STC15546-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15546-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2021-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, dirime la Corte la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Matilde S\u00e1nchez Rodr\u00edguez frente a la sentencia de 1\u00ba de octubre de 2021, proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente promovi\u00f3 en nombre propio y como agente oficiosa del menor Jer\u00f3nimo Correa Ruiz contra el Juzgado 3\u00ba de Familia de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos No. 2020-00163-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora pretende que se deje sin efecto la sentencia por medio de la cual el Juzgado 3\u00ba de Familia de Cali le impuso cuota de alimentos (22 julio de 2021); adem\u00e1s, peticion\u00f3 que se ordene a la autoridad judicial que proceda a ordenar la expedici\u00f3n de los oficios de desembargo de su mesada pensional y a fraccionar los t\u00edtulos descontados de la pensi\u00f3n de vejez desde el 21 de abril al mes de septiembre de 2021. <\/p>\n
Como fundamento de sus pedimentos, adujo que Vivian Marcela Delgado Duarte present\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentos en su contra, por ser la abuela paterna de la ni\u00f1a Mariana Correa Delgado. El asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 3\u00ba de Familia Cali. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la sede judicial, en el a\u00f1o de 2015, ya hab\u00eda fijado una cuota de alimentos para la menor mencionada, a cargo de su padre Mario Ruiz S\u00e1nchez, en cuant\u00eda de $350.000 mensuales y dos cuotas adicionales por a\u00f1o en raz\u00f3n de $175.000 cada una, orden que estaba vigente al momento de promoverse la demanda instaurada en contra de la accionante. El Juzgado dict\u00f3 sentencia en la que impuso una cuota alimentaria complementaria a la abuela paterna demandada, por la suma de $437.362 mensuales y cuotas adicionales en los meses de junio y diciembre por valor de $69.000. <\/p>\n
Seg\u00fan la solicitante, la decisi\u00f3n aludida configura una v\u00eda de hecho, toda vez que: i) no fue promovido proceso de aumento de cuota de alimentos contra el progenitor de la ni\u00f1a quien era el directo obligado; ii) no se prob\u00f3 la necesidad de la alimentaria, ni la capacidad de los alimentantes, pues se desconoci\u00f3 que es una persona de la tercera edad y que tiene problemas de salud que le implican altos gastos; iii) no se agot\u00f3 el requisito de procedibilidad; iv) no se tuvo en cuenta que la aqu\u00ed actora es quien apoya econ\u00f3micamente a otro nieto menor de edad, hijo de Sergio Torres Salazar; v) se desconoci\u00f3 que la madre de la menor ha realizado constantes agresiones contra la familia del padre de la ni\u00f1a y se pas\u00f3 por alto que la familia, por v\u00eda materna, tambi\u00e9n tiene obligaciones con la menor; vi) no se valoraron las pruebas aportadas por la demandada. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que aunque la decisi\u00f3n cuestionada orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre la pensi\u00f3n que percibe, no se ha cumplido con dicho mandato, situaci\u00f3n que afecta su m\u00ednimo vital y que le ha imposibilitado matricular a su nieto Samuel Torres Ram\u00edrez en el jard\u00edn infantil. <\/p>\n
2. El Juzgado 3\u00ba de Familia de Cali hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de alimentos y se remiti\u00f3 a las consideraciones contenidas en la sentencia objeto de censura, las cuales fueron proferidas conforme a las normas que regulan la materia y a lo probado en el expediente. <\/p>\n
3. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali concluy\u00f3 que la actuaci\u00f3n y la decisi\u00f3n del proceso en comento obedecen a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las pruebas recaudas y de las normas que regulan la materia, por lo que no fue probada la existencia de alguna v\u00eda de hecho; sin embargo, hall\u00f3 que le asiste raz\u00f3n a la accionante al reclamar el levantamiento de la medida cautelar que afecta su pensi\u00f3n, toda vez que, pese a estar ordenada en la sentencia, no se ha comunicado dicha orden a la entidad encargada de materializarla, raz\u00f3n por la cual concedi\u00f3 el amparo respecto de este \u00edtem y orden\u00f3 a la Juez 3\u00ba de Familia de Cali que gestione todo cuanto sea necesario para la comunicaci\u00f3n del levantamiento de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n del 20% de la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Finalmente, neg\u00f3 la petici\u00f3n relacionada con el fraccionamiento de los t\u00edtulos judiciales, toda vez que la actora no ha presentado dicha solicitud ante la sede judicial mencionada. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3 sin aducir argumento alguno. <\/p>\n
Comoquiera que la decisi\u00f3n opugnada acogi\u00f3 una de las pretensiones de la accionante, la Sala se circunscribir\u00e1 a estudiar lo que le fue desfavorable. Dicho esto, se anuncia que el desenlace rebatido debe respaldarse comoquiera que la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado de Familia no luce arbitraria o caprichosa; adem\u00e1s, la solicitante no ha presentado ante la accionada la solicitud de fraccionamiento de t\u00edtulos judiciales que reclama. <\/p>\n
En el proceso referido, la actora ejerci\u00f3 su defensa con las excepciones que denomin\u00f3: falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, incapacidad econ\u00f3mica de la demandada, falta de deber moral para reclamar alimentos a la familia paterna de la menor por los ataques que ella ha realizado contra los miembros del hogar. Sobre dichas defensas la autoridad se pronunci\u00f3, analiz\u00f3 cada una de las probanzas y se\u00f1al\u00f3 que la cuota fijada inicialmente al padre de la menor (15 abril 2015), Mario Ruiz S\u00e1nchez, estaba vigente en $447.362 m\u00e1s el 50% de los gastos de educaci\u00f3n por valor de $300.000. Destac\u00f3 que el progenitor manifest\u00f3 su imposibilidad econ\u00f3mica de cumplir con su obligaci\u00f3n, circunstancia que habilitaba a la madre de la menor a solicitar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n a la abuela paterna. Respecto de las dem\u00e1s excepciones formuladas precis\u00f3: <\/p>\n
Del escrutinio probatorio aplicado por esta falladora emerge, que la se\u00f1ora Matiola devenga una pensi\u00f3n de vejez y una pensi\u00f3n de sobrevivencia que asciende, sumadas las dos, a un valor superior a $4.000.000 y de cara a los planteamientos jurisprudenciales y legales se\u00f1alados atr\u00e1s, dado que el padre s\u00ed est\u00e1 suministrando una cuota mensual, pero en una cuant\u00eda inferior a la ordenada, dada su escasez para proveerla, debe verificarse entonces si lo procedente es complementar esos gastos. En ese orden se advierte que de los ingresos acreditados en el expediente, se da una suficiencia para que la se\u00f1ora Matiola pueda complementar la cuota alimentaria que provee el padre de la menor (\u2026). <\/p>\n
De manera tal que puede orden\u00e1rsele a la demandada que complemente en un valor de $437.362 mensuales (\u2026) bajo el entendido que se encuentra acreditada su capacidad econ\u00f3mica para proveer ese emolumento, ya que si bien se enlistaron una serie de gastos para acreditar la incapacidad econ\u00f3mica de la demandada, lo cierto es que esa relaci\u00f3n entre los ingresos que percibe y la cuota alimentaria aqu\u00ed fijada como complementaria, pues no se ve sacrificada la propia subsistencia de la se\u00f1ora Matiola y por el contrario se garantizan las prerrogativas y los derechos fundamentales de la menor de edad. En ese caso la cuota alimentaria deber\u00e1 incrementarse, en enero, conforme al IPC (\u2026). <\/p>\n
Lo dicho evidencia que los raciocinios expuestos por la Juzgadora resolvieron los problemas jur\u00eddicos propuestos a trav\u00e9s de las excepciones formuladas, en esencia, al encontrar acreditado tanto la necesidad de alimentos de la menor Mariana, como la capacidad econ\u00f3mica de la demandada para sufragarlos, por lo que no puede predicarse la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales; adem\u00e1s, aunque la gestora aludi\u00f3 a la no acreditaci\u00f3n del requisito de procedibilidad, tal argumento no fue expuesto en el proceso, por lo que no puede ser invocado bajo la senda constitucional, habida cuenta que tal proceder desconoce la residualidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Debe precisarse que el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el razonamiento descrito no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que, como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, frente a la pretensi\u00f3n relacionada con el fraccionamiento de t\u00edtulos, no se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, toda vez que la interesada no ha elevado solicitud ante el Juzgado accionado para que se proceda de tal manera. <\/p>\n
Por lo discurrido, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, resuelve CONFIRMAR el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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