STC15780-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15780-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03360-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nathaly S\u00e1nchez S\u00e1nchez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintiocho de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00ablegitimidad\u00bb, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas en el tr\u00e1mite verbal que promovi\u00f3 contra Jeffer Oswaldo Cruz Medina (rad. n.\u00b0 2018-00058-00). <\/p>\n
Solicit\u00f3, en concreto, ordenar a las autoridades fustigadas \u00abcesar los efectos de las decisiones proferidas en las sentencias de primera y segunda instancia\u2026\u00bb, y que \u00abel demandado sea condenado a pagar una cuota alimentaria por haber dado lugar ruptura familiar, que se plasm\u00f3 en el tr\u00e1mite notarial de mutuo acuerdo, por contener defecto f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n de pruebas por parte del juzgado y del Tribunal, por error inducido y por ser altamente vulneradora de [sus] derechos como conyugue inocente en el mutuo acuerdo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Nathaly S\u00e1nchez S\u00e1nchez promovi\u00f3 juicio verbal contra Jeffer Oswaldo Cruz Medina con miras a que se declarara que el demandado dio lugar a la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico celebrado entre ellos, as\u00ed como que se reconociera y se le condenara al pago de una cuota alimentaria a favor de la c\u00f3nyuge inocente. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 que, en sentencia del 21 de abril de 2021, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala de Familia del Tribunal Superior de esta ciudad, en fallo de 11 de agosto siguiente, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que desde abril de 2010 convivi\u00f3 con el demandado en una sociedad de hecho de forma permanente; empero, el 1\u00ba de junio de 2013 contrajeron matrimonio cat\u00f3lico y procrearon dos (2) hijos. <\/p>\n
Relat\u00f3 que tal uni\u00f3n le brind\u00f3 un estatus social alto, el cual inclu\u00eda viajes internacionales, atenci\u00f3n m\u00e9dica preferencial, bienes y servicios de calidad para ella y los descendientes comunes; en 2015 el demandado los envi\u00f3 a vivir a Sogamoso, dej\u00e1ndolos solos, con la promesa de visitarlos cada 8 d\u00edas, luego cada 15 d\u00edas y hasta que sus visitas no ocurrieron m\u00e1s. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que Cruz Medina don\u00f3 a los menores un apartamento, con el dep\u00f3sito y garaje; que la empez\u00f3 a presionar para firmar el divorcio so pena de abstenerse de suministrarle alimentos a sus hijos y de privarla de su potestad; que en la minuta de cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio qued\u00f3 consignado que era de mutuo acuerdo, lo cual es incorrecto, pues se realiz\u00f3 contra su voluntad \u00abpor la presi\u00f3n, violencia psicol\u00f3gica, verbal y con la amenaza\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adujo que los actos de donaci\u00f3n eran para defraudarla; que en la liquidaci\u00f3n de la sociedad se relacionaron \u00fanicamente bienes muebles, sin que se inventariaran los inmuebles adquiridos, ni los dineros que ten\u00edan en las distintas cuentas; y que se consign\u00f3 que le entregar\u00eda un cheque por $20.000.000, pero el demandado se los llev\u00f3 diciendo que ella no sab\u00eda administrar el dinero. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el demandado despu\u00e9s de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles la condicion\u00f3 a que si llegaba a tener otra pareja o a conocer a alguien ten\u00eda que enterarlo antes para la respectiva aprobaci\u00f3n o de lo contrario no suministrar\u00eda alimentos a sus hijos; y que intent\u00f3 crear una firma inmobiliaria, pero la tuvo que cerrar porque su expareja le impidi\u00f3 el desarrollo del negocio con agresiones verbales y f\u00edsicas. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que, una vez le firm\u00f3 el divorcio, el demandado emprendi\u00f3 una violencia verbal, psicol\u00f3gica, y f\u00edsica, delante de sus descendientes, la cual fue dictaminada por medicina legal, por lo que present\u00f3 denuncia penal y lo demand\u00f3 por alimentos ante el incumplimiento de tal d\u00e9bito parental. Adujo, adem\u00e1s, que fue enga\u00f1ada para firmar, pues su expareja le prometi\u00f3 una cuota a los menores de $1.800.000, ayudarla a adquirir una vivienda de inter\u00e9s social, costearle la carrera profesional, dejarla como beneficiaria de la E.P.S y medicina prepagada, lo que no cumpli\u00f3. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que ha intentado trabajar, pero ha sido fastidiada de forma permanente con violencia por el demandado; que respecto de los bienes que le don\u00f3 a los menores el convocado present\u00f3 demanda de privaci\u00f3n de la administraci\u00f3n, \u00fanico ingreso con el que contaba; que encontr\u00e1ndose los ni\u00f1os de visita con su padre, este los llev\u00f3 a la Comisar\u00eda y les hizo afirmar que ella los hab\u00eda abandonado y agredido, consiguiendo as\u00ed un acta irregular e ilegal, donde se le concedi\u00f3 la custodia provisional al pap\u00e1 en 2017. <\/p>\n
2.9. Mencion\u00f3 que la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, despu\u00e9s de intervenir por una queja que instaur\u00f3 la demandante en contra del procedimiento, concluy\u00f3 que la diligencia deb\u00eda ser invalidada, lo que se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.10. Asever\u00f3 que la causa de la separaci\u00f3n fue que su expareja sosten\u00eda una relaci\u00f3n sentimental con una compa\u00f1era de trabajo, de lo que se enter\u00f3 en septiembre de 2017; que la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico se fund\u00f3 en relaciones sexuales extramatrimoniales, el grave e injustificado incumplimiento de los deberes que la ley les impone, as\u00ed como los ultrajes, el trato cruel y las discriminaciones como mujer. <\/p>\n
2.11. Manifest\u00f3 que se present\u00f3 una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; que se desconoci\u00f3 el precedente sobre el alcance de los derechos de la mujer frente a la revictimizaci\u00f3n de hechos de violencia y maltrato; que se dej\u00f3 impune la violencia comprobada; y que la firma del divorcio no exoneraba al demandado de las consecuencias patrimoniales producidas por su conducta. <\/p>\n
2.12. Agreg\u00f3 que la imposici\u00f3n de una cuota alimentaria lejos de ser arbitraria se ajustaba al contexto procesal y medios de prueba allegados; que se present\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria; que se desconoci\u00f3 que la violencia al interior de la pareja no era visible; y que el Tribunal no se ocup\u00f3 de los reparos expuestos en la alzada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 acogerse a lo que se decida en la acci\u00f3n de tutela; no obstante, defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, por lo que pidi\u00f3 desestimar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda de Familia adscrita al juzgado convocado, manifest\u00f3 que la tutela promovida carece de vocaci\u00f3n de prosperidad en tanto no existe un perjuicio irremediable que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de un \u00abproceder ileg\u00edtimo [que] no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 2001-00183-01); y, por supuesto, siempre que se cumplan los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
Es que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, el juez de tutela debe intervenir con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que el afectado carezca de otros medios de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (…) (STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 0183, reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
2. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que se configura una v\u00eda de hecho, entre otras razones, cuando \u00abla decisi\u00f3n del juez carece de argumentos razonados que ofrezcan a las partes la plena resoluci\u00f3n de sus controversias\u00bb (CC SU635\/15). <\/p>\n
Lo anterior se conoce como falta de motivaci\u00f3n y, cuando sucede, el juez de tutela queda habilitado para intervenir frente a la actuaci\u00f3n judicial que se critica y con ello, reconducir el proceso de conformidad con la constituci\u00f3n y la ley, en tanto, como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional: <\/p>\n
La falta de motivaci\u00f3n, como causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales, tiene como finalidad proteger los derechos de los ciudadanos de obtener respuestas razonadas de la administraci\u00f3n de justicia, permitiendo de esta manera, ejercer efectivamente el derecho de contradicci\u00f3n. Por lo tanto, el juez de tutela debe tener en cuenta, que la falta de motivaci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial supone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales, el cual tiene que presentar las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan el fallo, acci\u00f3n que se genera en virtud de un principio base de la funci\u00f3n judicial (\u00eddem). <\/p>\n
Ahora bien, previo a descender al caso concreto deber\u00e1 esta Corporaci\u00f3n efectuar las consideraciones subsiguientes, requeridas para resolver los problemas jur\u00eddicos que concitan la queja iusfundamental. <\/p>\n
3. La discriminaci\u00f3n hacia la mujer y las respuestas normativas para combatirla. <\/p>\n
3.1. Hist\u00f3ricamente la mujer ha sido objeto de discriminaci\u00f3n, en tanto el desarrollo de la sociedad termin\u00f3 imponi\u00e9ndole un trato diferente y subordinado al de los hombres, sin una justificaci\u00f3n diferente a la configuraci\u00f3n de los \u00f3rganos reproductivos, pues desde tiempos inmemorables se le asoci\u00f3 con cargas socialmente menos relevantes o despreciadas; as\u00ed, se construyeron conceptos como lo femenino y lo masculino, busc\u00e1ndose la invisibilizaci\u00f3n del primero, mientras que al segundo se le concedi\u00f3 una grado de superioridad y de control sobre aqu\u00e9l. <\/p>\n
En efecto, organismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han conceptuado que el \u00abmodelo social y cultural dominante en la cultura occidental considera que el g\u00e9nero y el sexo abarcan dos, y s\u00f3lo dos, categor\u00edas r\u00edgidas, a saber, masculino\/hombre y femenino\/mujer\u00bb1, otorg\u00e1ndosele un valor preponderante al primero en materias como la direcci\u00f3n del hogar, de las organizaciones, del Estado y, en general, de la sociedad, lo cual remarca un claro contexto de discriminaci\u00f3n, no s\u00f3lo frente a lo femenino, sino tambi\u00e9n frente a quienes no se identifican con ese binario. <\/p>\n
Lo femenino fue asociado con los deberes del cuidado familiar, la crianza de los hijos, la estabilidad afectiva de la pareja, huelga decirlo, la obligaci\u00f3n de ser complaciente; mientras que a lo masculino se le relacion\u00f3 con la provisi\u00f3n del hogar, el liderazgo de la familia y de la sociedad, el encargo de trabajos que exigen fuerza, entre otras conductas esperadas por la colectividad. <\/p>\n
3.2. Reconociendo el entorno de desigualdad y afectaci\u00f3n a la dignidad humana propiciado por las distinciones y cargas que se atribuyeron tanto a mujeres como a hombres, modernamente, los Estados y la comunidad internacional han velado por la construcci\u00f3n de instrumentos que reivindiquen los derechos de la mujer y la reconozcan como sujeto en igualdad de condiciones con el otro g\u00e9nero, siendo este un escenario propicio para superar la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica. <\/p>\n
En este sentido, Colombia ha suscrito distintos tratados y convenciones como parte de sus compromisos en materia de Derechos Humanos, de los cuales se destacan la Convenci\u00f3n sobre los Derechos Pol\u00edticos de la Mujer de 19532, la Declaraci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra la mujer de 1967, Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer -CEDAW- de 19813 y la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1-4. <\/p>\n
Este marco normativo internacional, integrado al ordenamiento jur\u00eddico nacional por fuerza del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se armoniza con las obligaciones convencionales suscritas por Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde la cl\u00e1usula general de protecci\u00f3n y garant\u00eda que corresponde a los Estados parte por conducto de sus agentes frente a sus ciudadanos (art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica). <\/p>\n
Del mismo modo, la legislaci\u00f3n nacional previ\u00f3 mediante la ley 1257 de 2008 un conjunto de garant\u00edas en favor de las mujeres, tales como el derecho a una vida libre de violencia, tipificando como delito la discriminaci\u00f3n por la raz\u00f3n de sexo con la ley 1482 de 2011, entre otras normas que propenden por la protecci\u00f3n y defensa de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Estas prerrogativas, que inicialmente se concentraron en la mujer, progresivamente se han extendido a otros grupos socialmente discriminados, rechazados por su orientaci\u00f3n sexual o su identificaci\u00f3n con uno u otro g\u00e9nero, aunque su sexo no corresponda a ese patr\u00f3n social asignado; aquellos a quienes sus prerrogativas se les han restringido, menoscabando el ejercicio efectivo de sus derechos y el desarrollo de proyectos de vida individuales y familiares. <\/p>\n
4. Distintas formas de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del g\u00e9nero. <\/p>\n
4.1. De forma particular, la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer, concept\u00faa como discriminatorio \u00abtoda distinci\u00f3n, exclusi\u00f3n o restricci\u00f3n basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera\u00bb. <\/p>\n
Trasluce, seg\u00fan la noci\u00f3n de marras, que la discriminaci\u00f3n puede tener como fuente las diferenciaciones, prerrogativas, excepciones, rechazos, negativas, limitaci\u00f3n o reducci\u00f3n, siempre que satisfagan los siguientes presupuestos: (I) est\u00e1n basadas en el sexo; y (II) tengan por prop\u00f3sito o como resultado menoscabar el reconocimiento o los derechos de la mujer. <\/p>\n
Adicionalmente, constituye una forma de discriminaci\u00f3n la utilizaci\u00f3n de preconceptos con relaci\u00f3n a las din\u00e1micas existentes entre hombres y mujeres en el imaginario social, es decir, el uso de estereotipos, pues con ellos se enfatizan los tratos hist\u00f3ricamente desiguales y se rompe el prop\u00f3sito de lograr la igualdad de g\u00e9neros. <\/p>\n
Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas \u00abun estereotipo de g\u00e9nero es una opini\u00f3n o un prejuicio generalizado acerca de atributos o caracter\u00edsticas que hombres y mujeres poseen o deber\u00edan poseer o de las funciones sociales que ambos desempe\u00f1an o deber\u00edan desempe\u00f1ar\u00bb5. <\/p>\n
De forma ampliada, esta Sala tambi\u00e9n ha precisado que los estereotipos \u00abson creencias generalizadas construidas social y culturalmente sobre los atributos personales de hombres y mujeres. [D]ichas creencias pueden implicar una variedad de componentes incluyendo caracter\u00edsticas de la personalidad, comportamientos y roles, caracter\u00edsticas f\u00edsicas y apariencia u ocupaciones y presunciones sobre la orientaci\u00f3n sexual\u00bb (SC3462, 18 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2017-00070). <\/p>\n
Tales creencias, ha dicho la Sala, se convierten en \u00abcategor\u00edas monopolizadoras\u00bb, que vician o comprometen los criterios de imparcialidad judicial y sana cr\u00edtica en la valoraci\u00f3n probatoria puesto que \u00abno asumen una postura cr\u00edtica y sin pensarlo, las pruebas que se recaudan en el marco de ese imaginario son bienvenidas y valoradas como las ideales; las contrarias, o las que allega el juicio la persona, el grupo o la pareja discriminada son desechadas acr\u00edticamente\u00bb6. <\/p>\n
Por ejemplo, criticando algunas din\u00e1micas de las relaciones familiares en torno a que la mujer es mejor cuidadora de los hijos, esta colegiatura ha manifestado que esa \u00abinterpretaci\u00f3n es sexista y estereotipada, pues no es cierto que la progenitura responsable s\u00f3lo pueda predicarse respecto de la madre, atendiendo a su condici\u00f3n de mujer, como tampoco lo es que el padre, por su g\u00e9nero masculino, sea menos capaz de asumir su rol como ascendiente de una manera adecuada (\u2026)\u00bb7, pues funda tal creencia en el g\u00e9nero de los progenitores como base para cercenar o ignorar sus derechos frente a la descendencia com\u00fan (CSJ,SC3728-2021). <\/p>\n
4.2. Trat\u00e1ndose de la administraci\u00f3n de justicia, es pac\u00edfico que se configura un escenario de discriminaci\u00f3n, entre otros eventos, cuando <\/p>\n
[L]os estereotipos se reflejan o se encuentran inmersos en el derecho, como en las premisas impl\u00edcitas de la legislaci\u00f3n y las implicaciones del razonamiento y lenguaje usados por jueces y juezas. <\/p>\n
Cuando un Estado aplica, ejecuta o perpet\u00faa un estereotipo de g\u00e9nero en sus leyes, pol\u00edticas p\u00fablicas o pr\u00e1cticas, lo institucionaliza, d\u00e1ndole la fuerza y autoridad del derecho y la costumbre. El ordenamiento jur\u00eddico, como una instituci\u00f3n estatal, condona su aplicaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y perpetuaci\u00f3n y por lo tanto genera una atm\u00f3sfera de legitimidad y normalidad. (\u2026). Cuando un Estado legitima as\u00ed un estereotipo de g\u00e9nero, provee un marco legal para facilitar la perpetuaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n en el tiempo y a trav\u00e9s de diferentes sectores de la vida y la experiencia sociales8. <\/p>\n
As\u00ed, la labor judicial no puede estar aislada del reconocimiento de tal circunstancia, pues desde luego, poner frente a todo mecanismo de discriminaci\u00f3n, en procura del cumplimiento del principio de igualdad, es responsabilidad de los jueces, de ah\u00ed la necesidad de aplicar la perspectiva de g\u00e9nero en sus decisiones, y en general, en todas las etapas del proceso que se encuentra bajo su direcci\u00f3n; pues esta tiene como funci\u00f3n optimizar el sistema jur\u00eddico para permitir evidenciar y abordar dimensiones de protecci\u00f3n de derechos y libertades de los seres humanos. <\/p>\n
Bien se ha dicho: <\/p>\n
La perspectiva de g\u00e9nero no es una \u201cteor\u00eda\u201d, mucho menos una \u201cideolog\u00eda\u201d, sino (\u2026) nada m\u00e1s (\u2026) \u201cuna herramienta clave para combatir la discriminaci\u00f3n y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de g\u00e9nero diversas; y un concepto que busca visibilizar la posici\u00f3n de desigualdad y de subordinaci\u00f3n estructural\u201d9. <\/p>\n
Su ratio debe atender el principio universal de igualdad y no discriminaci\u00f3n. En dicho principio, la \u00abnoci\u00f3n de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del g\u00e9nero humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situaci\u00f3n que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que s\u00ed se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situaci\u00f3n\u00bb10. <\/p>\n
En t\u00e9rminos de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) juzgar con perspectiva de g\u00e9nero es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual, ameritando en muchos casos el ejercicio de la facultad-deber del juez para aplicar la ordenaci\u00f3n de prueba de manera oficiosa. <\/p>\n
(\u2026) \u201cPara el ejercicio de un buen manejo probatorio en casos donde es necesario el \u00abenfoque diferencial\u00bb es importante mirar si existe alg\u00fan tipo de estereotipo de g\u00e9nero o de prejuicio que puedan afectar o incidir en la toma de la decisi\u00f3n final, recordando que \u00abprejuicio o estereotipo\u00bb es una simple creencia que atribuye caracter\u00edsticas a un grupo; que no son hechos probados en el litigio para tenerlo como elemento esencial o b\u00e1sico dentro del an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a determinar. <\/p>\n
\u201cDiscriminaci\u00f3n de g\u00e9nero, entonces, es acceso desigual a la administraci\u00f3n de justicia originada por factores econ\u00f3micos, sociales, culturales, geogr\u00e1ficos, psicol\u00f3gicos y religiosos, y la Carta Pol\u00edtica exige el acceso eficiente e igualitario a la administraci\u00f3n de justicia; por tanto, si hay discriminaci\u00f3n se crea una odiosa exclusi\u00f3n que menoscaba y en ocasiones anula el conocimiento, ejercicio y goce de los derechos del sujeto vulnerado y afectado, lo que origina en muchas ocasiones revictimizaci\u00f3n por parte del propio funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
\u201cEs muy com\u00fan encontrar problemas de asimetr\u00eda y de desigualdad de g\u00e9nero en las sentencias judiciales; empero, no se puede olvidar que una sociedad democr\u00e1tica exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constituci\u00f3n sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales aceptados por Colombia que los consagran\u201d11. <\/p>\n
4.3. Visto lo anterior, refulge que juzgar con perspectiva de g\u00e9nero no significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas hist\u00f3ricamente excluido o discriminado; en verdad se trata de una obligaci\u00f3n, a cargo de los funcionarios judiciales, para que en su labor de direcci\u00f3n activa del proceso, superen la situaci\u00f3n de debilidad en que se encuentra la parte hist\u00f3ricamente discriminada o vulnerada, evitando reproducir patrones o estereotipos discriminatorios que impidan acercar la justicia al caso concreto. Su operatividad sirve exclusivamente a los fines propios del proceso judicial y al rigor del acto probatorio. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha doctrinado que <\/p>\n
\u2026analizar con perspectiva de g\u00e9nero los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o v\u00edctimas: i) no implica una actuaci\u00f3n parcializada del juez en su favor; reclama, al contrario, su independencia e imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpet\u00fae estereotipos de g\u00e9nero12 discriminatorios, y; iii) en tal sentido, la actuaci\u00f3n del juez al analizar una problem\u00e1tica como la de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios al construir una interpretaci\u00f3n pro f\u00e9mina, esto es, una consideraci\u00f3n del caso concreto que involucre el espectro sociol\u00f3gico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminaci\u00f3n ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno, para buscar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a la mujer v\u00edctima. (CC SU080\/20) <\/p>\n
Del mismo modo, la perspectiva de g\u00e9nero se debe acentuar cuando en la pr\u00e1ctica se reclama la materializaci\u00f3n de los derechos de las personas con una orientaci\u00f3n sexual diferente, con el mismo rigor con el que se aplica a las mujeres. <\/p>\n
5. Los contextos de violencia contra la mujer y la perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
5.1. La mujer, quien ha estado sometida a un hist\u00f3rico contexto de discriminaci\u00f3n y desigualdad, tambi\u00e9n ha sido objeto de especial protecci\u00f3n contra todas las formas de violencia por raz\u00f3n del g\u00e9nero, en espec\u00edfico, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1 define este flagelo como \u00abuna ofensa a la dignidad humana y una manifestaci\u00f3n de las relaciones de poder hist\u00f3ricamente desiguales entre mujeres y hombres\u00bb.13 <\/p>\n
En su pre\u00e1mbulo, los Estados parte, hicieron una serie de manifestaciones todas ellas de absoluta relevancia para comprender el contexto, el prop\u00f3sito y el contenido de la convenci\u00f3n. All\u00ed se entiende que la violencia contra la mujer comprende \u00abcualquier acci\u00f3n o conducta, basada en su g\u00e9nero, que cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico a la mujer, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado\u00bb,14 y describe tres tipos de violencia15: la f\u00edsica, sexual y psicol\u00f3gica. <\/p>\n
Del mismo modo, el precitado instrumento visibiliza tres \u00e1mbitos donde se manifiesta esta violencia as\u00ed: (I) en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad dom\u00e9stica o en cualquier otra relaci\u00f3n interpersonal, aun cuando el agresor ya no viva con la v\u00edctima; (II) en la vida p\u00fablica, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y finalmente, (III) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. <\/p>\n
5.2. Sobre la aplicaci\u00f3n de \u00e9ste y los dem\u00e1s instrumentos internacionales que vinculan a Colombia sobre la materia16, la Corte IDH ha recordado en t\u00e9rminos generales que la efectividad de los instrumentos judiciales \u201csignifica que la funci\u00f3n de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea id\u00f3nea para proteger la situaci\u00f3n jur\u00eddica infringida\u201d17. Particularmente, en el Caso Rosendo Cant\u00fa y otras vs. M\u00e9xico, la Corte Interamericana anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cEn casos de violencia contra la mujer las obligaciones gen\u00e9ricas establecidas en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano espec\u00edfico, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1. En su art\u00edculo 7.b dicha Convenci\u00f3n obliga de manera espec\u00edfica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigaci\u00f3n la lleven adelante con determinaci\u00f3n y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las v\u00edctimas en las instituciones estatales para su protecci\u00f3n.\u201d18 <\/p>\n
5.3. El enfoque de g\u00e9nero, dentro del panorama anotado, tiene un alcance transversal a todas las fases del proceso, con el prop\u00f3sito de proscribir los estereotipos, as\u00ed como solventar la discriminaci\u00f3n y violencia que afectan los principios de igualdad y dignidad humana. Se expresa, entonces, en cada una de las etapas procesales, incluyendo, – pero sin limitarse – al enteramiento, contradicci\u00f3n, instrucci\u00f3n, alegaci\u00f3n, decisi\u00f3n e impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Test de procedencia para incorporar la perspectiva de g\u00e9nero a los asuntos litigiosos desde la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En aras de hacer realidad la igualdad, principio cardinal de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, corresponde a los jueces identificar si el proceso sometido a su conocimiento debe ser revisado con perspectiva de g\u00e9nero, labor que deber\u00e1 acometerse en el momento en que se detecten circunstancias discriminatorias o de violencia de g\u00e9nero, en el marco de la controversia sometida a componenda judicial. <\/p>\n
Esta Sala ha reiterado con vehemencia que el funcionario judicial tiene el deber funcional de aplicar el \u00abderecho a la igualdad\u00bb y de disminuir las secuelas de la violencia frente a grupos desprotegidos y d\u00e9biles, como ocurre con la mujer, por medio del rompimiento \u00abde los patrones socioculturales de car\u00e1cter machista en el ejercicio de los roles hombre-mujer que, por s\u00ed, en principio, son roles de desigualdad\u00bb (STC12625-2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, huelga que el fallador revise por lo menos los siguientes tres criterios de an\u00e1lisis ante precisas reclamaciones que relacionen el g\u00e9nero con la cuesti\u00f3n objeto de litigio: <\/p>\n
6.1. Evaluar las asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero identificables en el caso concreto, incluyendo criterios de interseccionalidad. <\/p>\n
6.1.1. El concepto de g\u00e9nero alude a los \u00abroles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad, en una \u00e9poca determinada, considera apropiados para hombres y mujeres. Es una construcci\u00f3n social y cultural que asigna a las personas unos roles y conductas esperadas dependiendo de si se es hombre o se es mujer. Establece qu\u00e9 se entiende por femenino y por masculino en cada sociedad\u00bb.19 <\/p>\n
As\u00ed, en las relaciones humanas se observa que existe una suerte de distribuci\u00f3n de cargas afectivas, laborales, de cuidado, entre otras, las que, para bien o para mal, imponen un patr\u00f3n de identificaci\u00f3n basado en el g\u00e9nero. Usualmente esta distinci\u00f3n est\u00e1 imbricada de criterios discriminatorios y categor\u00edas de desigualdad, que corresponden a aspectos connaturales de las diferencias que existen entre lo femenino y masculino, es lo que podemos llamar asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero. <\/p>\n
Algunos elementos orientadores, sin ser los \u00fanicos, sobre los cuales debe indagar el fallador para identificar la relaci\u00f3n asim\u00e9trica que existe entre distintos roles de g\u00e9nero presentes en una relaci\u00f3n negocial o afectiva, son: <\/p>\n
(I) De qu\u00e9 manera uno u otro rol cuenta con autonom\u00eda, libertad y ejercicio pleno de su voluntad en las decisiones que adopten frente a v\u00ednculo que los une, bien sea para su conservaci\u00f3n o disoluci\u00f3n. <\/p>\n
(II) Cu\u00e1l es el nivel de decisi\u00f3n en asuntos que de consuno deben adoptar, es decir, \u00bfhay alguien con mayor capacidad para decidir?; trat\u00e1ndose de asuntos de familia, es importante cuestionar si \u00bfhay una dependencia econ\u00f3mica frente al posible abusador?, lo cual puede expresarse por la persona que contribuye con la financiaci\u00f3n econ\u00f3mica del hogar, o por la identificaci\u00f3n de la persona a nombre de qui\u00e9n figuran los activos sociales, o la administraci\u00f3n efectiva del dinero del hogar, entre otros. <\/p>\n
(III) C\u00f3mo las determinaciones de quien est\u00e1 en una posici\u00f3n de poder limitan o direccionan las circunstancias del otro, es decir, cu\u00e1l es el nivel de influencia en la conducta de quien est\u00e1 en aparente estado de subordinaci\u00f3n. <\/p>\n
6.1.2. Bajo esta perspectiva, se espera de los jueces un adecuado an\u00e1lisis de contexto con relaci\u00f3n a las circunstancias f\u00e1cticas del caso, con el objetivo de identificar din\u00e1micas de poder entre las partes en conflicto, de cara a establecer si alguna de ellas ha sido sometida en su libertad por la otra, con ocasi\u00f3n de alg\u00fan tipo de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, social, econ\u00f3mica o sexual. <\/p>\n
Dicho de otra manera, corresponde al fallador evaluar de qu\u00e9 manera el rol asumido, por una parte, en una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, fue fruto de su autonom\u00eda y libertad o si est\u00e1 condicionada por factores de discriminaci\u00f3n y violencia, para comprobar si las determinaciones o conductas del convocado limitaron o direccionaron al afectado. <\/p>\n
Tal estudio debe ser integrador, por lo que deviene imperativa la revisi\u00f3n de otras circunstancias de vulneraci\u00f3n concurrentes, tales como la pobreza, nivel educativo, etnia, orientaci\u00f3n sexual, entre otros; es decir, debe superarse la evaluaci\u00f3n de interseccionalidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no solo el sexo o g\u00e9nero con el que se identifique una persona es un factor \u00fanico de discriminaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n debe evaluarse que no concurra otra circunstancia discriminatoria como su nivel educativo o capacidad econ\u00f3mica, circunstancias que en la mayor\u00eda de las ocasiones derivan en actos de violencia, pues la discriminaci\u00f3n per se tiene naturaleza agresiva, en tanto su mera ret\u00f3rica atenta contra la dignidad humana, incluso cuando no tiene implicaciones f\u00edsicas. <\/p>\n
6.1.3. A modo de ejemplo, con relaci\u00f3n a la violencia econ\u00f3mica la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta clase de agresiones son muy dif\u00edciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se presentan bajo una apariencia de colaboraci\u00f3n entre pareja. El hombre es el proveedor por excelencia. No obstante, esa es, precisamente, su estrategia de opresi\u00f3n. La mujer no puede participar en las decisiones econ\u00f3micas del hogar, as\u00ed como est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, el hombre le impide estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia econ\u00f3mica, haci\u00e9ndole creer que sin \u00e9l, ella no podr\u00eda sobrevivir. <\/p>\n
Es importante resaltar que los efectos de esta clase [sic] violencia se manifiestan cuando existen rupturas de relaci\u00f3n, pues es ah\u00ed cuando la mujer exige sus derechos econ\u00f3micos, pero, como sucedi\u00f3 a lo largo de la relaci\u00f3n, es el hombre quien se beneficia en mayor medida con estas particiones. De alguna forma, la mujer \u201ccompra su libertad\u201d, evitando pleitos dispendiosos que en muchos eventos son in\u00fatiles.\u201d (CC T-012\/16, reiterada en SU201\/21). <\/p>\n
6.2. Verificar la configuraci\u00f3n de patrones o actos de violencia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el juzgador est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de identificar la existencia de actos o patrones de violencia alrededor de la relaci\u00f3n asim\u00e9trica identificada, en desarrollo de las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1, 1\u00b0, 2\u00b0, 8\u00b0 y 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. <\/p>\n
Para estos fines, conviene recordar que la violencia basada en g\u00e9nero encuentra sus ra\u00edces en el notorio desequilibrio de poder de las relaciones entre lo femenino y lo masculino, al punto que es usual que se manifiesten actos de agresi\u00f3n contra \u00ablas mujeres o personas con una identidad de g\u00e9nero diversa (lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales)\u00bb, la mayor\u00eda de las veces orientadas a lograr su sometimiento a los patrones dominantes (CC T-878\/14). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese que los actos abusivos -f\u00edsicos, psicol\u00f3gicos, econ\u00f3micos o sexuales- no requieren tener la condici\u00f3n de reiterativos, bastando con la ocurrencia de un evento \u00fanico para que se estructure este elemento. Es decir, para que se prediquen los efectos propios de la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero, resulta irrelevante que la violencia sea aislada o sistem\u00e1tica. <\/p>\n
6.3. Causalidad eficiente de la violencia infringida en la afectaci\u00f3n de los intereses del sujeto en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
Verificados los dos elementos anteriores, tambi\u00e9n corresponde al funcionario judicial revisar que la causa que la v\u00edctima o sujeto procesal invoca, expl\u00edcita o impl\u00edcitamente, como origen de los da\u00f1os, perjuicios, o afectaciones ante la jurisdicci\u00f3n, tiene conexi\u00f3n causal con la violencia que sufre o padeci\u00f3 por raz\u00f3n de su g\u00e9nero. <\/p>\n
7. Aplicaciones concretas del enfoque del g\u00e9nero en la resoluci\u00f3n de controversias judiciales <\/p>\n
7.1. Una vez establecida la necesidad de acudir al enfoque de g\u00e9nero, resulta pertinente que el sentenciador adopte las medidas necesarias para superar la situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n y violencia a la que se ha visto sometida una de las partes en el proceso, por medio de mecanismos que hagan efectiva su igualdad. <\/p>\n
De all\u00ed que la Corte Constitucional haya establecido unas cargas, en cabeza del funcionario judicial, para asegurar el acceso a una justicia con perspectiva de g\u00e9nero, a saber: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem\u00e1ticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermen\u00e9utico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. No tomar decisiones con base en estereotipos de g\u00e9nero; <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Evitar la revictimizaci\u00f3n de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; <\/p>\n
<\/p>\n
v. Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminaci\u00f3n, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas \u00faltimas resulten insuficientes; <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Efectuar un an\u00e1lisis r\u00edgido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a tr\u00e1mites judiciales; <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres. (C.C T \u2013 878 de 2014) <\/p>\n
Rep\u00e1rese, entonces, que el enfoque de g\u00e9nero comprende una revisi\u00f3n diferencial (I) en la construcci\u00f3n de los hechos, (II) en el recaudo de las pruebas, (III) la valoraci\u00f3n de las pruebas, e incluso (IV) en la resoluci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
7.2. En la construcci\u00f3n de los hechos existe el deber de leer los relatos f\u00e1cticos de forma integral, escudri\u00f1ando en ellos la narrativa de g\u00e9nero expresamente invocada o subyacente a la alegaci\u00f3n, inclusive cuando la perspicuidad como elemento propio de las acciones judiciales sea extra\u00f1o a la causa. <\/p>\n
Del mismo modo, en el an\u00e1lisis de los hechos debe dejarse de lado los estereotipos de g\u00e9nero, m\u00e1xime en escenarios de violencia psicol\u00f3gica o econ\u00f3mica, con el fin de encontrar explicaciones desde el sentido com\u00fan o la l\u00f3gica, sin considerar la calidad de v\u00edctima y las condiciones que la violencia genera en su percepci\u00f3n de la realidad (CC T\u2013590\/17). <\/p>\n
Por ejemplo, la Corte Constitucional ha enfatizado que, en el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, el uso de estereotipos se da cuando se reprochan los actos de la persona por desviaci\u00f3n del comportamiento esperado (T-462\/18), con afirmaciones prejuiciosas, tales como: <\/p>\n
* No se puede invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domesticas (C-408\/96). <\/p>\n
* Se desestima la violencia intrafamiliar por considerar que se dieron agresiones mutuas, sin examinar si ellas respond\u00edan a una defensa. (T-027\/17). <\/p>\n
* Se desconoce la violencia psicol\u00f3gica denunciada, al estimar que los testigos de los actos no eran presenciales o que el v\u00ednculo matrimonial debe prevalecer para mantener la unidad familiar (T-967\/14). <\/p>\n
7.3. De otra parte, para acercarse a la verdad objetiva del caso, los jueces cuentan con la facultad de decretar pruebas de oficio, las cuales permitir\u00e1n clarificar las narraciones hechas por las partes, con el fin de comprobar la existencia de violencia o discriminaci\u00f3n basada en g\u00e9nero. <\/p>\n
Y es que, si bien el decreto de pruebas de oficio, como regla de principio, es una facultad que en contados casos se convierte en una obligaci\u00f3n, esto \u00faltimo sucede precisamente en materia de violencia de g\u00e9nero, pues corresponde a las autoridades adelantar todas las pesquisas para determinar su existencia en aplicaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1, 1\u00b0, 2\u00b0, 8\u00b0 y 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, mandatos que hacen parte del bloque de constitucionalidad seg\u00fan el art\u00edculo 93 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
7.4. En el recaudo de las pruebas se deben evitar situaciones re victimizantes, huelga decir, no puede permitirse que la v\u00edctima sea expuesta a otras situaciones de discriminaci\u00f3n o ampliar, fuera de su espacio de confianza, las circunstancias vulneradoras de su integridad o que la expongan a eventos traum\u00e1ticos; incluso, debe considerarse la prohibici\u00f3n de ser confrontada con el victimario, conforme al art\u00edculo 8 literal k) de la Ley 1257 de 2008. <\/p>\n
Luego entonces, los funcionarios judiciales deben evitar, dentro del conjunto de probanzas, optar por aquellas que vuelvan a la v\u00edctima sobre situaciones complejas emocionalmente, m\u00e1xime si lo que se pretende demostrar ya est\u00e1 plenamente comprobado por otros elementos de juicio obrantes en el plenario; asimismo, deber\u00e1 hacer uso de las facultades legales de reserva de los juicios, con el fin de evitar una contradicci\u00f3n directa entre el presunto victimario. <\/p>\n
Del mismo modo, los jueces deben ser cuidadosos en el uso del lenguaje al momento de practicar interrogatorios o declaraciones de parte, sin usar expresiones ofensivas al auscultar los hechos debatidos, siendo especialmente cuidadosos de establecer la pertinencia, necesidad y conveniencia de las preguntas, para no incurrir en reiteraciones innecesarias, que finalmente, son formas de revictimizaci\u00f3n (T-093\/19), ni acudir a estereotipos de g\u00e9nero para tratar de establecer la verdad de lo acontecido. <\/p>\n
7.5. Tambi\u00e9n debe flexibilizarse la carga de la prueba, con el fin de alivianar el peso sobre los hombros de la v\u00edctima y promover que el eventual victimario tenga un rol activo en el esclarecimiento de los hechos, so pena de que la decisi\u00f3n de fondo sea contraria a sus intereses (T\u2013462\/18). <\/p>\n
Regla que encuentra respaldo en el inciso segundo del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abseg\u00fan las particularidades del caso, el juez podr\u00e1, de oficio o a petici\u00f3n de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su pr\u00e1ctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situaci\u00f3n m\u00e1s favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerar\u00e1 en mejor posici\u00f3n para probar en virtud de su cercan\u00eda con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias t\u00e9cnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensi\u00f3n o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares\u00bb. <\/p>\n
7.6. Dar impulso oficioso al recaudo y pr\u00e1ctica de pruebas. Es deber del funcionario judicial desplegar toda la actividad probatoria posible, incluso oficiosa, para corroborar los supuestos f\u00e1cticos del caso como, por ejemplo, la existencia de una violencia de g\u00e9nero o la configuraci\u00f3n de una relaci\u00f3n contractual (T-093\/19). <\/p>\n
La falta de exhaustividad en el recaudo probatorio es una falla del Estado en el cumplimiento de los deberes de garant\u00eda y protecci\u00f3n judicial previstos en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, luego entonces, no es permitido al juez archivar los procesos o investigaciones a su cargo por falta de material probatorio, sin que se haya hecho uso de los poderes oficiosos, cuando se hace una evaluaci\u00f3n fragmentado o se le da alcance distinto al contexto de la mujer al momento de valorar el acervo allegado, desestimando la existencia de un patr\u00f3n de violencia (T-735\/17). <\/p>\n
7.7. Las reglas de apreciaci\u00f3n desde la funci\u00f3n judicial deben direccionarse en dos (2) sentidos: (I) considerarse las pruebas dentro del contexto del comportamiento de una persona sometida a violencia o a discriminaci\u00f3n; y (II) al evaluar las expresiones, manifestaciones de partes y terceros, deber\u00e1n evitarse los estereotipos, por lo que deben estas leerse en el contexto de personas permeadas por contextos estructurales de discriminaci\u00f3n o violencia. <\/p>\n
Sobre el primero de los elementos se\u00f1alados, debe tenerse en cuenta que conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, al juez le corresponde acudir a la l\u00f3gica racional, considerando la situaci\u00f3n de las personas en un escenario de discriminaci\u00f3n y violencia de g\u00e9nero, los cuales conducen a que la v\u00edctima tenga comportamientos sin una identidad clara, tendientes a su invisibilizaci\u00f3n y denegaci\u00f3n de su situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al segundo punto, los jueces al valorar las expresiones, manifestaciones y aseveraciones de partes y terceros deber\u00e1n evitar incurrir en prejuicios o conclusiones estereotipadas. <\/p>\n
En caso de pruebas encontradas, sin que sea posible alcanzar la seguridad de lo ocurrido por medio de las reglas de la sana cr\u00edtica, esta duda deber\u00e1 resolverse en favor de la v\u00edctima, siempre que dicha contrariedad halle explicaci\u00f3n en el comportamiento de una persona agredida o discriminada, que pretende ocultar su condici\u00f3n para evitar una revictimizaci\u00f3n o escenarios de exclusi\u00f3n social. <\/p>\n
7.8. En la resoluci\u00f3n de las pretensiones, los jueces deben acudir a la posibilidad de emitir decisiones extra y ultra petita, cuando el caso brinde elementos para ello; adem\u00e1s, deber\u00e1 proferir decisiones multinivel, que respondan al cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Colombiano. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta sala ha dicho que, trat\u00e1ndose de los asuntos de familia, el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, establece en su par\u00e1grafo que \u00abel juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb, est\u00e1ndar que incluye a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero como sujeto de protecci\u00f3n reforzada (STC12625-2018). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, el canon 42.6 de la Constituci\u00f3n Nacional, en concordancia con el precepto 7\u00b0 literal g) de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1, obliga a los Estados parte a dise\u00f1ar, establecer, regular y aplicar mecanismos d\u00factiles, \u00e1giles y expeditos, con el fin de asegurar que la mujer objeto de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, de manera justa y eficaz. <\/p>\n
En desarrollo, la Corte Constitucional profiri\u00f3 sentencia de unificaci\u00f3n (SU080\/20), con efectos inter pares, en donde fij\u00f3 como reglas: (I) la posibilidad de tener acceso efectivo a una reparaci\u00f3n del da\u00f1o producto de los ultrajes, indistintamente de la naturaleza procesal del medio elegido para tal fin; y (II) que las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero no pueden ser obligadas a acudir a un nuevo tr\u00e1mite judicial para obtener reparaci\u00f3n integral de hechos demostrados ante un juez, pues ello las revictimiza. <\/p>\n
8. Clarificado el anterior estado del arte, es procedente descender al caso que dio origen al presente reclamo, con el fin de establecer si las autoridades judiciales fustigadas incurrieron en un motivo de procedencia de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
8.1. Remem\u00f3rese que la promotora del resguardo constitucional efectu\u00f3 tres (3) reproches concretos frente a la sentencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n frente a la que esta Corte remarca su estudio por ser la que zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto: (I) falta de motivaci\u00f3n, en tanto no realiz\u00f3 el debido an\u00e1lisis del caso respondiendo las circunstancias de violencia por su condici\u00f3n de ser mujer; (II) desconocimiento del precedente, en tanto la posibilidad de estudiar la responsabilidad de su expareja, as\u00ed como la condena de alimentos fuera de la declaraci\u00f3n de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio; y (III) err\u00f3nea valoraci\u00f3n probatoria, puesto que, pese a las evidentes se\u00f1ales de violencia dom\u00e9stica, agravada por su condici\u00f3n de ser mujer, los falladores de instancia no le atribuyeron el valor que representan. <\/p>\n
8.2. A continuaci\u00f3n se analizar\u00e1n cada una de las materias objeto de queja, anticip\u00e1ndose que tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, como pasar\u00e1 a exponerse. <\/p>\n
8.2.1. Ausencia de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
8.2.1.1. Basta una revisi\u00f3n formal del pronunciamiento de segundo grado confutado para encontrar que, como bien lo advirti\u00f3 la reclamante, no se mencion\u00f3 la perspectiva de g\u00e9nero como criterio para el adelantamiento y resoluci\u00f3n de la controversia, a pesar de que exist\u00edan elementos objetivos que reclaman evaluar la procedencia de este tipo de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Y es que, como se se\u00f1al\u00f3 en esta providencia, los jueces tienen el deber de aplicar la perspectiva de g\u00e9nero de manera oficiosa, siempre que las circunstancias del caso lo ameriten, es decir, cuando la cuesti\u00f3n litigiosa involucre distintos g\u00e9neros y alg\u00fan tipo de violencia o discriminaci\u00f3n de uno sobre el otro. <\/p>\n
8.2.1.2. As\u00ed, ante el se\u00f1alamiento expreso de la demandante, en el sentido de que se vio forzada a extinguir la relaci\u00f3n matrimonial por la presi\u00f3n econ\u00f3mica ejercida por su exc\u00f3nyuge, as\u00ed como la supuesta existencia de violencia psicol\u00f3gica y f\u00edsica con el objeto de impedir que desarrolle un proyecto de vida aut\u00f3nomo, era indispensable aplicar el test para establecer si deb\u00eda acudirse a la perspectiva de g\u00e9nero y, de encontrar que se satisfac\u00edan sus requisitos, era menester acudir a las herramientas que emanan del mismo con el objeto de garantizar la plena igualdad entre los sujetos procesales; dicho de otra forma, el juzgado fustigado debi\u00f3: (I) evaluar las asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero identificables en el caso concreto, incluyendo criterios de interseccionalidad, (II) verificar la configuraci\u00f3n de patrones o actos de violencia y (III) causalidad eficiente de la violencia infringida en la afectaci\u00f3n de los intereses del sujeto en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
En este sentido refulge que la providencia objeto de tutela no efectu\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n sobre la procedencia, o no, de acudir al enfoque de g\u00e9nero, m\u00e1xime frente al relato que compromet\u00eda a Jeffer Oswaldo Cruz Medina (rad. n.\u00ba 2018-00058-00), alegaci\u00f3n que debi\u00f3 haber llamado la atenci\u00f3n del sentenciador. <\/p>\n
Ins\u00edstase, pese a que en la demanda declarativa se hizo menci\u00f3n a actos de violencia presentes a lo largo de la relaci\u00f3n de pareja o incluso, con posterioridad a su terminaci\u00f3n e incluso antes de la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio, el sentenciador no realiz\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis para revisar la procedencia de los ruegos pretendidos por la quejosa, en el contexto de la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica a la que se ha visto expuesta la mujer. <\/p>\n
8.2.1.3. La omisi\u00f3n relatada condujo a un segundo desafuero, como es que el Tribunal desatendiera el reclamo indemnizatorio de la demandante, neg\u00e1ndolo con fundamento en tipo de proceso promovido; este an\u00e1lisis se centr\u00f3 en la consideraci\u00f3n de que las reparaciones por violencia basada en g\u00e9nero \u00fanica y exclusivamente pueden emanar de la declaraci\u00f3n de divorcio, sin advertir que tal regla desconoce el enfoque de g\u00e9nero, el cual reclama que, con independencia de la actuaci\u00f3n que sea promovida, debe estudiarse el reclamo indemnizatorio. <\/p>\n
Esta colegiatura ha sentado doctrina en torno a la posibilidad de realizar cualquier tipo de declaraciones, siempre que no sean contrarias al orden p\u00fablico, en tanto al juzgador le compete definir el alcance del escrito de demanda, a fin de establecer el curso del proceso y la soluci\u00f3n del mismo (STC6507-2017, 11 may., rad. 2017-00682-01), m\u00e1xime cuando se est\u00e1 frente a una situaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero y se acude al enfoque especialmente dise\u00f1ado para la resoluci\u00f3n de estas situaciones. <\/p>\n
8.2.2. Desconocimiento de la sentencia de Unificaci\u00f3n SU080\/20. <\/p>\n
8.2.2.1. Como forma de salvaguardar caros postulados constitucionales, como la igualdad, seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, que se ver\u00edan soslayados en los eventos en que frente a situaciones f\u00e1cticas equivalentes se arriben a conclusiones dis\u00edmiles, se estima que constituye un desafuero que permite la procedencia de la tutela la transgresi\u00f3n de la doctrina jurisprudencial vinculante <\/p>\n
Claro est\u00e1, la autonom\u00eda e independencia judicial reclama la posibilidad de que los juzgadores puedan separarse de los precedentes horizontales o verticales, pero para esto deben satisfacer una carga argumentativa superior, que devele razones objetivas y serias que permitan separarse de los mismos, de suerte que desaparezca cualquier rastro de actuar caprichoso o injustificado. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese la posici\u00f3n de la Corte Constitucional sobre la materia: <\/p>\n
Bajo ese entendido, el desconocimiento del precedente sin la debida justificaci\u00f3n por parte del juez configura un defecto sustantivo como causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha establecido que una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normatividad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realice una interpretaci\u00f3n contraevidente o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u201d[15]. <\/p>\n
A fin de mantener firmeza en las posiciones adoptadas y en aras de proteger los derechos a la seguridad jur\u00eddica y a la igualdad, en raz\u00f3n a que no resulta justo que casos similares se resuelvan de manera diferente, los Tribunales y las Altas Cortes deben considerar estos principios al momento de tomar sus decisiones, toda vez que estas se convertir\u00e1n en precedente judicial para los administradores de justicia y su no aplicaci\u00f3n devendr\u00eda en la causal referida. No obstante, tal regla tiene su excepci\u00f3n y se basa, precisamente, en aquellos momentos en que el funcionario desee apartarse del precedente establecido, sustentando y motivando las razones por las que omiti\u00f3 su aplicaci\u00f3n (CC SU354\/17). <\/p>\n
En suma, se ha reconocido que cuando el juzgador se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, configura una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
8.2.2.2. En el presente caso, conviene recordar que, a partir de la sentencia de Unificaci\u00f3n SU080\/20, la jurisprudencia constitucional fij\u00f3 como invariable la regla procesal relacionada con que las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero no pueden ser obligadas a acudir a un nuevo proceso judicial para obtener reparaci\u00f3n integral de hechos demostrados ante un juez, adem\u00e1s de su posibilidad de tener acceso efectivo a una reparaci\u00f3n del da\u00f1o producto de los ultrajes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional precis\u00f3 que en la legislaci\u00f3n resulta ausente la previsi\u00f3n de un mecanismo justo y eficaz para la reparaci\u00f3n de da\u00f1os generados por materializaci\u00f3n de la causal de los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra en las relaciones conyugales, previendo incluso, el tr\u00e1mite de incidentes de reparaci\u00f3n, aut\u00f3nomos, para que la v\u00edctima de violencia logre satisfacer las garant\u00edas que fueron lesionadas. <\/p>\n
La precitada decisi\u00f3n judicial goza de efectos inter pares, ello implica aplicar una \u00fanica respuesta v\u00e1lida en todos los casos similares, sin excepci\u00f3n alguna. Dicha regla puede estar fundada en una excepci\u00f3n de inconstitucionalidad o en una interpretaci\u00f3n determinada de un conjunto de normas para un escenario f\u00e1ctico espec\u00edfico (CC SU037\/19). <\/p>\n
8.2.2.3. En este sentido, se observa que la sentencia dictada el 11 de agosto \u00faltimo carece de un an\u00e1lisis exhaustivo sobre la procedencia de estas reglas al caso concreto, pues (I) el fallo criticado mencion\u00f3 formalmente esta determinaci\u00f3n constitucional, sin adentrarse en su contenido y aplicaci\u00f3n; y (II) desconoci\u00f3 que, a partir de la perspectiva de g\u00e9nero, era imperativo evaluar la correcta aplicaci\u00f3n de la ratio decidendi de dicha providencia, seg\u00fan la cual en cualquier tr\u00e1mite judicial debe evaluarse la eventual indemnizaci\u00f3n de perjuicios, cuando exista violencia por razones del g\u00e9nero. <\/p>\n
En efecto, la providencia confutada consider\u00f3, despu\u00e9s de analizar las reglas de responsabilidad previstas en l precitada sentencia, que \u00abno hab\u00eda lugar a estudiar la responsabilidad del demandado en la ruptura de la relaci\u00f3n matrimonial, porque la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio se produjo de consuno\u00bb, haciendo caso omiso al deber de verificar la violencia de g\u00e9nero aludida por la reclamante e indemnizar a la v\u00edctima, incluso oficiosamente, indistintamente de la naturaleza del proceso o la iniciaci\u00f3n de otro rito que derive en tal declaratoria. <\/p>\n
9. As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose establecido que el sentenciador acusado incurri\u00f3 en afrentas constitucionales, se hace superfluo pronunciarse sobre los dem\u00e1s aspectos discutidos, ante la procedencia de acceder a la tutela interpuesto y la necesidad de proferir una nueva decisi\u00f3n de instancia en que se analicen los temas aqu\u00ed advertidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo del derecho al debido proceso de la accionante Nathaly S\u00e1nchez S\u00e1nchez y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, contados a partir de que reciba el expediente contentivo del asunto objeto de la queja constitucional, tras dejar sin efecto la sentencia que emiti\u00f3 en ese asunto el 11 de agosto de 2021, proceda a dictar una de reemplazo, conforme a la motivaci\u00f3n expuesta en esta providencia. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 que, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, remita el expediente objeto de la queja constitucional a la autoridad judicial referida a espacio para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si este fallo no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CORTE IDH. \u201cIdentidad de g\u00e9nero, e igualdad y no discriminaci\u00f3n a parejas del mismo sexo\u201d. Opini\u00f3n Consultiva OC-24\/17 del 24 de noviembre de 2017. P\u00e1rr. 32. – Colombia. Ministerio de Justicia y del Derecho. Cartilla G\u00e9nero. P\u00e1gina 17. <\/p>\n
2\u0002 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 35 de 1986. <\/p>\n
3\u0002 Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 51 de 1981. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos en su vig\u00e9simo cuarto periodo ordinario de sesiones, el d\u00eda 9 de junio de 1994 y fue ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 248 de 1995. <\/p>\n
5\u0002 https:\/\/www.ohchr.org\/sp\/issues\/women\/wrgs\/pages\/genderstereotypes.aspx <\/A><\/p>\n 6\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n 7\u0002 CSJ, STC- 8534-2019. <\/p>\n 8\u0002 COMISI\u00d3N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2018). p. 49. <\/p>\n 9\u0002 COMISI\u00d3N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Op. Cit. p. 43. <\/p>\n 10\u0002 CORTE IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310, p\u00e1rr. 91 y 92. <\/p>\n 11\u0002 CSJ STC, 21 feb. 2008, rad. 207-00544-01. Reiterada en fallos de 28 may. 2019, rad. 2019-00131-01; 22 jul. 2020, rad. 2020-00070-01; 11 nov. 2020, rad. 2020-02944-00; y 18 dic. 2020, rad. 2020-03320-00. <\/p>\n 12\u0002 Cfr. ESTEREOTIPOS DEG\u00c9NERO. Rebeca Cook. https:\/\/www.law.utoronto.ca\/utfl_file\/count\/documents\/reprohealth\/estereotipos-de-genero.pdf, <\/A> consultado el 26\/02\/2020. <\/p>\n 13\u0002 Pre\u00e1mbulo Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1. <\/p>\n 14\u0002Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art\u00edculo 1. <\/p>\n 16\u0002Adem\u00e1s de los anteriores instrumentos, Colombia acogi\u00f3: i) La \u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional\u201d y el \u201cProtocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Ni\u00f1os, que complementa la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional\u201d, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).\u0002ii) La \u201cConvenci\u00f3n sobre los Derechos Pol\u00edticos de la Mujer\u201d, hecho en Nueva York, el 31 de marzo de 1953\u0002. iii) Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer.\u0002 iv) el \u201cProtocolo facultativo de la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u201d, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n 17\u0002 Corte IDH, Caso Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez, sentencia, p\u00e1rrafo 64. La decisi\u00f3n se encuentra disponible en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica http:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/seriec_04_esp.pdf <\/A><\/p>\n