STC15555-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15555-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 29 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Luz Marina Cruz de Su\u00e1rez contra la Superintendencia de Sociedades. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, por conducto de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, administraci\u00f3n de justicia, igualdad y vivienda digna, presuntamente trasgredidas por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 que la Delegatura para la Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, profiri\u00f3 resoluci\u00f3n N\u00ba 300-007232 del 29 de diciembre de 2017, con la cual se decret\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n sobre la sociedad TU RENTA S.A.S. Dada su calidad de socia, orden\u00f3 tomar posesi\u00f3n -entre otros- sobre el inmueble en el que reside actualmente con su hija. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, present\u00f3 memorial bajo radicado n\u00ba 2018-01-286287, en el que solicit\u00f3 su exclusi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que, tal como qued\u00f3 consignado en el Acta del 8 de julio de 2021, en la diligencia se neg\u00f3 su petici\u00f3n por no haberse acreditado una debida diligencia, en atenci\u00f3n al cargo que ostentaba y, como tal, debi\u00f3 conocer de las irregularidades presentadas. <\/p>\n
2.5. A la postre, indic\u00f3 que la Delegatura dict\u00f3 sentencia el 31 de agosto de 2021, en la que \u00abse revoc\u00f3 el derecho de uso y habitaci\u00f3n constituido [\u2026] en favor de su hija Gabriela Su\u00e1rez Cruz sobre los inmuebles (apartamento, dep\u00f3sito y garaje) identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No(s). 50N-20544627, 50N-2054-444 y 50N-2054443\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, sostuvo que la determinaci\u00f3n proferida por la entidad accionada incurri\u00f3 en una causal de procedencia del amparo por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1 y desconocimiento del precedente2, \u00abal perpetuar el error de la Resoluci\u00f3n, toda vez que la Supersociedades no prob\u00f3 que en Tu Renta SAS existi\u00f3 captaci\u00f3n en los t\u00e9rminos definidos en el decreto 1981 de 1988, replicado en el DUR 1068 de 2015 y, el Despacho se abstiene de analizar las pruebas aportadas con el fin de evidenciar lo anterior [\u2026]\u00bb. Por el contrario, \u00abdecidi\u00f3 mantener intervenida [\u2026] por el solo hecho de haber fungido como accionista de esa sociedad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, al estimar que \u00abfue intervenida sin respeto del principio constitucional de legalidad y del debido proceso, y que la decisi\u00f3n de no exclusi\u00f3n estuvo soportada en razones subjetivas y no en la ley, pues el discurso del operador judicial no consider\u00f3 [sus] particularidades [\u2026]\u00bb. Aunado a ello, indic\u00f3 que, \u00abes una persona de la tercera edad, pensionada, anticipadamente por Colpensiones mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 21252 de 2007, por sufrir artritis reumatoide \u201ccon limitaci\u00f3n importante para la marcha\u201d y por tanto incapacitante\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se \u00abDECLARE que la decisi\u00f3n de mantenerla intervenida fue adoptada sin haber acreditado la configuraci\u00f3n de los supuestos de captaci\u00f3n masiva en la operaci\u00f3n de la sociedad Tu Renta SAS\u00bb. Asimismo, solicit\u00f3 \u00abjuzgar nuevamente [\u2026] atendiendo al principio de legalidad, para lo cual deber\u00e1 de reconocerle eficacia probatoria a las pruebas oportuna y regularmente aportadas al expediente judicial, que expresamente admite haber teniendo en cuenta por considerar que carecen de eficacia probatoria, evitando cualquier sesgo retrospectivo y la aplicaci\u00f3n retroactiva de las normas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Joan Sebasti\u00e1n M\u00e1rquez Rojas, en calidad de agente interventor de la sociedad TU RENTA S.A.S. y otros, manifest\u00f3 que \u00abuno de los motivos que siempre alega el apoderado de la accionante, y que fundan igualmente la tutela, son las resultas del proceso de investigaci\u00f3n administrativa, previo al proceso judicial, en el cual se determin\u00f3\u0301 la existencia de actividades de captaci\u00f3n por parte de la sociedad TU RENTA S.A.S, determinada en la Resoluci\u00f3n 300-007232 de 29 de diciembre de 2017, pero nunca acudi\u00f3\u0301 a la jurisdicci\u00f3n para controvertirla, y actualmente est\u00e1\u0301 resoluci\u00f3n se encuentra en firme y goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, \u00ablos argumentos sobre la vinculaci\u00f3n e intervenci\u00f3n de la se\u00f1ora Luz Marina Cruz, gozan de la legalidad y suficiencia necesaria, aunados a la constante garant\u00eda al debido proceso y al derecho de defensa\u00bb. En ese orden, inst\u00f3 declarar improcedente la tutela \u00abpor carecer de fundamentos que den prosperidad a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Fernanda Bejarano M\u00e9ndez, quien aduj\u00f3 ser apoderada sustituta de los afectados reconocidos al interior del tr\u00e1mite rebatido, expres\u00f3 que, \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede tenerse como una instancia adicional porque una decisi\u00f3n no le fue favorable a la accionante, puesto que los recursos procedentes e id\u00f3neos \u2013 como se indic\u00f3\u0301 en el ac\u00e1pite de antecedentes- esto es el recurso de reposici\u00f3n, fue otorgado y tramitado en la oportunidad procesales correspondientes y la decisi\u00f3n de este fue conforme a la ley y a las pruebas allegadas al proceso\u00bb. Aunado a lo expuesto, coment\u00f3 que, \u00abentre las solitudes de la accionante esta\u0301 atacar la Resoluci\u00f3n 300-007232 de 29 de diciembre de 2017, que como salta a la vista fue proferida hace m\u00e1s de tres a\u00f1os, por lo que la solitud es a todas luces extempor\u00e1nea, por lo que la acci\u00f3n de tutela carece del resquito de inmediatez necesario para su procedencia\u00bb. Por tanto, exhort\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial3 de la Superintendencia de Sociedades, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas al interior del juicio criticado, explic\u00f3 que \u00aba lo largo del presente proceso de intervenci\u00f3n se ha dado oportunidad a las partes para ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n que dispone la ley en garant\u00eda de lo dispuesto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y dem\u00e1s disposiciones aplicables en el C\u00f3digo General del Proceso, la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 4334 de 2008. Decisi\u00f3n que por dem\u00e1s fue tomada con base en el material probatorio que reposa en el expediente desde la investigaci\u00f3n adelantada\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se opuso a las pretensiones de la gestora, ya que, \u00abtodas y cada una de las disposiciones proferidas por el Juez de la Intervenci\u00f3n en la audiencia se\u00f1alada, se dieron garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. Otra cosa, es que la decisi\u00f3n del Juez de la Intervenci\u00f3n, que busca proteger los derechos del inter\u00e9s p\u00fablico en el manejo de los recursos de captaci\u00f3n, sea contraria a los intereses del accionante\u00bb. <\/p>\n
4. La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la misma entidad4, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo resuelto en el fallo proferido en la audiencia celebrada el pasado 30 de agosto del a\u00f1o en curso no fue una decisi\u00f3n adoptada por mero capricho del juzgador, sino ajustada a derecho, en donde fueron expuestas de manera clara y precisa las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las cuales se adopt\u00f3\u0301 lo all\u00ed\u0301 resuelto, tal como puede evidenciarse del contenido del audio de dicha audiencia, cuyo link se anexa al presente escrito. O es que la transferencia de activos por la persona intervenida, a t\u00edtulo gratuito y durante el periodo de sospecha, no corresponden a los supuestos de la ley 1116 para la revocatoria\u00bb. <\/p>\n
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II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que, \u00aben esta oportunidad no le es factible al Tribunal pronunciarse sobre la legalidad de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 300-007232 de 29 de diciembre de 2017 [\u2026] (de la cual tiene conocimiento la se\u00f1ora Luz Marina Cruz de Su\u00e1rez por lo menos desde el a\u00f1o 2018, al punto que ya intento\u0301 una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, ver hecho 2 de la demanda de tutela). Y es que, como la demanda de tutela se radico\u0301 (el 21 de septiembre de 2021) cuando hab\u00edan transcurrido, y de sobra, m\u00e1s de \u201cseis meses\u201d1 desde que la accionante sabia de la existencia del acto administrativo en menci\u00f3n (de 29 de diciembre de 2017), ello redunda en la improcedencia del amparo, por no compadecerse con el principio de inmediatez que lo gobierna\u00bb. A su vez, expuso que \u00ablas valoraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que llevaron a la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades a denegar la solicitud de exclusi\u00f3n de Luz Marina Cruz de Su\u00e1rez, no se ven, y menos al rompe, desconocedoras de la prueba que obra en el respectivo expediente ni de la normatividad que sirvi\u00f3\u0301 de base a la decisi\u00f3n frente a la cual se duele la libelista\u00bb. <\/p>\n
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II. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien se opuso a lo dispuesto por el a quo constitucional. En concreto, expres\u00f3 que, \u00ablos seis (6) meses deben contarse a partir del 29 de abril de 2021, fecha en la que la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades decidi\u00f3\u0301 no desvincular a mi representada, la se\u00f1ora Luz Marina Cruz\u00bb. Tambi\u00e9n, insisti\u00f3 que, \u00aben ninguno de sus apartes la Resoluci\u00f3n 300-007232 de 29 de diciembre de 2017 estableci\u00f3\u0301 la existencia de los presupuestos de captaci\u00f3n masiva previstos en el Decreto Ley 1981 de 1988; que la misma no es susceptible de control por la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo; y que la Juez del Concurso, al resolver la solicitud de exclusi\u00f3n de mi poderdante, se bas\u00f3\u0301 solo en el hecho de la existencia del Acta de Constituci\u00f3n de la sociedad, el objeto social y de acuerdo con la gobernanza de la sociedad, el hecho de participar en las reuniones de Asamblea de Accionista\u00bb. <\/p>\n
Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel error de derecho en que incurri\u00f3\u0301 la juez, y que comporta el desconocimiento de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Luz Miryam Cruz de Su\u00e1rez, se enmarca – de acuerdo con lo definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional- en un defecto sustantivo o material, siendo la acci\u00f3n de tutela el \u00fanico mecanismo id\u00f3neo y eficaz con que cuento para invocar la defensa de mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer, si con ocasi\u00f3n de la audiencia celebrada el 29 de abril y el 3 de mayo de 2021, que neg\u00f3 la exclusi\u00f3n de la accionante al interior del proceso de radicado 300-007232, la Superintendencia de Sociedades vulner\u00f3 sus derechos fundamentales. Ello pues, estima que tal proceder se fundament\u00f3 en la Resoluci\u00f3n 2017-01-666400 del 29 de diciembre de 2017 -que dio apertura a la intervenci\u00f3n administrativa de la sociedad TU RENTA S.A.S.-, en la cual, la entidad prescindi\u00f3 de valorar el material probatorio allegado, la normativa y la jurisprudencia que gobierna el asunto, as\u00ed como, desestim\u00f3 su condici\u00f3n de salud. Por ende, la accionada incurri\u00f3 en una causal de procedencia del amparo por violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Pronto esta Corporaci\u00f3n advierte que acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3. En primer orden, se avizora que la promotora irrespet\u00f3 el principio de inmediatez, identificado como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. Concretamente, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba 300-007232 sobre la cual se recrimina el proceder de la Superintendencia accionada, esto es, el \u00ab29 de diciembre de 2017\u00bb, y la presentaci\u00f3n del resguardo, \u00abel 6 de septiembre de 2021\u00bb, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la accionante para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras, en sentencia T-CC T- 033\/2010, en la cual resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u2018(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el citado \u00f3rgano ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb5. <\/p>\n
En tal medida, no se advierte justificaci\u00f3n alguna para la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional que, en todo caso, puede ser intentada directamente por los ciudadanos, sin la mediaci\u00f3n de apoderado. <\/p>\n
4. Por otro lado, en cuanto a la Audiencia de Resoluci\u00f3n de Objeciones al Inventario y Resoluci\u00f3n de Solicitudes de Exclusi\u00f3n, que tuvo lugar el 29 de abril de 2021 y continu\u00f3 el 3 de mayo siguiente, la actora manifest\u00f3 su inconformidad, por cuanto fue negada su solicitud de exclusi\u00f3n al interior del proceso rad. n\u00ba 300-007232. En dicha diligencia, la entidad accionada consign\u00f3 lo siguiente6: <\/p>\n
\u00abSea lo primero se\u00f1alar, que frente a los argumentos tendientes a desvirtuar la existencia de hechos objetivos de captaci\u00f3n, o su ausencia de responsabilidad, diligencia o buena de fe de la sociedad intervenida, solo basta con ratificar los argumentos expuestos en la exclusi\u00f3n formulada por el Se\u00f1or Diego M\u00e9ndez Guayara, frente a Tu Renta S.A.S., en el entendido de que la solicitud de exclusi\u00f3n o limitaci\u00f3n de responsabilidad no es el escenario legal para controvertir o dejar sin efecto la presunci\u00f3n de legalidad de la Resoluci\u00f3n 300-007232 de 29 de diciembre de 2017. Por lo que los soportes y argumentos aportados carecen de eficacia probatoria\u00bb. <\/p>\n
En seguida, explic\u00f3 que, conforme al material probatorio allegado al plenario, qued\u00f3 acreditado que la se\u00f1ora Luz Marina Cruz <\/p>\n
\u00ab(i) Fue socia fundadora de la sociedad intervenida, (ii) junto con la accionista Luz Dalia M\u00e9ndez Guayara decidieron las actividades que desarrollar\u00eda la compa\u00f1\u00eda, as\u00ed\u0301 como los estatutos sociales que dar\u00edan el marco para su funcionamiento. (iii) Tambi\u00e9n, se demostr\u00f3\u0301 su participaci\u00f3n activa dentro del \u00f3rgano de direcci\u00f3n m\u00e1s importante de la sociedad, esto es la Asamblea General de Accionista, manteniendo siempre una participaci\u00f3n del 50% dentro de la sociedad, reuniones en las que se tomaron decisiones de actividades que a la postre resultaron en la captaci\u00f3n y (iv) se evidencia que durante el periodo de captaci\u00f3n se generaron utilidades derivadas de la actividad de captaci\u00f3n y la intervenida las recibi\u00f3\u0301\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, sobre los elementos de la responsabilidad, manifest\u00f3 \u00abque el da\u00f1o esta\u0301 probado, en cuanto a la fecha se han reconocido 445 afectados de las actividades de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico desplegadas por la sociedad Tu Renta S.A.S., de la que el Sr. Luz Marina Cruz de Suarez era su accionista del 50%, dentro del periodo determinado de captaci\u00f3n. Esto por valor de $38.674.062.233\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que, \u00ab[N]o cabe duda alguna que la se\u00f1ora Luz Marina Cruz de Suarez era accionista de la sociedad inmersa en las operaciones de captaciones no autorizadas de dinero, logrando un beneficio directo a favor de sus intereses. En este sentido, un accionista adem\u00e1s de recibir el beneficio econ\u00f3mico por el desarrollo del objeto social de la compa\u00f1\u00eda, tiene adem\u00e1s el acceso a la informaci\u00f3n, a realizar sugerencias y de haber inspeccionado a fondo las operaciones de la intervenida Tu Renta S.A.S., y como se observa dentro del material probatorio no se evidencia el ejercicio de estos derechos, dado que no demostr\u00f3\u0301 en esta sede jurisdiccional su ausencia de responsabilidad frente al da\u00f1o causado al inter\u00e9s econ\u00f3mico y social. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que, la aqu\u00ed promotora, \u00abpor lo menos deb\u00eda conocer las actividades desarrolladas por la Empresa, mismas que culminaron en la captaci\u00f3n ilegal que dio origen a este proceso, de donde se deriva su culpa. Con lo que no se desvirt\u00faa su presunci\u00f3n de responsabilidad. Tampoco aporto\u0301 prueba de su buena fe, de acuerdo con las consideraciones generales expuestas\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa decisi\u00f3n, la actora formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, aduciendo que, \u00abno es posible, que se pueda inferir una participaci\u00f3n en las actividades de captaci\u00f3n por parte de la Se\u00f1ora Luz Marina Cruz, por haber participado en unas actas o en la lectura de un objeto social, el cual, advierte, no correspond\u00eda a actividades il\u00edcitas. Resaltando que una sociedad no se constituye con fines il\u00edcitos. Indico\u0301 que el caso de Tu Renta S.A.S. cuando se le entregaba un expediente, o una carpeta de deudores, se revisaba, si se ve\u00eda que ten\u00eda una colilla o unas autorizaciones, esas era sus pruebas, los documentos que le entregaban a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Frente a ello, la Delegatura resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n en lo que respecta a la se\u00f1ora Luz Marina Cruz, pues, \u00abel art\u00edculo 5o del Decreto 4334 de 2008 establece una presunci\u00f3n de responsabilidad en cabeza de las personas de quienes en la investigaci\u00f3n realizada se determine su vinculaci\u00f3n directa o indirecta a los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008. Tal disposici\u00f3n presume que las personas respecto de las que se haga una vinculaci\u00f3n a los hechos de captaci\u00f3n, participaron por dolo o culpa en el ejercicio de las actividades ilegales y, por lo tanto, son responsables solidarios por los da\u00f1os ocasionados a los afectados. No obstante, dicha presunci\u00f3n es de car\u00e1cter legal y por lo tanto, puede ser desvirtuada\u00bb. <\/p>\n
De suerte que, desestim\u00f3 los argumentos esbozados por la aqu\u00ed accionante tendientes \u00aba se\u00f1alar que la vinculaci\u00f3n de la Intervenida obedeci\u00f3\u0301 a escuchar un objeto social licito y a participar en unas actas. Su responsabilidad en primer lugar se deriva de una presunci\u00f3n legal, que la intervenida no logro\u0301 desvirtuar. En tanto, esta\u0301 probado el papel determinante que desempe\u00f1o\u0301 en la administraci\u00f3n y en la direcci\u00f3n de una sociedad, que realizo\u0301 actividades de captaci\u00f3n, afectando el orden p\u00fablico, econ\u00f3mico y social, con la afectaci\u00f3n de por lo menos 445 personas que se encuentran reconocidas dentro de este proceso\u00bb. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional-, advierte, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, que la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonables. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. En efecto, la Superintendencia de Sociedades estableci\u00f3 que, conforme a las disposiciones 5\u00ba7 y 6\u00ba8 del Decreto 4334 de 2009, no era dable admitir la exclusi\u00f3n al interior del juicio de actora, habida cuenta que qued\u00f3 acreditada su calidad de socia al interior de la sociedad -TU RENTA S.A.S.-, que fue intervenida por captaci\u00f3n ilegal de dinero conforme a la Resoluci\u00f3n N\u00ba 300-007232 del 29 de diciembre de 2017. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar lo pedido. <\/p>\n
Sobre el particular, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4.3. Sumado a lo anterior, y en lo que ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, resulta necesario resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
5. Para terminar, en cuanto a lo manifestado por la accionante sobre su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, se comparte lo dicho por el Tribunal constitucional a-quo, el cual advirti\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab[E]l criterio para considerar a alguien de \u201cla tercera edad\u201d, es que tenga una edad superior a la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. (…) De conformidad con el documento de Proyecciones de Poblaci\u00f3n elaborado por el Departamento Nacional de Estad\u00edstica, de Septiembre de 2007- que constituye el documento oficial estatal vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de vida al nacer- , para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres es de 72.1 a\u00f1os y para mujeres es de 78.5 a\u00f1os\u201d (Corte constitucional, sent. T -138 de 24 de febrero de 2010). A lo anterior se a\u00f1ade que la seg\u00fan lo relato\u0301, desde el a\u00f1o 2007 la accionante recibe una mesada pensional lo que, de alguna manera estar\u00eda salvaguardado su m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
6. Por lo razonado en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Arts. 29y 83. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional C-540\/95, C-023\/98, C-529\/00, C-071\/04, C-669\/05, C-1194\/08, C-145\/09, C-533\/19. <\/p>\n
3\u0002 Superintendente Delegado \u00c1lvaro Alexander Yepes Medina. <\/p>\n
4\u0002 Superintendente Delegado Francisco Hernando Ochoa Li\u00e9vano. <\/p>\n
5\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014 <\/p>\n
6\u0002 Folios 43-49 en \u201c15Acta audiencia Tu Renta S.A.S. 2021-01-389515\u201d Expediente de Tutela PDF. <\/p>\n
7\u0002 Arti\u0301culo 5o. Sujetos. Son sujetos de la intervencio\u0301n las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o juri\u0301dicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y dema\u0301s personas naturales o juri\u0301dicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tienen exclusivamente como relacio\u0301n con estos negocios el de haber entregado sus recursos. <\/p>\n
8\u0002 Arti\u0301culo 6\u00b0.Supuestos. La intervencio\u0301n se llevara\u0301 a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que, a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas natu-rales o juri\u0301dicas, directamente o a trave\u0301s de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas tales como pira\u0301mides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicacio\u0301n financiera razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15555-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC15555-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02083-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59501","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59501\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}