STC15771-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15771-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04110-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Cristina Abello Lacouture frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 en el marco del proceso de responsabilidad civil contractual que promovi\u00f3 en contra Glenn Michael Torres y otros, con rad. 2020-00311-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta \u00abdejar sin efecto el auto de fecha 06 de agosto del 2021 que rechaz\u00f3 el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, y, que como consecuencia de ello \u00abproceda a darle tr\u00e1mite conforme a las disposiciones procesales que lo reglamentan\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que, \u00absustent\u00f3 en su totalidad\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, ello en la primera instancia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, declar\u00f3 desierta la alzada tras considerar \u00abque no se hab\u00eda sustentado oportunamente\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pues no solo, el traslado para la argumentaci\u00f3n respectiva, deb\u00eda correrlo la Secretar\u00eda del Tribunal, lo que no ocurri\u00f3, sino que, desde la formulaci\u00f3n del recurso expuso con suficiencia las razones de su censura, la Corporaci\u00f3n convocada, en desconocimiento del precedente jurisprudencial, mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 9 de noviembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del juicio criticado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse apegaron a los estatutos reglamentarios, sin que se hubiesen vulnerado las prerrogativas invocadas por la accionante, pues se llevaron a cabo cada una de las ritualidades procesales, respetando el derecho al debido proceso y defensa de ambos extremos\u00bb. <\/p>\n
b. El apoderado judicial de Glen Michael Torres, Adela Mar\u00eda Torres Mendoza y Blanca Ilda Pe\u00f1a C\u00e1ceres, indic\u00f3 que \u00ablo pretendido por el apoderado era solo enunciar los reparos o puntos de inconformidad tal y como lo dispone el inciso 2\u00b0 del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. La promesa de ampliaci\u00f3n y detalle que incorpor\u00f3 en su escrito de 25 de mayo de 2021 pone en evidencia: (i) que no hab\u00eda una sustentaci\u00f3n del recurso, puesto que de existir no habr\u00eda manifestado que efectuar\u00eda posteriores ampliaciones; y ii) que su intenci\u00f3n era la de sustentar el recurso ante la segunda instancia, ello por cuanto una ampliaci\u00f3n solo podr\u00eda darse en el t\u00e9rmino para sustentar otorgado por el ad quem\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la se\u00f1ora Mar\u00eda Cristina Abello Lacouture est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido 27 de agosto de los corrientes por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que resolvi\u00f3 \u00abNo reponer\u00bb la providencia del 6 del mismo mes y a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 desierto es recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia adiada 20 de mayo de la presente anualidad, en el marco del proceso de responsabilidad civil contractual que promovi\u00f3 en contra de Glenn Michel Torres y otros, pues seg\u00fan su criterio, se desconoci\u00f3 que el memorado mecanismo lo sustent\u00f3 ante el juez de primer grado. <\/p>\n
3. Las piezas procesales arrimadas a este tr\u00e1mite excepcional en medio digital, revelan lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Mediante sentencia del 20 de mayo de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta desestim\u00f3 las pretensiones de la aqu\u00ed accionante con ocasi\u00f3n del proceso de responsabilidad civil referido en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
3.2. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, la parte actora formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, para lo cual present\u00f3 escrito en el que enumer\u00f3 y expuso cada una de sus inconformidades. <\/p>\n
3.3. En auto del 12 de julio de la presente anualidad, el Tribunal Superior de la citada ciudad \u2013 Sala Civil Familia, admiti\u00f3 la alzada y de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso correr traslado a la parte recurrente para sustentar tal mecanismo. <\/p>\n
3.4. Comoquiera que la actora y el apelante en adhesi\u00f3n, arrimaron memoriales de sustentaci\u00f3n por fuera del t\u00e9rmino que les fue concedido, en prove\u00eddo del d\u00eda 6 de agosto siguiente se declar\u00f3 desierto el mecanismo vertical. <\/p>\n
3.5. Finalmente mediante prove\u00eddo del 27 del citado mes y a\u00f1o, mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, tras advertir por una parte, en cita del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, que \u00abanalizada la norma (\u2026), no se debe correr traslado al apelante, pues \u00e9ste debe exhibir la sustentaci\u00f3n, a m\u00e1s tardar, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria del prove\u00eddo, y es de esa sustentaci\u00f3n, valga la redundancia, de la que se debe correr traslado a la contra parte, con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en el art. 110 del C. G. del P., en armon\u00eda con el 9\u00b0 del Decreto antes referido. Conviene precisar que las decisiones judiciales se emiten con apego a las normas, las cuales, aunque puedan ser objeto de diversas interpretaciones, no pueden ser transformadas con una aplicaci\u00f3n arbitraria, y es que en el plurimentado auto que admiti\u00f3 la alzada, no se orden\u00f3 que la Secretar\u00eda fijara en lista el traslado para que iniciara el t\u00e9rmino para sustentar, pues, ins\u00edstase, el canon es claro al indicar que \u00e9stos corren luego de que la decisi\u00f3n ha adquirido firmeza\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a la sustentaci\u00f3n de la alzada ante la autoridad de primer grado indic\u00f3 que si bien, esta Corporaci\u00f3n a unificado dicho criterio en vigencia del citado Decreto, lo cierto es que \u00abno puede dejarse de lado que, en ambas providencias se emitieron salvamentos de voto en los que se enfatizan los dos momentos distintos frente a los juzgadores de primer y segundo grado: reparos y sustentaci\u00f3n. Justamente, la diferencia entre esas dos actuaciones, es lo que delimita las funciones de cada instancia, y reconocer que las dos etapas puedan agotarse ante el A Quo, soslaya la competencia del superior, y es esa la postura que ha adoptado esta Sala con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite y sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
En ese sentido, tal como se indic\u00f3 en la decisi\u00f3n censurada, no puede admitirse que las etapas de reparos concretos y sustentaci\u00f3n coincidan en un mismo acto, pues la primera concierne netamente al juez de primera instancia, y la segunda, a su superior, en la oportunidad otorgada por el legislador\u00bb. <\/p>\n
4. Seg\u00fan el recuento de las actuaciones surtidas en la segunda instancia del proceso constitucional objeto de revisi\u00f3n constitucional, y acogiendo la postura reciente de esta Sala sobre la tem\u00e1tica bajo estudio, se observa que habr\u00e1 de concederse el amparo implorado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
4.1. No se equivoca el Tribunal Superior de Santa Marta al citar varios pronunciamientos de esta Sala sobre el deber del recurrente de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente a las sentencias judiciales ante el superior, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. En efecto, en reciente pronunciamiento la Corte dijo que: <\/p>\n
\u00able corresponde al recurrente no s\u00f3lo aducir sus quejas puntuales ante el a quo, sino acudir a la audiencia fijada por el superior para el efecto y fundamentar all\u00ed el remedio vertical, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 \u00eddem, en concordancia con el 327 ejusdem. <\/p>\n
En cuanto a ese \u00faltimo aspecto, esta Corte estima pertinente se\u00f1alar que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d1, principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, est\u00e1n compelidos a presentarse personalmente frente al juez para exponerle sus argumentos. <\/p>\n
Lo anterior, sin duda, pugna por el respeto y garant\u00eda de principios trascendentales como los de oralidad, concentraci\u00f3n, celeridad, transparencia, contradicci\u00f3n e inmediaci\u00f3n desarrollados en los c\u00e1nones 4\u00b0 y siguientes de la dicha obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 \u00eddem, contemplan la metodolog\u00eda a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aqu\u00e9llos adem\u00e1s de tener una duraci\u00f3n razonable (art. 121 del C.G.P.), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
La contundencia de la oralidad y del derecho a ser o\u00eddos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 consagra la nulidad de la actuaci\u00f3n de presentarse \u201c(\u2026) la ausencia del juez o de los magistrados (\u2026)\u201d en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5\u00ba de la misma preceptiva impone la convocatoria \u201c(\u2026) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (\u2026)\u201d cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6\u00ba \u00eddem prescribe: \u201c(\u2026) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d; en concordancia con el numeral 7\u00ba del art. 133, donde se prev\u00e9 la invalidez del decurso si \u201c(\u2026) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual, es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los decursos judiciales (art. 150, C.P.)\u00bb (CSJ, STC10704-2020). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, la Sala ha considerado que, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la exposici\u00f3n de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en aquella obra propende por el respeto y la garant\u00eda del principio de oralidad, as\u00ed como de otros valores importantes como la celeridad y la concentraci\u00f3n de los actos judiciales. <\/p>\n
4.3. Sin embargo, la dif\u00edcil situaci\u00f3n por la que atraviesa actualmente la sociedad a causa de la pandemia generada por el covid-19, oblig\u00f3 a que el Estado se adaptara a los retos impuestos por la propagaci\u00f3n de \u00e9ste. As\u00ed, por ejemplo, en el campo jur\u00eddico, se promulgaron varias normas de car\u00e1cter transitorio sobre la ritualidad de los procesos judiciales, de esta manera, respecto de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso que: <\/p>\n
\u00abEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. <\/p>\n
4.4. De este modo, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllev\u00f3 a que se abandonara, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n, para ser suplida por el sistema de anta\u00f1o, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y as\u00ed proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00ed es pertinente hacer claridad en algo, y es que la exigencia de exponer de manera oral los reproches frente a los pronunciamientos judiciales no ha desaparecido, pues, se reitera, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son temporales debido a la emergencia sanitaria, adem\u00e1s, por motivos de salubridad p\u00fablica, la oralidad actualmente no es indispensable, por eso es que, por ahora los recurrentes deben presentar sus disensos de manera escrita. <\/p>\n
4.5. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. <\/p>\n
4.6. Como se recuerda, en el caso concreto, la se\u00f1ora Abello formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 20 de mayo del a\u00f1o en curso, sustentando por escrito las razones por las cuales consideraba que deb\u00eda revocarse aquella decisi\u00f3n; luego, en auto del 12 de julio siguiente, la Colegiatura criticada procedi\u00f3 a admitir la alzada y correr traslado a la recurrente por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que sustentara por escrito dicho remedio, de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del art\u00edculo 14 del mentado Decreto Legislativo; y, comoquiera que la inconforme guard\u00f3 silencio en el periodo que le fue concedido, el d\u00eda 6 de agosto de los corrientes, al calificarse insatisfecha, se produjo la declaraci\u00f3n de la deserci\u00f3n del citado mecanismo, determinaci\u00f3n que mediante prove\u00eddo del 27 del mismo mes y a\u00f1o, se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
4.7. En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 el Tribunal accionado al declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por la demandante, ac\u00e1 interesada, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio aqu\u00e9lla expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia proferida dentro del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional; y como ese escrito se hallaba dentro del expediente, la Corporaci\u00f3n criticada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal <\/p>\n
4.8. Respecto al excesivo rigorismo jur\u00eddico, tiene se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, que \u00abpuede estructurarse\u2026 cuando \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u2019; es decir: <\/p>\n
\u2018el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u2019\u00bb (CC T-352\/12, citada recientemente CSJ STC-2680-2020). <\/p>\n
4.9. Lo hasta aqu\u00ed dicho, encuentra apoyo en un caso reciente de similares contornos, en el cual la Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A]un de aceptarse que el mentado canon 14 [del Decreto Legislativo 806 de 2020] pudiera aplicarse al caso de marras, y por tanto, que deb\u00eda aportarse un escrito en el que se sustentara la apelaci\u00f3n, lo cierto es que una vez pronunciada la sentencia de primer grado, y concedida tal censura, la demandante, aqu\u00ed interesada, procedi\u00f3 a sustentar por escrito tal r\u00e9plica; entonces, al momento en que se admiti\u00f3 la alzada, ese memorial ya militaba en el expediente, motivo por el cual la Sala Civil Familia criticada pudo tener por cumplido el requisito que exigi\u00f3 en la primera de las providencias atacadas; no obstante, tampoco valor\u00f3 esa especifica situaci\u00f3n en aras de dar prevalencia al derecho sustancial sobe las formas, e incurriendo en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u00bb (CSJ STC5498-2021). <\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el defectuoso tr\u00e1mite impartido por la Colegiatura accionada respecto del recurso vertical propuesto por la parte demandante en el asunto tantas veces referido, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efecto las providencias cuestionadas, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado remedio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por Mar\u00eda Cristina Abello Lacouture. En consecuencia: <\/p>\n
PRIMERO: Se dispone DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia proferida el 27 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el marco del proceso declarativo que la aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 frente a Glenn Michel Torres y otros, as\u00ed como las dem\u00e1s que dependan de ella. <\/p>\n
SEGUNDO: Se ORDENA a la aludida Corporaci\u00f3n, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a resolver nuevamente el recurso horizontal formulado en contra del auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado dictada al interior del juicio en comento, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el presente fallo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 3\u00b0. PROCESO ORAL Y POR AUDIENCIAS. Las actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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STC15771-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC15771-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04110-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59516","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59516\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}