STC15545-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15545-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04064-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Teresita De Jes\u00fas Granda Zapata frente al Director T\u00e9cnico de Reparaciones de la Unidad para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el amparo con radicado 20001221400420210029100. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la \u00abigualdad, especial asistencia, reparaci\u00f3n, dignidad humana\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja manifiesta que \u00abh[a] presentado cantidades de peticiones ante la Unidad de V\u00edctimas\u00bb, por cuanto, a pesar de hab\u00e9rsele reconocido una indemnizaci\u00f3n y girado los dineros por ese concepto al Banco Agrario, este se ha negado a la entrega, por no contar con una \u00abcarta cheque\u00bb, expedida por el Director T\u00e9cnico de Reparaciones de la Unidad para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. <\/p>\n
Ante esa situaci\u00f3n, instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la precitada entidad, que fue negada por el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar. <\/p>\n
Contra dicha autoridad judicial present\u00f3 otro amparo, en el cual el Tribunal ahora accionado \u00able dio un mes m\u00e1s a Ardila Franco para que [l]e entregara la carta cheque\u00bb, determinaci\u00f3n que considera \u00abil\u00f3gica\u00bb, teniendo en cuenta las dif\u00edciles condiciones de salud y socioecon\u00f3micas que afronta en la actualidad. <\/p>\n
Asevera que \u00ab[h]a recibido amenazas por parte de este Tribunal en donde [l]e advierten que no siga presentando acciones de tutela\u00bb; sin embargo, es el \u00fanico medio con el que cuenta para hacer valer sus derechos, toda vez que se trata de \u00abuna persona discapacitada que est\u00e1 en grave estado de salud [y] adem\u00e1s [es] madre cabeza de familia\u00bb. <\/p>\n
3.- Conforme a lo antelado, pide, en concreto: <\/p>\n
\u00ab1- Ordene al Tribunal superior no proteger a los funcionarios tutelados y obligarlos a que me entreguen estos dineros no en un mes si no de inmediato. <\/p>\n
2- Ordenar a ENRIQUE ARDILA FRANCO de forma inmediata y sin m\u00e1s dilataciones hacerme entrega de la carta cheque para poder cobrar mi indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Ordenar a la fiscal\u00eda y es un pedido que hago por 30 vez que hagan una investigaci\u00f3n a ardila franco [sic] por el uso indebido de los recursos destinados a las v\u00edctimas. <\/p>\n
4- Ordenar a la defensor\u00eda, procuradur\u00eda y personer\u00eda que me ayuden a resolver esta situaci\u00f3n dif\u00edcil y tengan en cuenta mis condiciones de vulnerabilidad y discapacidad\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional C\u00e9sar- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Banco Agrario precis\u00f3 que en favor de la accionante existe un giro pendiente de pago, ordenado por la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas y que, para su desembolso, se deben cumplir unos requisitos, seg\u00fan lo estipulado en el contrato celebrado con dicha entidad. Aclar\u00f3 que el banco es un mero intermediario entre el girador y el beneficiario de los dineros. Pidi\u00f3 ser apartado del tr\u00e1mite, por no haber vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Cesar- se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda requerirse de manera preventiva a las entidades estatales involucradas, para que realicen el estudio pertinente y, luego del cumplimiento de ciertas condiciones, se sirvan reparar administrativamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y teniendo en cuenta la situaci\u00f3n particular de la peticionaria. <\/p>\n
Solicit\u00f3 su exclusi\u00f3n del asunto, por no haber incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que permitiera endilgarle alguna violaci\u00f3n a las prerrogativas de la tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Tercero de Familia de Valledupar relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en la acci\u00f3n de tutela con radicado 20001221400420210029100, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, aduciendo no haber transgredido las garant\u00edas fundamentales de la peticionaria, a\u00f1adiendo que esta ha presentado \u00abvarias acciones de tutela ante diferentes despachos judiciales con identidad de partes hechos y pretensiones\u00bb al ruego actual. <\/p>\n
5. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar relat\u00f3 la actuaci\u00f3n adelantada en esa sede y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. Pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, \u00abten[iendo] en consideraci\u00f3n la conducta reiterativa desplegada por parte de la accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La actora cuestiona que, con ocasi\u00f3n del fallo emitido en la tutela con radicado 2021-00291-00, el Tribunal convocado concedi\u00f3 \u00abun mes\u00bb al Director T\u00e9cnico de Reparaciones de la Unidad para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, para surtir los tr\u00e1mites necesarios para hacer efectivo el pago de la indemnizaci\u00f3n a ella reconocida por dicha entidad, pues considera que, dadas sus condiciones de salud y socioecon\u00f3micas actuales, debe recibir esos dineros en forma inmediata. <\/p>\n
En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, se ordene a la entidad administrativa accionada realizar, sin m\u00e1s dilaciones, las gestiones pertinentes para garantizar la entrega de esos rubros por parte del Banco Agrario. <\/p>\n
2.- La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela, habida cuenta que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen como dispositivos de control la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb y la \u00absolicitud de insistencia\u00bb ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. De 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
2.1. De lo anterior se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones, puesto que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales, m\u00e1xime que, para el efecto, se cuenta con la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2. En todo caso, en particulares situaciones se ha advertido la necesidad excepcional de la procedencia de la tutela dirigida contra decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n. Particularmente, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso. En la referida decisi\u00f3n se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si esta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026). <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. No obstante la jurisprudencia citada en precedencia, al descender al caso sub judice se advierte la improcedencia de la solicitud, pues, adem\u00e1s de lo antes referido, se observa que la promotora no prob\u00f3 la ocurrencia de alguna de las excepciones invocadas. <\/p>\n
Tan solo expone una queja frente al plazo concedido a la Unidad para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, para hacer efectivo el pago de la indemnizaci\u00f3n a ella concedida, determinaci\u00f3n que, en todo caso, le fue favorable. <\/p>\n
As\u00ed, a partir de las manifestaciones y de las pruebas aportadas, no se puede concluir que la decisi\u00f3n atacada se produjo como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. Por tanto, la queja no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
3.- Finalmente, si la actora considera que la actuaci\u00f3n de alguna de las autoridades convocadas es constitutiva de conductas punibles o disciplinarias o susceptible de vigilancia administrativa deber\u00e1 acudir directamente ante las entidades competentes a formular las denuncias o quejas correspondientes, sin que pueda el juez de tutela decidir sobre lo pertinente en torno a dichos procesos o tr\u00e1mites, a lo cual se agrega que, si lo pretendido es la ejecuci\u00f3n de lo ordenado por el juez constitucional, existen otras herramientas dispuestas por el ordenamiento legal, como la solicitud de cumplimiento del fallo y el incidente de desacato, de acuerdo con lo previsto por los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991. <\/p>\n
4.- Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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