STC15539-2021 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15539-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2021-00280-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 21 de octubre de 2021, dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en la acci\u00f3n de tutela promovida por Concepci\u00f3n Ramos Tinoco contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2019-00431-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia de 26 de julio de 2021 y, en su lugar, proferir una de reemplazo. <\/p>\n
En sustento, adujo que demand\u00f3 en juicio ejecutivo a La Equidad Seguros de Vida O.C., ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, teniendo como base del recaudo la p\u00f3liza de grupo deudores n\u00b0 AA000025, respecto de la cual pretendi\u00f3 cobrar la suma de $79.000.000, correspondientes al valor asegurado contenido en ese documento. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se desestimaron las excepciones y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Frente a esa determinaci\u00f3n propuso alzada y, el 26 de julio de 2021, el estrado accionado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que al momento de adquirir la calidad de jubilada cumpli\u00f3 con los requisitos de pensi\u00f3n de invalidez de acuerdo con lo exigido por la ley para ese momento, y para la fecha de estructuraci\u00f3n de la enfermedad, esto es, el 20 de octubre de 2013, \u00abqued\u00f3 demostrado que desde antes de esa fecha, ten\u00eda una vida laboral activa (\u2026) y que de igual manera posterior a los a\u00f1os en que estuvo enferma, incluso en el mismo 2013 continu\u00f3 cotizando en la AFP\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
3. El a quo desestim\u00f3 el resguardo solicitado tras advertir que la providencia refutada no luce antojadiza ni caprichosa, por el contrario, se soport\u00f3 en una valoraci\u00f3n probatoria adecuada. <\/p>\n
4. La promotora se alz\u00f3 fincada en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque la sentencia censurada se percibe acorde a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddica que fue expuesta ante el juzgado accionado. <\/p>\n
Una vez confrontada dicha determinaci\u00f3n, se descarta la existencia de un yerro que amerite ser conjurado en esta senda, pues al revocar el prove\u00eddo de primero grado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar delanteramente advirti\u00f3 sobre la posibilidad que tienen las aseguradoras para discutir la existencia de la obligaci\u00f3n cuando no es objetada dentro del t\u00e9rmino legal; luego, acot\u00f3 que jurisprudencial y doctrinalmente <\/p>\n
(\u2026) la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunci\u00f3 en sentencia STC12236-2019, en el sentido de que la exigibilidad en estas circunstancias no opera de manera autom\u00e1tica y, por tanto, siguiendo a Efr\u00e9n Ossa, ense\u00f1a que el asegurador puede en el proceso ejecutivo demostrar que el contrato es nulo, o que hab\u00eda terminado o expirado con antelaci\u00f3n al siniestro, o que hab\u00eda sido revocado o que no encaja dentro de los limites positivos o negativos del riesgo asegurado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, defini\u00f3 el contrato de seguro e ilustro el marco normativo y constitucional aplicable al asunto puesto en consideraci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, el contrato de seguro es un contrato consensual y de ub\u00e9rrima buena fe que obliga al tomador o asegurado a pagar una prima o precio del seguro y condicionalmente al asegurador a responder frente al beneficiario por una indemnizaci\u00f3n cuando se concrete el siniestro por el riesgo previsto. <\/p>\n
El desarrollo legal de este contrato se enmarca dentro del r\u00e9gimen establecido en los art\u00edculos 1151 a 1162 del C\u00f3digo de Comercio. Igualmente, el art\u00edculo 1045 del mismo estatuto menciona los elementos que integran esta modalidad contractual, discriminados as\u00ed: (i) el inter\u00e9s asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o precio del seguro, y (iv) la obligaci\u00f3n condicional del asegurador. <\/p>\n
En repetidas ocasiones se ha estudiado si la fecha del siniestro en los seguros de vida grupo deudores, coincide con la de estructuraci\u00f3n de la invalidez contenida en dict\u00e1menes de calificaci\u00f3n. La Corte Constitucional en sentencia T-309A del 2013, dijo: El dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral puede se\u00f1alar una fecha de estructuraci\u00f3n diferente de la fecha en la que \u00e9ste es proferido, las cuales, sin embargo, pueden coincidir. El art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 917 de 1999, al respecto se\u00f1ala: \u201cla fecha en que se genera en el individuo una p\u00e9rdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia cl\u00ednica, los ex\u00e1menes cl\u00ednicos y de ayuda diagn\u00f3stica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificaci\u00f3n\u00bb.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando la invalidez proviene de un accidente o de una situaci\u00f3n de salud que gener\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuraci\u00f3n otorgada por la Junta coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho, sin embargo, existen ciertos casos en los que la fecha en que efectivamente una persona est\u00e1 en incapacidad de trabajar es diferente a la fecha del dictamen de calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral. Dicha situaci\u00f3n se presenta casi siempre cuando la persona inv\u00e1lida padece de enfermedades cr\u00f3nicas, degenerativas o cong\u00e9nitas y la p\u00e9rdida de la capacidad laboral se presenta de manera paulatina. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha evidenciado que en la gran mayor\u00eda de los casos en los que se presentan situaciones de p\u00e9rdida de la capacidad laboral de forma progresiva, las Juntas de Calificaci\u00f3n establecen como fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez aquella en que aparece el primer s\u00edntoma de la enfermedad, o la que se se\u00f1ala en la historia cl\u00ednica como el momento en que se diagnostic\u00f3 la misma, a pesar de que en ese momento no se hubiere perdido la capacidad laboral. <\/p>\n
Se recogen para esta sentencia las definiciones de los art\u00edculos 1054 y 1072 del C\u00f3digo de Comercio. El riesgo \u201ces el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realizaci\u00f3n da <\/p>\n
Bajo este marco, la autoridad judicial convocada procedi\u00f3 a analizar los elementos de convicci\u00f3n adosados al decurso, se\u00f1alando que, <\/p>\n
(\u2026) con \u00e9nfasis en que la vigencia de la p\u00f3liza No. AA000025 va desde el 2 de febrero del 2018 hasta el 2 de enero del 2013 (sic) y tiene como beneficiario al Banco Compartir S.A.; una segunda pieza fundamental la constituyen los dict\u00e1menes de calificaci\u00f3n incorporados: Acta No. 2127 del 9 de noviembre del 2016, por la que se ratifica el dictamen No. 6098 de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Cesar No. 6098 que evalu\u00f3 la PCL de la se\u00f1ora Concepci\u00f3n Ramos Tinoco en un 56,96% y dictamen del 8 de febrero del 2018 expedido por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, que la calific\u00f3 en un 52,65%, con fecha de estructuraci\u00f3n 20 de octubre del 2013, que fue la fecha en que se realiz\u00f3 trasplante renal a la se\u00f1ora Ramos Tinoco. <\/p>\n
Los dict\u00e1menes aportados muestran que la se\u00f1ora Concepci\u00f3n Ramos \u201cdeja de laborar hace 14 a\u00f1os con diagn\u00f3stico de insuficiencia renal desde hace 14 a\u00f1os que requiri\u00f3 hemodi\u00e1lisis, con trasplante renal hace 4 a\u00f1os el 20-10-2013, establece adherencia al tratamiento, en control m\u00e9dico del 17\/12\/2013 donde permaneci\u00f3 en cuidados intrahospitalarios por espacio de 33 d\u00edas (\u2026). <\/p>\n
Por lo tanto, se asume que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez de la demandante, establecida por la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez, corresponde, siguiendo el an\u00e1lisis de la Corte Constitucional en sentencia T-309A del 2013, a la fecha de en que la se\u00f1ora Concepci\u00f3n Ramos Tinoco perdi\u00f3 la capacidad laboral, pero tambi\u00e9n que para la fecha del primer dictamen ya esa PCL se hab\u00eda configurado y calificado porque exist\u00eda para el 9 de noviembre del 2016. Los argumentos de la calificaci\u00f3n, que se cimientan en los reportes de la historia cl\u00ednica, evidencian que antes de la suscripci\u00f3n de la solicitud de asegurabilidad con La Equidad Seguros de Vida, la asegurada ya estaba en estado de invalidez, aun cuando el porcentaje no hubiese quedado en firme. <\/p>\n
Respecto del argumento de que para la fecha en que se tom\u00f3 el cr\u00e9dito y se solicit\u00f3 la inclusi\u00f3n a la p\u00f3liza de grupo, la se\u00f1ora Ramos \u201cno gozaba de una presunci\u00f3n de incapacidad laboral\u201d, porque a\u00fan no estaba en firme la calificaci\u00f3n, siendo una posici\u00f3n argumentativa razonable -aunque no la \u00fanica posible-, no se acoge por este Despacho toda vez que el siniestro para esta clase de seguros no se configura por la existencia o no de un dictamen de invalidez en firme, sino el hecho mismo de la invalidez, este s\u00ed es el riesgo asegurado. Puede imaginarse, para hacerlo m\u00e1s ilustrado, que una persona que ha perdido su capacidad laboral en un grave accidente de tr\u00e1nsito ocurrido desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os y que no ha sido calificada puede en todo momento solicitar esa calificaci\u00f3n con una visi\u00f3n retrospectiva, pero no puede pensarse que el acto de calificaci\u00f3n sea el constitutivo de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, que habr\u00eda principiado 20 a\u00f1os atr\u00e1s; en definitiva lo que quiere decir el despacho es que la invalidez es un hecho que se reconoce a trav\u00e9s del dictamen de calificaci\u00f3n, pero no es la calificaci\u00f3n la que hace que una persona sea inv\u00e1lida. <\/p>\n
Valga decir, que la notificaci\u00f3n del dictamen de calificaci\u00f3n que tuvo el asegurado no es la fecha de ocurrencia del siniestro para esta modalidad de seguro. Es cierto que la prueba v\u00e1lida para probar la p\u00e9rdida de capacidad laboral es el dictamen emitido por una entidad competente, no obstante, no puede considerarse que el siniestro pueda depender de la voluntad del asegurado en iniciar el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n o del tiempo que tarde por circunstancias ajenas a su voluntad el lograr el resultado, de suerte que, puedan las personas libremente escoger el momento <\/p>\n
en que se concretar\u00e1 el riesgo a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n y notificaci\u00f3n del dictamen o aplazarse la materializaci\u00f3n del siniestro hasta que las circunstancias que dificulten la obtenci\u00f3n del dictamen se superen. <\/p>\n
El siniestro, al ser un hecho objetivo, en criterio del Despacho, no tiene la caracter\u00edstica de fluctuar entre las diversas situaciones que hagan m\u00e1s o menos procedente una reclamaci\u00f3n, puesto que el siniestro se conoce a trav\u00e9s de la certeza del hecho, que es contraria a la incertidumbre reinante en la concepci\u00f3n de los riesgos y diferenciada de la construcci\u00f3n de la prueba. Siguiendo lo dicho, el siniestro ocurre cuando desparece la incertidumbre del riesgo, no cuando el asegurado est\u00e9 en voluntad, disposici\u00f3n o situaci\u00f3n de poder probarlo. <\/p>\n
Debe destacarse que, adem\u00e1s de la valoraci\u00f3n de las documentales recaudadas, el estrado querellado ahond\u00f3 en el estudio de la ocurrencia del siniestro, a partir del cual, realiz\u00f3 las siguientes precisiones: <\/p>\n
(\u2026) Para el caso analizado, el siniestro, aceptado este como la invalidez de la se\u00f1ora Concepci\u00f3n Ramos Tinoco, se tiene configurado desde antes de la vigencia de la p\u00f3liza a que fue ingresada por el cr\u00e9dito tomado con el Banco Compartir, puesto <\/p>\n
que aun en el Acta No. 2127 del 9 de noviembre del 2016 se hab\u00eda reconocido su PCL y con esos mismos hechos y antecedentes m\u00e9dicos fue confirmado su estado de invalidez en dictamen del 8 de febrero del 2018 expedido por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, es decir, que aun cuando la fecha del \u00faltimo dictamen haya sido posterior a la vigencia del seguro (6 d\u00edas antes), es indudable que para la fecha de la p\u00f3liza la se\u00f1ora Concepci\u00f3n Ramos ya hab\u00eda perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%. <\/p>\n
Aplicando el art\u00edculo 1073 del C.CO., se deduce que la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la demandante no constitu\u00eda por lo tanto un riesgo asegurado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1054 del C\u00f3digo de Comercio, ergo, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1073, no se hace responsable de este el asegurador La Equidad Seguros de Vida O.C. <\/p>\n
De otra parte, se asocia tal deducci\u00f3n al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1053 del C.Co., que consagra que el m\u00e9rito ejecutivo de la p\u00f3liza \u201ctranscurrido un mes contado a partir del d\u00eda en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador reclamaci\u00f3n aparejada de los comprobantes que, seg\u00fan las condiciones de la correspondiente p\u00f3liza, sean indispensables para acreditar los requisitos del art\u00edculo 1077 (\u2026)\u201d, entre ellos la ocurrencia del siniestro, por lo tanto, sin haber ocurrido el siniestro, tampoco pudo haber prestado m\u00e9rito ejecutivo la p\u00f3liza, porque no se cumpli\u00f3 el presupuesto del art. 1053 del C.Co. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3 <\/p>\n
Despachando el reparo elevado, entonces, adopta el Juzgado aquel con el que se adujo que \u201cla juez de primera instancia no valor\u00f3 el hecho de que la demandante antes del ingreso a la p\u00f3liza (desembolso del cr\u00e9dito) ya le hab\u00eda sido estructurada una p\u00e9rdida de la capacidad laboral que, para efectos del seguro, la hac\u00edan inv\u00e1lida, es decir, para ese momento ya se hab\u00eda materializado el riesgo que se pretend\u00eda cubrir\u201d. Por lo anotado, se declarar\u00e1 probada la excepci\u00f3n de \u201cinexistencia de riesgo incierto y futuro que pudiera ser objeto de aseguramiento\u201d, absteni\u00e9ndose la Falladora de segunda instancia estudiar los dem\u00e1s, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 282 y 326 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que, con esta excepci\u00f3n, prosperada por intermedio de un punto de reparo, se llega a la terminaci\u00f3n del litigio, dado que no existe una obligaci\u00f3n por la que se deba continuar el proceso ejecutivo. <\/p>\n
Por todas las anteriores razones, esta Agencia de Justicia revocar\u00e1 la sentencia apelada en raz\u00f3n a que no le hall\u00f3 raz\u00f3n al recurrente (\u2026). <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que el Juzgador hall\u00f3 demostrado que desde antes de la vigencia de la p\u00f3liza de grupo deudores n\u00b0 AA000025, adquirida por la promotora para el cr\u00e9dito tomado con el Banco Compartir S.A., aquella ya contaba con una p\u00e9rdida de la capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%; por tanto, \u00abpara ese momento ya se hab\u00eda materializado el riesgo que pretend\u00eda cubrir\u00bb y, al tratarse, entonces, de un hecho cierto, lo condujo a declarar probada la defensa denominada \u00abinexistencia de riesgo incierto\u00bb y, en consecuencia, a revocar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por la gestora, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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