STC15760-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15760-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04151-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gestion y Consultor\u00eda Integral S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma urbe, as\u00ed como las partes y los intervinientes en el juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la sociedad accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada, al revocar la sentencia que hab\u00eda sido favorable a sus aspiraciones, y, rechazar el recurso de s\u00faplica que contra la misma propuso, dentro del juicio ejecutivo que promovi\u00f3 en contra de Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S, radicado bajo el consecutivo N.\u00ba 2020-00125-01. <\/p>\n
Entonces, pretende que por esta senda excepcional se conceda el resguardo deprecado y, consecuencialmente, se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que declare la \u00abilegalidad\u00bb de la sentencia de segundo grado pronunciada el 19 de agosto de 2021, porque omit\u00ed[\u00f3] que [de manera preliminar] se deb\u00eda tramitar y resolver el recurso de apelaci\u00f3n [propuesto por la parte ejecutada contra un auto que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba], que se hab\u00eda concedido el 11 de febrero [anterior], en la audiencia del art\u00edculo 372 del C.G.P.\u00bb; que en consecuencia, \u00abconfirme los derechos que le asisten a la empresa accionante dentro del proceso ejecutivo seguido contra la empresa demandada, tal como quedo consagrado en el fallo de primera instancia proferido el 26 de febrero de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, expuso la sociedad accionante a trav\u00e9s de su abogada de confianza, en suma, que el fallador accionado revoc\u00f3 la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n, con apoyo en que, supuestamente, los documentos que se presentaron para conformar el t\u00edtulo ejecutivo complejo, no atienden a cabalidad los requisitos previstos en el ordenamiento vigente para considerar que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S, postulado que dice, no es acertado, y trasgrede lo normado en el \u00abC\u00f3digo de Comercio (\u2026) art\u00edculos 887 [a] 896, referente[s] a la cesi\u00f3n del contrato, los cuales le son aplicables al contrato estatal por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Ley 80 de 1993\u00bb, as\u00ed como, el \u00abart\u00edculo 7\u00ba de la ley 80 de 1983, referente a las uniones temporales, y los art\u00edculos 1960 y 1961 del C\u00f3digo Civil en cuanto al cumplimiento de la cesi\u00f3n de los contratos\u00bb, configur\u00e1ndose, en estricto sentido, un \u00abdefecto sustantivo\u00bb, en tanto que la mentada determinaci\u00f3n, \u00abtiene problemas determinantes relacionados con una insuficiente sustentaci\u00f3n o justificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n que afecta derechos fundamentales y adem\u00e1s desconoce el precedente judicial de las Uniones Temporales sin ofrecer un m\u00ednimo razonable de argumentaci\u00f3n que hubiese permitido una decisi\u00f3n diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Alega que m\u00e1s all\u00e1 de lo antes esbozado, la sentencia de segundo grado est\u00e1 viciada de nulidad, pues el ad quem no advirti\u00f3 que pendiente se encontraba por resolver un recurso de alzada propuesto por la parte ejecutada, en audiencia celebrada el 11 de febrero de los corrientes, frente a la negativa del decreto de una prueba, motivo por el cual no pod\u00eda, como lo hizo, resolver de manera previa la apelaci\u00f3n del fallo de primer grado. Que en vista de lo anterior, y con el fin de alegar tal yerro, propuso recurso de s\u00faplica, mismo que fue rechazado por improcedente, no por todos los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n, sino \u00fanicamente por uno de ellos, pasando por alto lo dispuesto en el art\u00edculo 332 del C\u00f3digo General del Proceso y en el Acuerdo 108 de 1997. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 10 de noviembre, actual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
a.) La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, adem\u00e1s de remitir copia digital de algunas de las actuaciones adelantadas en segunda instancia, manifest\u00f3 en concreto, que \u00abconoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 2021, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de es[a] ciudad, dictada dentro del proceso ejecutivo [referenciado]\u00bb, el cual fue resuelto en prove\u00eddo del 19 de agosto de 2021, \u00abrevoc\u00e1ndose la decisi\u00f3n [atacada] por unanimidad de la Sala, bajo los lineamientos de la Constituci\u00f3n y la ley, sin vulneraci\u00f3n a derecho fundamental o legal alguno\u00bb. <\/p>\n
b). Por su parte, el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de la capital del Atl\u00e1ntico, luego de hacer un recuento del tr\u00e1mite procesal acaecido en torno a la contienda compulsiva base del reclamo, expres\u00f3 que \u00abdio cumplimiento (\u2026) a la norma procedimental, y el demandante (aqu\u00ed accionante) hizo uso de los t\u00e9rminos y medios de defensa que otorga la legislaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c.) A su turno, el apoderado judicial de la sociedad Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S, vinculada a las presentes diligencias en calidad de ejecutada, tras hacer un recuento pormenorizado de las actuaciones surtidas, del que se extrae que \u00abel 25 de agosto de 2021, el apoderado de la accionante present\u00f3 recurso de s\u00faplica contra la sentencia de segunda instancia, argumentando que debe revocarse la sentencia teniendo en cuenta que no se tramit\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por [su contra parte frente a una decisi\u00f3n que le deneg\u00f3 una prueba]; el 16 de septiembre de 2021, \u00e9l (\u2026) present[\u00f3] un escrito ante la [autoridad judicial convocada], manifestando el desistimiento de [dicho] recurso; el 29 de octubre de 2021, la Sala Civil del Tribunal emiti\u00f3 un auto en el cual rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica interpuesto por el accionante por improcen[dente]; el 3 de noviembre, el accionante present[\u00f3] un memorial en cuyo asunto se titul\u00f3 as\u00ed: \u2018Solicitud de Control de Legalidad, art. 132 C.G.P, y aclaraci\u00f3n auto de fecha octubre 29 de 2021\u2019\u00bb, se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n inquirida, luego de indicar al efecto, que \u00abmal puede el accionante hoy argumentar una vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales; por la no pr\u00e1ctica de una prueba que \u00e9l mismo se opuso al decreto y pr\u00e1ctica de la misma\u00bb y, que \u00abdesde el 19 de agosto a hoy, 2 meses despu\u00e9s de proferida la sentencia de segunda instancia el proceso a\u00fan se encuentra en el Tribunal sin que se haya remitido al juzgado de origen\u00bb, debido al \u00ababuso del derecho a litigar de la sociedad GESTI\u00d3N Y CONSULTOR\u00cdA INTEGRAL SAS, cuando adem\u00e1s de presentar un recurso de s\u00faplica contra una sentencia de segunda instancia lo cual no procede, insiste con un escrito de control de legalidad y aclaraci\u00f3n de auto\u00bb. <\/p>\n
d.) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que las pretensiones del aqu\u00ed interesado van encaminadas, en \u00faltimas, a que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, invalidar el fallo de segundo grado dictado el pasado 19 de agosto, en el marco de la acci\u00f3n ejecutiva quirografaria que adelant\u00f3 contra Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S, porque, seg\u00fan sus dichos, el mismo, adem\u00e1s de carecer sustento legal, padece de nulidad al haber sido proferido antes de resolverse sobre un recurso de apelaci\u00f3n propuesto por su contraparte, frente a la negativa de una prueba que solicit\u00f3 en primer grado. <\/p>\n
3. Para brindar soluci\u00f3n al asunto sometido a estudio, resulta necesario para la Sala verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
3.1. De forma escrita, el 19 de agosto del a\u00f1o pasado, la Civil Familia del Tribunal de la citada localidad, revoc\u00f3 la sentencia de primer grado estimatoria de las pretensiones incoadas por la aqu\u00ed interesada, en el pleito compulsivo varias veces citado, para en su lugar, denegar la orden de apremio por falta de t\u00edtulo que contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
3.2. Frente a lo resuelto, el apoderado judicial de la sociedad Gesti\u00f3n y Consultor\u00eda Integral S.A.S, present\u00f3 recurso de s\u00faplica, mismo que fue rechazado por improcedente, en auto del 29 de octubre postrero. <\/p>\n
3.3. El 3 de noviembre siguiente, dicho extremo procesal (aqu\u00ed interesado), solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la anterior providencia, adem\u00e1s de la solicitud de ilegalidad a partir del fallo de segundo grado, conforme a lo se\u00f1alado en el canon 132 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que, a la fecha, se hubiere resuelto sobre tales pedimentos. <\/p>\n
4. De conformidad con la informaci\u00f3n que precede, concluye la Sala con facilidad, que la protecci\u00f3n se torna improcedente, comoquiera que estando en tr\u00e1mite la mentada solicitud de aclaraci\u00f3n del auto que rechazo el recurso de s\u00faplica y la ilegalidad de la sentencia confutada que la promotora del amparo present\u00f3, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por el Tribunal Superior de Barranquilla \u2013 Sala Civil Familia. <\/p>\n
Entonces, no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos judiciales de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que, <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC462-2021). <\/p>\n
Y por ello es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
5. Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito, Y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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