STC15505-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15505-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04046-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Andrea Isabel Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez instaur\u00f3 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, extensiva al Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso No. 2017-00050-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal accionado, por medio de la cual se le impuso sanci\u00f3n por no haber realizado en debida forma el juramento estimatorio (5 marzo 2021). <\/p>\n
Como fundamento de su pretensi\u00f3n adujo que promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de CEPCOLSA CEPSA S.A. por los perjuicios derivados del redireccionamiento de un canal de agua lluvia que afect\u00f3 un predio de su propiedad. Precis\u00f3 que la demanda fue acompa\u00f1ada del concepto objetivo rendido por un perito profesional en Agronom\u00eda. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Yopal profiri\u00f3 sentencia en la que acogi\u00f3 las pretensiones (23 agosto 2018); sin embargo, dicha determinaci\u00f3n fue apelada y al decidir la alzada el Tribunal dispuso adicionar uno de los numerales de la sentencia con el fin de imponer a la parte demandante la sanci\u00f3n por juramento estimatorio, correspondiente \u00abal diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada, esto es: $230.150.000 (cantidad estimada) – $56.724.279 (cantidad probada) = $173.425.721 x 0,10 = $ 17.342.572,10\u00bb (15 marzo 2021)\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de la sentencia, pero el pedimento fue rechazado. <\/p>\n
A juicio de la actora, la decisi\u00f3n del cuerpo colegiado desconoci\u00f3 que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la sanci\u00f3n por juramento estimatorio se aplica \u00abcuando la causa de la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte\u00bb y en el presente asunto tal descuido no existi\u00f3, toda vez que con la demanda se aport\u00f3 un dictamen pericial que fue sustentado en audiencia por la perito, quien se sostuvo en las conclusiones que obtuvo. <\/p>\n
2. La Magistratura acusada adujo que las decisiones que emiti\u00f3 en el proceso en comento respetaron los derechos de debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El resguardo no est\u00e1 llamado a prosperar porque la decisi\u00f3n atacada fue adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable de las probanzas obrantes en el plenario y de la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
En el caso, la sentencia proferida por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Yopal fue apelada por la demandada CEPCOLSA CEPSA COLOMBIA S.A, quien dentro de los reparos formulados, entre otras cosas, aleg\u00f3 que \u00abse omiti\u00f3 en la sentencia dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n establecida en el CGP respecto al juramento estimatorio\u00bb. Para estudiar este asunto la Magistratura record\u00f3 el contenido del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso y a continuaci\u00f3n conjug\u00f3 dicho precepto con lo solicitado en la demanda y lo acreditado en el proceso. Sobre el particular se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En el escrito introductorio la demandante fijo su juramento estimatorio, por concepto de da\u00f1os materiales y morales, en la suma de $267.035.850 y\/o el valor que resulte probado, discriminados as\u00ed: <\/p>\n
– Total de da\u00f1os materiales la suma de $230.150.000, discriminados as\u00ed: <\/p>\n
– Por concepto de la compensaci\u00f3n en t\u00e9rminos de aprovechamiento comercial la suma de: $30.150.000, en p\u00e9rdidas de \u00e1rboles arrastrados por la escorrent\u00eda y erosi\u00f3n del socav\u00f3n. <\/p>\n
-Por concepto de perdida de la capacidad agroecolog\u00eda y productiva de suelo, seg\u00fan manifest\u00f3, imposible de medir al 100%, efectuando un promedio seg\u00fan la ubicaci\u00f3n, localizaci\u00f3n de la zona el cual es sitio estrat\u00e9gico para la producci\u00f3n agropecuaria y potencial productivo lo fij\u00f3 en la suma de $200.000.000. <\/p>\n
– Total de da\u00f1os morales la suma equivalente a 50 SMLMV, esto es, $36.885.850. Admitida la demanda y notificada CEPSA, \u00e9sta objeto el juramento estimatorio presentado por la demandante y basado en la pericia presentada por ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO, se fund\u00f3 en apreciaciones err\u00f3neas sin el cumplimiento del art\u00edculo 226 del CGP, por cuanto el informe no explic\u00f3 los ex\u00e1menes realizados, m\u00e9todos adelantados, ni los experimentos o investigaciones efectuadas, ni los fundamentos t\u00e9cnicos o cient\u00edficos que le permitieron llegar a las conclusiones presentadas, m\u00e1s aun, afirm\u00f3 que la pericia no demostr\u00f3 ninguna capacidad t\u00e9cnica ni cient\u00edfica que le permita llegar v\u00e1lidamente a su conclusiones, adicionalmente, indic\u00f3 que no existe soporte respecto al quebranto emocional de la demandante, solicitando el decreto como prueba del dictamen pericial elaborado por DARWIN ORTIZ y DAVID RUIZ (\u2026) <\/p>\n
A continuaci\u00f3n describi\u00f3 el tr\u00e1mite que el juez de primera instancia dio a la objeci\u00f3n del juramento estimatorio y aludi\u00f3 al dictamen pericial decretado de oficio, que permiti\u00f3 establecer el monto de la condena por indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Y efectuado el an\u00e1lisis respectivo consign\u00f3: <\/p>\n
\u00abExaminada la sentencia no se encontr\u00f3 pronunciamiento hecho por el A quo sobre este punto, por lo tanto, se procede a analizar conforme al art\u00edculo 206 del CGP, as\u00ed: <\/p>\n
El total de la cantidad estimada por concepto de perjuicios materiales asciende a la suma de $267.035.850 y\/o el valor que resulte probado, especificando el valor de $230.150.000, suma compuesta de la compensaci\u00f3n en t\u00e9rminos de aprovechamiento comercial por la suma de $30.150.00 y por la p\u00e9rdida de la capacidad agroecolog\u00eda y productiva de suelo en la suma de $200.000.000, al resultar favorable la sentencia de primera instancia en la cual se reconoci\u00f3 conforme a las pruebas obrantes, las sumas por concepto de \u00abDA\u00d1O EMERGENTE\u00bb la sumas de $30.150.000 y $26.574.279 conforme se indic\u00f3 anteriormente, para un total de $56.724.279. <\/p>\n
Conforme lo anterior, la cantidad estimada excede el cincuenta por ciento (50%) a lo probado, haciendo procedente el condenar a la parte demandante, quien hizo el juramento estimatorio, a pagar al <\/p>\n
Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada, esto es: <\/p>\n
$230.150.000 (cantidad estimada) – $56.724.279 (cantidad probada) = $173.425.721 x 0,10 = <\/p>\n
$ 17.342.572,10.\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto permite colegir que el Tribunal dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso a partir de la valoraci\u00f3n razonable de los medios suasorios obrantes en el expediente. Adem\u00e1s, debe destacar la Sala que no hubo indebida interpretaci\u00f3n de la norma mencionada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Sobre la finalidad del juramento estimatorio esta Corporaci\u00f3n ha establecido que: <\/p>\n
Ciertamente, la figura del juramento estimatorio en la legislaci\u00f3n procesal civil colombiana ha acu\u00f1ado en el tiempo dos finalidades intr\u00ednsecas, una destinada a lograr la determinaci\u00f3n de las pretensiones de contenido pecuniario en aquellos casos en que la ley permite su estimaci\u00f3n y otra enfocada a sancionar la eventual tasaci\u00f3n desmesurada del demandante en el litigio. Dicho en otros t\u00e9rminos, la referida instituci\u00f3n permite a este y al juez la fijaci\u00f3n del monto de los anhelos pecuniarios para los casos dispuestos por el legislador y el resarcimiento de los agravios irrogados con los c\u00e1lculos exorbitantes ya sea en favor de la parte contraria a qui\u00e9n tas\u00f3, como ocurr\u00eda en el pasado, o de la administraci\u00f3n de justica como sucede en la actualidad (STC7646-2021). <\/p>\n
En el caso concreto, lo que se buscaba era sancionar la estimaci\u00f3n excesiva de los perjuicios. En consecuencia, en virtud de lo previsto en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 ib\u00eddem, una vez establecido que la tasaci\u00f3n de los menoscabos solicitados en la demanda excedi\u00f3 el 50% de lo probado, hab\u00eda lugar a imponer una sanci\u00f3n equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad calculada y la acreditada. Ahora, aunque la gestora aludi\u00f3 a que el par\u00e1grafo de dicha norma prev\u00e9 que la sanci\u00f3n solo es procedente cuando la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte, lo cierto es que tal regla rige para lo previsto exclusivamente en el par\u00e1grafo y no para los dem\u00e1s casos contemplados por el legislador. En este punto la norma previ\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Tambi\u00e9n habr\u00e1 lugar a la condena a la que se refiere este art\u00edculo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios. En este evento, la sanci\u00f3n equivaldr\u00e1 al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el presente par\u00e1grafo s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando la causa de la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte. <\/p>\n
Quiere decir que la disposici\u00f3n en comento prescribe dos sanciones. La primera, contemplada en el numeral cuarto, que no exige que la diferencia all\u00e1 se\u00f1alada haya ocurrido por \u00abel actuar negligente o temerario de la parte\u00bb (sanci\u00f3n objetiva). Y la otra, la del par\u00e1grafo, que s\u00ed requiere dicho elemento subjetivo, pero que opera cuando \u00abse nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n\u00bb. \u00daltimo evento que no fue el que ocurri\u00f3 en la causa examinada, en tanto las pretensiones fueron acogidas, pero por un monto mucho menor al juramentado. <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
En definitiva, se impone negar el amparo porque la decisi\u00f3n del Tribunal es razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Andrea Isabel Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15505-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15505-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04046-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Andrea Isabel Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59457","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59457"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59457\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}