STC15781-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15781-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01574-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 24 de agosto de 2021, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Archila Mart\u00ednez en calidad de agente oficioso de Esther Mart\u00ednez Parra contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de las partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 68001-31-05-004-2016-00085-00 (Rad. Corte 81773). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 se deje sin ning\u00fan valor ni efecto la sentencia dictada el 8 de junio del a\u00f1o que avanza (SL2356-2021) y se disponga que la querellada dicte una nueva que haga eco de sus pretensiones. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que su progenitora contrajo nupcias con Roso Lino Mantilla Est\u00e9vez el 17 de abril de 1962, quien obtuvo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por parte de Ecopetrol a partir del a\u00f1o de 1974 y que falleci\u00f3 el 6 de enero de 1982. Cont\u00f3 que solicit\u00f3 la prestaci\u00f3n sustitutiva, que le fue reconocida a partir de la data del deceso de aqu\u00e9l. Narr\u00f3 que Esther Mart\u00ednez Parra el 4 de febrero de 1984 se volvi\u00f3 a casar con el tambi\u00e9n pensionado por la misma entidad Calixto Ardila D\u00edaz y por ello la empresa los requiri\u00f3 en la medida que no pod\u00edan recibir al tiempo esos beneficios dada su condici\u00f3n de c\u00f3nyuges, de modo tal que uno deb\u00eda renunciar al mismo y devolver lo percibido, lo que hizo Mart\u00ednez Parra. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de Calixto Ardila D\u00edaz el 16 de septiembre de 1993, Ecopetrol le reconoci\u00f3 el 50% de la pensi\u00f3n sustitutiva de su segundo esposo y el otro 50% lo adjudic\u00f3 a una hija del extrabajador por su condici\u00f3n de discapacidad. Con este nuevo escenario inst\u00f3 ante Ecopetrol derecho de petici\u00f3n para obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n sustitutiva de su primer esposo (7 oct. 2014) pero le contest\u00f3 de manera negativa (15 dic. 2014). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, por esa raz\u00f3n, promovi\u00f3 demanda laboral, la que correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga quien deneg\u00f3 las pretensiones (9 oct. 2017), apel\u00f3 y la Sala Laboral del Tribunal de esa ciudad revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y le concedi\u00f3 el beneficio de sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n desde el 7 de octubre de 2011 (11 abr. 2018); Ecopetrol S.A. postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el veredicto de segundo grado y en sede de instancia confirm\u00f3 el dictado por el juez de conocimiento (CSJ SL2356-2021, 8 jun.). A\u00f1adi\u00f3 que por la edad de su madre (94 a\u00f1os) y que comparte la prestaci\u00f3n con la hija del causante, requiere de atenci\u00f3n personalizada permanente de una empleada para realizar las actividades cotidianas. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la Magistratura de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en \u00abfalsa motivaci\u00f3n, motivaci\u00f3n precaria y\/o ausencia de motivaci\u00f3n de la sentencia\u00bb, toda vez que limit\u00f3 sus consideraciones a se\u00f1alar que actuaba conforme al criterio jurisprudencial pac\u00edfico de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sin verificar los precedentes de constitucionalidad y no dio aplicaci\u00f3n al \u00abprincipio de progresividad y no regresividad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 defendi\u00f3 su pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso objeto de estudio en ese sentido porque \u00abresult\u00f3 palmario que la interpretaci\u00f3n que hizo el juez de segundo grado, respecto de las normas aplicables al caso, a trav\u00e9s de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se bas\u00f3 en reglas sustantivas ajenas a la soluci\u00f3n del caso de la hoy accionante (\u2026)\u00bb. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga hizo el recuento de lo rituado. Ecopetrol S.A. respald\u00f3 el prove\u00eddo cuestionado y aleg\u00f3 que \u00abresulta improcedente la acci\u00f3n de tutela para declarar la responsabilidad de Ecopetrol por hechos o actuaciones que, adem\u00e1s de ce\u00f1irse a la normatividad laboral colombiana, no fueron producidas [por ella] sino por un contratista suyo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar razonable la sentencia confutada porque \u00ab(\u2026) la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral 2016-00085\u00bb. <\/p>\n
4. El quejoso recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en las argumentaciones del escrito inicial y en que no se observaron los precedentes que en ese sentido se han proferido por esta Sala, entre ellos, la CSJ STC12857-2016, sep. 9. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
Como lo tiene decantado la Corte, esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que, solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, STC9600-2019, y \u00faltimamente en STC8097-2021). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, el libelista cuestiona la providencia CSJ SL2356-2021 de 8 de junio del a\u00f1o en curso, porque en su criterio esa decisi\u00f3n no tuvo en cuenta los precedentes de la misma Sala y de la Corte Constitucional, ya que, de haberlo hecho, debi\u00f3 concederse el beneficio a partir de mayo de 1992 con su retroactivo, debidamente indexado. <\/p>\n
Pues bien, luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio de prerrogativas fundamentales, toda vez que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses de la inconforme, esa circunstancia no la habilita para tildarla de arbitraria o caprichosa, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que las razones que condujeron a despachar favorablemente los cargos que en esa sede elev\u00f3 Ecopetrol S.A., y al analizar el caso concreto, determin\u00f3 que la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de su primer esposo a cargo de la empresa demandada no era viable y en ese escenario encontr\u00f3 que el Colegiado de la alzada incurri\u00f3 en el dislate enrostrado por la interpretaci\u00f3n extensiva de la jurisprudencia del \u00f3rgano l\u00edmite en lo constitucional, perspectiva donde la autoridad enjuiciada al ocuparse de manera conjunta de los ataques sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) cada una de esas sentencias estaba orientada a atender el reproche de un cuerpo normativo diferente; de esa forma, en una y otra se tomaron decisiones con alcances dis\u00edmiles, especialmente en cuanto a la poblaci\u00f3n a la que se dirig\u00edan, de modo que no es posible extenderle los efectos del fallo de 2010 \u2013que toc\u00f3 normas destinadas a \u00ablas viudas y viudos de Oficiales y Suboficiales de la Polic\u00eda Nacional que hubieren contra\u00eddo nuevas nupcias o hecho vida marital\u00bb\u2013 a las situaciones que quedaron reguladas por la inexequibilidad decretada en 1996, que se refer\u00eda a disposiciones legales que no cobijaban al mencionado grupo de personas, as\u00ed en la \u00faltima de esas dos sentencias se haya expuesto una armonizaci\u00f3n de la doctrina planteada en el primer fallo, el del a\u00f1o 96, con posteriores fallos de tutela que, seg\u00fan se observa, siempre contemplaron casos diferentes a los de los pensionados de Ecopetrol, lo que significa que no es viable acceder a la extensi\u00f3n de sus efectos, como lo hizo el Tribunal, al hacer una interpretaci\u00f3n extensiva de esa jurisprudencia. <\/p>\n
Por ello, al adentrarse en el punto de inconformidad atinente a la posibilidad de que se reanudara el beneficio despu\u00e9s de contraer segundas nupcias se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) si bien la sentencia CC C121-2010 pudo determinar que una persona pod\u00eda recuperar la pensi\u00f3n de sobrevivientes perdida por haber contra\u00eddo nuevas nupcias a\u00fan antes de la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, lo hizo en relaci\u00f3n con normas que afectaban las situaciones de los beneficiarios pensionales en el r\u00e9gimen de la Polic\u00eda Nacional. Por ese motivo, sus alcances no afectan lo dispuesto en cuanto a la inexequibilidad de los art\u00edculos 2\u00ba de la Ley 33 de 1975, 12 de 1975 y 126 de 1985, que fueron declarados inaplicables en la sentencia CC C309-1996, pero en condiciones temporales distintas y restringidas al \u00e1mbito de vigencia de la Carta de 1991. Con ello se demuestra que el fallo denunciado contiene el error interpretativo denunciado en el segundo cargo, por lo que esa decisi\u00f3n debe ser anulada. <\/p>\n
Dicho lo anterior, debe tenerse presente que Esther Mart\u00ednez Parra contrajo segundas nupcias en una fecha anterior a la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, hecho que deja inc\u00f3lume las condiciones de p\u00e9rdida del derecho contenidas en las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, visto que estas solo fueron declaradas inexequibles con la providencia CC C309-1996, que, se itera, condicion\u00f3 los efectos retroactivos de esta declaratoria a los hechos constituidos a partir del 7 de julio de 1991. <\/p>\n
Para en sede de instancia y con base en los precedentes CSJ SL21799-2017 y SL1448-2018, refrendados en CSJ SL613-2020, concluir que <\/p>\n
(\u2026) se prob\u00f3 que la recurrente contrajo segundas nupcias en el a\u00f1o 1984, antes de entrar en vigencia la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, raz\u00f3n por la cual a\u00fan era aplicable, sin restricciones, lo dispuesto en el art\u00edculo 2.\u00ba de la Ley 33 de 1973 y su hom\u00f3logo de la Ley 12 de 1975, de manera que, desde el momento de su segundo matrimonio, Esther Mart\u00ednez Parra perdi\u00f3 el derecho a percibir las mesadas derivadas de la pensi\u00f3n sustitutiva de jubilaci\u00f3n por la muerte de su primer esposo, Roso Lino Mantilla Est\u00e9vez. <\/p>\n
Pues bien, del anterior recuento se infiere que ese tipo de sustituciones pensionales estaban reguladas por el marco normativo vigente antes de la entrada en vigencia de la actual Carta Pol\u00edtica y que en este asunto le eran aplicables las restricciones dispuestas en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 33 de 1973 y las de la Ley 12 de 1975, discernimiento que no desconoci\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial de la permanente Sala Especializada en lo Laboral como la de la Corte Constitucional, y en ese escenario no era dable reconocerle la prestaci\u00f3n a la quejosa, por modo tal que no era posible su materializaci\u00f3n retrospectiva. <\/p>\n
Finalmente, respecto a los precedentes de esta Sala citados por el accionante para fundamentar las s\u00faplicas, cabe se\u00f1alar que cada uno de esos casos tienen unas particularidades que lo diferencian de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, a\u00fan m\u00e1s cuando las sentencias proferidas dentro de estos asuntos generan efecto interpartes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct.). <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento e interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es que prevalezca su criterio o buscar otro para aniquilar la sentencia que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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