STC15504-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15504-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00ba de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Julio Alberto Mendoza Bula le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y a los Juzgados Segundo y Tercero Penales del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 201100091. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u201cdebido proceso y defensa\u201d para que, en consecuencia, se declarara sin competencia al Juez Tercero Penal del Circuito de Cartagena para conocer del incidente de recusaci\u00f3n; se declarara la nulidad de todo lo actuado por dicha autoridad; y, que el superior decida y \u00abdeclare viable la causal de recusaci\u00f3n interpuesta contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de dicha localidad\u00bb. <\/p>\n
Los fundamentos f\u00e1cticos que sustentan la salvaguarda son los siguientes: <\/p>\n
En contra del gestor se adelanta ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, juicio por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, en el que el 22 de abril de 2021 se inici\u00f3 la audiencia preparatoria, donde los apoderados de la \u00abbancada defensora\u00bb recursaron al titular, porque, en su sentir, se configuraba la causal 4\u00aa de impedimento del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Dicho incidente lo tramit\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad, con sustento en los art\u00edculos 82 y 84 de la Ley 1395 de 2010 (6 may. 2021), quien, a su vez, declaro infundada la \u00abcausal de recusaci\u00f3n\u00bb alegada y devolvi\u00f3 el plenario al estrado de origen, para que se continuar\u00e1 con el litigio (13 may. 2021). <\/p>\n
El quejoso acus\u00f3 tales prove\u00eddos de ilegales, ya que, en su opini\u00f3n, quien debi\u00f3 dirimir la \u00abrecusaci\u00f3n\u00bb era el Tribunal, no el Juzgado Tercero. Por ello, solicit\u00f3 que el expediente se devuelva a la Magistratura mencionada para que sea \u00e9sta quien determine si el Juzgado Segundo se encuentra impedido; en todo caso, insisti\u00f3 en la prosperidad de la articulaci\u00f3n, porque en su entender, dicho despacho ya se hab\u00eda pronunciado sobre el decreto probatorio en un caso de igual connotaci\u00f3n al que ahora se sigue en su contra. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena se opuso al amparo y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, en la medida que se ajusta a derecho y al precedente fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (auto AP 4589 de 2015), que aclar\u00f3 \u00abel tr\u00e1mite de los impedimentos y recusaciones\u00bb se\u00f1alando que en virtud del art\u00edculo 84 de la Ley 1395 de 2010, \u00absi un juez es recusado, luego del pronunciamiento de rigor, debe remitir la actuaci\u00f3n al competente, que en este caso es el que le sigue en turno, y la competencia del Superior Funcional s\u00f3lo se activa cuando existe controversia entre el funcionario recusado y el que conoce de la recusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Penal del Circuito resalt\u00f3 la improcedencia de la s\u00faplica, por cuanto no ha habido trasgresi\u00f3n de prerrogativas b\u00e1sicas y, adem\u00e1s, porque en el sub lite, contrario a lo esbozado por el tutelante, la ley aplicable cuando se trata de \u00abrecusaci\u00f3n\u00bb es la referida al proceso penal, m\u00e1s no la del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto prevalece norma especial sobre ley general. <\/p>\n
El Tercero Penal del Circuito asegur\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal fue la correcta ya que, \u00ablas normas especiales de la Ley 906 de 2004 prevalecen sobre las generales contenidas en la Ley 1564 de 2012\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido se pronunciaron la Fiscal\u00eda 65 Seccional adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada Contra la Corrupci\u00f3n y la Superintendencia de Notariado y Registro (v\u00edctima), agregando la primera, que el Juzgado Segundo Penal del Circuito \u00abno est\u00e1 impedido para seguir conociendo del proceso\u00bb, como quiera que el hecho de haber conocido un litigio con connotaciones similares al que ahora se analiza, no significa que se vea afectada la imparcialidad del funcionario. <\/p>\n
Finalmente, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Ariza Fontalvo (coacusado en la causa confutada), dijo ser ciertos los hechos descritos en el escrito genitor y, que \u00abla negativa de la recusaci\u00f3n es una v\u00eda de hecho pues el juzgado insiste en no separarse de los dos procesos que motivaron la recusaci\u00f3n, se\u00f1alando que, aunque son distintos, el objeto es el mismo. Esa falta de seguridad jur\u00eddica implica que las cosas sean y no sean a la vez. Si son los mismos hechos en los dos procesos, no existe raz\u00f3n jur\u00eddica para que cursen de manera separada. Es decir, si la diferencia es el n\u00famero de radicaci\u00f3n, pero identidad sustancial en los hechos lo que debe hacerse es unir dichos procesos por la conexidad que implica y por el mandato de unidad procesal que se\u00f1ala la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el ruego, tras apreciar, que \u201clos pronunciamientos acusados no adolecen de ninguna causal espec\u00edfica de procedencia del amparo en contra de providencias judiciales, lo que implica que no puede esta Sala de Tutelas entrar a revisarlos sin afectar los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia que orientan la funci\u00f3n judicial\u201d. Adicionalmente, \u201cante la evidencia de que el proceso en contra de JULIO ALBERTO MENDOZA BULA est\u00e1 relativamente pr\u00f3ximo a prescribir, y ante la posibilidad de que la bancada de la defensa est\u00e9 acudiendo a los incidentes procesales y a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo para dilatar la resoluci\u00f3n del caso (\u2026), exhort\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena para que, \u00abde considerarlo necesario, acuda al uso de los poderes y medidas correccionales que le concede el art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u201d. <\/p>\n
2.- El actor impugn\u00f3 con argumentos semejantes a los inaugurales, enfatizando que, prevalece la ley posterior sobre la anterior, en espec\u00edfico \u00abla ley 906 de 2.004 que es el C\u00f3digo de Procedimiento Penal es una ley anterior, mientras que la ley 1564 de 2.012, que constituye el C\u00f3digo General del Proceso, es una ley posterior, por consiguiente, tiene prevalencia las normas previstas en esta ley posterior que regulan la recusaci\u00f3n\u00bb. Insisti\u00f3 en que, \u00abel caso anterior que conoci\u00f3 el funcionario aludido no es de similares caracter\u00edsticas sino id\u00e9nticos hechos respecto de los cuales proceden pruebas notoriamente pertinentes\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abs\u00ed procede la causal de recusaci\u00f3n alegada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine se evidencia el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en la primera instancia, porque los autos de 6 y 13 de mayo de 2021, expedidos por la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, respectivamente, no lucen antojadizos, ni ilegales; por el contrario, obedecen, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del dossier. <\/p>\n
Se aduce lo anterior, en atenci\u00f3n a que valoraron \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas y normas que habilitaron de un lado, la remisi\u00f3n del paginario a la autoridad que le siga en turno a aquella que fue recusada, esto es, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad y, del otro, la no prosperidad de la \u00abcausal de recusaci\u00f3n invocada\u00bb, por lo que el plenario fue devuelto al despacho de origen. <\/p>\n
1.1.- En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, el Tribunal de Cartagena precis\u00f3 que carec\u00eda de competencia para solventar la \u00abrecusaci\u00f3n\u00bb formulada contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito, de conformidad con los art\u00edculos 57 y 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, modificados por c\u00e1nones 82 y 84 de la Ley 1395 de 2010 y con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que estableci\u00f3, sin lugar a dudas, que propuesta la \u00abrecusaci\u00f3n\u00bb, en caso de no ser aceptada <\/p>\n
\u00abSe enviar\u00e1 a quien le corresponde resolver para que decida de plano\u00bb, quien de acuerdo con las pautas fijadas en el art\u00edculo 57 de la mismo codificaci\u00f3n, que regula el tr\u00e1mite para el impedimento que se integra al presente, es \u00abquien le sigue en turno\u00bb, o, si en el sitio no hubiere m\u00e1s de uno de la categor\u00eda del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro del lugar m\u00e1s cercano (\u2026) Por cuanto no otra lectura puede darse a la reforma introducida con la Ley 1395 de 2010, que a m\u00e1s de modificar el art\u00edculo antes referido, alter\u00f3 el art\u00edculo 341 del estatuto procesal penal para privar, de manera inicial, la competencia del superior funcional a fin de resolver este tipo de asuntos\u00bb. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Entendi\u00f3, entonces, que, en asuntos de derecho procesal penal, el encargado de resolver la recusaci\u00f3n es el despacho hom\u00f3logo que le sigue en turno, lo que tiene respaldo en el principio de la especialidad contenido en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 57 de 1887, que consagr\u00f3 con claridad que la disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general. De manera que, si bien el C\u00f3digo General del Proceso fue expedido con posterioridad a la norma referida por el Tribunal, lo cierto es que, la del proceso penal por su contenido y alcance, \u00e9sta caracterizada por una mayor especialidad que la otra, situaci\u00f3n que deviene en la prevalencia de la Ley 906 de 2004, modificada por la norma 1395 de 2010 sobre la Ley 1562 de 2012, ateniendo nuevamente al criterio de la \u00abespecialidad\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Lo mismo puede afirmare del interlocutorio de 13 de mayo de 2021, emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, por cuanto, en \u00e9l sostuvo: <\/p>\n
\u00ab[P]ara el despacho no est\u00e1n dados los presupuestos para acreditar o establecer que la conducta adoptada por el Juez, CARLOS WILSON MORA RICO al tomar una determinaci\u00f3n dentro del proceso seguido contra RUBEN ARIZA FONTALVO negando la pr\u00e1ctica de unos testimonios dentro de las solicitudes probatorias puedan ser tenidos como una opini\u00f3n extraprocesal pues, no obstante no tratarse del mismo proceso sino de uno paralelo de origen com\u00fan, no tiene la connotaci\u00f3n que se requiere para comprometer la imparcialidad del funcionario. <\/p>\n
Enti\u00e9ndase que la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 no fue un consejo o concepto por fuera del proceso, y mucho menos este concepto tiene la aptitud o entidad sustancial vinculante sobre el fondo del asunto, pues lo decidido no compromete su juicio, impidi\u00e9ndole actuar con libertad e imparcialidad; t\u00e9ngase en cuenta que lo sustancial o esencial es el fondo de la pretensi\u00f3n, pero esta decisi\u00f3n, tan solo es una providencia interlocutoria que no define el proceso y de la cual se afirmo fue nulitada; pero aun si en gracia de discusi\u00f3n, esto no hubiera sucedido; como lo se\u00f1alamos apoyado en la jurisprudencia, esta decisi\u00f3n no ata o sujeta al juez, pues, este siempre podr\u00e1 tomar otra determinaci\u00f3n dependiendo de la fundamentaci\u00f3n probatoria que le sea expuesta, la que estar\u00e1 sujeta a los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para esta Sala es evidente, que lo arg\u00fcido por el Juzgado Tercero, es que el Juez Segundo Penal del Circuito no incurri\u00f3 en la \u00abcausal de recusaci\u00f3n\u00bb aducida por el accionante, pues no ha manifestado su opini\u00f3n de fondo sobre alg\u00fan t\u00f3pico relacionado de manera \u00edntima con el proceso que se lleva en contra de Julio Alberto Mendoza Bula. <\/p>\n
2.- En esas condiciones, debe admitirse que al margen que se comparta o no esas reflexiones, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo pretende el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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