STC15558-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15558-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01748-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justica el 14 de septiembre de 2021, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Concepci\u00f3n G\u00f3mez de Villamil contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintiocho del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 2016-00159. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, pensi\u00f3n vital, vida digna y seguridad social, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas en la causa referida. <\/p>\n
2.1. La libelista promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con el fin que se condenara al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del 1\u00ba de mayo de 2012, fecha en la cual acredit\u00f3 la totalidad de los requisitos. Adem\u00e1s, se ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los intereses moratorios o, en subsidio, la indexaci\u00f3n del retroactivo. <\/p>\n
2.2 La administradora Colombiana de Pensiones, se opuso a las pretensiones con el argumento que la demandante no era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, toda vez que no acredit\u00f3 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia del 25 de enero de 2017, resolvi\u00f3 absolver a la demandada y conden\u00f3 en costas a la accionante. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. No obstante, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante providencia del 1\u00ba de marzo de 2017, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Posteriormente, present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto por la c\u00e9dula judicial cuestionada, la cual mediante sentencia del 22 de febrero de 2021 resolvi\u00f3 no quebrar el veredicto del ad quem. <\/p>\n
2.4. En consonancia con lo expuesto, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, pues en su sentir las anteriores decisiones objeto de reproche \u00abcometieron defectos de conducta, que conllevan a la violaci\u00f3n de los enunciados derechos\u00bb. <\/p>\n
3. Por ende, solicit\u00f3 dejar \u00absin ning\u00fan valor ni efecto la sentencia de casaci\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del proceso Nro. 77929 el d\u00eda 22 de febrero de 2021 dentro del proceso Ordinario Laboral que adelante contra COLPENSIONES mediante el cual se me deneg\u00f3 el reconocimiento de MI pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n laboral No. 2 de la Corte Suprema de Justicia, luego de memorar sus actuaciones, manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos invocados por la tutelante. Adem\u00e1s, expuso que \u00abla acci\u00f3n no debe abrirse paso teniendo en cuenta que, no se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico o sustantivo en la decisi\u00f3n objeto de reproche, y mucho menos, se vulneraron los derechos fundamentales de la parte demandante dentro del proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, hizo un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 copia de la sentencia proferida en el proceso de la referencia. <\/p>\n
4. Por su parte, el P.A.R.I.S.S.2 solicit\u00f3 ser desvinculado por cuanto \u00aben el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que no se configuran los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y \u00ab\u2026no puede la accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando no se evidencia en el presente asunto que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales del actor con ocasi\u00f3n de las providencias objeto de reproche. Aunado a esto, la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la gestora con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo el 22 de febrero de 2021, que no cas\u00f3 la sentencia dictada el 1\u00ba de marzo de 2017, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirmatoria de la decisi\u00f3n de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 sus pretensiones en el proceso ordinario laboral de radicado 2016-00159-00. <\/p>\n
2. Pues bien, se observa que la autoridad accionada en la sentencia del 22 de febrero de 2021, al desatar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la actora, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no se daba paso a casar la providencia impugnada. Para ello, explic\u00f3 que \u00abeste medio de impugnaci\u00f3n no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cu\u00e1l de los litigantes le asiste la raz\u00f3n, habida cuenta que la labor de la Corte\u2026se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de las apelaciones al dictarla, observ\u00f3 las normas jur\u00eddicas que estaba obligado a aplicar, para dirimir realmente el conflicto\u00bb. <\/p>\n
Luego asever\u00f3 que el cargo encauzado por la v\u00eda indirecta conten\u00eda deficiencias de orden t\u00e9cnico, por lo que \u00abes deber de la impugnante, adem\u00e1s de indicar los supuestos yerros f\u00e1cticos\u2026individualizar las pruebas, se\u00f1alar de modo objetivo el contenido de los medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como el valor atribuido por el juzgador y la incidencia de estos en las conclusiones del fallo impugnado\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar lo anterior, expuso que la actora omiti\u00f3 por completo, \u00abpese a que enlista e individualiza las pruebas, exponer qu\u00e9 acreditan tales medios probatorios, cu\u00e1l fue la apreciaci\u00f3n que les dio el ad quem, porque la misma es equ\u00edvoca y como ser\u00eda su correcta intelecci\u00f3n, que tenga incidencia en la decisi\u00f3n y no es viable que esta Corporaci\u00f3n supla dicha carga argumentativa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en aras a determinar si se cumpli\u00f3 con el requisito exigido por el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758, ambos de 1990, determin\u00f3 que el Tribunal no incurri\u00f3 en error al establecer la densidad de las cotizaciones efectuadas, \u00abcomo quiera que no era posible tener en cuenta el tiempo que la demandante aport\u00f3 como independiente a trav\u00e9s del Programa de Subsidio Aporte en pensi\u00f3n (PSAP) del fondo de solidaridad pensional porque, de conformidad con la auditoria que efectu\u00f3 la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica al fondo de Solidaridad Pensional, aquella percibi\u00f3 ingresos superiores al salario m\u00ednimo y, por ello, el valor del subsidio fue devuelto al Estado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, respecto a la p\u00e9rdida del beneficio de Colombia Mayor, sostuvo que, \u00abse instituy\u00f3 que perdi\u00f3 el subsidio, porque se configur\u00f3 la causal del literal a) del art\u00edculo 24 del Decreto 3771 de 2007\u00bb. Expuso que dicha cancelaci\u00f3n no opera de forma autom\u00e1tica, pues es necesario garantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa, los cuales le fueron resguardados, \u00abya que se adelantaron las diligencias para notificar a la demandante de lo anterior\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, consider\u00f3 que, \u00abpara determinar el ingreso fijo mensual de la demandante, no es viable deducir todas las obligaciones o deudas que con dicho monto debe asumir, por ejemplo, el aporte al subsistema de salud, como pretende hacerlo ver la impugnante; m\u00e1xime que esta cotizaci\u00f3n es un deber legal en cabeza de todo pensionado, previsto en los art\u00edculos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, basado en los principios de universalidad y solidaridad\u00bb. En consecuencia, desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, resulta necesario resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente3 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-6, Anexo demanda de tutela 2021-01748-00. Pdf. <\/p>\n
2\u0002 Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
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