f3, es un mecanismo subsidiario y residual; a su vez, si lo estimado es que los Magistrados actuaron en el proceso debiendo declararse impedidos y, por tanto, han incurrido, presuntamente, en una falta disciplinaria o penal, lo pertinente es poner en conocimiento de las autoridades competentes esa situaci\u00f3n, toda vez que el juez de tutela no es el llamado a determinar la responsabilidad que supuestamente pudiera atribuirse a los funcionarios cuestionados. <\/p>\n
3. De otro lado, sobre la compulsa de copias ordenada en la providencia censurada al Consejo Superior de la Judicatura frente a la abogada Miltret Alarc\u00f3n Meneses, advierte la Sala que dicha orden, por s\u00ed misma, no constituye una violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la gestora, dado que, como lo ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abNing\u00fan reparo amerita la orden de la investigaci\u00f3n y compulsaci\u00f3n de copias a otra autoridad, porque \u2018es una facultad discrecional de los funcionarios poner en conocimiento de los competentes los actos u omisiones que estimen podr\u00edan llegar a ser constitutivos de faltas, sin que ello implique una extralimitaci\u00f3n de sus funciones\u2019, criterio que ha mantenido esta Sala, entre otros, en la sentencia de 18 de diciembre de 2009, expediente 2009-00052-01, ratificada en la 21 de octubre de 2011, radicaci\u00f3n 00398-02\u00bb (CSJ STC. 23 de febrero de 2012, exp. 2011-00102). <\/p>\n
Y, frente a ello, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[E]s ante el ente investigador que el investigado podr\u00e1 \u2018ejercer su derecho de contradicci\u00f3n rindiendo las explicaciones solicitadas, aportando las pruebas que tenga en su poder o pidiendo la pr\u00e1ctica de las que considere conducentes, pertinentes y necesarias para demostrar la inexistencia de la falta sobre la que versa el cargo, o la improcedencia de la sanci\u00f3n que se sigue como consecuencia de ella\u2019\u00bb (CSJ, STC 2 nov. 2010, exp. 2010-00279-01, reiterado, entre otras en STC 2 de junio de 2012, exp. 00027-01). <\/p>\n
Por tanto, en ese aspecto, no se vislumbra la vulneraci\u00f3n alegada; adem\u00e1s, no es el juez de tutela el llamado a pronunciarse sobre los argumentos de defensa que exponen los accionantes en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n profesional de la abogada, pues dichas alegaciones deben ser puestas de presente en el curso del proceso disciplinario respectivo, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
3.1. Tampoco se avizora desconocimiento de las garant\u00edas invocados por el llamado realizado al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, para que atienda con mayor diligencia el tr\u00e1mite del presente asunto y, de ser necesario, utilice sus poderes correccionales, \u00aben aras de efectivizar el tr\u00e1mite de la presente actuaci\u00f3n y evitar dilaciones injustificadas\u00bb, ni en la prevenci\u00f3n efectuada a los intervinientes, \u00abpara que atiendan con seriedad el tr\u00e1mite de la presente actuaci\u00f3n, y act\u00faen de buena fe y con lealtad en el marco de la misma\u00bb, toda vez que de ello no se deriva la injerencia en la independencia judicial que se reprocha, ni se deduce que se impida a las partes ejercer su derecho de defensa; por el contrario, lo dispuesto propende por la debida diligencia en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Finalmente, frente a las censuras formuladas contra el auto del 25 de agosto de 2020, por declarar improcedente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia del 11 de junio anterior, que neg\u00f3 la solicitud de preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal adelantada contra \u00c1lvaro Ariza Fontalvo, es pertinente indicar que la misma se adopt\u00f3 en forma motivada y razonada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
En efecto, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, \u00ablo que buscan los accionantes es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha establecido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones esbozadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Anexo escrito de tutela. Folio 21. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. Folio 22. <\/p>\n
3\u0002 Demanda de Tutela. Folios 17 a 37. <\/p>\n
4\u0002 La recusaci\u00f3n fue formulada por Julio Mendoza Bula, otro de los investigados en el mismo proceso penal. Carpeta fallo. Respuestas. Subcarpeta Sala 20-09-2020. Subcarpeta 112972. Auto decide recusaci\u00f3n.pdf <\/p>\n
5\u0002 En ese sentido ver informe allegado por la Sala Penal del Tribunal, rendido de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
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