STC15572-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15572-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00357-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Dary Echavarr\u00eda contra los Juzgados Primero Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abla anulaci\u00f3n, revocatoria, invalidez o remoci\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada, para que en su lugar se emita la providencia adecuada, basadas en las normas aplicables al caso y en el material probatorio obrante en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jes\u00fas Alejandro Arriola promovi\u00f3 juicio hipotecario contra Norbey Salinas y Luz Dary Echavarr\u00eda, tr\u00e1mite en el que la ejecutada deprec\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, la que fue desestimada en prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2019 por el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en prove\u00eddo de 17 de junio de 2021 el Juzgado Primero Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que se adelant\u00f3 un proceso con base en una hipoteca que reca\u00eda sobre su inmueble, en el que presuntamente ella se oblig\u00f3 al pago de un dinero con un codeudor, lo cual es falso; y que en ese tr\u00e1mite se secuestro el predio, se dispuso seguir con la ejecuci\u00f3n, se remat\u00f3 el bien y se adjudic\u00f3. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que su notificaci\u00f3n personal y por aviso supuestamente resultaron efectivas, lo cual no era cierto; que se alleg\u00f3 constancia de que su hermana recibi\u00f3 los enteramientos y que dijo que ella viv\u00eda en el inmueble, por lo que se dict\u00f3 sentencia, empero, se enter\u00f3 del asunto cuando su familiar le inform\u00f3 que el Inspector pidi\u00f3 la entrega del bien en virtud de su remate, raz\u00f3n por lo que buscaron un apoderado y formularon una tutela que fue denegada por subsidiariedad. <\/p>\n
2.5. Adujo que con posterioridad deprec\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, la que se deneg\u00f3 bajo un indebido juicio de identidad y una indebida convicci\u00f3n procedimental y probatoria, pues se pod\u00eda visualizar el aspecto fraudulento de la escritura de hipoteca; y que alleg\u00f3 como prueba sobreviniente constancia de que no ingres\u00f3 al territorio colombiano en el periodo en el que se concluy\u00f3 que fue notificada, pero no se tuvo en cuenta. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que se concluy\u00f3 que lo procesal primaba sobre lo sustancial; que se desconocieron los criterios jurisprudenciales; que no ten\u00eda domicilio compartido con su hermana, pues de buena fe le prest\u00f3 el inmueble debido a las circunstancias econ\u00f3micas de aquella; y que no viajaba espor\u00e1dicamente a Costa Rica. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que nunca recibi\u00f3 las notificaciones, lo que le impidi\u00f3 ejercer la respectiva contradicci\u00f3n; que en la diligencia de secuestro su hermana indic\u00f3 que la deuda era del otro ejecutado; que se desconoc\u00eda la realidad de lo acontecido; y que se deb\u00edan proteger sus garant\u00edas, no terminando el juicio necesariamente, sino d\u00e1ndole la oportunidad de demostrar los actos fraudulentos y los intereses que le asist\u00edan. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn refiri\u00f3 que no se transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno; que en auto de 17 de junio de 2021 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 2 de septiembre de 2019, en donde se decidi\u00f3 no declarar probada la causal de nulidad invocada; y que resolvi\u00f3 lo que en derecho correspond\u00eda seg\u00fan lo contemplado en la norma procesal vigente. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad remiti\u00f3 copia del expediente de tutela 2015-00776. <\/p>\n
3. El Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias del mismo lugar refiri\u00f3 que su posici\u00f3n jur\u00eddica se encontraba plasmada en las providencias cuestionadas. Remiti\u00f3 copia del expediente criticado. <\/p>\n
4. Juan Antonio G\u00f3mez G\u00f3mez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de la demandada, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a la ahora accionante. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Medell\u00edn adujo desconoc\u00eda los hechos; que en agosto del 2010 inici\u00f3 un cobro coativo para el recaudo de un impuesto en contra de la gestora, decretando el embargo del inmueble de su propiedad; que una vez rematado el bien, envi\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n perseguida, obteniendo el respectivo pago, por lo que procedi\u00f3 a la finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite; y que se hab\u00eda \u00absuperado el inter\u00e9s en lo de su competencia, esto es, el recaudo del impuesto\u00bb, por lo que se acog\u00eda lo que se determinara en el presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
6. Juan David Palacio, curador ad litem de Adelia del Socorro Palacio Jaramillo, se pronunci\u00f3 frente a los hechos del libelo inicial y asever\u00f3 que su representada ostentaba la calidad de acreedora hipotecaria, por lo que debi\u00f3 ser debidamente citada y valorarse la \u00ablamentable defensa\u00bb que recibi\u00f3; y que se ten\u00eda que otorgar la protecci\u00f3n deprecada por la accionante y a su prohijada, con miras a evitar la configuraci\u00f3n de perjuicios adicionales. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las decisiones criticadas no incurrieron en defecto procedimental alguno, pues la notificaci\u00f3n de la codemandada se hizo con estricto apego a lo dispuesto en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso; que el citatorio y aviso fueron entregados en la direcci\u00f3n denunciada en el libelo, que para ese entonces era el del bien de la ejecutada, que se dio como garant\u00eda y en donde la hermana de la accionante recibi\u00f3 notificaciones, \u00faltima que manifest\u00f3 que la gestora viv\u00eda all\u00ed, por lo que no era dable que se adelantara el enteramiento en otro sitio, mas cuando no se demostr\u00f3 en la actuaci\u00f3n que el demandante conociera domicilio distinto; que la nulidad propuesta con fundamento en que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n no fue firmado por la accionante, no fue planteada en la oportunidad procesal, por lo que no se pod\u00eda retrotraer la actuaci\u00f3n al arbitrio de las partes; que la supuesta falsedad material de la escritura p\u00fablica deb\u00eda definirse ante la justicia penal, a donde la gestora indic\u00f3 que ya acudi\u00f3, pero no se ten\u00eda conocimiento del estado de la actuaci\u00f3n; que en todo caso el juez que conoc\u00eda del ejecutivo deb\u00eda estarse a los resultados de la decisi\u00f3n penal; y que la actuaci\u00f3n desplegada se adecu\u00f3 a lo dispuesto por la normatividad objetiva, sin que sea posible predicar una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se deb\u00eda garantizar la notificaci\u00f3n efectiva teniendo en cuenta todas las pruebas y constancias allegadas. <\/p>\n
2. Juan David Palacio, curador ad litem de Adelia del Socorro Palacio Jaramillo, tambi\u00e9n apel\u00f3 la mencionada decisi\u00f3n insistiendo en las manifestaciones expuestas en la respuesta de esta acci\u00f3n excepcional y se\u00f1alando que no se tuvieron en cuenta las alegaciones de la promotora; y que se obvi\u00f3 el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00abal despachar ol\u00edmpicamente la solicitud de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el juzgador del circuito accionado, en el prove\u00eddo criticado de 17 de junio de 2021 indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se tiene en el presente proceso que, el 14 de agosto de 2008, se radic\u00f3 memorial con constancia de env\u00edo de notificaci\u00f3n personal a los demandados LUZ DARY ECHAVARRIA Y DIOMER SALINAS, la cual fue recibida el 10 de marzo de 2008, por la se\u00f1ora DIANA ECHAVARRIA hermana de la se\u00f1ora Luz Dary Echavarr\u00eda. Asimismo, reposa en el expediente constancia de devoluci\u00f3n de comunicaciones y avisos judiciales por correo certificado de 04 de julio de 2008, a la misma direcci\u00f3n donde se envi\u00f3 la notificaci\u00f3n del 14 de agosto de 2008, en el cual se referencia que, \u201cdijo ser la persona a notificar, pero se neg\u00f3 a recibir\u201d (F. 33 cuaderno principal). En este sentido, la norma procesal determina que, cuando en el lugar de destino se reh\u00fasen a recibir la notificaci\u00f3n, la empresa de servicio postal la dejar\u00e1 en el lugar y emitir\u00e1 constancia de ello y dicha comunicaci\u00f3n se entender\u00e1 entregada, como efectivamente sucedi\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
Sin embargo, a pesar de lo anterior, por auto de 26 de agosto de 2008 el Juzgado Noveno Civil Municipal, agreg\u00f3 al expediente las constancias de env\u00edo a los demandados, y le inform\u00f3 al apoderado de la ejecutante que las notificaciones debieron realizarse por separado a los demandados, as\u00ed residieran en la misma direcci\u00f3n. <\/p>\n
En memorial radicado el 08 de septiembre de 2008, el apoderado de la demandante alleg\u00f3 escrito autenticado del se\u00f1or DIOMER NORBEY SALINAS, en el que se dio por notificado del auto admisorio de la demanda, y, por auto de 25 de noviembre de 2008 el Juzgado, tuvo notificado por conducta concluyente s\u00f3lo al se\u00f1or SALINAS del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
El d\u00eda 09 de octubre de 2008, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro del bien inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 001-381357, la cual se realiz\u00f3 en presencia de la se\u00f1ora EILSA ECHAVARRIA, hermana de la se\u00f1ora LUZ DARY ECHAVARRIA, quien manifest\u00f3 que la deuda no era de su hermana, sino de DIOMER NORBEY SALINAS GALLEGO. El despacho declar\u00f3 legalmente secuestrado el inmueble al no haberse presentado oposici\u00f3n alguna. <\/p>\n
En memorial de 27 de octubre de 2008, el apodera (sic) demandante aport\u00f3 constancia de entrega de comunicaciones y avisos judiciales, dando cumplimiento a lo requerido por el juzgado en auto de 26 de agosto de 2008, notificaci\u00f3n que fue enviada por correo certificado a la misma direcci\u00f3n donde se enviaron las notificaciones anteriores, la cual fue recibida el 02 de septiembre de 2008, por la se\u00f1ora DIANA ECHAVARRIA hermana de la se\u00f1ora Luz Dary Echavarr\u00eda, y se referenci\u00f3 en dicha constancia de envi\u00f3 que, \u201cpor manifestaci\u00f3n de quien recibe, el destinatario reside o labora en la direcci\u00f3n indicada\u201d\u2026 <\/p>\n
La normativa procesal, no acoge como \u00fanica forma de notificaci\u00f3n la notificaci\u00f3n personal, pues como se observa en el art\u00edculo 292 antes referenciado, permite que, ante la imposibilidad de practicar la notificaci\u00f3n personal, se habilita la notificaci\u00f3n por aviso, con la finalidad de evitar entorpecer la administraci\u00f3n de justicia. Sin que se determine en el art\u00edculo referenciado, que dicha notificaci\u00f3n deber\u00e1 ser recibida por un apoderado o representante legal de la persona a notificar. <\/p>\n
Consta en el expediente que en el folio 67 del cuaderno principal, el aviso enviado cumple con los requisitos del art\u00edculo 292 C.GP., a folio 74 reposa copia del auto de libr\u00f3 mandamiento de pago y a folio 72 copia informal de la demanda, y que dicha notificaci\u00f3n se envi\u00f3 por intermedio de empresa postal a la Direcci\u00f3n Carrera 47 #70-19 apto 101 piso 1, donde manifestaron que la persona a notificar resid\u00eda o laboraba en la direcci\u00f3n indicada. Por lo que, se tiene que la demandante envi\u00f3 copia de la comunicaci\u00f3n remitida a la demandada, cotejada y sellada por la respectiva empresa de servicio postal, con la constancia de entrega a la direcci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Ahora bien, afirma el recurrente que, la se\u00f1ora LUZ DARY ECHAVARRIA, no reside en Colombia desde el a\u00f1o 2000. Sin embargo, esta circunstancia no impide que la demandada pudiera ser notificada en Colombia, porque con el simple hecho de viajar a otro pa\u00eds no se adquiere el domicilio civil en ese lugar, de igual forma, el domicilio no se muda porque una persona resida largo tiempo en otra parte, lo anterior de conformidad con los art\u00edculos 79 y 81 del C\u00f3digo Civil. Y, en el presente asunto, la demandada no logr\u00f3 acreditar desde hace cu\u00e1nto tiempo resid\u00eda en Costa Rica, ni tampoco aport\u00f3 permiso de residencia permanente en dicho pa\u00eds que d\u00e9 cuenta del cambio de su domicilio civil. Por lo que su domicilio, para efectos de notificaci\u00f3n, era la Carrera 47 #70-19 apto 101 piso 1 lugar donde fue enviada, tanto la citaci\u00f3n como la notificaci\u00f3n por aviso, sin que, la persona a quien fue entregada en el lugar de destino, informara que la demandada no resid\u00eda en dicho lugar, por el contrario, manifest\u00f3 que la persona a notificar resid\u00eda all\u00ed, como consta en la constancia de env\u00edo que reposa en el expediente. De igual manera, al momento de la diligencia de secuestro la se\u00f1ora DIANA ECHAVARRIA hermana de la se\u00f1ora Luz Dary Echavarr\u00eda, en ning\u00fan momento inform\u00f3 que su hermana no residiera en el inmueble, o que esta tuviera su domicilio en otro pa\u00eds, s\u00f3lo se limit\u00f3 a manifestar que la deuda no era de su hermana Luz Dary Echavarr\u00eda, sino del se\u00f1or DIOMER NORBEY SALINAS GALLEGO. <\/p>\n
Se tiene entonces que, el hecho de que la se\u00f1ora LUZ DARY ECHAVARRIA, se haya ausentado transitoriamente de su lugar de habitaci\u00f3n, no significa que haya cambiado su domicilio, tampoco da cuenta de que esta no estuviera enterada de citaci\u00f3n y de la notificaci\u00f3n mediante aviso, pues estas fueron enviadas a su lugar habitual de residencia de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 292 del C.G.P. Asimismo se tiene que las mismas fueron recibidas por su hermana, quien en ning\u00fan momento inform\u00f3 que ella no residiera all\u00ed. <\/p>\n
En punto entonces, de la decisi\u00f3n, en las circunstancias vistas y analizadas conforme a las disposiciones de ley anotadas, habr\u00e1 de confirmarse el auto en apelaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3. Bajo el anterior contexto, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo expuesto no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
De all\u00ed que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria de la nulidad impetrada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15572-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15572-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00357-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}