STC15756-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15756-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04143-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Seguros del Estado S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la solicitud de prueba extraprocesal a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el tr\u00e1mite de la solicitud de prueba extraprocesal de exhibici\u00f3n de documentos en que cit\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de C\u00facuta, con radicado No. 2019-00233-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, \u00abdejar sin valor ni efecto\u00bb la providencia de 6 de mayo de 2021 para que en su lugar \u00abprofiera nuevamente un fallo de segunda instancia (\u2026) teniendo en cuenta el contenido real y completo de las pruebas aportadas y las normas procesales y sustanciales se\u00f1aladas como violadas\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que mediante la precitada decisi\u00f3n de segunda instancia, la Colegiatura accionada resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de 12 de noviembre de 2020 del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta, con que se tuvo por justificada la negativa de exhibir unos documentos y se tuvieron por presentados otros, determinaci\u00f3n tomada sin tenerse en cuenta la normativa aplicable; tras asumirse la existencia de una negaci\u00f3n indefinida que no formul\u00f3 la llamada a exhibir, y, tras invertirse la carga de la prueba de los requisitos de procedencia de la pretendido, todo lo cual le impidi\u00f3 acceder a los documentos necesarios para formular acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la DIAN. <\/p>\n
Explica que se le neg\u00f3 acceder el contenido de 24 expedientes judiciales, porque supuestamente ten\u00eda acceso a los mismos o deb\u00eda conocer su contenido, pese a que el art\u00edculo 267 del C\u00f3digo General del Proceso no establece esa condici\u00f3n para la procedencia de la prueba; que no es una negaci\u00f3n indefinida que invierta la carga de la prueba, el que la DIAN manifestara que dichos documentos ya se los hab\u00eda entregado; que no se le pod\u00eda negar obtener las documentales, porque las pod\u00eda procurar mediante derecho de petici\u00f3n, ya que tal argumento aplica para negar la prueba dentro de un proceso judicial, no siendo este el caso; y, que los medios de convicci\u00f3n reclamados no son reservados, situaciones por las que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 10 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta remiti\u00f3 la versi\u00f3n digital del expediente del tr\u00e1mite cuestionado y manifest\u00f3 que lo que decidi\u00f3 dentro del decurso cuestionado fue \u00abresultado del estudio y ponderaci\u00f3n de los medios probatorios que han sido allegados al proceso\u00bb. <\/p>\n
b). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite reprochado, se\u00f1al\u00f3 que en el prove\u00eddo del 6 de mayo pasado expuso todos los motivos de su decisi\u00f3n, atinentes a que \u00abcon anterioridad existieron tr\u00e1mites procesales a los cuales se alleg\u00f3 la informaci\u00f3n requerida en exhibici\u00f3n, argumento que no fue desvirtuado por la aseguradora demandante hoy en tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abentre el momento de emitirse la decisi\u00f3n objeto de controversia y la radicaci\u00f3n del presente amparo constitucional, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses sin que la parte tutelante se hubiere pronunciado respecto a la eventual vulneraci\u00f3n de derechos, con lo que se vislumbra una falta de inmediatez del amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
c). La DIAN, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la solicitud de amparo, porque el mismo no puede desconocer la autonom\u00eda de la autoridad judicial accionada, quien ya resolvi\u00f3 sobre la inconformidad expuesta en este escenario. <\/p>\n
d). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, Seguros del Estado S.A. cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el auto de 6 de mayo del presente a\u00f1o de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 12 de noviembre de 2020 del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, de tener por exhibidos unos documentos y tener por justificada la no exhibici\u00f3n de otros, dentro del tr\u00e1mite de solicitud de prueba extrajudicial con citaci\u00f3n de la DIAN \u2013 Seccional C\u00facuta, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la incorrecta aplicaci\u00f3n de las normas llamadas a regir el asunto. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por las siguientes razones a saber: <\/p>\n
3.1. En el presente asunto sin duda, se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de C\u00facuta data del 6 de mayo de 2021; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 9 de noviembre siguiente, es decir, transcurridos seis (6) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la entidad actora es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 de confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia de no ordenar una exhibici\u00f3n probatoria, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa decisi\u00f3n del Tribunal accionado, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquella haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n de segundo grado en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.2.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que la gestora no comparte, el Tribunal Superior de C\u00facuta comenz\u00f3 por precisar que la inconformidad de aquella consist\u00eda en que, \u00ab1) La existencia de procesos judiciales anteriores, no implica el conocimiento previo de los documentos solicitados en exhibici\u00f3n; 2) Que no s\u00f3lo el car\u00e1cter de reserva legal debe ser invocado y analizado, sino que adem\u00e1s se debe demostrar el perjuicio que se causar\u00eda con la realizaci\u00f3n de la prueba de exhibici\u00f3n y en todo caso se deben ponderar circunstancias particulares como quien efect\u00faa el requerimiento y la clase de la informaci\u00f3n solicitada; y 3) El ejercicio del derecho de petici\u00f3n y el agotamiento del recurso de insistencia no son requisitos sine quanon para la realizaci\u00f3n de una prueba extraproceso\u00bb. <\/p>\n
Frente a la primera inconformidad, la autoridad accionada expuso que, \u00abla mentada informaci\u00f3n reposa en poder de la aseguradora, quien instaur\u00f3 previamente una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo a las p\u00f3lizas expedidas, ya que \u201cdichas documentales no son otra cosa que las circunstancias de hecho de derecho, tr\u00e1mite adelantado en la DIAN que determinaron la expedici\u00f3n de las resoluciones, antecedentes con los que cont[\u00f3] y tuvo acceso para demandar a la entidad y ejercer el derecho de contradicci\u00f3n en los mencionados procesos, siendo impertinente su solicitud\u201c. Procedente es concluir que la manifestaci\u00f3n efectuada por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Adunas Nacionales debe analizarse desde la \u00f3ptica de una negaci\u00f3n indefinida, que al tenor del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso no requiere ser probada por quien la alega, ya que se refuta el hecho que dichos expedientes s\u00f3lo reposan en los archivos de la DIAN, de manera que correspond\u00eda entonces a la convocante Seguros del Estado S.A., contrarrestar dichas afirmaciones lo que no hizo de manera puntual. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la entidad tal como lo refiri\u00f3 la a quo, adem\u00e1s de aceptar t\u00e1citamente la existencia de anteriores procesos judiciales, al momento de descorrer el traslado de la oposici\u00f3n, limit\u00f3 sus argumentos a informar que la \u201clas condiciones f\u00e1cticas que con ella quer\u00eda probarse, son totalmente diferentes a la acci\u00f3n judicial que se pretende formular con la pr\u00e1ctica y desarrollo de esta prueba extraprocesal de exhibici\u00f3n de documentos\u201d , que su intenci\u00f3n es la de \u201cformular una Acci\u00f3n de Reparaci\u00f3n Directa con base al comportamiento desplegado de manera sistem\u00e1tica por la Naci\u00f3n\u201d, dichos que en manera alguna permiten inferir que los expedientes administrativos nunca se allegaron o que los mismos se pusieron de presente a la aseguradora de manera incompleta y que de dicha circunstancia viene la necesidad de practicar la prueba extraprocesal. <\/p>\n
Puestas de este modo las cosas y como quiera que en efecto la aseguradora no logr\u00f3 demostrar la negaci\u00f3n indefinida formulada por la DIAN, procedente es concluir que en efecto la mentada entidad tiene en su poder y ha debido conocer el contenido de los 24 expedientes requeridos mediante la presente prueba extraproceso, circunstancias que tornan improcedente su pr\u00e1ctica, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el objeto de la exhibici\u00f3n de documentos es precisamente obtener los documentos que se encuentran \u00fanica y exclusivamente en poder del convocado, quien eventualmente puede ser su contraparte o un tercero, raz\u00f3n por la cual se considera el fracaso del reparo incoado en este aspecto\u00bb. <\/p>\n
En seguida la Colegiatura accionada consider\u00f3 de cara a la segunda queja que, \u00absi bien el art\u00edculo 267 del C\u00f3digo General del Proceso, autoriza la renuencia y la oposici\u00f3n a la exhibici\u00f3n, de manera que estas pueden ser planteadas por la parte o un tercero, frente a quien se solicite la pr\u00e1ctica de la prueba, siempre que la misma se formule dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que la decreta, alegando que no tiene el objeto de ella, que el mismo no les pertenece o que goza de reserva legal, no es cierto que como erradamente lo informa el recurrente que para poder oponerse a la exhibici\u00f3n la DIAN ha debido alegar el eventual perjuicio que le causar\u00eda la pr\u00e1ctica de la prueba solicita. <\/p>\n
Lo anterior en la medida que, en primer lugar, dicha prerrogativa legal se predica \u00fanicamente de terceros, que estando obligado a exhibir y no tener la eventual calidad de parte en el futuro proceso en el cual se har\u00e1 valer la prueba recaudada, puede ver perjudicados sus intereses, con la entrega de la documentaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
En segundo lugar, as\u00ed se trata de un tercero la normativa trazada para exonerar la exhibici\u00f3n denota una conjunci\u00f3n disyuntiva no copulativa, dado que refiere que el tercero no est\u00e1 obligado a exhibir documentos cuando el documento goza de reserva legal o cuando dicho acto le causa un perjuicio, por lo que mal podr\u00eda exig\u00edrsele a la Direcci\u00f3n que acredite el cumplimiento de las dos circunstancias para demostrar su oposici\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, debe precisarse que si bien la oposici\u00f3n en trat\u00e1ndose de la exhibici\u00f3n de documentos, debe surtirse mediante tr\u00e1mite incidental como evidentemente lo efectu\u00f3 la a quo, m\u00e1s cierto es que en su resoluci\u00f3n s\u00f3lo se deben apreciar los motivos de la oposici\u00f3n (inc.1 art.267 C.G.P.), por lo que claro es que al juez de la prueba extraproceso, no le es procedente decidir sobre la validez de la prueba que es objeto del mismo y s\u00f3lo debe resolver si aquella es o no justificada. <\/p>\n
En el caso marras tenemos que las razones de la oposici\u00f3n se circunscribieron a unas denominadas reservas legales, pues a\u00fan cuando cierto es que toda persona puede conocer la existencia y acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica en posesi\u00f3n y bajo el control de los sujetos obligados, dentro de los cuales se encuentran los entes que administran instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u orden p\u00fablico como lo ser\u00eda la DIAN, dicho derecho no es absoluto y excepcionalmente puede ser restringido por razones de tipo legal o constitucional, como actualmente lo disponen los art\u00edculos 18 y 19 de la Ley 1712 del 2014 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, debe tenerse en cuenta que conforme lo dispone el art\u00edculo 130 de la Ley 2010 del 2019 \u201cLa informaci\u00f3n y procedimientos que administra el Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tienen car\u00e1cter reservado. Esta reserva especial le ser\u00e1 oponible a particulares y a todas las entidades p\u00fablicas, y s\u00f3lo podr\u00e1 levantarse por orden de la autoridad judicial competente\u201d, por lo que resulta probado que en efecto las actas de comit\u00e9 de devoluciones en las cuales se denota la aprobaci\u00f3n de las peticiones de devoluci\u00f3n, evidentemente son de car\u00e1cter reservado. <\/p>\n
Igual circunstancia acontece con las denominadas hojas de vida, que conforme expresamente lo dispone el numeral 3 del art\u00edculo 24 de la Ley 1755 del 2015 tiene car\u00e1cter de reservada, porque involucran derechos a la privacidad e intimidad de las personas y como quiera que es el par\u00e1grafo del mentado art\u00edculo, el que dispone que la solicitud de informaci\u00f3n de car\u00e1cter reservado enunciado en dicho numeral, s\u00f3lo puede ser solicitado por su titular, su apoderado o persona autorizada por \u00e9ste con facultad expresa para acceder a dicha informaci\u00f3n, procedente es concluir que ninguna facultad le asiste al a quo para levantar las reservas implantadas expresamente por ley, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la valoraci\u00f3n probatoria finalmente no se realiza por dicha juzgadora sino por el juez que eventualmente conozca del asunto, pues es quien finalmente determinar\u00e1 el valor probatorio que le otorga al medio incoado dada la calidad de las pretensiones y excepciones que en el proceso se invoquen\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien es cierto no existe norma sustancial o procesal que disponga un requisito prejudicial para instaurar el tr\u00e1mite de pruebas extraproceso, m\u00e1s aun cuando de lo que se trata es de exhibir documentos en poder de la presunta contraparte o terceros, pues los art\u00edculos 186, 265 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso ninguna prerrogativa estipulan al respecto, no se puede perder de vista que conforme qued\u00f3 expuesto en l\u00edneas precedentes, a dicha clase de medios probatorios les son aplicables las reglas generales y especiales sobre la citaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de pruebas estipuladas en la normatividad vigente. <\/p>\n
Por lo cual y como quiera que en el ac\u00e1pite de disposiciones generales del r\u00e9gimen probatorio del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1s espec\u00edficamente en la parte final del inciso 2 del art\u00edculo 173 \u00eddem, se dispone que \u201cel juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1cticas de pruebas que, directamente o por medio del derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiere sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente\u201d, procedente es concluir que previo a la solicitud de exhibici\u00f3n de documentos, la parte interesada ha debido agotar la posibilidad de obtener la informaci\u00f3n requerida mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, pues s\u00f3lo en caso que dicho pedimento no hubiere sido atendido, le es procedente al juez mediar en su obtenci\u00f3n, siempre que no se hubiere hecho uso del recurso de insistencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo expuesto, necesario le era a la aseguradora convocante en este asunto, solicitar mediante el derecho de petici\u00f3n a la DIAN que le suministrar\u00e1 la documentaci\u00f3n requerida a efectos de hacerlos valer en el eventual proceso de reparaci\u00f3n directa que seg\u00fan su dicho instaurar\u00e1 en contra de la Direcci\u00f3n de Impuestos, sin que fuere necesaria la intervenci\u00f3n del a quo a trav\u00e9s de la prueba extraproceso impetrada\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la sociedad gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad procesal aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por la gestora es su particular manera de analizar las normas llamadas a regular el asunto, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de C\u00facuta, de refrendar la decisi\u00f3n de primera instancia de no ordenarle a la DIAN la exhibici\u00f3n de algunos documentos, obedeci\u00f3 a que, seg\u00fan interpret\u00f3 de la normativa adjetiva que estim\u00f3 aplicable, el proceder no ten\u00eda lugar porque los documentos ya estaban en poder del solicitante o ten\u00eda la posibilidad de obtenerlos directamente, algunos de ellos contaban con reserva legal y otros debieron ser procurados mediante el derecho de petici\u00f3n, motivos todos \u00e9stos que, se enfatiza, aun cuando no fueran compartidos por esta Sala, al no resultar de la simple voluntariedad del juzgador accionado, no son susceptibles de intervenci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
3.2.3. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15756-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC15756-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04143-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Seguros del Estado S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}