STC15561-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15561-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03812-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela presentada, mediante apoderada judicial, por la se\u00f1ora D.C.C.C. en su condici\u00f3n de madre de su hija menor de edad1 frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al se\u00f1or H.A.H.M. y dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de privaci\u00f3n de patria potestad con radicado 2021-00236-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como a los principios de \u00abinter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb y de favorabilidad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante instaur\u00f3 proceso de privaci\u00f3n de patria potestad, en calidad de \u00abmadre y custodia\u00bb de su hija menor de edad contra H.A.H.M., \u00abpor la causal 2 del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil [\u2026], con fundamento en que el padre abandon\u00f3 a su hija desde su nacimiento moral, afectivamente y econ\u00f3micamente\u00bb, por estar tramitando la permanencia legal de la ni\u00f1a en Estados Unidos, para lo cual deb\u00eda resolver lo pertinente al v\u00ednculo con el padre. <\/p>\n
En dicho proceso solicit\u00f3 el emplazamiento del accionado, toda vez que \u00abno tiene conocimiento de la direcci\u00f3n exacta donde reside, como tampoco lo saben sus familiares ni los hermanos del demandado\u00bb, debido a que el se\u00f1or H.M. \u00abse encuentra en un grado avanzado de adicci\u00f3n a las drogas, por lo cual permanece en las calles de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
2.2. La acci\u00f3n fue instaurada en la ciudad de C\u00facuta, por ser el domicilio del demandado, \u00abAclarando la Se\u00f1ora D.C. que tienen de \u00e9l un n\u00famero de celular y con ese es que se comunican con \u00e9l, debido a ello es que se tiene exacto conocimiento que reside en la ciudad de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de la citada ciudad, despacho que, por auto del 12 de julio de 2021, resolvi\u00f3 rechazar la demanda, argumentando que el domicilio de la menor de edad y de su madre era \u00abHouston-Texas, Estados Unidos, y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo, numeral 2 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, este despacho no es competente para conocer del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
2.4. Contra esa decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n y, subsidiariamente, el de apelaci\u00f3n, fundamentados en que \u00aben esta clase de procesos se enfrentan es a los dos progenitores, siendo estos los que ostentan la calidad de parte y quienes pretenden se les otorgue el ejercicio exclusivo de los derechos derivados de la potestad parental por activa\u00bb; en sustento, se cit\u00f3 una sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que resolvi\u00f3 un conflicto de competencia por el factor territorial en un caso de privaci\u00f3n de patria potestad, en el que se concluy\u00f3 que el competente era el Juzgado del domicilio del demandado. <\/p>\n
2.6. En criterio de la actora, las autoridades judiciales acusadas incurrieron en un exceso ritual manifiesto, dada \u00abla posici\u00f3n exeg\u00e9tica [\u2026], en grave e irreversible perjuicio de la menor y su progenitora, quienes ponen en riesgo entre muchas prerrogativas y derechos fundamentales, la nacionalizaci\u00f3n americana, obstaculizada por posiciones respetables, pero contrarias a la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda tramitar esa clase de demanda en Estados Unidos, \u00abya que ella no tiene todav\u00eda la nacionalidad americana solo tiene permiso de residencia\u00bb y que su hija se encontraba en ese pa\u00eds desde diciembre de 2020, pero con visa de turismo y que estaba en proceso de gestionar su residencia. Sostuvo que, de tramitarse la demanda en otro pa\u00eds, el padre no tendr\u00eda la oportunidad de defenderse y que tanto la madre como la ni\u00f1a eran colombianas de nacimiento. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, pidi\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y, en consecuencia, que se deje \u00absin efecto la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, de fecha 24 de septiembre de 2021 [\u2026], y [\u2026] la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta, de fecha 13 (sic) de julio de 2021 [\u2026], y en su defecto ordenar que la demanda sea admitida conforme al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta, tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el asunto objeto de estudio, afirm\u00f3 que \u00ab[\u2026] al momento de tomar la decisi\u00f3n se tuvo en cuenta la jurisprudencia que existe al respecto, adem\u00e1s que en el ac\u00e1pite de notificaciones de la demanda presentada manifiestan desconocer la direcci\u00f3n de su residencia y por tanto solicitan que se emplace el mismo, considerando el Despacho que al estar el progenitor demandado en paradero desconocido, no se podr\u00eda alegar su lugar de residencia para fijar la competencia territorial, de ah\u00ed que se procedi\u00f3 a negar el recurso de reposici\u00f3n\u00bb y, en esa medida, solicit\u00f3 negar la salvaguarda invocada. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, al rechazar la demanda de privaci\u00f3n de la patria potestad que la actora promovi\u00f3 en contra de H.A.H.M., por falta de competencia territorial. <\/p>\n
2. De manera preliminar resulta pertinente se\u00f1alar que, si bien el reclamo se enfila contra los prove\u00eddos emitidos por el Juzgado y Tribunal accionados, el examen se circunscribir\u00e1 al proferido en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues fue el que, en \u00faltimas, defini\u00f3 lo concerniente a la cuesti\u00f3n ahora rebatida. <\/p>\n
Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. Sobre la providencia dictada, en la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, el 24 de septiembre de 2021, se observa que se expusieron como motivos para confirmar el auto que rechaz\u00f3 la demanda, por falta de competencia territorial, los siguientes: <\/p>\n
3.1. El numeral segundo inciso segundo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que \u00aben los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb. <\/p>\n
3.2. Dicha \u00abdirectriz incorpora la expresi\u00f3n \u2018forma privativa\u2019, para los procesos de privaci\u00f3n de patria potestad en los que se encuentre vinculado un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, la competencia se fijar\u00e1 atendiendo \u00fanicamente el factor territorial, quedando asignada consiguientemente de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia del menor, descartando la aplicaci\u00f3n de fueros distintos de aqu\u00e9l, en aras de asegurar y proteger el inter\u00e9s superior de \u00e9ste, facilitando que el proceso se adelante en el escenario donde le resulte menos traum\u00e1tico y m\u00e1s beneficioso para su seguridad y bienestar\u00bb, criterio que encontr\u00f3 sustento en lo plasmado en la providencia AC2414-2021 del 17 de junio de 2021, en el que la Sala de Casaci\u00f3n Civil resolvi\u00f3 un conflicto de competencia \u00abentre los Juzgados Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 y Cuarto de Familia de Manizales (Caldas)\u00bb, para conocer de la demanda de privaci\u00f3n de patria de potestad promovida por la madre de los hijos menores de edad contra su padre, caso en el que se determin\u00f3 que el competente era el juez del domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, el Tribunal concluy\u00f3 que, \u00abconforme a la demanda de privaci\u00f3n de la patria potestad presentada por Diana Carolina Contreras Chac\u00f3n en su condici\u00f3n de madre de la menor (\u2026) en contra de Henry Alexander Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, surge palmario que la ni\u00f1a (\u2026) y su progenitora se encuentran domiciliadas y residenciadas en los Estados Unidos en Houston-Texas, la decisi\u00f3n a tomar no pod\u00eda ser otra que la de disponer su rechazo por falta de competencia territorial, en aplicaci\u00f3n de lo reglado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C. G. del P\u00bb, destacando que \u00abno existe ning\u00fan motivo para desconocer lo dispuesto por el numeral segundo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, ni tampoco resulta de recibo el argumento de la recurrente relativo a que deb\u00eda aplicarse la regla general prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 ibidem, pues como qued\u00f3 visto con suficiencia, el domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n, es fuero especial\u00bb. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se advierte que el amparo invocado ha de abrirse paso, teniendo en cuenta la postura adoptada por esta Sala en torno a la competencia territorial, para conocer de los procesos judiciales que vinculen a menores de edad. <\/p>\n
\u00abTeniendo en cuenta lo anterior esta Sala ha dicho que el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, lo cual es igualmente aplicable cuando esa actuaci\u00f3n es remitida a la autoridad jurisdiccional en concordancia con lo previsto en el inciso 2\u00b0 del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C.G.P., en tanto que: <\/p>\n
\u2026\u2018el prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u2019 (Exp. 2007-01529-00); y que \u2018en orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u2019 (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se armoniza con lo dispuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual las normas procesales deben interpretarse de conformidad con los principios constitucionales, de manera que para la asignaci\u00f3n de la competencia en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta el inter\u00e9s superior del menor, pues as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
\u2026cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019 (CSJ STC7351, 7 Jul. 2018, rad. 2018-00141-01). (Resaltado ajeno al texto. AC897-2019, 14 mar., rad. n.\u00ba 2019-00465-00)\u00bb (AC2414-2021 17 jun. 2021 Rad. 2021-01696). <\/p>\n
4.2. En concreto, trat\u00e1ndose de conflictos de competencia en procesos de suspensi\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n o privaci\u00f3n de la patria potestad, la Sala ha sostenido, en forma reiterada, que: <\/p>\n
\u00abLa regla general para determinar la competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos es la consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del citado compendio, esto es, que \u2018es competente el juez del domicilio del demandado\u2019; no obstante, dicho fuero no excluye la aplicaci\u00f3n de otros criterios que el mismo legislador previ\u00f3, como en los pleitos por la patria potestad, pues, el inciso segundo del num. 2 del mismo canon se\u00f1ala, que cuando \u2018\u2026el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u2019. Tambi\u00e9n, el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 se\u00f1ala, que \u2018Ser\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente (\u2026)\u2019 <\/p>\n
Sobre esta \u00faltima preceptiva, la Sala ha expresado, que si bien consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, puede ser aplicada a los casos que conozcan las autoridades jurisdiccionales\u00bb (Resaltado fuera de texto) (AC1862-2021 19 may. 2021 Rad. 2021-01080)2. <\/p>\n
4.3. Igualmente, al desatar otros conflictos de competencia en diferentes tipos de procesos que vinculan a mejores de edad, esta Sala se ha referido a la aplicaci\u00f3n de la regla contenida en el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 de 2006, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abel actual C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098- de 2006- marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en procura de garantizar el inter\u00e9s de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que se encuentren implicados en un proceso de custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas. As\u00ed, dispuso en su art\u00edculo 97 que la competencia territorial para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar sus derechos ser\u00e1 competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2026\u2019. <\/p>\n
En el punto, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia (Exp. 2007-01529-00); y que \u2018en orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019 (\u2026)\u2019. (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00)\u00bb (AC2898-2021 del 15 jul. 2021 Rad. 2021-00999, entre otras3). <\/p>\n
Ahora bien, aunque dicha disposici\u00f3n establece que la competencia le corresponde a la autoridad donde se encuentra el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, tambi\u00e9n previ\u00f3 c\u00f3mo debe procederse en el caso particular en que aqu\u00e9l resida en el extranjero, al se\u00f1alar, espec\u00edficamente, que \u00abcuando se encuentre fuera del pa\u00eds, ser\u00e1 competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su \u00faltima residencia dentro del territorio nacional\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la norma en comento, esta Corte sostuvo recientemente: <\/p>\n
\u00abrefulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u2018del domicilio o residencia\u2019 del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, conclusi\u00f3n que se robustece con las previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las cuales \u2018[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019 (se destaca). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n resulta aplicable, no solo en el contexto de las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial (\u2026)\u00bb (Resaltado fuera de texto) (AC2415-2021 17 jun. 2021 Rad. 2021-01784). <\/p>\n
4.5. Conforme a lo anterior, la Sala considera importante consolidar la subregla jurisprudencial en materia de competencia territorial, insistiendo que, cuando se discuta el ejercicio de alg\u00fan derecho de un menor de edad, que ya no tenga su domicilio en Colombia, el Juez competente ser\u00e1 el de la \u00faltima residencia dentro del territorio nacional, conforme al art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
5. En el sub judice se observa que la menor de edad se encuentra viviendo con su madre en el exterior desde diciembre de 2020 y que su \u00faltimo domicilio o residencia en Colombia fue C\u00facuta, conforme a los hechos 7, 8, 9 y 10 del libelo introductor (\u20180002. Demanda Privaci\u00f3n Patria Potestad\u2019 pdf.) <\/p>\n
En ese orden de ideas, el Juzgado censurado no pod\u00eda negarle el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues, como se dijo, aunque la menor de edad se encuentre viviendo fuera del pa\u00eds, a los procesos judiciales en los que est\u00e9n involucrados los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y adolescentes les son aplicables, en consonancia con el numeral 2 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal civil vigente, las reglas establecidas en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia \u2013Ley 1098 de 2006-, que regulan la competencia, en concreto, cuando aquellos residen en el extranjero. <\/p>\n
Lo anterior, resulta relevante, dado que, aceptar la tesis de los accionados, podr\u00eda ir en contrav\u00eda de los intereses de los ni\u00f1os y vulnerar sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues no podr\u00edan acudir, en modo alguno, ante los jueces de la rep\u00fablica -en procura de sus garant\u00edas- cuando residan fuera del pa\u00eds. <\/p>\n
6. Aunado a lo anterior, se destaca sobre este caso en particular, que el domicilio del demandado es en C\u00facuta, seg\u00fan lo denunciado en el libelo introductor de la demanda, de all\u00ed que, aunque deben protegerse los derechos de los menores de edad, tambi\u00e9n se le estar\u00eda garantizando el derecho de defensa del progenitor. <\/p>\n
7. Por lo razonado en precedencia, se conceder\u00e1 el amparo reclamado y se ordenar\u00e1 al cuerpo colegiado convocado dejar sin efectos la decisi\u00f3n reprochada, para que, en su lugar, resuelva nuevamente el recurso de alzada, conforme a lo expuesto en la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la acci\u00f3n de tutela solicitada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
PRIMERO: ORDENAR a la Sala (Unitaria) Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo censurado, dictado el 24 de septiembre de 2021 en el proceso de radicado 2021-00236-01, proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del a quo, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Ver referencias sobre la aplicaci\u00f3n en procesos judiciales del precitado art\u00edculo 97 en distintas providencias: AC4874-2021, AC4776-2021, AC438-2021, AC062-2020, AC2332-2019. <\/p>\n
3\u0002 AC1787-2021, AC1982-2020, AC1310-2020, AC3451-2019, AC199-2019, AC4095-2018, AC8150-2016, AC1732-2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15561-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC15561-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03812-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela presentada, mediante apoderada judicial, por la se\u00f1ora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}