STC15516-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15516-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2021-00365-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de octubre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Risaralda contra los Juzgados Octavo Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Edificio Santa Ana PH, a la se\u00f1ora Celma Fidia Rivera Mu\u00f1oz y a la Sociedad de Activos Especiales. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que, sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 105104, correspondiente al local comercial 2-1 ubicado en el piso 2 del Edificio Santa Ana de Pereira, de propiedad de la se\u00f1ora Celma Fidia Rivera Mu\u00f1oz, se inici\u00f3 proceso de extinci\u00f3n de dominio, el cual se inscribi\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, por solicitud de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes efectuada por oficio 2935 del 15 de febrero de 2013. <\/p>\n
Dicha entidad, mediante Resoluci\u00f3n 361 del 2 de mayo de 2014, nombr\u00f3 a la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Risaralda como depositario provisional de ese inmueble, entre otros. <\/p>\n
El Edificio Santa Ana Propiedad Horizontal promovi\u00f3 proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda en contra de la Lonja tutelante, para reclamar el pago de las cuotas de administraci\u00f3n en mora de ese local, juicio que conoci\u00f3 el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira bajo el radicado 2014-00816, en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de agosto de 2015. <\/p>\n
Posteriormente, la demandada propuso excepciones y, mediante providencia del 14 de septiembre de 2020, el Juzgado de conocimiento las resolvi\u00f3 desfavorablemente, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n solidariamente frente a la Lonja y a la propietaria del inmueble, decret\u00f3 el aval\u00fao y remate de los bienes embargados, orden\u00f3 que se practicara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y conden\u00f3 en costas a la accionada. <\/p>\n
El 29 de julio de 2021, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
3. En criterio de la promotora, como administradora del bien solo detentaba la tenencia del inmueble y no la posesi\u00f3n, por tanto, \u00abla acci\u00f3n jur\u00eddica se debe ejercer en contra del poseedor o del titular inscrito del derecho de dominio, motivo por el cual el ad quo, no deb\u00eda haber dado tramite a la acci\u00f3n judicial sobre la cual se est\u00e1 recurriendo\u00bb. En ese aspecto, precis\u00f3 que, en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, el inmueble \u00abpasa a pertenecer a los bienes que se encuentran bajo la direcci\u00f3n y administraci\u00f3n de una entidad del estado, siendo en consecuencia, la v\u00eda administrativa la adecuada para la reclamaci\u00f3n de los derechos que le corresponden a la propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 110 de la Ley 1708 de 2014, modificado por la Ley 1849 de 2017, se suspende la exigibilidad de las obligaciones que se causen sobre bienes con extinci\u00f3n de dominio o sobre bienes con medidas cautelares \u00aby que son improductivos por no generar ingresos en raz\u00f3n a su situaci\u00f3n o estado\u00bb, aspecto aplicable al asunto estudiado, pues el local no gener\u00f3 recursos por estar desocupado desde octubre de 2017 hasta la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abla posesi\u00f3n o titularidad del derecho de dominio no pertenece a la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Risaralda sino que se encontraba en cabeza del Estado a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, hoy, la Sociedad de Activos Especiales\u00bb, entidad de econom\u00eda mixta adscrita al Ministerio y Cr\u00e9dito P\u00fablico, sometida al r\u00e9gimen de derecho privado, la cual \u00abes la directamente encargada de responder frente a la obligaci\u00f3n de los pagos de las expensas y cuotas de administraci\u00f3n causadas por los inmuebles\u00bb, deber que tambi\u00e9n est\u00e1 reglado en los art\u00edculos 4 y 12 del Decreto 1335 de 2014. <\/p>\n
Mediante Resoluci\u00f3n 4172 del 24 de agosto de 2018, la Sociedad de Activos Especiales orden\u00f3 retirar de la administraci\u00f3n del referido inmueble a la Lonja De Propiedad Ra\u00edz De Risaralda. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abDECLARAR, que la sentencia del JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, viol\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb y \u00abORDENAR, la revisi\u00f3n del auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n del cr\u00e9dito de fecha 14 de septiembre de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira advirti\u00f3 que la accionante \u00fanicamente censura la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, sin embargo, cuando conoci\u00f3 de ese proceso en segunda instancia \u00abno encontr\u00f3 irregularidades que afectaran dicho tr\u00e1mite, y por ende, dict\u00f3 sentencia confirmatoria el d\u00eda 29 de julio de 2021, sentencia que se ci\u00f1\u00f3 a los motivos expuestos por el recurrente en su impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Edificio Santa Ana P.H. se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 110 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el art\u00edculo 27 de la Ley 1849 de 2017, indica que la suspensi\u00f3n de las obligaciones opera cuando el bien es improductivo por no generar ingresos en raz\u00f3n de su situaci\u00f3n o estado, no obstante, en este caso qued\u00f3 demostrado en el proceso ejecutivo que el bien estuvo arrendado por largos periodos anteriores y posteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva, que la Lonja de Propiedad realiz\u00f3 abonos, pero no cancel\u00f3 la totalidad y que el inmueble se encontraba en condiciones de ser arrendado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la obligaci\u00f3n se encontraba en cabeza del ejecutado, como depositario provisional, puesto que, de acuerdo con el art\u00edculo 29 de la Ley 675 de 2001, las expensas comunes se deben pagar solidariamente entre el propietario y el tenedor de bienes de dominio privado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el juez de segunda instancia estableci\u00f3 que se pretendi\u00f3 sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u00absobre puntos que no fueron objeto de la proposici\u00f3n del recurso (Art.322 numeral 3 incisos 1 y 2) y ahora pretende a trav\u00e9s de una v\u00eda extraordinaria, abrir nuevamente debates de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica sobre aspectos que no tuvo el cuidado de alegar en las oportunidad procesales que le correspond\u00edan\u00bb. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, al determinar que se configur\u00f3 un defecto sustantivo en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Tras citar la sentencia STC9970-2020, argument\u00f3 que \u00abse dej\u00f3 de analizar en profundidad el art\u00edculo 110 de la Ley 1708 de 2014, frente a la productividad o improductividad del bien, tambi\u00e9n se omiti\u00f3 confrontar esta disposici\u00f3n con el Decreto 1068 de 2015, Reglamentario del Sector Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, que en su art\u00edculo 2.5.5.1.2, numeral 4, define los bienes improductivos, porque, no son solo los que no est\u00e1n en capacidad de generar rentas por su estado f\u00edsico (abandono, amenaza ruina, deterioro)\u00bb, sino tambi\u00e9n el inmueble que, \u00abdestinado a producir rentas mediante su arrendamiento, se encuentra desocupado; y, en este caso concreto, como seg\u00fan se observa de las pruebas recaudadas por el juzgado de primera instancia, el bien estuvo desocupado desde finales del a\u00f1o 2017. Luego desde esa \u00e9poca y hasta el 24 de agosto de 2018 que la lonja fue depositaria, era necesario realizar un an\u00e1lisis de la procedencia de la ejecuci\u00f3n de las cuotas de administraci\u00f3n por esos meses y para todos aquellos periodos en que no estuvo arrendado\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00ablas decisiones de los juzgados accionados, no fueron acertadas, pues se fundamentan en el simple supuesto de que por ser un bien rentable estaba destinado a pagar las cuotas de administraci\u00f3n; y ning\u00fan an\u00e1lisis se hizo sobre la demostraci\u00f3n de que el bien estuviera arrendado todo el tiempo, o de cu\u00e1l fue la causa para que no lo estuviera; y de esa manera, la conclusi\u00f3n ha debido ser diferente\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, dej\u00f3 sin efectos la providencia del 29 de julio de 2021 y orden\u00f3 al Juzgado de primera instancia \u00abque dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a resolver nuevamente el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, teniendo en cuenta los criterios plasmados en este fallo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el Edificio Santa Ana P.H., argumentando que para entender con mayor claridad el concepto de bienes productivos e improductivos, se deben tener en cuenta las definiciones que, para el efecto, consagra el Decreto 1760 de 2019, por medio del cual se modific\u00f3 el Decreto 1068 de 2015 y que el art\u00edculo 110 de la Ley 1708 de 2014, sobre el pago de obligaciones de bienes improductivos, suspende su exigibilidad \u00absiempre que de manera cierta y concreta el bien se tenga como improductivo y se compruebe que este no se encuentra generando ingresos en a raz\u00f3n a su situaci\u00f3n o estado actual que impida consumar un provecho\u00bb, circunstancia que no prob\u00f3 la accionada en el juicio ejecutivo, pues \u00abno realiz\u00f3 ning\u00fan esfuerzo probatorio por demostrar que, en efecto el bien objeto de litigo era \u2018improductivo\u2019\u00bb; por el contrario, en la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C.G. del P. confes\u00f3 que el inmueble estuvo arrendado hasta diciembre de 2017 \u00aby que no se pudo arrendar por problemas de log\u00edsticas y desordenes administrativos internos, sin que la causa de que no se pudiese arrendar; se le pudiese atribuir al estado del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los Juzgados de instancia interpretaron las normas conforme a los medios probatorios practicados, con los cuales se logr\u00f3 demostrar la productividad del inmueble, razones por las que no existe el defecto f\u00e1ctico establecido en la sentencia impugnada. <\/p>\n
Y aleg\u00f3 que la tutela fue promovida para \u00abcomplementar sus esfuerzos nulos probatorios en sedes ordinarias, pues (\u2026) ninguna prueba arrim\u00f3 al dossier\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la tutelante que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la providencia del 14 de septiembre de 2020, confirmada el 29 de julio de 2021, mediante la cual se dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n en su contra, toda vez que, en su criterio, la obligaci\u00f3n no le era exigible en tanto i) no detentaba la posesi\u00f3n o titularidad del inmueble, dado que aquella se encontraba en cabeza del Estado, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, hoy de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que deb\u00eda responder por los pagos de las cuotas de administraci\u00f3n y ii) se trata de un inmueble improductivo que es objeto de un proceso de extinci\u00f3n de dominio y, por tanto, la exigibilidad de las obligaciones que causen se suspende, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 110 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
2. Sobre el particular, es indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos definidos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la firmeza de las decisiones, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha sostenido que \u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (Se subraya, CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Pues bien, frente al caso concreto, la Sala advierte que las decisiones cuestionadas no albergan anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda, independientemente de que la tesis sea o no compartida, por tanto, la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y la decisi\u00f3n del a quo constitucional ser\u00e1 revocada. <\/p>\n
4. Revisadas las probanzas allegadas al plenario se establece que en el proceso ejecutivo 2014-00816-01, en audiencia del 14 de septiembre de 2020, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n contra la cual la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Risaralda interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue desatado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 29 de julio de 2021. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 99 de dicha Ley defini\u00f3 la figura del dep\u00f3sito provisional, como \u00abuna forma de administraci\u00f3n de bienes afectados con medidas cautelares o sobre los cuales se haya declarado la extinci\u00f3n de dominio (\u2026) en virtud del cual se designa una persona natural o jur\u00eddica que re\u00fana las condiciones de idoneidad necesarias para que las administre, cuide, mantenga, custodie y procure que contin\u00faen siendo productivas y generadoras de empleo\u00bb y que el art\u00edculo 110 dispuso que \u00abLas obligaciones que se causen sobre bienes con extinci\u00f3n de dominio o sobre bienes con medidas cautelares, tales como cuotas o expensas comunes, servicios p\u00fablicos y que son improductivos por no generar ingresos en raz\u00f3n a su situaci\u00f3n o estado, se suspender\u00e1 su exigibilidad y no se causar\u00e1n intereses (\u2026) Durante el tiempo de suspensi\u00f3n, las obligaciones a cargo de dichos bienes no podr\u00e1n ser objeto de cobro por v\u00eda judicial ni coactiva, ni los bienes correspondientes podr\u00e1n ser objeto de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Transcritas las normas en comento, afirm\u00f3 que era posible que las cargas que genera un bien de esas caracter\u00edsticas \u00abqueden suspendidas\u00bb, sin embargo, para el efecto, se deben cumplir varias condiciones, entre ellas, \u00abque el bien sea improductivo, pero ello, ligado a que ese bien no produzca ninguna clase de fruto en raz\u00f3n a su situaci\u00f3n o estado\u00bb, de tal manera que no basta con verificar que el bien no genere ingresos, \u00absino que tal falta de recursos se deba a las condiciones en que se encuentre el bien; interpreta el despacho, condiciones que hagan imposible su uso, goce o disfrute; bien sea por un deterioro de cualquier naturaleza como abandono, que sea un bien ruinoso, o cualquier otra situaci\u00f3n que imposibilite ponerlo a producir lo que es necesario para su sostenimiento\u00bb. <\/p>\n
Luego, cuando el inmueble se encuentra en condiciones de producir frutos, como una renta, \u00abexiste una clara responsabilidad de quien tiene su administraci\u00f3n de que efectivamente se generen productos que se puedan aprovechar y adem\u00e1s que sean suficientes para cancelar todas las obligaciones o cargas que genera el mismo bien (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Estableci\u00f3 que, en el caso estudiado, la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Risaralda fungi\u00f3 como depositario provisional \u00abdesde la fecha que fue secuestrado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, 15 de febrero de 2013, hasta el 24 de agosto de 2018, cuando fue removida esa empresa de esa calidad por la Sociedad de Activos Especiales SAS\u00bb1, de acuerdo con el acta de secuestro del inmueble, lo que fue ratificado mediante Resoluci\u00f3n 0361 del 2 de mayo de 2014, que a su turno impuso obligaciones al depositario, tales como, mantener, propender, conservar e incentivar la productividad de los bienes y la actividad econ\u00f3mica que les corresponde y \u00abCumplir con cargo a la productividad de los bienes, el pago de las obligaciones fiscales tales como impuesto predial,\u2026y aquellos que demande la administraci\u00f3n de los bienes dentro de los plazos establecidos, so pena, que las sanciones multas y\/o intereses moratorios sean cancelados a cargo del depositario provisional\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el acto administrativo de remoci\u00f3n2 determin\u00f3 la fecha de finalizaci\u00f3n de las funciones de la depositaria y, con base en aqu\u00e9l, argument\u00f3 que, \u00absin asomo de duda\u00bb, la ejecutada \u00abera la responsable del pago de los gastos que generara el local comercial de que trata este asunto, por lo menos durante la \u00e9poca que fungi\u00f3 como depositaria provisional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a que el bien fue productivo, resalt\u00f3 que el depositario provisional tiene la carga legal de mantenerlo en ese estado y que para acreditar los hechos en que fund\u00f3 su defensa la demandada obraban algunas pruebas, como el testimonio de Sol Marina Moreno, auxiliar contable que maneja la contabilidad del Edificio Santa Ana desde 1999, quien hizo un recuento de las personas que han ocupado el local y \u00abdijo que por un tiempo se hicieron abonos a deudas atrasadas. sobre el bien en cuesti\u00f3n afirm\u00f3 que lo conoce; su estado locativo es muy bueno, bien ubicado, llama la atenci\u00f3n, preguntan mucho por \u00e9l, incluso mandan solicitudes para alquilarlo; no sabe por qu\u00e9 no se ha rentado porque gusta mucho. Adujo que la \u00faltima empresa que estuvo fue una de marketing que tuvo hasta hace 2 a\u00f1os (a la fecha de la audiencia)\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n trajo a colaci\u00f3n el testimonio de Nidya Giraldo Franco, administradora de la propiedad horizontal desde hac\u00eda m\u00e1s de diez a\u00f1os, quien igualmente se refiri\u00f3 al buen estado del local comercial y a que, aunque para la fecha de su declaraci\u00f3n el bien no estaba arrendado, \u00abaclar\u00f3, que puede ser muy productivo por su ubicaci\u00f3n, estado en que se encuentra, locaciones y dem\u00e1s, adujo que en el inmueble no ha visto avisos de renta\u00bb. <\/p>\n
Respecto del interrogatorio de Jairo Delgado Ochoa, representante legal de la lonja de propiedad, resalt\u00f3 que afirm\u00f3 que \u00abel bien de que trata este asunto estuvo rentado en el 2016 por un valor y en el 2017 por otro; que el inmueble actualmente es improductivo por reestructuraci\u00f3n de la SAE, debido a que se requiere aval\u00fao previo de la renta del bien para poder ofrecerlo en arrendamiento, tr\u00e1mite que se lleva a cabo en Medell\u00edn, tr\u00e1mite que empez\u00f3 a regir desde el mes de marzo del a\u00f1o en que se practic\u00f3 la audiencia en que fue escuchado (minuto 1:10:15); acept\u00f3 que el bien se encuentra en buen estado, no tiene problemas para el arrendamiento y se excus\u00f3 en que no se puede ofrecer porque, insisti\u00f3 bastante, falta el estimado de la renta; dicho que en posterior respuesta contradijo porque afirm\u00f3 que s\u00ed es posible arrendarlo (minuto 1:14:21), es m\u00e1s, adujo que es necesario arrendarlo\u00bb. <\/p>\n
Una vez analizadas las probanzas, concluy\u00f3 que \u00abes un bien productivo al 100%; a pesar de haber quedado en evidencia que el inmueble estuvo desocupado por algunos periodos, tal falta de renta no puede achacarse a las condiciones del local comercial\u00bb, lo que no fue desconocido por el representante legal de la depositaria provisional, aunado a que \u00abLa excusa en cuanto a que era necesaria la estimaci\u00f3n previa de la renta para ofrecer el bien en alquiler, qued\u00f3 desvirtuada con el dicho del propio depositario, pues inform\u00f3 al estrado judicial que la condici\u00f3n de la estimaci\u00f3n de la renta se produjo en el mes de marzo de 2020, am\u00e9n que no era obst\u00e1culo esa condici\u00f3n para ofrecer y rentar el local\u00bb, de manera que, \u00absi no se puso a producir, es una cuesti\u00f3n que no exonera de responsabilidad a quien tiene por ley la carga de cancelar las cuotas, en este caso de administraci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, confirm\u00f3 la sentencia apelada, resaltando que las cuotas de administraci\u00f3n que debe cancelar la ejecutada solidariamente con la se\u00f1ora Celma Fidia Rivera \u00abson las causadas hasta el 24 de agosto de 2018; de esta fecha en adelante, deber\u00e1n ser cobradas a la \u00faltima de las nombradas o a quien por ley corresponda tal obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. Para la Sala, la determinaci\u00f3n referida no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente que la postura sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la perentoria salvaguarda3. <\/p>\n
De tal forma, se determin\u00f3 en el proceso de marras, no solo que la Lonja era la depositaria provisional y, por ende, deb\u00eda realizar los pagos correspondientes a las obligaciones que generaba el inmueble, sino que el bien se encontraba en buen estado y produjo frutos durante el tiempo en que estuvo a cargo de la ejecutada. <\/p>\n
5.1. No sobra resaltar que el a quo ordinario, al dictar la sentencia de primera instancia en la audiencia del 14 de septiembre de 2020, luego de analizar las declaraciones recibidas y las pruebas documentales allegadas, resalt\u00f3 que \u00aben los \u00faltimos tiempos ha estado improductivo, pero el bien s\u00ed fue productivo, entonces relacionando la \u00e9poca en que fue productivo \u00bfpagaron las expensas?, el Despacho concluye que no se pagaron las expensas en esa \u00e9poca\u00bb4. <\/p>\n
Argument\u00f3 que en el proceso ejecutivo la carga de la prueba la ten\u00eda la parte ejecutada \u00aby era entonces el ejecutado quien debi\u00f3 haber mostrado en qu\u00e9 \u00e9pocas fue productivo y cu\u00e1nto pag\u00f3 o en que \u00e9poca no fue productivo y por qu\u00e9 no pag\u00f3\u00bb, aspectos que debieron estar en los informes que le correspond\u00eda presentar ante la SAE, pero que no fueron aportados al proceso5. As\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que ten\u00eda \u00abrespaldo en la norma\u00bb6 que cuando el inmueble no es productivo no es posible cancelar las obligaciones, pero siendo el interesado el responsable de \u00abprobar que no es productivo el inmueble, pero no la simple manifestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abla lonja qued\u00f3 corta (\u2026) en cuanto a demostrar hasta d\u00f3nde el bien fue improductivo o hasta d\u00f3nde fue productivo y cu\u00e1l fue el pago que hicieron\u00bb y que la ejecutada ten\u00eda el deber de rendir cuentas \u00abde manera espont\u00e1nea y no provocada\u00bb, en las que se pudiera advertir detalladamente que los bienes no estaban siendo productivos; no obstante, la Lonja \u00abno prob\u00f3 (\u2026) cu\u00e1nto produjo, en qu\u00e9 lapso de tiempo y cu\u00e1nto fue lo que pagaron\u00bb7. <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que, tal como lo sostuvo el representante legal de la ejecutada, \u00abel bien inmueble estuvo rentado en el 2016 y en el 2017 y por unas cifras que son considerables\u00bb, \u00e9poca para la cual ya exist\u00eda el proceso ejecutivo de marras con un mandamiento de pago, sin embargo \u00abno se aport\u00f3 prueba de que se hubieran hecho esos pagos\u00bb8. A\u00f1adi\u00f3 que la rendici\u00f3n de cuentas y el informe de gesti\u00f3n eran importantes, \u00abpues de lo contrario eso se vuelve una rueda suelta en la cual el Estado puede verse incurso en una responsabilidad fiscal o de car\u00e1cter administrativo o una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, adujo que el l\u00edmite temporal de los compromisos de la Lonja, respecto a las obligaciones del inmueble qued\u00f3 plasmado en la Resoluci\u00f3n del 22 de agosto de 2018, en la que, adem\u00e1s, se se\u00f1al\u00f3 de manera puntual que al momento de rendir cuentas el depositario deb\u00eda estar a paz y salvo con todas las obligaciones que genere el inmueble frente a terceros.9 En consecuencia, consider\u00f3 que deb\u00eda seguirse adelante con la ejecuci\u00f3n, pero \u00fanicamente hasta el momento en que la Lonja estuvo como depositaria. <\/p>\n
Y, frente a la intervenci\u00f3n de la parte ejecutada al contestar la demanda, manifest\u00f3 que no se pronunciaron sobre las pretensiones, toda vez que, \u00abseg\u00fan su entender, no hab\u00eda pretensiones en la demanda\u00bb10, lo cual no compart\u00eda el Juzgador, porque \u00abel acervo era indicativo de situaciones diversas\u00bb y ellas se deducen \u00abdel escrito demandatorio a folio 13\u00bb, por lo cual se solicit\u00f3 librar mandamiento por las sumas all\u00ed especificadas. <\/p>\n
5.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por los juzgadores de instancia -en el desarrollo del ejercicio normal de sus facultades y amparados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En efecto, los jueces de conocimiento, en forma razonada y motivada, consideraron que la Lonja, como depositaria provisional y responsable de la administraci\u00f3n del inmueble, no acredit\u00f3 el pago de las obligaciones asignadas ni demostr\u00f3 que el bien pudiera considerarse improductivo, por las condiciones de este y porque s\u00ed recibi\u00f3 ingresos, sin demostrar los pagos realizados ni la insuficiencia de aquellos para suplir las cargas reclamadas. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, ha de resaltarse que la tutela no es un medio para demostrar aspectos no acreditados en los juicios, en las etapas respectivas, ni para realizar una nueva valoraci\u00f3n de probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Resoluci\u00f3n 4172 del 24 de agosto de 2018, p\u00e1gina 135, cuaderno principal, expediente 2014-00816-01. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 23 del cuaderno principal, expediente 2014-00816-01. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver sentencia STC942-2021. <\/p>\n
4\u0002 Minuto 0:44:17. <\/p>\n
5\u0002 Minuto 0:45:00. <\/p>\n
6\u0002 Refiri\u00e9ndose a la ley 1849 de 2017 que reform\u00f3 la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
7\u0002 Minuto 0:50:45. <\/p>\n
8\u0002 Minuto 0:52:50. <\/p>\n
9\u0002 Ver par\u00e1grafo 3, art\u00edculo 6 de la Resoluci\u00f3n 4172 del 24 de agosto de 2018. <\/p>\n
10\u0002 Minuto 0:56:40. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15516-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC15516-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2021-00365-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59467","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59467\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}