STC15528-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15528-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00222-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Lu\u00eds Alfonso Correa Ru\u00edz le instaur\u00f3 a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado y la Fiscal\u00eda Trece de la misma especialidad, todos de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, protecci\u00f3n a la honra, bienes e igualdad\u00bb para que, en consecuencia, \u00abse declare la nulidad absoluta de toda la actuaci\u00f3n adelantada por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, del juez Segundo penal del circuito especializado de extinci\u00f3n de dominio y del fiscal 13 de esa unidad\u00bb y \u00abse oficie al registrador de instrumentos p\u00fablicos de la ciudad de Pereira para que se sirva cancelar las anotaciones en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 290-136701 respecto a la anotaci\u00f3n de embargo inscrita por el oficio 675 del 22 de enero de 2004, la inscripci\u00f3n como t\u00edtulo de tenencia n\u00b0 0506 destinaci\u00f3n provisional por extinci\u00f3n de dominio a favor del Incoder y la anotaci\u00f3n 009 de 11 de julio de 2019 de la sociedad de activos especiales SAS\u00bb. <\/p>\n
En compendio narr\u00f3 que la Fiscal\u00eda Trece adscrita a la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, con fundamento en la Ley 793 de 2002, inici\u00f3 la \u00abacci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u00bb y decret\u00f3 el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo del inmueble rural con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 290-136701, ubicado en el sector La Cristalina de la vereda Altagracia de Pereira, de propiedad de Lu\u00eds Camel Orozco, al estimar que fue adquirido con dinero producto del narcotr\u00e1fico, procediendo por consiguiente a \u00abinscribir la medida cautelar decretada en el folio de matr\u00edcula correspondiente con anotaci\u00f3n 003 de 23 de enero de 2004\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa especialidad, \u00abdeclar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del indicado predio a favor de la Naci\u00f3n – Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) al encontrar demostrada su procedencia il\u00edcita\u00bb (29 may. 2013), decisi\u00f3n convalidada por el superior (1 dic. 2020). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con dicha determinaci\u00f3n se lesionaron sus prerrogativas esenciales, debido a que \u00abel asunto se adelant\u00f3 a sus espaldas, por cuanto no fue convocado ni notificado de las etapas all\u00ed surtidas, impidi\u00e9ndosele controvertir las pruebas aportadas por la fiscal\u00eda, caus\u00e1ndole un perjuicio irremediable a su m\u00ednimo vital y al de su familia, comoquiera que desde el 31 de agosto de 2010 es leg\u00edtimo poseedor de buena fe del bien, al cual le ha realizado mejoras por la suma de $242.445.000 y se enter\u00f3 del proceso extintivo de dominio en el mes de noviembre de 2020, cuando decidi\u00f3 iniciar ante un juzgado civil la pertenencia del predio ya que desde la fecha en que lo ha pose\u00eddo ni el propietario ni el Estado se han opuesto a su tenencia pac\u00edfica\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se opuso al auxilio, toda vez que \u00aben punto a la presunta vulneraci\u00f3n de derechos debe destacarse que Lu\u00eds Camel Orozco se notific\u00f3 personalmente de los autos; en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n ejercido por el mismo se refiri\u00f3 al predio en cuesti\u00f3n como de su propiedad, la cual se ratifica con el documento que expide la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, no obstante, se surti\u00f3 el emplazamiento del 13 al 19 de abril de 2005, se public\u00f3 y radiodifundi\u00f3 el 13 de abril de 2005, el curador ad litem fue posesionado el 3 de mayo de 2005, figura procesal que tiene la representaci\u00f3n de personas determinadas que no comparecen al proceso y aquellas indeterminadas, por tanto, resulta contraevidente que a este momento, luego de haber precluido las etapas procesales y ejecutoriada la decisi\u00f3n se pretenda justificar vulneraciones con afirmaciones que debieron someterse al debate y demostraci\u00f3n probatoria ante el juez natural, pero no lo hicieron\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
El Fiscal Trece Especializado de la Direcci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Nacional de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y Lavado de Activos, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abtoda vez que el procedimiento previsto en la Ley 793 de 2002 es de car\u00e1cter preclusivo, se surte por etapas y una vez que el tr\u00e1mite pas\u00f3 a la etapa de juzgamiento, [ese] despacho perdi\u00f3 competencia, para cualquier decisi\u00f3n en el mismo\u00bb. <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales SAS., S.A.E. indic\u00f3 que \u00abno puede admitirse que los particulares se valgan del tr\u00e1mite expedito y sumario de la acci\u00f3n de tutela, para convertirlo en una tercera instancia judicial, m\u00e1s a\u00fan cuando la sentencia que transfiri\u00f3 el derecho real de dominio del mentado inmueble a favor de la Naci\u00f3n fue proferida dentro de la legalidad, se encuentra en firme y puso punto final a una controversia de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente el ruego, al apreciar que \u00abno hubo irregularidad en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio que pudiera vulnerar los derechos fundamentales del accionante pues garantizaron los derechos a la defensa y al debido proceso\u00bb, aunado a que el gestor \u00abya acudi\u00f3 a la justicia ordinaria civil con el fin de acreditar los actos de posesi\u00f3n que aqu\u00ed pone de presente y, de esta manera, lograr la declaratoria de la prescripci\u00f3n adquisitiva, lo que evidencia la existencia de un mecanismo id\u00f3neo y eficaz dentro del cual podr\u00e1, de considerarlo el actor, convocar al actual propietario del inmueble y lograr, una vez surtidas las etapas procesales y del debate probatorio de rigor, la declaratoria de justicia por parte del juez natural\u00bb. <\/p>\n
Replic\u00f3 el precursor insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor, agregando que \u00abrealmente se desconoci\u00f3 su derecho a la defensa porque de haberse enterado de la existencia del proceso, hubiera contratado un profesional del derecho para introducir por incidente la solicitud de reconocimiento dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio en su condici\u00f3n de tercero afectado por la medida\u00bb y \u00abel proceso de pertenencia que est\u00e1 actualmente adelantando no es mecanismo id\u00f3neo y eficaz para garantizar el perjuicio irremediable de la p\u00e9rdida de su patrimonio, pues habiendo cosa juzgada de extinci\u00f3n de dominio est\u00e1 a puertas de un desalojo y en la inspecci\u00f3n judicial que se puede practicar con esta pandemia dentro de tres a\u00f1os ya habr\u00e1 perdido el derecho de posesi\u00f3n y sus bienes, por lo que se debe declarar la invalidez de toda la actuaci\u00f3n desde su inicio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la vinculada Romelia Mart\u00ednez de Guti\u00e9rrez coadyuv\u00f3 lo anhelado por el quejoso, ya que \u00aben forma literal [su] predio se ve afectado con dicha decisi\u00f3n y nunca obtuvimos una respuesta del proceso penal que se lleva a cabo en Bogot\u00e1 por parte del Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio, con respecto a nuestra petici\u00f3n del futuro del predio de mi poderdante de entonces\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub lite lo que busca el sedicente es invalidar el veredicto de 1\u00b0 de diciembre de 2020, por medio del cual, entre otras cosas, se \u00abconfirm\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 290-136701 predio rural sector La Cristalina de la vereda Altagracia de Pereira\u00bb para que, en su lugar, \u00abnuevamente se reabra este proceso por nulidad de la totalidad de este, se le notifique personalmente\u00bb. <\/p>\n
No obstante, de la evidencia allegada al plenario muy pronto se advierte el fracaso del resguardo y la confirmaci\u00f3n de lo confutado, porque Lu\u00eds Alfonso Correa Ru\u00edz, contando con otros medios de defensa ordinaria, no los agot\u00f3, desatendiendo la naturaleza residual que caracteriza este sendero supralegal. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque en el escrito tuitivo asegur\u00f3 que se enter\u00f3 de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del fundo cuando \u00abdecidi\u00f3 iniciar el proceso de pertenencia\u00bb y entonces tuvo acceso al certificado de matr\u00edcula inmobiliaria en el cual advirti\u00f3 que se encuentra afectado con medida cautelar desde el 23 de enero de 2004 y que el tenedor provisional por extinci\u00f3n de dominio es la Sociedad de Activos especiales SAE S.A.S. <\/p>\n
Sin embargo, examinado tal documento, anexado a la demanda constitucional, se encuentra que fue expedido el 26 de noviembre de 2020, es decir, cuando a\u00fan se estaba surtiendo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de 29 de mayo de 2013, por manera que el precursor tuvo la posibilidad de acudir ante la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que los derechos que estima tener como tercero de buena fe fueran examinados al momento de resolver la impugnaci\u00f3n y, de ser el caso, pedir nulidades para la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb de sus privilegios, pero no lo hizo. <\/p>\n
Igualmente, se observa que, en el escrito de tutela, que tiene fecha de presentaci\u00f3n personal en notaria el 26 de noviembre de 2020, Correa Ruiz se\u00f1al\u00f3 que tiene conocimiento del litigio que se estaba adelantando en el Tribunal convocado, empero, no concurri\u00f3 a exponer los argumentos relacionados con la posesi\u00f3n del predio vinculado a la acci\u00f3n extintiva. \u00danicamente despu\u00e9s de emitida la sentencia de segunda instancia, procedi\u00f3 el 1\u00b0 de febrero de 2021 a radicar la salvaguarda, sin agotar previamente los medios ordinarios de defensa que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021). <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto que guarda simetr\u00eda como el de ahora, la Sala de Casaci\u00f3n Penal precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe entrada ha de decir esta Corporaci\u00f3n que la acci\u00f3n de tutela es improcedente, con fundamento en lo establecido en el art\u00edculo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, al no cumplirse con la condici\u00f3n de subsidiariedad en el ejercicio de la tutela, toda vez que XXXX no agot\u00f3 los medios ordinarios de defensa que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para cuestionar la declaratoria de extinci\u00f3n de dominio del inmueble afectado. <\/p>\n
En efecto, los elementos de juicio allegados al expediente de tutela ponen de presente que XXXX tuvo conocimiento que estaba adelant\u00e1ndose el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n en el tribunal accionado, dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio que involucraba el referido predio, sin embargo, no intervino ni realiz\u00f3 solicitud alguna ante esa Corporaci\u00f3n judicial para que los derechos que considera tener como tercero de buena fe fueran examinados al momento de resolver el recurso interpuesto, es decir, no hizo uso de los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance para reclamar la protecci\u00f3n que ahora busca en la demanda de tutela\u00bb (STP1322- 2021). <\/p>\n
Bajo ese entendido, no es factible conceder las s\u00faplicas, ya que, no puede el actor ejercer esta justicia constitucional con el objeto de revivir oportunidades precluidas, que no aprovech\u00f3. <\/p>\n
2. Finalmente, en torno al escrito de impugnaci\u00f3n de Romelia Mart\u00ednez de Guti\u00e9rrez en el que dice \u00abcoadyuvar las pretensiones del accionante\u00bb, por cuanto \u00absu predio se ve afectado por dicha decisi\u00f3n\u00bb, la exigencia del inter\u00e9s para recurrir no se estructura, porque la sentencia de 6 de abril de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no le caus\u00f3 agravio alguno, toda vez que no es la persona que present\u00f3 la demanda de amparo cuyas pretensiones fueron desestimadas; por tanto, la refutaci\u00f3n interpuesta resulta jur\u00eddicamente inviable. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha esbozado, que <\/p>\n
\u00abEl inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir requiere no s\u00f3lo que la parte o el interviniente se encuentre habilitado por la ley para impugnar \u2013 legitimaci\u00f3n procesal -, sino que la providencia cuestionada le sea adversa, es decir, que le haya ocasionado un perjuicio. Por ende, si la decisi\u00f3n no le causa agravio, no puede impugnar su contenido, ni pretender su revocatoria\u00bb (CSJ STP2785-2020, 10 de marzo de 2020, rad. 109428; STP9103-2019, 9 de julio de 2019, rad. 105260, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la figura de la coadyuvancia no implica una oportunidad para formular \u00abpretensiones\u00bb propias, ni \u00abhabilitar\u00bb las ajenas. <\/p>\n
Esta Colegiatura frente al t\u00f3pico, ha sido enf\u00e1tica en predicar, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [F]rente a los reproches de la coadyuvante (\u2026) los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026). <\/p>\n
Precisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545) (\u2026)\u00bb (CSJ. STC11096-2019, exp. 2019-02516-00, reiterada en STC2652-2021 y STC6149-2021). <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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